El 37,8% de los vehículos de la Comunidad de Madrid estarán afectados por las nuevas restricciones en el plan anticontaminación

Europa Press.– El 37,76% de los vehículos de la Comunidad de Madrid, un total de 1.792.208, que son aquellos más contaminantes y que, por tanto, no cuentan con un distintivo ambiental, son los que se verían afectados por las nuevas medidas para el protocolo anticontaminación que estudia el Ayuntamiento de Madrid y que restringirían la circulación a aquellos sin etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT) en escenarios 2 y 3.

Así se recoge en los datos de la DGT, que indican que a 1 de diciembre de 2017 se encontraban registrados en la Comunidad de Madrid un total de 4.746.526 vehículos: 9.516 de ellos son Cero emisiones, 1.610.981 del grupo B, 1.282.963 del C, 50.858 ECO y 1.792.208 sin etiqueta, correspondientes a aquellos de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006.

La DGT cuenta con 4 etiquetas ambientales distintas en función de varios aspectos, como la naturaleza del vehículo o su potencial efecto contaminador. La primera, la más pura, es la de Cero emisiones, que se otorga a vehículos eléctricos de batería (BEV), de autonomía extendida (REEV) o híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros, así como en vehículos de pila de combustible. En segundo lugar, los ECO son vehículos híbridos enchufables con autonomía menor de 40 kilómetros, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, deberán cumplir los criterios de la etiqueta C.

Esta última se aplica a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de 2006 y diésel a partir de 2014. También a vehículos de más de 8 plazas y pesados, tanto de gasolina como de diésel, matriculados a partir de 2014. Los de gasolina deben cumplir la norma Euro 4,5 y 6 y en diésel la Euro 6.

Por último, la B se limita a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir del 2000 y de diésel a partir de enero de 2006. Incluye, a su vez, a vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005. Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 3 y en Diésel la Euro 4 y 5.

Esta clasificación de los vehículos se deriva del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan Aire) en el que se recoge que tanto las partículas como el dióxido de nitrógeno tienen en el tráfico rodado la principal fuente de emisión y propone, además, la clasificación de los vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten, todo ello bajo criterios europeos. En definitiva, la medida tiene como objetivo «discriminar positivamente» a los vehículos más respetuosos con el medioambiente.

Información en web de DGT

La DGT recomienda, dado que facilita la rápida identificación de los vehículos menos contaminantes, que se adhiera este distintivo en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, si se dispone de él, o en su defecto, en cualquier sitio visible del vehículo. En todo caso, explican que las administraciones competentes podrán acceder en tiempo real al registro de vehículos de la DGT y conocer la clasificación ambiental y el tipo de etiqueta que corresponde a cada vehículo. Además, el ciudadano que quiera conocer qué distintivo ambiental corresponde al vehículo de su titularidad puede consultarlo en la web de la DGT.

Cada autoridad con competencias en fiscalidad del automóvil, movilidad o medio ambiente podrá decidir en cada momento qué incentivos ofrece a los vehículos más limpios. Por ejemplo, la DGT permite circular en el carril bus VAO a vehículos Cero emisiones. Por otra parte, las oficinas de Correos venden desde el pasado diciembre en Madrid el distintivo ambiental para vehículos de la DGT por un precio de 5 euros. Esta medida es voluntaria salvo para aquellos vehículos afectados por alguna medida de restricción por la contaminación, como ocurre en la capital.

Evitar activar el protocolo anticontaminación

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al Gobierno municipal que trabaje en elaborar medidas preventivas que ayuden a evitar establecer el protocolo anticontaminación. Así se ha expresado Almeida después de que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, avanzara que se está revisando el protocolo de medidas a adoptar ante episodios por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) de modo que se limite la circulación de vehículos sin distintivo ambiental de la DGT.

José Luis Martínez-Almeida ha indicado que estas medidas están pensadas para los días de alta contaminación, por lo que ha propuesto «cambiar de medidas antes». «Este gobierno adopta medidas que son un auténtico fracaso«, ha apuntado. Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad no de hablar del protocolo anticontaminación «que se aplica los días de contaminación», sino de estudiar las medidas preventivas a adoptar «para que no se tenga que llegar a esta situación».

Madrid quiere limitar la circulación de vehículos sin etiqueta, los de las emisiones más contaminantes, en escenarios 2 y 3

Europa Press.- El área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid está revisando el protocolo de medidas a adoptar ante episodios por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) de modo que la circulación de vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, los más contaminantes, se limite en escenarios 2 y 3. Los vehículos sin etiqueta son los de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006.

Con esta propuesta se mantiene que el escenario 2 se active cuando dos estaciones de la misma zona superen los 180 microgramos por metro cúbico (preaviso) o 200 (aviso) durante 2 horas consecutivas y se añadirá como novedad que tres estaciones de cualquier zona superen los 180 microgramos por metro cúbico (preaviso) o 200 (aviso) durante 3 horas consecutivas. De esta manera, tendrán más peso las condiciones de contaminación de los distritos del exterior de la M-30. Así, la contaminación registrada en las estaciones de los distritos de la periferia tendrá su incidencia en la adopción de medidas, según ha avanzado el Ayuntamiento de Madrid.

Otra novedad es que el escenario 3 se activará, además de cuando se produzcan dos días consecutivos de aviso como ahora, cuando se encadenen 3 días de preaviso, lo que supondrá un mayor número de días de escenario 3. Al escenario 4 se llegará cuando se alcance el nivel definido en la Unión Europea, es decir, cuando en tres estaciones de una zona se superen los 400 microgramos por metro cúbico durante tres horas consecutivas.

Para calcular los porcentajes de vehículos sin etiqueta el Ayuntamiento de Madrid ha utilizado el estudio sobre el parque móvil circulante realizado en 2017. En el mismo, se refleja que el 17,7% de los vehículos que circulan por la ciudad no tienen distintivo ambiental de la DGT. Las propuestas de revisión que plantea el área que dirige Inés Sabanés se analizarán y serán debatidas junto a expertos, Administraciones, políticos, Ecologistas y la FRAVM en la Comisión de Calidad del Aire y su ponencia técnica. El borrador definitivo tendrá un periodo de alegaciones para que todas las personas y entidades interesadas puedan hacer sus aportaciones, que serán estudiadas. Se espera que el nuevo protocolo pueda estar en vigor tras el verano.

Ojo a la etiqueta ambiental

La propuesta municipal para el nuevo protocolo determinaría que las medidas de escenario 1 son limitación de velocidad a 70 km/h; recomendación del uso del transporte público y recomendaciones incorporadas en el protocolo de la Comunidad de Madrid, al igual que en el resto de escenarios. En escenario 2 se incluye el prohibido estacionar en zona SER. Solo pueden aparcar los vehículos CERO y los ECO, y como novedad, la prohibición de circular a los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT en la almendra central. Esto supone un 13,41% de los desplazamientos que se hacen en la almendra central y un 4,3% de las emisiones del tráfico de Madrid.

El escenario 3 supondría prohibir estacionar en zona SER. Solo pueden los CERO y los ECO; la prohibición de circular a los vehículos sin distintivo ambiental se extiende a toda la ciudad. Supone una reducción del 17,7% de la circulación en toda la ciudad y del 33,2% de las emisiones del tráfico. En el protocolo en vigor se aplica la distinción por matrículas par o impar pero solo en el interior de la M-30. Se sustituye el criterio de las matrículas por el de los vehículos más contaminantes. El escenario 4 supone la prohibición de circular a los vehículos sin etiqueta y etiquetas B y C (99,94% de los desplazamientos) y todas las medidas anteriores.

El actual Protocolo se aprobó en enero de 2016 con el compromiso de revisarlo pasado un tiempo, con el objetivo de aumentar la protección de la salud de los madrileños, manteniendo e incrementando la anticipación en la información. Con esta revisión se pretende tomar más medidas para conseguir reducir antes los niveles de contaminación, así como una mejor gestión de cada episodio con una aplicación más progresiva. El Ayuntamiento trabaja en un modelo predictivo del Protocolo junto a la Universidad Politécnica de Madrid para anticipar aún más los avisos por activación de los diferentes escenarios. Actualmente se avisa con un día de antelación, excepto en el momento de la activación.

La delegada del área de Medio Ambiente y Movilidad ha tendido su mano a la DGT, «para si es necesario, en colaboración, lanzar campañas de información». Preguntada por cuánta contaminación se logrará ahorrar Madrid con estas medidas, Sabanés ha indicado que se está realizando el cálculo junto a la UPM, y que «será superior a lo conseguido». «En el escenario 2 y 3, se reducirá más del doble», ha señalado. Esta propuesta está alineada con «atender más al vehículo que a las matrículas pares o impares«. «Así hemos analizado que reducimos más el volumen de emisiones; lo hablaremos con los grupos y espero que se saque adelante, dado que se ha planteado con algunos más que con otros», ha avanzado.

Tejerina invita a Podemos a trabajar por el aire de Madrid y Barcelona tras el toque de atención de Bruselas

Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a España y otros 8 países de la Unión Europea que presenten medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de contaminación atmosférica. En este sentido, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, invitó a Unidos Podemos a «asumir sus responsabilidades» en materia de calidad del aire y trabajar por reducir la contaminación en Madrid y Barcelona, los dos únicos problemas que, a su juicio, tiene España en cuanto a emisiones.

«Está en manos de su partido arreglar el problema», ha respondido Tejerina en la Comisión de Cambio Climático del Congreso a las críticas del portavoz de la formación morada, Juan López de Uralde, sobre la posición de España dentro de Europa en materia de calidad del aire. La ministra ha asegurado que se «sonroja» ante la posibilidad de que Unidos Podemos le hable de esta cuestión porque, aunque ha reconocido que «España tiene problemas» con la calidad del aire, ha precisado que estos son «puntuales» y corresponden a Madrid y Barcelona, en donde gobiernan confluencias de la formación morada. «Hable con su partido y tómeselo en serio. Son muchos los millones de ciudadanos afectados en estas dos ciudades», ha insistido.

Tras su intervención en la Cámara Baja, Tejerina ha aclarado que la labor del Gobierno en este tema es la de ayudar a las administraciones locales a que cumplan con sus competencias, a través del segundo Plan del Aire aprobado el pasado mes de diciembre, y con una financiación «de más 275 millones de euros». Del mismo modo, ha recordado que existen otras medidas como los 1.200 millones invertidos para renovar el parque automovilístico del país o medidas de mejora energética en las viviendas, con las que el Ejecutivo está aportando soluciones para los municipios.

Estas iniciativas han sido trasladadas a la Unión Europea en una reunión ministerial a la que España ha sido citada, junto a otros países, para explicar sus incumplimientos en materia de calidad del aire. Tras la reunión, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha confiado en que la Comisión Europea tenga en cuenta las medidas adoptadas a nivel nacional, así como las mejoras logradas y «las mejoras que las administraciones responsables prevén conseguir a corto plazo«. García indicó además que el Ministerio informará por escrito al Ejecutivo comunitario del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados.

En cualquier caso, la secretaria de Estado subrayó que en España no existe «un problema generalizado» de contaminación, sino que se trata de un problema «en determinadas zonas geográficas bien acotadas». En concreto, ha indicado que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos municipios afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y conurbación de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).

García también ha señalado que durante la reunión ha trasladado a Bruselas «todas las medidas en las que las que todas las administraciones vienen trabajando desde hace mucho tiempo». Asimismo, ha aprovechado la reunión para pedir a la Comisión reforzar el trabajo conjunto mediante visitas sobre el terreno para «conocer de cerca qué problemas hay y qué medidas se están poniendo en marcha», por ejemplo, por la administración asturiana para reducir en la zona de Avilés la contaminación por partículas en suspensión y la procedente del manejo de graneles en el puerto de esta localidad.

Hay 5 incidencias en España

También se ha referido al incumplimiento de material particulado que se ha registrado en Villanueva del Arzobispo (Jaén), en la que se han establecido mejoras en la planta de biomasa e implantado restricciones de funcionamiento a las industrias de la zona para solucionar esta situación. «La calidad del aire en España mejora respecto al año 2001, cuando tenía 8 incumplimientos. Ahora tiene 5″, explica Tejerina sobre este tema, para aclarar que dos de estas incidencias corresponden a «medidas incorrectas» en Avilés y otra a Villanueva de Arzobispo. «Sí, hay dos problemas en los que hay que abordar la situación en mayor profundidad, que son Madrid y Barcelona, y ahí es donde tienen que poner el acento los ayuntamientos», ha insistido.

En relación a las dos grandes ciudades, Medio Ambiente ha trasladado a la Unión Europea que desde la Generalitat se puso en marcha en 2014 un Plan de Actuación y el Ayuntamiento de Barcelona está implantando un Plan de mejora y un Programa de medidas. Además, el pasado año, se firmó un acuerdo entre Cataluña y 40 entidades locales de la conurbación de la Ciudad Condal con actuaciones adicionales al Plan de Actuación Horizonte 2020.

«Como resultado de todo ello, la situación en cuanto a partículas en suspensión en Barcelona y alrededores ha mejorado sensiblemente desde 2010 hasta 2016, en los que ya no se superan los valores límites de este contaminante y, en cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2), se prevé que en 2020 se garantice el cumplimiento de los objetivos», explica el Ministerio.

También destaca que en Madrid el Ayuntamiento ha implantado, desde el 2017, un protocolo que se aplica de forma gradual cuando se producen episodios de alta contaminación por este contaminante. El Plan prevé una inversión de 543,9 millones y, de acuerdo con las estimaciones del Ayuntamiento, permitirá una reducción en la concentración media anual de dióxido de nitrógeno del 23%, alcanzando el cumplimiento en 2020.

Toque de atención a España

«Insto a todos los Estados miembros a abordar este problema con la urgencia que merece. La inacción tiene consecuencias y los Estados miembros tienen la responsabilidad de actuar. La inacción también tiene consecuencias legales para los Estados miembros», ha advertido el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, antes de tomar la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) contra los países a los que el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente por la calidad del aire de algunas áreas, que son España, República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido.

Vella ha señalado que se han presentado «algunas sugerencias positivas», aunque también ha subrayado que «a primera vista no son suficiente sustanciales para cambiar la imagen completa». «Sin medidas nuevas y efectivas, en muchos casos los estándares de calidad del aire seguirán superándose durante meses y años«, auguró. El comisario ha remarcado una vez más que cada año mueren de forma prematura 400.000 personas en la Unión Europea por la contaminación atmosférica, mientras que otros muchos sufren enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

«Estoy seguro de que los presentes en la reunión comparten mi frustración», indicó Vella, aunque posteriormente reconoció que ese «sentido de urgencia» no siempre es «evidente» entre Estados miembros, a los que ha reclamado «adoptar todas las medidas posibles sin retrasos». Además, Vella ha insistido en que Bruselas denunciará a los países si no adoptan estas medidas para atajar el problema. «Lo único que puede evitar que la Comisión vaya al TUE) es que las medidas y acciones que los países pongan sobre la mesa sean suficientes para alcanzar nuestras metas sin retrasos», ha garantizado.

Greenpeace celebra la coincidencia de la CNMC con sus críticas al decreto del Gobierno para dificultar el cierre de centrales

Europa Press.- Greenpeace ha pedido la retirada del proyecto de real decreto del Gobierno para dificultar el cierre de las centrales eléctricas, anunciado tras la decisión de Iberdrola de poner fin a sus plantas de carbón en España, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) coincida con los argumentos ya expresados en las alegaciones presentadas de la organización ecologista al respecto.

Greenpeace considera que «no hay razones» que permitan mantener a la fuerza centrales «sucias y peligrosas» para las personas y el medio ambiente y señala que el informe del regulador deja en evidencia el aislamiento del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Greenpeace considera que el informe de la CNMC es un «mazazo» al ministro Nadal, al que «no le queda más alternativa» que retirar el borrador «inmediatamente» y retomar una planificación ordenada del cierre de todas las centrales «innecesarias, costosas, contaminantes y peligrosas para las personas y el medio ambiente» y que además dificultan la transición hacia un sistema 100% renovable.

El responsable del programa de cambio climático de Greenpeace, José Luis García Ortega, ha destacado que la CNMC da la razón a sus argumentos y evidencia el aislamiento del ministro Nadal, que «está empeñado en entorpecer contra natura el cierre de centrales de carbón y nucleares”. Greenpeace ha alegado que el proyecto supondría bloquear la transición energética hacia un modelo basado en energías renovables y en manos de los ciudadanos porque solo sería una herramienta para «impedir el cierre de las centrales térmicas» contaminantes y peligrosas e incumplir el Acuerdo de París y el paquete de medidas de energía limpia.

Además, Greenpeace denuncia que cualquier retribución de las que propone el Real Decreto podría ser considerada ayuda de Estado por la Comisión Europea y destaca que la CNMC señala la incompatibilidad de la propuesta de Nadal con el paquete de invierno al tiempo que el proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación de la electricidad.

El Ayuntamiento de Madrid creará un área central 0 emisiones a partir de junio para mejorar la calidad del aire

Europa Press.- El Ayuntamiento de Madrid creará un área central 0 emisiones a partir de junio de este año, según ha asegurado el consejero Técnico de Ciudadanos de la ciudad de Madrid, Javier Castaño, como una de las medidas que se encuentran dentro del plan de calidad del aire de la capital. Según Castaño, el 70% de la mala calidad del aire es causada por el transporte.

En consecuencia, al sector del transporte se dirigen la mayoría de las iniciativas para reducir la contaminación puestas en marcha por el consistorio. El área cero emisiones tendrá como límites el distrito Centro y se pondrá en funcionamiento «teóricamente» el próximo junio. En esta área solo podrán acceder los vehículos de los residentes, los sin emisiones, vehículos autorizados por los residentes, así como los carga y descarga a ciertas horas y los taxis. Esta medida se une a otras incluidas en el plan como la prohibición de entrada en la ciudad de los diésel Euro 3 a partir de 2025 y la prohibición de utilización de los parquímetros de estos modelos a partir de 2020.

Ecologistas Castilla-La Mancha rechaza la petición de Page de dedicar el dinero del ATC para autovías y propone «desarrollo sostenible»

Europa Press.- Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha considera «desafortunada» la petición del presidente regional, Emiliano García-Page, de destinar el dinero previsto para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas al desarrollo de autovías en la comunidad autónoma, asegurando que lo que se necesita es «un desarrollo rural sostenible» y no más infraestructuras viarias. Desde la formación ecologista insisten en que su postura ante la inversión prevista es “reclamar más atención a las energías alternativas».

«Aunque está claro que el ATC tiene una dimensión más negativa que otros proyectos, es lamentable y preocupante la postura del Ejecutivo castellano-manchego, que frente a un proyecto insostenible y peligroso como es el basurero nuclear de Villar de Cañas plantee utilizar esos fondos para otros proyectos también insostenibles y que supondrán un enorme impacto», lamentan los ecologistas. Particularmente «grave» para la organización es «que se insista en reclamar una autovía entre Cuenca y Teruel, proyecto que ya ha sido objeto de una declaración de impacto ambiental negativa», entre otras autovías «que no se justifican por el tráfico que presentarían».

Los grupos políticos de la oposición ven similitudes entre el almacén de Gas Natural en Doñana y el proyecto Castor

Europa Press.- Los grupos parlamentarios de la oposición expresan su preocupación por el proyecto Marismas de almacenamiento de gas natural en el Parque Natural de Doñana, tras el reciente informe del Instituto Geológico y Minero de España de diciembre y el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a noviembre, ambos de 2017.

Para el diputado de Unidos Podemos, Josep Vendrell, los nuevos informes disponibles señalan que «los análisis de Gas Natural Fenosa rebajaron la peligrosidad» respecto al riesgo sísmico y al riesgo de inundación del almacén mientras para el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) este riesgo, según asegura, era alto. Además, ha criticado el contrato puesto que asegura que el Gobierno ha reconocido 6 millones de euros a Gas Natural por mantener el almacén subterráneo, algo que le «huele a Castor» porque el proyecto ha seguido «un camino parecido» e insta al Gobierno a paralizarlo.

El diputado critica el proyecto de almacén de gas en el entorno cercano a Doñana, que fue proyectado en 2002 y aprobado en 2010, y acusa a PP y PSOE de ir pasándose el proyecto. «Lo que uno propone, el otro dispone», ha ironizado Vendrell que no cree que almacenar gas sea una actividad apropiada en la zona ni tiene sentido y recuerda que cuenta con el rechazo del territorio y de las organizaciones ambientales.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José Manuel Villegas, recuerda la «historia de chapuzas previas» como la del almacén Castor y quiere «evitar que se repita la situación». En la misma línea ha recordado la oposición en la zona al proyecto de «multidepósito de gas» y ha recordado los informes del IGME y del Defensor del Pueblo que consideran que los datos aportados por los promotores son «insuficientes» en cuanto a seguridad ambiental y sobre la idoneidad del proyecto.

«El Defensor dice que el emplazamiento podría no ser idóneo y que las declaraciones de impacto ambiental son insuficientes y tienen defectos invalidantes», ha insistido Villegas. Del mismo modo, la posibilidad de que, si finalmente el almacén no fuera viable, se pudieran activar mecanismos de compensación a la empresa concesionaria también le «suena a Castor» a Ciudadanos, por lo que emplaza al Gobierno a actuar.

El diputado socialista Antonio Pradas plantea suspender el proyecto Marismas occidental, el que está aprobado actualmente. En ese contexto, ha recordado que este proyecto fue aprobado en 2010 «con todos los parabienes» pero sobre los otros tres proyectos relativos a este almacén, se pidió una declaración conjunta porque afectaban al parque nacional de modo que ha exculpado al PSOE de las decisiones en ese sentido a partir de 2010 y ha recordado que el PP autorizó en 2013 la viabilidad de los otros tres proyectos.

Desde el Partido Popular, la diputada María Teresa de Lara ha instado a los grupos a no hacer «demagogia», que en su opinión «no es buena», en un asunto «tan delicado» e «importante» como la política energética. La representante popular ha defendido que en el entorno de Doñana se explotan almacenes y pozos de gas desde hace décadas en una estructura existente, que es lo que se quiere modificar, y cuya existencia previa no fue obstáculo para la inclusión de Doñana en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

En definitiva, ha defendido la actuación del Gobierno, que ha agrupado 30 proyectos en 4 para acumularlos y estudiar mejor los efectos acumulados, y que en enero de 2015 pidió al IGME nuevos informes sobre los riesgos geológicos, hidrogeológicos y de riesgos técnicos. En cuanto al de Marismas Occidental, ha dicho que la resolución ministerial exigió al promotor cumplir una serie de medidas adicionales. En la actualidad, indicó que los informes del IGME y del Defensor se han entregado a Gas Natural, que ahora tiene que formular las alegaciones oportunas.

SEO/BirdLife advierte de que los objetivos de energía propuestos por la Eurocámara para 2030 son «insuficientes» contra el cambio climático

Europa Press.- SEO/BirdLife ha denunciado que el cambio climático avanza más deprisa que la acción europea en su contra, ya que los objetivos propuestos por el Parlamento Europeo en el Paquete de Energía Limpia para 2030 son «insuficientes» y «no cumplirán» el Acuerdo del Clima de París.

Aunque reconoce que la propuesta del Parlamento Europeo es «más ambiciosa» en muchos aspectos que la propuesta original de la Comisión y la posición de los Estados Miembros, advierte de que ésta es «hasta peligrosa en algunos aspectos» como en materia de bioenergía y porque pospone «demasiado» la descarbonización. La Eurocámara aprobó 3 propuestas legislativas en el marco del Paquete de Energía Limpia: la revisión de las Directivas de Energías Renovables y de Eficiencia Energética; y un nuevo Reglamento de Gobernanza, para guiar la transición energética y la descarbonización de la Unión Europea para 2050, fijando en estos 3 campos su posición negociadora con los Gobiernos de los Estados miembros.

Para la ONG la votación es «positiva pero insuficiente». SEO/BirdLife critica que la propuesta no fija objetivos nacionales de energía renovables o eficiencia energética y que mantienen hasta 2030 el objetivo actual de producción de los biocombustibles de primera generación, que se basan en cultivos de cereal y oleaginosos. Además, denuncia que la propuesta permite la quema de troncos de árboles enteros en centrales térmicas.

El responsable de clima y energía de SEO/BirdLife, David Howell, ha reclamado que en un escenario de cambio climático los campos de cultivo deben producir alimentos, de forma sostenible, en lugar de carburantes de forma insostenible. «Fomentar la quema de troncos en centrales térmicas es un peligro para los usos y valores de nuestras zonas forestales, que comprometerá su función necesaria de sumidero y dificultará la reducción del CO2. Convertirá así a muchos montes en meras fábricas industriales de combustible y frenará el avance de vehículos de emisiones cero», advirtió.

Mientras, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, considera que el Parlamento Europeo ha mandado una señal clara al PP y al Gobierno, por la que España debe preparar una estrategia de descarbonización para llegar a una economía neto cero en emisiones para 2050 y planes plurianuales intermedios. A su juicio es «absolutamente inaceptable seguir frenando el avance del autoconsumo, que tanto potencial tiene» en España. De hecho, recuerda que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró en mayo que quiere que España lidere la lucha contra el cambio climático, por lo que «si de verdad es así», deben cambiar «radicalmente de posición» en las instituciones europeas y de cara a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Abogados ambientales piden a la ONU que inste a España a evitar el impacto de las centrales térmicas en menores

Europa Press.- Las centrales térmicas de carbón que contribuyen a la contaminación y al cambio climático generan un impacto «urgente de abordar por el Estado» sobre la salud de la infancia, según un estudio, realizado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) junto a CIEL (Center for International Environmental Law), que fue presentado al Comité de los Derechos del Niño en la ONU para que recomiende a España que actúe y tome las medidas necesarias para evitar estos impactos.

El informe analiza los impactos de la política energética de España sobre la salud de la infancia a consecuencia de la contaminación y el cambio climático que generan las centrales térmicas de carbón y concluye que influyen en la contaminación del aire tanto española como fuera del territorio y contribuyen al cambio climático por sus emisiones efecto invernadero. Entre las recomendaciones, el documento insiste en la preocupación de los derechos de los menores por el impacto del funcionamiento de las centrales térmicas de carbón y en la calidad del aire que afecta «de forma directa» contra el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño tanto en España como fuera de su jurisdicción.

Evitar impactos de política energética

Asimismo, tiene en cuenta impactos derivados del cambio climático, al cual contribuyen las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero de estas centrales, que entran en conflicto con los artículos 24, 27 y 28 de la Convención. El abogado medioambiental de CIEL Sébastien Duyk asegura que con la contaminación provocada por las centrales de carbón, el Gobierno de España incumple con sus compromisos internacionales en materia de protección de los derechos de la infancia. «El Gobierno tiene la obligación legal de evitar los impactos negativos de su política energética en la salud de los niños en España, así como en el clima», insistió.

Según el estudio Un oscuro panorama que presentó el IIDMA en 2017, las emisiones de las centrales de carbón se pueden relacionar con 10.521 casos de asma y 1.233 casos de bronquitis al año en la población infantil y sus costes sanitarios asociados alcanzan 1,14 millones de euros. En la actualidad, están en funcionamiento 15 centrales de carbón en España, que emiten 105.650 toneladas de SO2, 83.723 toneladas de NOx y 4.008 toneladas de partículas, que se relacionan con alrededor de 700 muertes prematuras anuales.

La directora del IIDMA, Ana Barreira, solicita al Comité de los Derechos del Niño que requiera a España medidas «de forma inmediata» para proteger los derechos de la infancia. «Es inconcebible que este tipo de impactos no se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones, pues suponen un coste inasumible para la sociedad», ha manifestado Barreira que ve «necesario» un plan progresivo y ordenado de abandono del carbón, que comience por el cierre de las centrales térmicas ya que estas emisiones son incompatibles con los Derechos del Niño.

La Plataforma contra el ATC nuclear y Ecologistas en Acción creen que la sentencia del TSJCM supone «su final definitivo»

Europa Press.- Mientras Ecologistas en Acción exige al Gobierno que retire definitivamente el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca) porque considera que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), lo hace «inviable», la Plataforma y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) creen que la sentencia supone «el fin definitivo» del proyecto puesto que el Plan de Ordenación Municipal (POM) es indispensable para poder construir el ATC.

Para la organización antinuclear, esta sentencia «es una prueba más de que en varios de los procedimientos de licenciamiento del ATC no se cumple el ordenamiento jurídico», según ha indicado la Plataforma. «Desde el inicio se deberían haber tenido en cuenta los principios de precaución, seguridad y transparencia y ninguna de estas premisas se han cumplido desde la designación de Villar de Cañas para ubicar el ATC en diciembre de 2011«, explican. Por ello, la Plataforma resaltó que no oculta «su enorme satisfacción» por esta sentencia, algo que se demuestra con las alegaciones que ya presentó en diciembre de 2014 con argumentos en la línea que ahora pone de manifiesto el TSJCM en su sentencia.

“Estupenda noticia” para los opositores

La portavoz de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, María Andrés, ha indicado que, aunque hay que esperar a conocer el texto completo de la sentencia, «no cabe duda de que es una estupenda noticia para la Plataforma». A su juicio, esto avala «que las prisas por aprobar el POM en un tiempo récord, cuando Cospedal estaba en funciones, tenía el riesgo de la falta de seguridad jurídica. Y por mucho que diga el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, sin POM no hay basurero nuclear».

Ahora, concluye la portavoz de la Plataforma, José María Saiz «puede hacer dos cosas: recurrir ante el Supremo o hacer otro POM, pero en ambos casos, los retrasos pueden hacer inviable el ATC, ahora que todas las centrales nucleares tienen o están en trámites para tener sus almacenes individuales y es conocido públicamente que los terrenos elegidos no son aptos».

Además, añade Andrés, que «es muy lamentable la reacción del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que está dispuesto a mentir diciendo que los residuos nucleares se están enviado fuera de España, a pesar de que sabe que no es cierto. Todo porque Cospedal lo colocó en la lista al Congreso por la provincia de Cuenca, únicamente para que Catalá haga campaña a favor del ATC».

Ecologistas pide cancelar el ATC

Por su parte, Ecologistas en Acción destaca que la sentencia que avala la prohibición por parte de la Junta de Castilla-La Mancha del POM de Villar de Cañas mantiene la calificación de no urbanizable para los terrenos donde se planea construir el ATC, por lo que iniciar las obras es «inviable». Por ello, considera que el Gobierno debe interrumpir la búsqueda de los terrenos para un almacén de residuos nucleares hasta que no establezca un calendario de cierre «aceptable» para las centrales nucleares y abrir un debate sobre la forma en que se deberán gestionar los residuos de alta actividad.

La sentencia rechaza el recurso de Villar de Cañas y avala la decisión de la Junta castellano-manchega de prohibir el POM de la localidad que fue aprobado por el consistorio para autorizar la construcción del ATC que albergaría los residuos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas. Si bien, la Junta anuló este POM que convertía en urbanizables los terrenos donde se iba a construir el ATC. En cuanto a las cuestiones ambientales, la ONG recuerda que el ATC se ubicaría en una zona de alto valor natural y con numerosos problemas geológicos.

En definitiva, Ecologistas en Acción asegura que la sentencia «frena» la construcción del ATC en Villar de Cañas y termina con «el empeño del Gobierno» de construir en unos terrenos que no reúnen los requisitos técnicos adecuados de optar por este emplazamiento para el cementerio nuclear. Si bien, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, denuncia que el proyecto de Villar de Cañas, impulsado cuando la actual ministra de Defensa María Dolores de Cospedal presidía la administración autonómica, ha supuesto «el gasto de decenas de millones de euros en instalaciones auxiliares, a pesar de las denuncias de Ecologistas en Acción ante la Fiscalía», ya que Enresa ha licitado y pagado contratos e instalaciones.