La Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) defiende en Bruselas una regulación estándar y estable del autoconsumo de energía fotovoltaica

EFE.– La Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) ha defendido en Bruselas una legislación «estándar y estable» en materia de autoconsumo fotovoltaico puesto que las barreras legales y administrativas son «los impedimentos más importantes» para el desarrollo de esta tecnología. El director de AGENEX, Cosme Segador, ha participado en la sesión de seguimiento del Comité de Industria, Transporte, Investigación y Energía (ITRE), organizada por el Parlamento Europeo, según explicó la agencia.

En esta sesión se ha revisado la aplicación de las medidas legislativas del paquete Energía Limpia para todos los europeos, entre las que se encuentran las relacionadas con la promoción del autoconsumo en edificios. Segador ha subrayado que la financiación de esta tecnología es una «barrera destacable», por lo que ha propuesto la creación de un fondo de garantía que respalde la financiación de estas inversiones en la Unión Europea. Asimismo, ha asegurado que la divulgación de esta tecnología, «sobre todo a consumidores domésticos, es otro de los puntos importantes para crear conciencia sobre los ahorros que se pueden conseguir».

El director ha recomendando a los parlamentarios europeos que apuesten por el autoconsumo fotovoltaico «por los beneficios ambientales y económicos que puede aportar». Además, ha explicado que este sector es uno de los que más valor crea en la I+D, con generación de empleo y aporte en la economía. Y, en el caso de España, en el empleo local porque el 90% de las empresas del sector son micropymes. Por último, Segador subrayó la apuesta por el autoconsumo fotovoltaico en el entorno europeo para el desarrollo de los edificios de consumo de energía «casi nulo». Extremadura colabora con otros países de la Unión Europea en la promoción de tecnologías renovables.

Abogados ambientales del IIDMA piden a los europarlamentarios españoles que acaben con las ayudas al carbón

Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha reclamado a los europarlamentarios españoles miembros del Comité de Industria del Parlamento Europeo que pongan fin a las ayudas al carbón. Así, con motivo del debate sobre el diseño del futuro mercado energético de la Unión Europea y, en concreto, sobre el Reglamento del Mercado Interno de la Electricidad que se está negociando, los abogados ambientales han formulado un conjunto de recomendaciones a los representantes españoles en la Eurocámara.

En concreto, han subrayado la importancia clave de regular los mecanismos de capacidad para evitar el alargamiento de la vida de las centrales de carbón de manera artificial, y los mecanismos de acceso y despacho preferentes, para promover una transición energética a las renovables. El carbón, según recuerdan, es la fuente de energía más contaminante y además impacta sobre la salud y el medio ambiente. Así, recomienda promover las energías limpias como base para una transición energética baja en carbono.

Límite: 550 gramos de CO2/kWh

En cuanto a las evaluaciones de adecuación de recursos y mecanismos de capacidad, estiman que estos mecanismos deben ser reducidos al máximo y controlados con una evaluaciónque certifique su necesidad real y un plan para su abandono posterior. De este modo, aseguran que las centrales con emisiones intensas de carbono, bajo criterios estrictos de límites de las emisiones de CO2 de 550g CO2/kWh, «no deberían recibir subvenciones que alarguen su vida de forma artificial».

La directora del IIDMA, Ana Barreira, ha señalado que este tipo de mecanismos, mal entendidos, permiten que se alargue de forma artificial el uso del carbón a pesar de ser el combustible más contaminante. «No se debe permitir el uso de la legislación para proteger y subvencionar centrales térmicas que están abocadas al cierre en el contexto actual. Es necesario trabajar en un plan ordenado de abandono del carbón y cierre de las centrales térmicas si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y evitar los efectos más duros del cambio climático», sentenció.

Un 5,4% de la recaudación fiscal de España en 2016 provino de impuestos medioambientales, por debajo de la media europea

Europa Press.- España recaudó un 5,4% por impuestos medioambientales en 2016, por encima de Alemania (4,6%) y Francia (4,7%), pero por debajo del 6,1% que registra la media de los 28 países de la Unión Europea, según un análisis del IEE a partir de datos de Eurostat.

Entre los impuestos medioambientales destacan los impuestos sobre la energía, que suponen casi un 77% del total, mientras que los impuestos sobre el transporte aportan algo menos del 20% y los que gravan la contaminación y la utilización de recursos alcanzan en torno al 3,4%. En 2016 los impuestos medioambientales alcanzaron una recaudación media del 6,1% sobre el total de ingresos fiscales en la Unión Europea. No obstante, la Unión Europea pretende potenciar la recaudación de los impuestos medioambientales con el fin de lograr una utilización eficiente de los recursos.

De hecho, en 2016 la recaudación de los impuestos medioambientales superó en algunos países el 10% del total de ingresos fiscales. Letonia ocupa el primer lugar, con un 11,6%, y Eslovenia, el segundo, con un 10,5%. Bulgaria, Croacia, Grecia y Rumania se situaron en el entorno del 9%, en tanto que Chipre, Estonia, Países Bajos, Dinamarca, Malta e Italia superaron el 8%, De su lado, Polonia (7,9%) e Irlanda (7,7%) se quedaron levemente por debajo.

En Finlandia, Portugal, Hungría y el Reino Unido los impuestos medioambientales aportan un 7% de la recaudación, y por debajo del promedio comunitario se sitúan un total de 8 países: Eslovaquia (5,6%), Austria (5,5%), España (5,4%), Suecia (5%), Bélgica y Francia (4,7%), Alemania (4,6%) y Luxemburgo (4,4%). De esta forma, la recaudación por impuestos medioambientales en España se sitúa por debajo de la media europea, pero supera a 5 países.

El Congreso exige al Gobierno el desmantelamiento del almacén de gas Castor, previo informe que garantice la seguridad

Europa Press.- La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, con los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP, ha apoyado una proposición no de ley de ERC por la que pide al Gobierno el desmantelamiento del proyecto Castor, previo encargo de un informe técnico que garantice que este procedimiento no supondrá daños medioambientales en la zona.

El texto urge al Ejecutivo a, una vez esté garantizada la seguridad, se clausure definitivamente el almacén de gas submarino, el sellado de los pozos y el desmantelamiento inmediato de las instalaciones marítimas y terrestres, así como que se revierta a sus propietarios las servidumbres afectadas por el gasoducto. Del mismo modo, reclaman una Comisión Informativa de seguimiento de las acciones de desmantelamiento de Castor, de la que formarán parte los ayuntamientos y gobiernos autonómicos afectados directamente por este proyecto.

El texto votado, transaccionado con el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, también reclama al Gobierno que haga efectiva la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulos de pleno derecho los artículos por los que se materializó la indemnización a Escal UGS, que gestionaba la plataforma. Además, se pide transparencia en relación a toda la documentación y contratos referentes al proyecto. Del mismo modo, se llama a realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales y morales que han sufrido las poblaciones cercanas; y un plan de restauración ambiental y paisajístico.

Bruselas concluirá en marzo si lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la contaminación

Europa Press.- Mientras desde Unidos Podemos han pedido la comparecencia de la concejal delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ante la comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados, la Comisión Europea confirmó que ha recibido «información adicional» de España y del resto de países con expedientes abiertos por contaminación atmosférica y ha explicado que tomará la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a mediados de marzo.

«Podemos confirmar que efectivamente todos los Estados miembros involucrados han presentado información adicional que ahora evaluaremos y después volveremos al asunto a mediados de marzo», ha señalado la portavoz del Ejecutivo comunitario Mina Andreeva. «En estos momentos no estoy en disposición de dar información más concreta sobre Estados miembros individuales», añadió después. España y los otros ocho países con procedimientos similares de infracción (República Checa, Alemania, Francia, Alemania, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido) debían presentar documentación con medidas «adicionales, creíbles, a tiempo y efectivas» para atajar sus problemas con la calidad del aire.

De lo contrario, tal y como acordó a finales de enero el colegio de comisarios, Bruselas daría el último paso contemplado para este tipo de procedimientos, que es elevar el asunto ante la Justicia europea. Concretamente, el expediente abierto a España afecta Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), que han excedido de forma «continuada y persistente» los límites de partículas finas (PM10), así como a la ciudad de Madrid, la ciudad de Barcelona y el extrarradio de esta última por sobrepasar los umbrales máximos de dióxido de nitrógeno (NO2).

El Plan A de Madrid

Por otro lado, el motivo de pedir la comparecencia de Sabanés en el Congreso es solicitar información sobre las medidas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid para reducir la contaminación atmosférica en la ciudad, según Equo. El objetivo de esta comparecencia es responder a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y del comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, sobre la responsabilidad de ayuntamientos como el de Madrid en relación a los expedientes abiertos por Europa a España en materia de contaminación.

El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid aprobó un Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático, denominado Plan A, que supondrá la puesta en marcha de una treintena de medidas para reducir la contaminación y la emisión de gases efecto invernadero, y para cumplir la legislación europea y nacional en materia de calidad del aire. Este plan pretende reducir un 23% los niveles de NO2 en 2020.

España remite a Bruselas las medidas adicionales de Madrid para mejorar la calidad del aire

Europa Press.- El Gobierno contestó a la Comisión Europea para remitir la documentación sobre las medidas que han puesto en marcha las administraciones competentes para mejorar la calidad del aire, según indicaron fuentes ministeriales, que precisaron que la Comisión Europea ya disponía de esta documentación que ahora se ha completado con las nuevas medidas que ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid y con el compromiso de las administraciones competentes para agilizar todas las medidas puestas en marcha.

Respecto a las medidas propias del Gobierno, la Administración General del Estado, en función de sus competencias, ha indicado que remitirá el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II), que se aprobó el 15 de diciembre de 2017 y que es la continuación del Plan Aire I, de 2013. El Plan Aire II cuenta con un presupuesto de 276 millones de euros e incluye 52 medidas agrupadas en ocho áreas (información, fiscalidad ambiental, movilidad, investigación, agricultura y ganadería, sector residencial, sector industrial y transporte). La Comisión Europea espera medidas encaminadas combatir la contaminación atmosférica que eviten una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El sector del transporte público pide al Gobierno nuevas medidas en movilidad para mejorar la calidad del aire en España

Europa Press.- Mientras la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, asegura que su departamento está «supliendo las carencias y dejadez» de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona en sus competencias en materia de calidad del aire, desde la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) reclaman al Gobierno que impulse nuevas medidas que fomenten la movilidad pública para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en España.

Para ATUC el problema tiene que ver con la «falta de una apuesta decidida por el transporte público» por parte del Gobierno, al que critica por limitarse a «medidas estrella» como el Plan Aire II, que se dirige principalmente a renovar el parque de vehículos y a mejorar la eficiencia energética de los edificios. Asimismo, García Tejerina ha limitado el problema a Madrid y Barcelona.

ATUC lamenta que no se dé la importancia que se debería al transporte público a la hora de reducir los niveles de contaminación y que en el Plan Aire II, que estará vigente hasta que entre en funcionamiento el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica no promueve el uso del transporte colectivo. «No hay actuaciones específicas para el fomento del uso de autobuses, metros y trenes de cercanías, que además de descongestionar el tráfico en las grandes ciudades y evitar los atascos sirve como filtro para limpiar el aire urbano», critica la asociación.

En este contexto recuerda que una de las principales causas de la contaminación atmosférica está en el tráfico rodado, que es responsable del 50% de las emisiones contaminantes de las ciudades y, de estas, más del 90% corresponden al tránsito de coches y motos. De este modo, ATUC propone a las administraciones que inviertan claramente por el transporte público y les insta a que la Ley de Cambio climático y Transición Energética incluya un apartado específico para el transporte público.

«Dejadez» de Madrid y Barcelona

«El control de calidad del aire corresponde a los ayuntamientos. Aún así, el Gobierno está aportando soluciones para reducir la contaminación de suelo, agua y aire todo lo posible, supliendo la carencia y dejadez de otras administraciones responsables», aseguró Tejerina durante su intervención en el Pleno del Congreso, tras ser preguntada por la contaminación en Madrid y Barcelona por la portavoz de En Comú en la Cámara Baja, Lucía Martín.

La diputada de la formación catalana ha cuestionado a la ministra por sus declaraciones sobre los problemas «puntuales» de contaminación en España, que Tejerina ha centrado en Madrid y Barcelona, asegurando que sus gobernantes «se están poniendo de perfil» en este tema. Para Martín, Tejerina no quiere «poner en valor las medidas que, desde hace dos años ambos consistorios han puesto en marcha», como son las restricciones de circulación, aparcamiento y velocidad puestas en marcha en Madrid. En este sentido, la diputada ha recordado las críticas que estas iniciativas recibieron por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que las calificó de «exageradas».

Para Martín, «España es hoy líder en infracciones medioambientales de toda la Unión Europea» por la «nefasta gestión» de Tejerina. «Sólo saben ser líderes en aquello que avergüenza a la ciudadanía», ha declarado, para después pedirle que, como le han sugerido en la Unión Europea, el Gobierno también haga algo en esta materia en cuestiones en las que sí tiene competencias, como en «revertir el recorte en inversión de transporte público» o en la «fiscalidad de los vehículos más contaminantes«.

A estas acusaciones, la ministra ha contestado que «la calidad del aire es de máxima preocupación» para su departamento, porque es un problema medioambiental y también de salud pública. Sin embargo, ha insistido en que «los responsables» en esta materia, es decir, los gobiernos municipales, son quienes deben «asumir y responder» sobre este problema. «Su partido no se ha enterado de que las competencias sobre el control de calidad del aire corresponde a los ayuntamientos», insistió. Aún así, recordó que el Ejecutivo aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire, que ha invertido más de 2.000 millones en eficiencia energética en viviendas, entre otras medidas.

El 92% de las empresas españolas tiene objetivos establecidos para reducir emisiones de CO2

Europa Press.- El 92% de las empresas españolas tiene objetivos establecidos para reducir las emisiones de dióxido de carbono, según se desprende del informe Climate Change Report 2017: Marcando el Camino, elaborado por ECODES. La edición en español del informe se ha publicado en el Climate Discussion Forum 2018, un evento anual organizado por PwC. El documento recoge las calificaciones de liderazgo, desempeño y transparencia en relación al cambio climático realizadas por PwC.

De este modo, se constata que las empresas están planificando su futuro bajo en carbono no sólo implementado medidas para reducir sus emisiones sino que un 70% de ellas van a aplicarse en los próximos 5 años y un 30% extendiéndose más allá de una década. El estudio también revela que el 100% de las compañías rinde cuentas respecto al cambio climático y que el 90% ofrece incentivos económicos para cumplir con sus objetivos medioambientales.

Los autores del informe subrayan que estos objetivos están en línea con el nivel de descarbonización requerido para mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2ºC, el principal objetivo del Acuerdo de París sobre cambio climático firmado por alrededor de 200 países. El estudio añade que las empresas españolas han tomado el liderazgo involucrando a altos ejecutivos. El 100% de las empresas encuestadas atribuye la responsabilidad de las acciones medioambientales a sus máximos ejecutivos, un 90% emplea incentivos económicos para cumplir con los objetivos y un 31% usa incentivos no económicos.

El documento detalla que la transición hacia una economía baja en carbono está impulsando la innovación: el 37% de las empresas tienen objetivos relacionados con la producción de energía renovable, un porcentaje superior a que la media europea (29%). Asimismo, solo el 50% de la muestra respondió a CDP, aunque representan a más del 90% de la capitalización de mercado. Actualmente, un 78% de los encuestados verifica de forma independiente al menos el 70% de sus emisiones directas, lo que se sitúa por encima de la media europea, del 68%.

El director general de CDP Europa, Steven Tebbe, ha asegurado que «las empresas españolas han logrado un progreso sin precedentes al acelerar sus acciones contra el cambio climático. En muchos sentidos, están estableciendo el estándar, con las juntas directivas liderando la estrategia medioambiental en las empresas«. «No obstante, este informe también revela a los ganadores y perdedores que emergen de esta transición. La mayoría de las empresas analizadas no parece tener aún objetivos a largo plazo adecuados. Por eso, instamos a este grupo de compañías a ser más ambiciosas y a alinear sus objetivos con la ciencia climática», ha sentenciado.

Por su parte, la socia responsable de Sostenibilidad de PwC, María Luz Castilla, ha apuntado que «el cambio climático es una fuente potencial de riesgos para las empresas (regulatorios, tecnológicos, de mercado, de transición, etc.) y las empresas españolas deben analizar las implicaciones financieras del cambio climático para responder a las demandas de los mercados financieros». «Pero sin duda, la transición hacia una economía baja en carbono genera importantes oportunidades de negocio, que las empresas españolas pueden aprovechar, posicionando su liderazgo en el CDP para fortalecer su competitividad», ha avanzado.

Por último, para el director ejecutivo ECODES, Víctor Viñuales, «crece rápidamente la convicción de las oportunidades que tienen y tendrán las empresas alineadas con la agenda global del clima. Hoy, las empresas que apostaron por los coches eléctricos, las empresas de energías renovables, las de eficiencia energética… todas ellas tienen el futuro despejado». «Toda la economía amiga del clima tiene el viento a favor», concluyó.

Arias Cañete urge a Madrid y Barcelona a cumplir al 100% sus planes de mejora de calidad del aire

Europa Press.- El comisario europeo responsable de Acción por el Clima y Energía, Miguel Ángel Arias Cañete, insistió en que son Madrid y Barcelona los que concentran en España los principales problemas en materia de calidad del aire y urgió a sus ayuntamientos a cumplir «al 100%» sus planes para mejorar esta situación.

Cañete se une así a las críticas que la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, realizó en sede parlamentaria a los gobiernos de Manuela Carmena y de Ada Colau, a quienes les pidió «responsabilidad» ante este problema «importante». Aún así, el comisario ha reconocido que en toda Europa son los «grandes ayuntamientos y las aglomeraciones urbanas» las que concentran los problemas «localizados» en materia de calidad del aire y, es por eso, que el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, se reunió hace semanas con los representantes de los países más atrasados en este tema «para decirles que había que cumplir los objetivos y poner en marcha medidas potentes«.

«La calidad del aire afecta a la salud de 400.000 europeos al año», ha indicado el exministro a su llegada a la Comisión para el estudio del Cambio Climático del Congreso. En este sentido, Cañete ha sugerido a los grupos parlamentarios que pidan la comparecencia de Vella en la Cámara Baja como responsable directo de esta materia. Según ha explicado, él podrá detallar mejor cuáles son los problemas que se pueden registrar en ciudades como Madrid y Barcelona y los conocimientos que tiene de los planes que allí se están poniendo en marcha y que, a su juicio, si se cumplieran «tendrían un impacto» en materia de calidad del aire.

Sí que es competencia del comisario la lucha contra el cambio climático, una materia que, según ha apuntado, es el «mayor reto con el que se enfrenta el planeta en la actualidad». El exministro, que ha calificado la situación de «extremadamente preocupante«, ha señalado que desde 2011 se han vivido 16 de los 17 años más calurosos de la Tierra desde que se tienen registros y que la suya es «la primera generación que experimenta los efectos del calentamiento global”.

«Urge actuar contra el calentamiento por debajo de los 2ºC y sería mejor por debajo del 1,5ºC», reconoció. En este sentido, ha garantizado su compromiso para que la Unión Europea «avance en una economía baja en emisiones de carbono». Parte de la descarbonización de la economía depende de las renovables y Cañete ha explicado que España «está cumpliendo los objetivos que se trazaron a 2020» y que, incluso, «está por encima de la senda de cumplimiento». En concreto, el país tenía que cumplir el desarrollo de un 20% de renovables y, en 2016 este porcentaje estaba «por encima del 17%». «Hay otros países con más dificultades para cumplir» ha reconocido.

Pero, en general, cree que la Unión Europea está en buen camino. «Está trabajando para estar lista en 2020 y ahora en el Parlamento estamos discutiendo los objetivos de 2030, que son más ambiciosos», señaló. A su juicio, Europa tiene «un liderazgo muy claro» en esta materia, así como «seriedad para cumplir los objetivos» con una «legislación suficiente» para ello. «Ahora mismo estamos discutiendo las directivas de renovables, de eficiencia energética en edificios y hemos puesto en marcha nuestro sistema europeo de carbono y de derechos de emisión», ha declarado, para señalar que se trata de «una legislación muy potente».

Estas palabras no han calado entre los portavoces de la oposición, que criticaron el optimismo presente en el discurso del comisario. Así, el socialista Marc Lamuà y el morado Juan López de Uralde, han denunciado la «inacción» del Gobierno en esta materia y la «falta de liderazgo» que España necesita para «el ambicioso avance» al que se ha comprometido. «Algo falla en el análisis cuando España se sigue hundiendo en los rankings de lucha contra el cambio climático», apuntó Lamuà.

Para el portavoz de Ciudadanos, José María Martínez, la credibilidad del Gobierno está en entredicho ya que Tejerina aporta unos datos y unos objetivos que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, no apoya. «Hay mensajes confusos», apunta el diputado, que ha preguntado a Cañete sobre su visión al respecto. «Viajen por Europa y verán lo que pasa con la discordancia de ministerios», respondió el exministro, quien ha defendido la «buena coordinación» entre políticas energéticas y de clima para obtener resultados. Según explicó, esa es su misión: «conseguir que los planes que presenten los estados miembro integren energía y clima, con medidas definidas». «Son fundamentales», insistió.

Uno de estos planes conjuntos en los que deberían estar trabajando los países es en el cambio del parque automovilístico, para dejar atrás los actuales coches para pasar a los vehículos eléctricos menos contaminantes. La formación naranja ha cuestionado por este tema también al comisario, quien reconoció que la Unión Europea no es, precisamente, un referente. Cañete explicó que sólo en China hay una variedad de hasta 400 vehículos eléctricos a disposición de los usuarios, mientras que en Europa no cree ni que haya 20.

Finalmente, preguntado por el representante de Compromís, Enric Bataller, sobre las prospecciones de gas y petróleo en las costas españolas, el exministro señaló que la directiva que regula la seguridad de estas prácticas exige que antes de que empiece la exploración se lleven a cabo informes de riesgo y sobre los medios necesarios; además de obligar a que los países aseguraren que las compañías responsables tengan experiencia técnica suficiente para llevarla a cabo. Del mismo modo, se pide verificar, a través de expedientes externos, que se garantiza la protección medioambiental. A su juicio, esta materia está bien controlada desde Bruselas.

Varias organizaciones ecologistas piden el cierre de la central nuclear de Cofrentes para no asistir a “un Fukushima 2″

Europa Press.- El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), la plataforma Tanquem Cofrents y Ecologistas en Acción han exigido el cierre definitivo de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) antes de su renovación en 2021, tras los tres incidentes registrados y notificados al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Una «acumulación» de averías que, para los ecologistas, pone en duda tanto la seguridad de la instalación como la supervisión del CSN: «Estamos jugando con fuego. Podemos asistir a un Fukushima 2».

Así lo han advertido el portavoz del MIA, Francisco Castejón, y el de Tanquem Cofrents, José Juan Sanchis, a raíz de los últimos incidentes comunicados por la central al CSN. «Un accidente en Cofrentes pondría patas arriba todo el turismo y la industria del Mediterráneo», ha alertado Castejón. La primera incidencia tuvo lugar en octubre de 2017, después de la última parada para recarga, al constatar una irregularidad en las medidas de caudales de los dos lazos de enfriamiento. El Consejo estableció una parada no programada y calificó el suceso en nivel 0 al no constatar impacto en los trabajadores.

Las organizaciones denuncian que, por el contrario, se decidió poner la central en funcionamiento y esto tuvo como resultado un nuevo incidente el 8 de noviembre: la rotura de una válvula de uno de los lazos y la parada forzosa de la central, en lo que ven «falta de rigor del CSN y dejadez del titular» de las instalaciones. Según los antinucleares, el procedimiento de extracción de esta válvula fue «extremadamente complicado» y los trabajadores recibieron «dosis radioactivas extra a pesar de que la recuperación se realiza con un robot». Cofrentes se puso en marcha nuevamente el 10 de diciembre tras reparar la pieza dañada, un incidente reclasificado como nivel 1 (anomalía) por el Consejo.

Finalmente, en enero, la central tuvo que parar de nuevo por una fuga en los accionadores de las barras de control, elevadores hidráulicos que actúan como los «frenos» de la central en los elementos combustibles del reactor, piezas que «ya se tuvieron que sustituir en 2005 por corrosión». Las plataformas señalan que esta fue una parada programada porque los titulares de Cofrentes avisaron al CSN con 48 horas de antelación.

Sin embargo, aseguran que los responsables de la central «habían observado la existencia de las fugas y anunciaron con antelación que pararían para anticiparse así a una parada no programada» que habría supuesto «un nuevo incidente a comunicar públicamente». La causa de este incidente, según las organizaciones, es que en las operaciones de mantenimiento «no se apretaron correctamente los tornillos de los accionadores». Un error «de parvulitos de ingeniería», ha ilustrado el portavoz de Ecologistas.

El 13 de enero se produjo otro suceso al poner la central en marcha: una vibración anómala en una pieza de la turbina que obligó a una nueva «parada forzosa» y de la que «tampoco se sabe la causa». El Consejo lo clasificó en nivel 0 al no constatar ningún impacto. Los ecologistas subrayan que esta «acumulación» de incidentes se produjo «tras un mes de inspecciones», durante la parada para recarga, y cuando el titular de la central está «a punto» de pedir la renovación del permiso de explotación por 10 años al CSN, que entraría en vigor en 2021.

Aunque reconocen que «sería improbable», las plataformas consideran que los elementos que han fallado ahora podrían hacerlo en el futuro al mismo tiempo y «no habría forma humana de pararlo». De esta forma, ha advertido en este punto el portavoz de Ecologistas, «podemos asistir a un Fukushima 2». Denuncian que, al mismo tiempo, las incidencias han supuesto «un aumento de la exposición a la radiación» para los trabajadores y ponen de relieve 3 cuestiones: «el envejecimiento y degradación de la central, la baja o nula cultura de seguridad nuclear por parte de la empresa y la falta de rigor y de medidas serias del CSN».

En cualquier caso, remarcan que no cuestionan el trabajo de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sino «la dirección política de los consejeros». «El PP es claramente pro-nuclear y por eso prepara, desde el Gobierno central, un decreto ley para evitar la discrecionalidad en el cierre», ha subrayado el portavoz de Tanquem Cofrents. Las organizaciones defienden que la central «ya está sobradamente amortizada» y agregan que la energía que produce Cofrentes «se vende al triple de su precio» y supone «un millón diario de beneficios antes de impuestos».