La forma de conseguirlo será eliminando partes del suelo, plantas y árboles y limpiando tejados en una zona que abarca miles de kilómetros cuadrados. Esta tarea costará decenas de miles de millones de euros y, posiblemente, impedirá que miles de personas evacuadas puedan volver a sus casas o que lo hagan antes de que pasen varios años.

El Gobierno calcula que en un lugar contaminado la radiación disminuye en torno a un 40 por ciento durante los dos años siguientes de forma natural, y pretende acelerar el proceso a través de ciertas actividades hasta alcanzar el 50 por ciento, según las pautas de limpieza que se han dado a conocer este viernes.

El ministro para la Prevención de Accidentes Nucleares y la Recuperación Posterior, Goshi Hosono, ha explicado en una rueda de prensa que «el objetivo es reducir los niveles de radiación a la mitad durante los dos próximos años en las zonas afectadas, y en un 60 por ciento durante el mismo periodo en lugares frecuentados por niños».

Otro objetivo fundamental del Gobierno es bajar la radiación hasta los 20 milisieverts al año, el umbral por debajo del cual ya no es necesaria la evacuación, en los lugares donde actualmente se supera ese nivel. En algunas partes de la zona evacuada, los niveles de radiación son muy superiores a esa cifra, según los datos difundidos por las autoridades esta semana.

«En última instancia, queremos alcanzar esa meta en un periodo más corto. La tecnología sigue avanzando y, con la financiación gubernamental y el esfuerzo suficientes, se puede conseguir», ha asegurado.

Las autoridades han prohibido la entrada en un área que abarca un radio de 20 kilómetros desde la central nuclear dañada por el terremoto y el tsunami. Unas 800.000 personas tuvieron que marcharse de allí. Las pautas del Gobierno también establecen un proceso de limpieza concienzudo en lugares frecuentados por niños, como colegios o parques, donde se pretende conseguir que la radiación no supere el nivel de 1 milisievert al año.

La zona que hay que limpiar podría ser de entre 1.000 y 4.000 kilómetros cuadrados (entre el 0,3 y el 1 por ciento de la superficie total de Japón) y el coste del proceso podría llegar a superar los 10 billones de yenes (casi 90.000 millones de euros), según los expertos. Un problema que puede surgir es que al eliminar la capa arable de la tierra, se pueden arruinar zonas agrícolas fértiles.

El Gobierno ha dicho que se encargará de toda la tierra y los escombros que retire durante el proceso de limpieza, pero todavía no tiene una solución permanente para almacenar el material radiactivo, que de momento tendrá que permanecer dentro de las localidades.

«Reitero que la prefectura de Fukushima no será el lugar donde finalmente se traten los escombros», ha declarado Hosono.

La Asamblea General de accionistas de EDP, que tuvo la representación del 71 % del capital de la firma, refrendó por unanimidad esta medida que pone fin a la última de las llamadas «golden share» o «acción de oro», que conservaba el Estado luso como herramienta de control público sobre los sectores clave del país.

Esa cuota de poder permitía al Estado nombrar al presidente del consejo de administración y vetar deliberaciones que pudiesen poner en riesgo la seguridad del abastecimiento al país de petróleo, gas, electricidad o productos derivados de estos.

El Estado luso sólo renunció a estos privilegios para acatar las condiciones impuestas por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el rescate financiero a Portugal, valorado en 78.000 millones de euros los próximos tres años.

La mayor compañía de telecomunicaciones del país, Portugal Telecom (PT), y la petrolera portuguesa Galp Energía acabaron también este verano con esos derechos especiales, que derogó el Gobierno en julio y que tenían que ser refrendados por las respectivas asambleas de accionistas.

Estos derechos dieron al Estado portugués la llave en operaciones de mercado, como el polémico veto ejercido en 2010 por el entonces Ejecutivo socialista para impedir que la española Telefónica adquiriera Vivo de PT por 7.150 millones de euros.

La justicia europea exigió en noviembre pasado la derogación de estos privilegios por considerarlos contrarios a la libertad de movimiento de capitales.

El fin de esta «acción de oro» en EDP, la mayor eléctrica portuguesa con un beneficio anual que ronda los 1.000 millones de euros y que en España controla HC Energía, abre las puertas a la privatización de la empresa.

El Estado luso, a través de Parpública, es su mayor accionista, con un 25,05 % del capital social, seguida de las españolas Iberdrola, la mayor propietaria privada de EDP con un 6,8 %, y de Cajastur, con un 5,01 %.

La prensa portuguesa ha apuntado a varios potenciales compradores extranjeros de las participaciones estatales, entre los que están la asiática China Power, las alemanas RWE y E.ON, las francesas EDF y GDF Suez, y la brasileña Eletrobras.

Sin embargo, EDP informó en un comunicado a la Comisión de Mercado de Valores Mobiliarios portuguesa que «no ha sido presentada» ninguna «propuesta firme» de adquisición de acciones.

– Qatar Holding adquiere el 2 por ciento de la eléctrica portuguesa EDP

Qatar Holding LLC adquirió el 2 % de la eléctrica Energías de Portugal (EDP), que aceleró su proceso de privatización tras la venta de los derechos especiales que el Estado portugués tenía en la compañía.

En un comunicado al mercado, EDP anunció que Qatar Holding LCC, controlada por la autoridad inversora (o fondo soberano) de Qatar, tiene ahora una participación cualificada (73,8 millones de títulos) al comprar 1,8 millones de acciones fuera de Bolsa el pasado 18 de agosto.

En declaraciones a los periodistas, Antonio Mexia, presidente de EDP, comentó que su empresa es «atractiva para nuevos accionistas» porque ha crecido más deprisa que el resto del sector y con menos riesgo que la competencia.

La «operación de privatización puede y debe ser encarada como una oportunidad para la compañía», concluyó Mexia.

«Si alguien me pregunta cómo será el futuro de Eni en Libia, yo respondo sin dudar que será positivo. Otra cosa es hablar no de cómo nos irán las cosas dentro de un año, sino mañana, ya que la transición es un problema grave y complejo para todos«, afirma Scaroni en una entrevista que publicaba este miércoles el diario italiano Corriere della Sera.

El consejero delegado de Eni, quien recuerda que su compañía fue la primera en establecer contacto con el Consejo Nacional de Transición de Libia (CNT), insiste en que los contratos que su compañía tiene en territorio libio están «garantizados» de cara a los próximos años.

«Después de cada revolución, lo primero que quiere hacer el nuevo Gobierno es volver a empezar a producir. Y nosotros, a través del Greenstream, el gasoducto que lleva el gas a Italia y solo a Italia, estamos vinculados de forma indisoluble con el país«, apunta el directivo del grupo energético.

En este sentido, Scaroni se muestra tranquilo ante la posibilidad de que las empresas francesas puedan salir beneficiadas en el nuevo escenario energético de Libia: «Son hipótesis que ya he calificado de charlas de bar, por las razones que ya he dado y por nuestra presencia histórica en el país, no creo que Francia quiera reemplazarnos».

Scaroni comenta que los contactos que mantienen casi a diario con el CNT son «especiales» y la comunicación es «constante e intensa» desde el 3 de abril, cuando representantes de Eni se trasladaron a Libia para reunirse con los insurgentes por primera vez.

«Hemos sido la primera empresa internacional en reunirse con el CNT», insiste Scaroni, quien precisa que desde entonces Eni está trabajando para ayudar a los insurrectos a cubrir sus primeras necesidades, algo que resulta «complicado» porque «necesitan de todo, desde gasolina a medicinas».

El consejero delegado de Eni, la empresa italiana con mayor presencia en territorio libio, niega que todas sus plantas en Libia estén paradas y aborda también posibles problemas de abastecimiento de gas y petróleo que pueden afectar a Italia en el futuro.

«Antes de nada hay que aclarar que el tema solo afecta al gas. No habrá problemas si el próximo invierno tenemos que prescindir del gas que proviene de Libia. Siempre y cuando no se interrumpa de alguna manera el flujo de las otras fuentes: Argelia y el eje ruso-ucraniano», subraya Scaroni.