Ecologistas en Acción considera que es una buena ocasión para que España se sume a la senda iniciada por Ecuador y declare que va a dejar bajo tierra ese crudo.

Según informa la organización, lo que ha encontrado Repsol YPF asciende a sólo 6’8 millones de barriles, simplemente el 0’32% de las reservas de la petrolera.

Añade que además es un crudo de difícil acceso, a 45 kilómetros de Tarragona y a unos 2.400 metros de profundidad.

La dificultad de acceso es una de las razones que explican que, ya sólo en las labores de prospección, se hayan producido dos vertidos (uno en mayo y otro en junio), por los cuales, asegura la ONG, Repsol está acusada de «graves negligencias» en el diseño de la instalación por la Fiscalía.

Según la misma fuente, uno de los dos pozos está participado también por Gas Natural y Cepsa al 25%.

Los dos pozos forman parte de los 33 bloques en los que Repsol tiene derechos mineros en el Estado español.

De acuerdo con Ecologistas en Acción, Repsol YPF tiene otros proyectos en desarrollo en el Cantábrico (cuatro bloques de exploración denominados Ballena y el 69% del bloque llamado Fulmar) y produce gas en el campo Poseidón en la bahía de Cádiz.

Por otro lado el Gobierno ecuatoriano, una verdadera potencia petrolera, tiene en marcha el proyecto ITT.

Este campo, informa la ONG, se sitúa en la Reserva de la Biosfera Yasuní (donde Repsol tiene varios pozos abiertos), una de las áreas con mayor biodiversidad a nivel mundial. Contiene unas reservas de 850 millones de barriles de petróleo.

El proyecto ITT consiste en dejar sin explotar el campo a cambio de que los estados de los países muy desarrollados (o mejor aun, las petroleras) ingresen la mitad de las divisas que se conseguirían con la venta del crudo.

Ante todo ello, Ecologistas en Acción considera que el Gobierno central y Repsol tienen una oportunidad de oro para poner en práctica los discursos de sostenibilidad que pregonan.

Ambos pueden declarar que ese crudo no se extraerá jamás, sumándose así a la iniciativa del Gobierno ecuatoriano.

La ONG considera que su propuesta sólo supone un pequeño gesto, pero puede empujar hacia el inicio de un mundo post-petrolero en el que progresivamente más reservas se vayan dejando intactas.

Greenpeace pide paralizar los pozos de Repsol en Tarragona

Por su parte, Greenpeace también ha presentado alegaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto para el desarrollo de los Campos Lubina y Montanazo, por el que se pretende explotar pozos petrolíferos que se encuentran situados frente a la costa de Tarragona.

Según indica la organización ecologista, estos pozos se situarían en aguas profundas, a 663 y 750 metros de profundidad, respectivamente, y cercanos al «vulnerable» Delta del Ebro.

En concreto, Greenpeace solicita la paralización de este proyecto de la compañía Repsol y alerta del «elevado impacto ambiental» de este tipo de perforaciones y explotaciones.

«Como ha quedado de manifiesto con la explosión de la plataforma de BP en el Golfo de México, estos pozos entrañan un riesgo aún mayor que los tradicionales, ya que las condiciones son más extremas», señala la ONG.

Greenpeace también lamenta que la industria petrolera haya «demostrado que no es capaz de evitar la contaminación ni de encontrar soluciones solventes cuando es necesario», puesto que «no ha logrado frenar el vertido cuando están a punto de cumplirse tres meses de la explosión».

La responsable del programa de cambio climático de WWF en España, Mar Asunción, ha señalado que en tiempos de crisis, donde asegura que la apuesta más sostenible son las energías renovables, el gobierno español «pone trabas a su desarrollo» al mismo tiempo que apoya los subsidios al carbón dentro y fuera de sus fronteras y en Europa.

Asimismo, la ONG subraya que España es «uno de los estados de la Unión Europea que presionan a la Comisión Europea para prolongar subvenciones para la explotación del carbón» y que Alemania, con 2.000 millones de euros, y España, con 1.000 millones de euros, son los países que cuentan con los subsidios más elevados.

La denuncia se presenta poco antes de que la Comisión Europea debata las prórrogas de ayudas a la actividad minera en los Veintisiete y, en ese sentido, WWF opina que «cualquier subvención que aumente de forma artificial el uso de carbón es incomprensible» y que las subvenciones dobles son «totalmente absurdas».

«La Comisión Europea debe actuar con decisión para asegurar que España retira de forma progresiva sus ayudas al carbón. En este sentido, los proyectos españoles no deben convertirse en un precedente para otros estados miembro de la Unión», ha insistido el consejero de política de WWF en Bruselas, Mark Johnston.

WWF España es la sección española del WWF, una organización internacional independiente dedicada a la conservación de la naturaleza. WWF fue creada en 1961 y en España se formó en 1968 con el compromiso con el mundo de trabajar para encontrar las mejores soluciones para salvar la naturaleza.