Las cuatro compañías no aceptaron las condiciones que presentó el Gobierno, que pretende incrementar sus ingresos y embolsarse cualquier subida extraordinaria en el precio del petróleo.
Ecuador logró convencer al filo de la fecha límite a la hispano-argentina Repsol-YPF de que se quedara, tanto es así que los documentos del acuerdo no estaban listos para su firma durante la ceremonia en el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables que clausuró las negociaciones.
El titular de ese Ministerio, Wilson Pástor, dijo que con los nuevos contratos la renta petrolera que recibe el Estado pasará del 70% actual al 80%, mientras que el resto irá a las empresas privadas.
Eso significará un aumento de 5.350 millones de dólares en ingresos actualizados para el erario público durante el período de vigencia de los contratos, según sus cálculos.
Además, las compañías se han comprometido a invertir 1.207 millones de dólares, de acuerdo con Pástor, quien indicó en la ceremonia que los resultados de la renegociación «son muy favorables para los intereses del país».
Las empresas que suscribieron los nuevos acuerdos fueron la chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la italiana Agip y las chinas Andes Petroleum y Petroriental, además de Repsol-YPF. Los rechazaron la coreana Canada Grande, la estadounidense EDC y la china CNPC, junto con Petrobras. En su conjunto las empresas que se irán representan el 14% del bombeo privado de petróleo del país, según Pástor.
El ministro Coordinador Sectores Estratégicos, Jorge Glas, dijo que con las empresas que se van «se ha planteado una transición ordenada para que las operaciones pasen a manos del Estado ecuatoriano, a manos de Petroecuador». Pástor indicó que esa transición durará un máximo de 120 días, durante los cuales se hará un inventario de sus activos y una auditoría ambiental, de forma que se determine un «valor de mercado» que el Estado les pagará como compensación.
Las empresas tienen derecho a demandar a Ecuador en un tribunal internacional de resolución de disputas comerciales, pues el país ha puesto punto final a los contratos antes de su vencimiento. Pástor dijo que el Gobierno no prevé «en este momento» que ninguna de las compañías opte por esa vía, dado que pretende darles una compensación «justa».
Según el nuevo modelo de contrato, el Estado es el dueño de todo el petróleo que bombean las empresas privadas, a las que paga una tarifa fija por cada barril extraído que incorpora una rentabilidad para ellas de en torno al 15%. De este modo, cualquier subida en el precio del petróleo redunda en beneficio de Ecuador, al tiempo que las empresas tienen un incentivo para reducir sus costos, según Pástor.
Petrobras no aceptó la tarifa que le ofreció el Gobierno, así como algunas de las cláusulas legales de los contratos, que restringen la capacidad de las empresas de presentar demandas contra el Estado por incumplimiento de contrato.
La empresa brasileña opera el Bloque 18 y el campo unificado Palo Azul, en la Amazonía ecuatoriana, de donde extrae unos 20.000 barriles diarios de crudo.
Todas las compañías que se quedarán en Ecuador aceptaron ganar menos o un valor similar al actual por el petróleo extraído al precio actual, excepto Repsol-YPF, para la que la negociación significará un aumento de 2,7 dólares por barril en sus ingresos.
El Gobierno hizo esa concesión «debido a las importantes nuevas inversiones» garantizadas por la compañía, que ascenderán a 293 millones de dólares (282 millones en el área del bloque petrolero en el que opera y 11 millones en áreas de exploración) en los próximos ocho años.
Gracias a esa inversión, las reservas probadas se incrementarán en 14,1 millones de barriles y se prevé un potencial de incremento de producción de 5.000 barriles al día, con un riesgo exploratorio del 50%, según el Ministerio.
En las negociaciones con la empresa intervino el propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien recibió a sus responsables, según confirmó una fuente gubernamental. Eso ayudó a evitar que Repsol-YPF siguiera el camino de Petrobras.
Repsol, satisfecha por el acuerdo alcanzado
Por su parte, Repsol YPF expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Ecuador que supone elevar el precio al que Ecuador le compra el petróleo que extrae en el país desde los 33,22 a los 35,95 dólares por barril, «debido a las importantes nuevas inversiones».
Esto permitirá al Estado obtener 349 millones adicionales de beneficio neto actualizado, sin considerar la posible producción de los campos exploratorios, bajo el supuesto de que el precio medio del petróleo se sitúe en 78 dólares por barril.
A finales de 2009, Repsol contaba en Ecuador con derechos mineros sobre dos bloques de desarrollo que abarcan una superficie neta de 1.210 kilómetros cuadrados.
El año pasado, su producción neta en el país fue de fue de 16.175 barriles de petróleo al día, y las reservas probadas netas de crudo se estimaban en 10,8 Mbbl (millones de barriles de petróleo).
Eni amplia su contrato de explotación hasta el 2023
Asimismo, el grupo de hidrocarburos italiano Eni anunció la ampliación hasta el 2023 de su contrato de explotación en el yacimiento ecuatoriano de Villano, a unos 260 kilómetros al sureste de Quito.
Según informa, Eni firmó con el Gobierno de Ecuador en la capital del país latinoamericano un nuevo contrato de servicio, que prevé «una remuneración fija que incluye los costes de producción y nuevas inversiones, como está previsto en la nueva ley de hidrocarburos».
Este nuevo acuerdo, en el que se enmarcan los cerca de 50 millones de barriles de petróleo que Eni tiene aún por «recuperar», contempla además la extensión del área en el que opera la italiana a una nueva zona «con potencial de exploración» en el campo de Oglan, a unos 7 kilómetros de la central de tratamiento de Villano y en la que se calculan unos 300 millones de barriles de petróleo.
Eni, a través de su subsidiaria Agip Oil Ecuador y que está presente en el país latinoamericano desde 1988, opera desde 2000 en el yacimiento de Villano, donde se producen actualmente unos 18.000 barriles de petróleo cada día.
