Las emisiones de CO2 aumentaron en febrero pese al registro récord de la eólica que llegó al 19,3% del mix

Así, la organización denuncia que en febrero de 2011 las emisiones totales eran de 4.281.094 ton de CO2, mientras en el mismo mes de este año han sido un 38,28 por ciento superiores (hasta 6.9136.4980 toneladas de CO2).

Además, el observatorio de WWF de febrero de 2012 destaca el récord histórico de la energía eólica, que se sitúa como la tercera tecnología del sistema, por detrás de la nuclear y el carbón. El repunte de la eólica equivale a 1,8 millones de toneladas de CO2 ahorradas en febrero de 2012 y ha permitido la importación de combustibles fósiles y, por tanto, la transferencia de renta al extranjero, de unos 260 millones de euros. La organización recuerda que esta fuente de energía renovable emplea a unas 3.000 personas en todo el país.

Ante estos datos, la organización considera que esto es «consecuencia» de un aumento de la producción de electricidad con carbón que, a raíz del Real Decreto de Ayudas al Carbón aprobado por el Gobierno en 2011, que obliga a las compañías eléctricas a quemar un porcentaje de carbón nacional, que es de peor calidad y más contaminante. El resultado es un empeoramiento del indicador de calidad ambiental para las emisiones de CO2.

Para la técnico del programa de cambio climático de WWF, Raquel García Monzón, el aumento de la producción de electricidad con fuentes renovables, como el récord histórico de la eólica en febrero, es una «clara señal de que este tipo de tecnologías son capaces de cubrir la demanda eléctrica del sistema» y de que aportan beneficios como la lucha contra el cambio climático, ya que evitan toneladas de emisiones de CO2, contribuyen al ahorro en importaciones de combustibles fósiles y mantienen el precio medio de la electricidad por debajo de la media europea.

«Es una buena noticia para el sector renovable, sobre todo ahora que los precios del barril de petróleo de Brent están en máximos históricos», ha añadido.

De acuerdo al Observatorio de la Electricidad de WWF, febrero ha concluido con un aumento de la generación de electricidad y de la demanda eléctrica total en el sistema peninsular, en comparación con febrero del año pasado.

En total, el 22,4 por ciento de demanda se cubrió con carbón; seguido del 21,1 por ciento de energía nuclear; el 19,3 por ciento con energía eólica; el 15,6 por ciento, con ciclos combinados; el 4,7 por ciento con hidráulica y el 16,9 por ciento con otras fuentes de energía. En régimen ordinario se ha generado el 63,8 por ciento de la electricidad, mientras que en régimen especial (renovables) se ha producido el 36,2 por ciento restante.

Endesa propondrá como consejera de su filial Chilectra a Elena Salgado

‘El Confidencial’, que adelanta la propuesta de nombramiento, indica que, de esta forma, Endesa refuerza su equipo de asesores internacionales con otro político de peso, tras incorporar el año pasado al expresidente del Gobierno José María Aznar como consultor.

Salgado, indica el portal, percibirá entre 35.000 y 70.000 euros por poner en valor sus conocimientos y se encuentra en la actualidad tramitando las autorizaciones pertinentes con el Ministerio de Administraciones Públicas para saber si su fichaje por Endesa Chile no incurre en ningún tipo de incompatibilidad tras su reciente pertenencia al Gobierno.

Los ex altos cargos del Gobierno tienen prohibido trabajar durante dos años tras el abandono del puesto en una empresa privada, y durante este periodo reciben el 80% de la retribución. Dado que Chilectra se encuentra radicada fuera de España, resulta más probable que el Gobierno conceda el permiso a Salgado para desempeñar el cargo de consejera de la sociedad.

Aznar y Salgado no son los únicos políticos vinculados directa o indirectamente a Endesa. El actual ministro de Economía, Luis de Guindos, fue hasta el momento de su nombramiento miembro del consejo de la eléctrica, en el que también participa el ‘padre’ de la Constitución Miquel Roca y Junyent.

El antecesor de Salgado en la cartera de Economía, Pedro Solbes, desempeña el cargo de consejero de Enel, la matriz de Endesa. En la eléctrica también desempeñó cargos de responsabilidad el exministro Pío Cabanillas, quien posteriormente fichó por Acciona, donde participan Javier Solana y la exsecretaria de Estado de Energía Carmen Becerril.

– UPyD plantea que Salgado no cobre pensión de exministra tras su fichaje por Endesa

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Carlos Martínez Gorriarán, cree que la exvicepresidenta económica Elena Salgado no debería percibir la pensión de ex miembro del Gobierno tras haber fichado por una empresa de Endesa y a la vez reclama «más exigencia» con los conflictos de intereses de altos cargos.

Martínez Gorriarán ha indicado que no es muy lógico que alguien que «acaba de salir» del Gobierno se ponga a asesorar «inmediatamente» a una empresa de un sector estratégico económico, en alusión a Chilectra, la distribuidora en Chile del grupo Enersis que controla Endesa.

La ley establece que los altos cargos no podrán incorporarse a empresas privadas que estén «relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado» hasta que pasen dos años desde su cese.

A juicio del parlamentario de UPyD, no es extraño que una gran empresa fiche a ex altos cargos de la Administración pero habría que cuidar «mucho» que esa asesoría que va a realizar Salgado «no choque» con el interés general.

Además, aboga por poner límites al actual régimen de incompatibilidades de manera que un ex alto cargo, en este caso exministra, no reciba una pensión pública -tiene derecho a recibirla durante dos años- al mismo tiempo que cobra un sueldo por trabajar en una empresa privada.

De hecho, el pasado mes de febrero, la formación de Rosa Díez llevó al Congreso una iniciativa para limitar las pensiones de los expresidentes del Gobierno con el fin de que Felipe González y José María Aznar, fichados por Gas Natural y Endesa respectivamente, no pudieran compatibilizar los sueldos públicos y privados. Sin embargo, la iniciativa no prosperó por el rechazo de PP, PSOE y CiU.

La filial de Gas Natural Fenosa en Nicaragua entrega un 16% de sus acciones al Estado de aquel país

Las acciones fueron entregadas por Ricardo Barranco, gerente regional de Gas Natural Fenosa para Centroamérica, y recibidas por el nuevo ministro nicaragüense de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, indicó la compañía eléctrica.

«El grupo Gas Natural Fenosa hizo efectivo la entrega física del 16% de las acciones de las empresas distribuidoras de electricidad Disnorte y Dissur al Estado de Nicaragua«, detalló.

La entrega de esas acciones fue posible tras cumplirse una serie de procesos legales que duraron tres años, desde la entrada en vigor del Protocolo de Entendimiento entre la empresa eléctrica y el Estado nicaragüense, el 28 de febrero de 2009, hasta ahora, precisó la fuente.

«Recibimos esto como un esfuerzo del Gobierno y Estado de Nicaragua por fortalecer el sector eléctrico, que desde la llegada al Gobierno del presidente Daniel Ortega (en enero de 2007) decidimos respaldar y se ha hecho de manera sostenida y decidida», declaró el ministro Acosta durante el acto.

«Como Gobierno estamos dando los pasos para hacer lo necesario para que el sector sea sostenible, rentable e impacte en el desarrollo económico«, agregó.

Aunque el traspaso del 16% de las acciones concluyó este jueves, el Estado de Nicaragua tuvo participación en la Junta Directiva durante estos tres años, explicó la eléctrica.

La multinacional eléctrica española cedió al Estado nicaragüense, en mayo de 2008, el 16% de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 11,5 millones de dólares, y un asiento en el consejo de administración de su filial en Managua.

Gas Natural Fenosa es dueña de las distribuidoras eléctricas Dissnorte y Dissur, las cuales distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde 2000, hasta por un período de 30 años.

En el acto participó el representante del Estado nicaragüense en la filial de Gas Natural Fenosa, Francisco López, quien también es tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli; entre otros funcionarios de Gobierno y de las distribuidoras.

Las distribuidoras Disnorte y Dissur poseen el 74% de las acciones, 16% el Estado de Nicaragua y el resto socios locales, entre ellos trabajadores y extrabajadores, indicó la compañía.

Varias empresas energéticas crean la Fundación de la Sostenibilidad Energética y Ambiental

Así, la nueva fundación se constituyó el 27 de septiembre de 2011 por la entidades Compañía ENDESA, S.A.; Fundación ACS; ENAGAS, S.A.; Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.; Fundación Repsol; Gas Natural SDG, S.A.; Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA) y FCC Energía, S.A., en Madrid, el 27 de septiembre de 2011.

Según el BOE, el domicilio de la nueva entidad se ubicará en el Parque Científico de Barcelona y su constitución está dotada de 40.000 euros ya desembolsados.

Además, los estatutos de la nueva fundación establecen que los fines serán constituir un centro de referencia líder en el debate energético, configurado como un foro de discusión, centro de análisis e investigación académica y de asesoramiento, con capacidad de aportar nuevas ideas, mejorar la información, influir en la toma de decisiones públicas y privadas, tanto en el ámbito español como internacional, con especial atención en Latinoamérica y de crear opinión en la sociedad.

En cuanto al patronato, el BOE precisó que la Presidencia será ENAGAS, representada por Antonio Llardén y los vocales serán de Endesa, Borja Prado; de Fundación ACS, Antonio García Ferrer; de la Compañia Logística de Hidrocarburos (CLH), representada por José Luis López de Silanes; de Fundación Repsol, Antonio Brufau; de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró; de la Compañía Española de Petróleo (CEPSA), Santiago Bergareche y de FCC Energía, Baldomero Falcones y como secretario, no patrono, Carlos Manubens.

Los compradores chinos de REN quieren llevarla a América del Sur

La Red Eléctrica Nacional (REN) portuguesa deja, con esta operación, de estar controlada por el Estado luso, que hasta ahora era el principal accionista y decidió vender la mayor parte de su posición –todavía conserva un 11,1%– como parte del programa de privatizaciones puesto en marcha desde el año pasado.

Portugal anunció el pasado 2 de febrero las empresas vencedoras del concurso para la venta de REN, la china State Grid, que se hará con el 25% de los títulos, y la también publica Oman Oil, con el restante 15%.

La privatización supuso un total de 592 millones de euros para las arcas del endeudado Estado luso.

Al acto de la firma oficial, celebrado en Lisboa, acudieron los máximos responsables de las dos compañías compradoras, así como varios representantes del Gobierno portugués, entre ellos el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, el de Economía, Álvaro Santos Pereira, y el de Exteriores, Paulo Portas.

El presidente de State Grid, Liu Zhenya, subrayó durante su intervención que este acuerdo permitirá a REN expandirse a América del Sur, así como introducirse en los países africanos de lengua portuguesa (Angola, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Guinea Bissáu).

Destacó, además, que la entrada de su firma en REN «es muy importante para profundizar el comercio» entre China y Portugal.

Del lado de Oman Oil, su presidente, Nasser Bin Khamis Al-Jashmi, se congratuló por poder participar en la empresa portuguesa y enmarcó la operación en su estrategia de diversificación.

Con esta operación y con la venta de Energías de Portugal (EDP) a la china Three Gorges, el Estado luso recibió cerca de 3.300 millones de euros, el 60% del montante total que pretende recaudar con su programa de privatizaciones.

La venta de sus participaciones en algunas de las compañías más importantes del país es una de las condiciones del acuerdo firmado en mayo pasado por las autoridades portuguesas con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un rescate financiero de 78.000 millones de euros.

Las empresas sufrirán pérdidas de producción anuales derivadas del cambio climático del 5% en 2030

El documento, presentado en la conferencia preparatoria de Rio+20 organizada por KPMG en la ciudad de Nueva York del 14 al 16 de febrero –bajo el lema «Perspectiva de Negocios sobre el Crecimiento Sustentable: Preparándose para Rio+20«–, enumeró las diez «megafuerzas» de sostenibilidad globales que pueden afectar a las empresas hasta 2030.

En este sentido, se analizaron cuestiones como el cambio climático, la volatilidad del combustible y la energía, el abastecimiento y el coste del agua y la disponibilidad de recursos, así como el crecimiento de la población que está generando nuevos centros urbanos. Además, el informe detalló el impacto de estas fuerzas en los sectores y calculó los costes medioambientales para las empresas por lo que pidió a directivos y responsables políticos que aúnen esfuerzos para mitigar el riesgo de negocio y aprovechar las oportunidades.

El informe de KPMG señaló también que los costes medioambientales externos de 11 sectores principales aumentaron un 50% entre 2002 y 2010, al pasar de 566.000 a 846.000 millones de dólares en este periodo . Asimismo, añadió que los costes ambientales de la actividad empresarial se duplican cada 14 años. El informe calculó además que si las empresas tuviesen que pagar todos los costes medioambientales de su producción, disminuirían sus beneficios en 41 centavos de cada dólar.

Los autores del texto consideraron que el cambio climático es la «megafuerza» global que afectará de forma más directa a todas las demás y que su impacto dependerá de la gestión de los riesgos por lo que recomendó a empresas y responsables políticos adoptar decisiones estratégicas «conjuntas y actuar desde ya».

Los expertos también hicieron alusión a la energía y el combustible ya que, a su juicio, es probable que los mercados de combustibles fósiles sean más volátiles e impredecibles a raíz de la mayor demanda de energía a escala global, los cambios en el patrón geográfico del consumo, las incertidumbres en torno al suministro y la producción y el incremento de las intervenciones normativas relacionadas con el cambio climático.

El documento también mencionó la escasez de materias primas pues, a medida que los países en vías de desarrollo se vayan industrializando rápidamente, la demanda global de materias primas aumentará drásticamente por lo que apuntaron la posibilidad de que las empresas tengan que hacer frente a un aumento de las restricciones comerciales y a una intensa competencia global.

Otra de las «megafuerzas» citadas es la escasez de agua. En 2030, se prevé que la demanda global de agua supere a la oferta en un 40% por lo que las empresas se pueden ver expuestas a la escasez y una menor calidad del agua, acompañada de volatilidad en los precios del agua y desafíos reputacionales.

El crecimiento de la población es otro aspecto a tratar, ante la posibilidad de que la producción mundial aumente en 8.400 millones de personas en 2032, un hecho que, según los autores del texto, ejercerá una enorme presión sobre los ecosistemas y el suministro de recursos naturales como comida, agua, energía y materiales. En cualquier caso, recordaron que también presentó oportunidades para crecer y crear puestos de trabajos, así como para innovar y abordar las necesidades de las crecientes poblaciones en materia de agricultura, saneamiento, educación, tecnología, finanzas y sanidad.

El informe también mencionó la riqueza al recoger previsiones que apuntan a que la clase media global (definida por la OCDE como las personas con una renta disponible de entre 10 y 100 dólares per cápita por día) crezca un 172% entre 2010 y 2030, por lo que el reto para las empresas reside, a su juicio, en poder prestar sus servicios a esta clase media en un momento en el que se prevé una escasez de recursos y una mayor volatilidad en los precios.

En el capítulo de urbanización, se espera que en 2030 la mayoría de habitantes de todas las regiones en vías de desarrollo, incluyendo Asia y África, vivan en zonas urbanas. Por ello, las ciudades exigirán mejoras en infraestructuras, incluidas construcciones, agua y saneamiento, electricidad, residuos, transporte, sanidad, seguridad pública y conectividad a través de Internet y teléfonos móviles.

También se habló de seguridad alimentaria, que sufrirá la presión de otras «megafuerzas» como el crecimiento de la población, la escasez de agua y la deforestación. Además, se prevé un aumento de los precios de la comida de entre un 70% y un 90% en 2030 por lo que los autores del texto consideraron necesario tomar medidas para combatir la creciente escasez localizada de alimentos y recordaron que el número de personas que padecen desnutrición crónica aumentó de 842 millones a finales de los 90 a más de 1.000 millones en 2009.

Respecto al debilitamiento de los ecosistemas, el informe señaló que conlleva que los recursos sean cada vez más escasos, más caros y menos diversos; que aumenten los costes del agua y que empeore el daño causado por las especies invasoras en sectores como agricultura, pesca, alimentación y bebidas, farmacéutico y turismo, entre otros aspectos.

Por último, se hizo alusión a la deforestación ya que la OCDE prevé que las áreas forestales disminuyan a nivel global un 13% entre 2005 y 2030, la mayoría en el sur de Asía y en África. Además, los autores consideraron posible que las empresas se vean sometidas a una mayor presión por parte de sus clientes para que demuestren que sus productos son sostenibles mediante el uso de normas de certificación.

En este sentido, también vieron probable que surjan oportunidades de negocio a través del desarrollo de mecanismos de mercado e incentivos económicos que busquen reducir el índice de deforestación.

En la presentación del texto, el presidente de KPMG International, Michael Andrew, recordó que «vivimos en un mundo de recursos limitados». Por ello, insistió en la necesidad de que las empresas «adopten un papel más decisivo en el desarrollo de soluciones que ayuden a conseguir un futuro más sostenible». «Si se aprovecha su capacidad para mejorar procesos, crear eficiencias, gestionar riesgos y fomentar la innovación, las empresas podrán ayudar a la sociedad y fomentar un crecimiento económico a largo plazo», señaló.

Por su parte, el socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático de KPMG en España, José Luis Blasco, indicó que «las empresas que reconocen las influencias externas y las convierten en oportunidades consiguen una ventaja competitiva sobre las demás». «Por lo tanto, ser capaces de valorar e informar en materia de sostenibilidad a sus accionistas con datos claros y precios resulta cada vez más importante y se está convirtiendo, poco a poco, en una cuestión prioritaria», apostilló.

La cumbre de KPMG reunió a más de 400 importantes directores ejecutivos y líderes senior de negocios de las corporaciones más grandes del mundo, junto con legisladores clave, en un acto que contó con la cooperación del Pacto Global de las Naciones Unidas (UNGC), el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

APPA Biocarburantes reclama al Gobierno un sistema urgente para asignar las cantidades de biodiésel

Estas medidas fueron presentadas como parte de la reciente consulta pública abierta por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Sobre la orden de asignación de cantidades de biodiésel, la asociación recordó que el Gobierno anterior la dejó redactada y consideró que es «urgente e imprescindible para la supervivencia de un sector agonizante».

El presidente de APPA Biocarburantes, Alfonso Ausín, aseguró que «la salvación de este tejido social y productivo, y sus miles de puestos de trabajo, está exclusivamente en manos del nuevo Gobierno». La norma, señaló la asociación, permitiría al sector «volver a la actividad y competir en el mercado de una manera justa y leal».

Otra de las medidas consiste en la introducción en España de la gasolina E10 mediante la modificación de la actual regulación de la «gasolina de protección». Para ello, el Gobierno debería eliminar la obligación de que esta deba ser la de 95 octanos y deba estar presente en todas las gasolineras del país.

También reclamó el establecimiento de objetivos obligatorios crecientes de consumo de biocarburantes hasta 2020 que permitan alcanzar los potenciales contemplados en el Plan de Energías Renovables hasta 2020, lo que elevaría del 11,3% al 16,5% el objetivo de energías renovables en el trasporte previsto en el documento.

APPA Biocarburantes también pidió el establecimiento de la obligación de disponibilidad de presentaciones etiquetadas en las estaciones de servicio, así como la creación de especificaciones técnicas nacionales de B10, B30 y E85.

Junto a esto, defendió la extensión del actual incentivo fiscal en favor de los biocarburantes en el Impuesto sobre Hidrocarburos (ISH) más allá del 31 de diciembre de 2012 y el mantenimiento del actual mecanismo de fomento del uso de biocarburantes, sin introducir en él excepciones territoriales para Canarias ni eliminar las sanciones administrativas ya previstas.

La asociación también pidió el establecimiento de la obligación de los fabricantes e importadores de vehículos de ofrecer comercialmente en España versiones garantizadas para el uso de E10, E85, B10 y B30, así como la aprobación de la obligación de los operadores logísticos de hidrocarburos de adaptar todas sus instalaciones al biodiésel y bioetanol, y su mezcla con gasóleo y gasolina, respectivamente.

Las últimas medidas se refirieron al desarrollo de un Plan Nacional de recogida de aceites usados para la producción de biodiésel y a la implementación de incentivos para la producción nacional de materias primas agrícolas.

España podría ahorrar hasta 3.300 millones de euros al año si apostara más por la eficiencia energética

Así, señaló que toda la energía que España consume en un año superará los 44.000 millones de euros de coste, de los que el 30% procede del interior de los edificios.

Según apuntó Euroconsult a partir de datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la Comisión Europea, este gasto se podría reducir en una cuarta parte, si se vigila en tiempo real los picos de consumo de una infraestructura, pública o privada, con el objetivo de minimizar su factura energética final.

De este modo, concretó que este tipo de actuaciones deben ser relevantes en las administraciones públicas, cuyos edificios se caracterizan por grandes dimensiones y por un consumo energético anual de a partir de 400.000 euros por edificio, lo que exige la «adopción de medidas de eficiencia energética de cierto calado».

Concretamente, la empresa indicó que controlar segundo a segundo la demanda energética del interior de los edificios podría incluso llegar a rebajar la factura final de luz, agua y gas en un 45%, lo que supondría un ahorro global de casi 6.000 millones de euros.

Además, permitiría recuperar «en apenas un año» la inversión inicial, al tiempo que los planes de eficiencia como el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2011-2020, que contempla una inversión de 45.000 millones de euros en cuatro años. Asimismo, destacó que aportaría beneficios medioambientales con una reducción de las emisiones de efecto invernadero del 36%.

La Reina Sofía inaugura en Vitoria la ‘Capitalidad Verde Europea 2012’

El acto, celebrado en el Palacio de Montehermoso y al que también asistió el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, reunió a alrededor de 300 invitados, entre ellos, destacados dirigentes institucionales, sociales y del mundo de la empresa.

La ceremonia contó con la presencia del diputado general de Álava, Javier de Andrés, y el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, mientras que Bildu fue el único partido del Ayuntamiento de Vitoria que, por decisión propia, no asistió.

Con este acto se da el inicio oficial al año de la Capitalidad Verde de Vitoria, distinción que la Comisión Europea concedió a esta ciudad el 21 de octubre de 2011. Este reconocimiento, que el Ejecutivo europeo creó en 2008, reconoce a las ciudades comprometidas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Doña Sofía es la presidenta del Comité de Honor de la Capitalidad Verde de Vitoria. La jornada se inició en la Plaza de la Virgen Blanca, en la que Maroto inauguró una escultura vegetal con el nombre de la ciudad escrito sobre musgo de la especie Sphagnum magellanicum, endémica de Chile.

Este «emblema verde», como lo calificó Maroto, pesa quince toneladas y mide tres metros de alto, cinco metros de largo y cuarenta centímetros de ancho.

La llegada de Su Majestad al Palacio de Montehermoso se produjo alrededor de las doce del mediodía. Doña Sofía fue saludada en el exterior del recinto por las principales autoridades. Una vez en el interior del palacio, se produjo un segundo saludo por parte de otras autoridades y se bailó un ‘aurresku’ -baile tradicional vasco– en honor a la monarca.

A continuación, la comitiva se dirigió al Depósito de Aguas, donde se reunieron los cerca de 300 invitados al acto, entre ellos, doce ciudadanos anónimos que resultaron ganadores en un concurso municipal de buenas prácticas medioambientales.

Después de las intervenciones de las autoridades, la Reina se dirigió a la Sala Jovellanos del Palacio de Montehermoso para firmar en el Libro de Honor de Vitoria. Posteriormente, regresó al Depósito de Aguas para compartir un aperitivo a base de frutos secos, vino ecológico y trufas verdes.

El lehendakari, en su discurso, hizo referencia a la situación que vive el País Vasco tras el «cese definitivo» del terrorismo anunciado por ETA el 20 de octubre de 2011. López recordó que durante muchos años, la única «referencia» que algunas personas tenían de Euskadi en el exterior era la de ETA.

El lehendakari se felicitó por el hecho de que «liberada de la pasada losa del terrorismo», Euskadi pueda empezar a ser conocida en el exterior por sus «virtudes». Como ejemplo, citó el compromiso de la capital alavesa con el medio ambiente.

Por su parte, el ministro Cañete calificó a Vitoria de «embajadora excepcional» de un «modelo urbano sostenible». Además, aseguró que las ciudades tienen unos «deberes irrenunciables» en materia de protección del entorno y de la diversidad.

Cañete destacó la necesidad de «conjugar» la protección del medio ambiente con el desarrollo económico, la creación de riqueza y el empleo. El ministro puso como ejemplo a Vitoria, de la que subrayó que compatibilizó su «enorme pujanza industrial» con el respeto a su entorno natural. «La conservación del medio ambiente debe ser una aliada del desarrollo y el progreso, no un obstáculo para el empleo y la riqueza; y Vitoria lo está haciendo realidad», aseguró.

El diputado general de Álava destacó que tanto Vitoria como el resto del territorio de Álava «han sabido respetar su biodiversidad». En este sentido, recordó que buena parte de la superficie de Álava cuenta con algún tipo de protección o catalogación por su relevancia ambiental.

Maroto mostró su «orgullo e ilusión» por el reconocimiento de Vitoria y confió en convertir esta oportunidad en un factor de «éxito». Además, destacó «el compromiso inversor» que el Ayuntamiento mantiene en materia de medio ambiente, a pesar de la gravedad de la crisis económica.

Los biocombustibles tendrán un alto sobrecoste para la UE, según afirma Amigos de la Tierra Europa

Los ecologistas denunciaron el «mal negocio» que supone apostar por los biocombustibles para cumplir el objetivo marcado por la Unión Europea para 2020 de que un 10% de toda la energía utilizada en el transporte provenga de una fuente limpia, según señalaron.

El sobrecoste recaería con especial fuerza sobre los conductores de coches, ya que según un estudio presentado por los ecologistas, se prevé que el bioetanol cueste en 2020 entre 19 y 41 céntimos más que el litro de gasolina, mientras que el biodiesel se situaría entre 35 y 50 céntimos más que un litro de diesel.

«No solo los conductores y los contribuyentes tendrán que asumir una carga más cara, sino que además los biocombustibles están llevando a millones de personas en los países en desarrollo a la hambruna y a abandonar sus comunidades, empobrecidas sin tierras«, destacaron Amigos de la Tierra Europa.

Los ecologistas rechazaron los biocombustibles como una alternativa a los combustibles fósiles actuales y pidieron que se sigan buscando soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes por el sector del transporte.

Recibida en un inicio como una de las mejores alternativas limpias a los contaminantes combustibles fósiles, los biocombustibles han ido perdiendo paulatinamente el apoyo de buena parte de las organizaciones ecológicas y humanitarias.

Uno de los principales motivos de este rechazo se encuentra en que el uso de las tierras para plantaciones destinadas a producir biofueles están disminuyendo la superficie disponible para cosechar alimentos, lo que hace subir sus precios.

El Índice Global del Hambre de 2011, elaborado por organizaciones humanitarias, estimó que el crecimiento de la demanda de biocombustibles es una de las principales causas de los altos y volátiles precios de los productos alimentarios, entre otros factores.