El Gobierno brasileño quiere que empresas nacionales compren parte de Iberdrola en Neoenergía

/0 Comentarios/en , /por

«Planalto (el palacio presidencial) se mueve para que compañías nacionales asuman el 39 por ciento de la empresa, colocado a la venta por Iberdrola», señala un artículo del diario O Estado do São Paulo, que cita fuentes del Gobierno.

Los candidatos potenciales a comprar la participación que Iberdrola tiene en Neonergía son la estatal Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) y el grupo CPFL, según el diario.

Actualmente los otros socios de Neoenergía son Previ, con el 22,24 por ciento, el Banco do Brasil (11,99 por ciento) y una sociedad formada por Previ y un fondo mutuo del Banco do Brasil (26,77 por ciento).

El Gobierno, según la información, considera que el sector energético del noreste del país, donde opera Neoenergía, «es estratégico» y por eso el Banco do Brasil y Previ vetaron la venta de acciones de Iberdrola a la compañía china State Grid y pretenden hacer lo mismo en una eventual negociación de los españoles con la alemana E.On.

En el primer trimestre del año, el consumo de energía en el nordeste aumentó el 7,4 por ciento frente al mismo período de 2011.

Hace dos años el Gobierno apoyó una propuesta conjunta de la empresa CPFL, controlada por el grupo brasileño Camargo Correa, y de Previ, que intentaron adquirir ese paquete de acciones, pero Iberdrola rechazó la oferta de compra.

«Iberdrola ahora da señales de que desea salir de Neoenergía y al Gobierno le gustaría que grupos brasileños ocupasen su lugar», señaló al periódico una fuente del Ejecutivo.

De acuerdo con el rotativo, el motivo por el que Iberdrola quiere vender ahora su participación sería la entrada en rigor de las nuevas reglas contables de la Unión Europea (UE), que sólo reconocen los balances en el exterior cuando la empresa tiene el control de sus filiales.

En Madrid, Iberdrola recordó este miércoles lo señalado por su presidente, Ignacio Sánchez Galán, el pasado 10 de mayo, en una reunión con analistas sobre que la eléctrica estudiaba nuevas alternativas en Neoenergía.

Sánchez Galán añadió que, tras quince meses de negociaciones con sus socios (Banco do Brasil y Previ) para alcanzar el control y poder consolidar los resultados globalmente, «todas las opciones estaban abiertas».

Iberdrola cerró en 2011 la compra de la distribuidora brasileña Elektro.

Portugal reduce 1.800 millones de euros en ayudas y remuneraciones al sector eléctrico en ocho años

/0 Comentarios/en , /por

El ministro de Economía luso, Alvaro Santos Pereira, informó este jueves de las medidas aprobadas en el consejo de ministros, que supondrán recortes de las rentas, compensaciones por producción, centrales, energías renovables, inversiones y contratos estatales de adquisición, entre otros instrumentos legales.

La decisión del Gobierno luso es parte, según el ministro, de los compromisos de ahorro público contraídos por el país con el rescate financiero internacional, de 78.000 millones de euros, que pidió hace un año.

Santos Pereira calculó en cerca de 190 millones de euros anuales, y 1.800 millones hasta 2020, la reducción de costos para Portugal, que, sin estos recortes, tendría que subir la factura de la luz un 40 por ciento en los próximos años.

El ministro consideró estas decisiones «históricas» para reducir el coste de la energía en el país y subrayó que el sector eléctrico debe contribuir a la sostenibilidad del sistema y no penalizar a las familias y las empresas.

En las últimas semanas, el Gobierno luso negoció con la compañía nacional EDP (Energías de Portugal, que en España controla HC Energía) algunas de las medidas anunciadas, reveló Santos Pereira, y la contribución que deberá hacer este operador dominante es «muy significativa».

Pero el presidente de Endesa Portugal, Nuno Ribeiro da Silva, declaró la semana pasada a un medio portugués que la empresa pararía su central lusa de Pego y no seguirá adelante con las inversiones para construir otras dos, por 500 millones de euros, si el Gobierno no mantiene las compensaciones vigentes.

El ministro, preguntado por esas declaraciones, afirmó que el Gobierno portugués «no va a responder a chantajes» y no duda en ir contra intereses establecidos y «tomar decisiones difíciles cuando son por el bienestar del país».

La central de ciclo combinado de Pego, en el distrito de Santarem, al este de Lisboa, costó 580 millones de euros a la empresa española propiedad del grupo italiano Enel.

Sus instalaciones estarán en «hibernación» mientras dure la falta de compensación por disponibilidad, de unos 16 millones de euros anuales, según el responsable luso de la empresa, que acusó al Gobierno de incumplimientos.

En Portugal operan también, en distintos sectores de mercado, las empresas españolas Iberdrola y Gas Natural Fenosa, que no se han pronunciado sobre la repercusión de los recortes al sector.

Teresa Ribera, exsecretaria de Estado de Cambio Climático, aboga por mayores reducciones de CO2

/0 Comentarios/en /por

Durante su intervención en la Comisión no permanente para el estudio del Cambio Climático, Ribera ha destacado entre los resultados de la Cumbre del Clima de Durban -que se celebró a principios de diciembre en Sudáfrica- la «fuerte voluntad» de la comunidad internacional para mantener «vivo» el multilateralismo y el respaldo a un acuerdo global aplicable que sea aplicable a no más tardar de 2020 y que deberá estar listo, como muy tarde, en 2015.

«Es un paso correcto que va en la buena dirección», ha manifestado la exsecretaria de Estado, que ha reconocido que este será un año complicado en las negociaciones del clima, pese a que China «va en la buena dirección», por la coyuntura en los distintos bloques, las elecciones en Estados Unidos, el actual rediseño del panorama energético en Japón o la crisis económica en la Unión Europea, entre otros factores.

Además, ha recordado que en la Conferencia de las Partes de Cambio Climático de la ONU de Durban los países en desarrollo reclamaron un «compromiso» a los países emergentes y a los desarrollados.

Ribera ha explicado los principales retos que, en su opinión, mantiene la comunidad internacional en esta materia. Así, ha precisado que se mantiene el diferencial de los compromisos anunciados, que llevarían a un aumento de la temperatura global del planeta entre 3 y 6 grados centígrados, y el compromiso adoptado de no superar en 2 grados centígrados el incremento de la temperatura.

A su juicio, Durban fue un «éxito» para la Unión Europea, porque ha recuperado su «perfil de agente clave» en las políticas de lucha contra el cambio climático y ha dicho que, precisamente, este es uno de los ejes que mejor se valora de la UE en el exterior.

En todo caso, ha insistido en que es necesaria una «fortísima voluntad política» de reducciones adicionales a nivel sectorial e incluir nuevos gases en los objetivos de reducción, como por ejemplo el sector de la aviación, así como buscar fórmulas para disponer de nuevos recursos. Para Ribera, sería un gran avance que se lograsen reducciones sectoriales al margen de la negociación del acuerdo.

Por ello, ha incidido en la importancia de la fiscalidad verde como una cuestión «clave» así como de la implantanción del Fondo Verde por el Clima que, aún no está operativo, pero en el que España ha logrado un asiento en el Consejo, algo que es un «éxito rotundo» como país, que tiene un «peso específico y una buena reputación» en materia de cambio climático.

«No es casualidad que lo hayamos conseguido y ahora España está en la primera línea de la negociación formal e informal a nivel internacional. Tenemos que felicitarnos todos», ha apostillado.

En este contexto, ha reiterado que su valoración de Kioto es «extraordinariamente positiva» y ha elogiado la capacidad de liderazgo de la UE para transmitir lo positivo de cumplir a todos los niveles.

Endesa culmina el lago artificial de As Pontes (A Coruña), que acogerá proyectos turísticos y energéticos

/0 Comentarios/en /por

El lago artificial fue inaugurado de forma oficial en un acto presidido por el titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el máximo responsable de Endesa, Borja Prado, acompañados de los conselleiros de Industria y Medio Ambiente, Javier Guerra y Agustín Hernández, respectivamente. Se desplazaron a la playa artificial con la que cuenta el lago y en la que se colocó un monolito que refleja que el proceso que arrancó en 2008 se finalizó el 18 de abril de 2012.

El lago artificial, «el mayor de España y uno de los mayores de Europa», según señaló Núñez Feijóo, cuenta con 547 hectómetros cúbicos de agua, en torno a un 63% procedente del río Eume. Tiene un perímetro de 17,5 kilómetros, 5 kilómetros de largo, 2,2 de ancho, 865 hectáreas y una lámina de agua que es equiparable a la de toda la ciudad de A Coruña. Su profundidad alcanza los 205 metros y dispone de una playa artificial de 30.000 metros cuadrados. Tiene 25 veces la capacidad del embalse de Cecebre.

El lago responde a un «plan ambiental de envergadura mundial», según resaltó Prado, que incidió en que se da la «paradoja» de que se inauguró «una planta que no consume, sino que produce recursos naturales en el mismo sitio en el que hasta hace poco había una explotación minera».

Endesa cederá el lago a la Xunta de Galicia. El presidente del gobierno autonómico avanzó que se pondrá en marcha un Plan Territorial Integrado formulado por la Consellería de Medio Ambiente con la colaboración de la compañía energética y que establecerá con la máxima seguridad jurídica y solvencia técnica las actividades que se podrán desarrollar en el lago y en qué zonas concretas.

«Estamos devolviendo a la naturaleza y a todos los gallegos lo que fue suyo, convirtiendo lo que podía ser un problema en una enorme oportunidad», añadió Feijóo, que instó a las empresas extractivas de Galicia a seguir este «ejemplo mundial» para la recuperación de zonas afectadas que convirtió «algo que ya no vale en algo que vale mucho, desde el punto de vista económico, ambiental, paisajístico y turístico».

En este sentido, Núñez Feijóo destacó que «este gran lago azul» permitirá que As Pontes se convierta en «un referente turístico en Galicia y en Europa» y de los deportes náuticos, la pesca, el ecoturismo y el turismo de playa, en torno al arenal artificial que se creó.

Utilización energética

No obstante, Endesa señaló que el lago permitirá los usos lúdicos y turístico, pero también «industriales y energéticos». En esta línea, fuentes de la empresa avanzaron que ya se inició el estudio de la utilización del lago para la generación de energía hidráulica a través de distintos sistemas que están siendo analizados.

El propio alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, pidió que se estudien las capacidades energéticas que «han hecho de la localidad el mayor complejo eléctrico del país».

En la actualidad, As Pontes tiene un total de 2.312,8 megavatios de potencia instalada. Situada al Norte de Galicia, la localidad acoge una central térmica de carbón de 1.400 megavatios, otra de ciclo combinado de gas natural, de 850, y dos hidroeléctricas que suman 62,8 megavatios, propiedad de Endesa. A esto, González Formoso pidió que «se acaben sumando nuevos proyectos energéticos e hidráulicos que este lago podrá ofrecer».

La creación del lago artificial forma parte de un proceso que Endesa denominó como «la mayor restauración ambiental realizada en España» y que incluyó también la transformación de la antigua escombrera, de 1.200 hectáreas y 160 metros, en un monte con 600.000 árboles, grandes pastizales y 180 especies de vertebrados.

La ex secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, explicará en el Congreso la Cumbre de Durban

/0 Comentarios/en /por

La ex secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, informará este miércoles en el Congreso su opinión sobre los resultados de la Cumbre de Durban, a la que ella asistió, además de aportar estrategias de lucha y mitigación ante el calentamiento global para España.

Así las cosas, los representantes de los 192 países que asistieron a la cumbre de Durban aprobaron el domingo prorrogar los compromisos establecidos en el Protocolo de Kioto, después de dos semanas de negociación.

Este acuerdo significa que una parte de los países desarrollados tendrán que rebajar sus emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, de acuerdo con el actual Protocolo de Kioto.

No obstante, la cumbre decidió posponer para finales de 2012 la decisión de definir el periodo de tiempo en el que estará en vigor de nuevo el Protocolo de Kioto, ya que el marco temporal estipulado actualmente expira el próximo año.

Sin embargo, la cumbre de Durban consiguió que, por primera vez, los países más contaminantes estén obligados a tomar acciones para reducir sus emisiones y, por ende, ralentizar el proceso de calentamiento global.

Asimismo, acordaron la creación de un fondo para ayudar económicamente a los países más pobres para luchar contra los estragos causados por el calentamiento climático.

Según declaró la propia Ribera al término del mismo: «Se ha vencido el órdago en Durban. Hemos logrado un éxito político de primer orden».

Posteriormente, la Comisión de Cambio Climático debatirá y votará una proposición no de ley de ERC sobre la etiqueta sobre consumo de combustible y emisiones de CO2, para su debate en la Comisión de Estudio del Cambio Climático.

En ella, la diputada Teresa Jorda instará al Gobierno en el Congreso a modificar, en un plazo de cuatro meses, el decreto de 2002 de modo que la etiqueta sobre consumo de combustible y emisiones de CO2 que tiene carácter obligatorio pase a tener el formato y contenido que dicho decreto prevé para la etiqueta propuesta con carácter voluntario.

Dicho decreto tiene por objeto garantizar que se proporcione a los consumidores información mediante una etiqueta que contenga datos respecto al consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento, con el objetivo de que los consumidores puedan elegir con más elementos.

Se trata, sin embargo, de una etiqueta que no permite la comparación rápida con el consumo y nivel de emisiones de otros modelos. Además, a pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación del decreto, la etiqueta es poco conocida por el público, según explica.

El mismo decreto crea otra etiqueta que incluye, además de la información de consumo y emisiones, la clasificación por consumo, comparándolo con un valor medio asignado por cálculos estadísticos a los coches con igual superficie y carburante, de entre los puestos a la venta en España por todos los fabricantes.

A esta diferencia con la media, que se expresa en porcentaje, se asigna un color determinado y una letra, desde la ‘A’ (turismos más eficientes, verde más intenso) a la ‘G’ (turismos menos eficientes, rojo más intenso), agrega, al mismo tiempo que aclara que el uso de esta etiqueta es voluntario, aunque presenta ventajas respecto a la etiqueta obligatoria.

«Se trata de una información mucho más visual, que permite la comparación inmediata con otros vehículos, tiene un formato muy parecido al que se usa ampliamente en el etiquetaje de electrodomésticos al que están más familiarizados los consumidores y su carácter comparativo tiene un mayor potencial de generar entre los fabricantes incentivos a la fabricación de modelos más eficientes», añade.

Argentina liderará la venta del biodiésel a la Unión Europea pese al veto del Gobierno de España

/0 Comentarios/en /por

Berg intervino en la inauguración de la XI edición de la conferencia mundial sobre biocombustibles «World Biofuels 2012«, que organizan la Fundación Focus-Abengoa y F.O. Licht en Sevilla, y explicó que el biodiesel que Argentina no exportará a España tras las restricciones acordadas por el Gobierno español por la expropiación de YPF lo comprarán otros países europeos.

«El conflicto entre España y Argentina por la expropiación de YPF no parece que vaya a cambiar mucho la situación; quizá puedan variar los flujos (de exportaciones) dentro de la Unión Europea pero Argentina va a ser el principal proveedor de biodiesel de la Unión Europea«, aseguró.

En su opinión, el sector de los biocombustibles sufre la paradoja de no gozar de un apoyo institucional decidido a pesar de que ofrece carburantes más baratos y menos contaminantes que los combustibles fósiles.

«En algunos lugares el precio del etanol es ya más barato que la gasolina, pero el sector ha perdido su lugar en el debate político, quizá como consecuencia del grave daño a la imagen de los biocarburantes que se ha producido por las acusaciones de que causan hambre o aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero«, explicó.

Oyvind Vessia, de la Dirección General para Energía de la Comisión Europea, recordó el papel crucial de los biocarburantes para el cumplimiento de las directivas comunitarias, como la que aboga a reducir en un 6% las emisiones del transporte para 2020.

Según sus datos, el transporte es, a pesar de ello, el sector donde las emisiones de gases del «efecto invernadero» están creciendo mas rápidamente y donde menos se están desarrollando las tecnologías verdes para reducir estas emisiones.

Abengoa insta a la UE a ejercer un estricto control aduanero que evite el «dumping» del biocombustible

/0 Comentarios/en /por

Durante la presentación este miércoles de la undécima edición de la conferencia mundial sobre biocombustibles ‘World Biofuels 2012’, en el Hospital de los Venerables, sede de la Fundación Focus-Abengoa, en Sevilla, Terceiro ha destacado que «por primera vez en los últimos diez años, la producción de bioetanol ha disminuido respecto a 2010, a consecuencia de la baja producción de Brasil, mientras que la de biodiésel ha aumentado» siendo «Estados Unidos el principal exportador de bioetanol, mientras que Argentina lidera el mercado del biodiésel».

Asimismo, ha indicado que la Unión Europea ha sido la principal destinataria de las exportaciones de ambos mercados, un hecho que pone de manifiesto, una vez más, la «acuciante necesidad de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles» y también «la obligación de la Comisión Europea de ejercer un estricto control aduanero de esas exportaciones para evitar que su acceso al mercado europeo se realice en condiciones de ‘dumping’«.

La Fundación Focus-Abengoa y F.O. Licht han inaugurado este miércoles la undécima edición de esta conferencia con la presencia de Terceiro, junto al director ejecutivo de F.O Licht, Christoph Berg; el vicepresidente ejecutivo de Abengoa Bioenergía, Antonio Vallespir de Gregorio, y la director general de la Fundación Focus-Abengoa, Anabel Morillo León.

Este ciclo, que se enmarca en el Foro Focus-Abengoa sobre Energía y Cambio Climático, se ha convertido en un foro de referencia entre los expertos del sector de los biocombustibles y del biodiésel de los principales mercados del mundo.

Durante dos jornadas, los asistentes repasan los principales cambios y avances producidos en el sector en el último año, resaltando los grandes avances que se han desarrollado en este campo principalmente en Estados Unidos y Europa; estudiarán las posibles modificaciones legales que requieren los mercados actuales, y debatirán sobre los retos y metas fijadas para los próximos años, especialmente a través de los bioproductos.

Terceiro ha recordado, en un intervención, la importancia que, en menos de un año, tendrán las plantas comerciales de producción de bioetanol de segunda generación, una realidad inminente que, a pesar del complejo contexto económico, «nos permite hablar hoy del bioetanol avanzado ya como una opción más del presente». De ahí que las nuevas opciones que el sector analiza para el futuro sean la producción de bioplásticos y bioquímicos a través de aquellas tecnologías en las que Abengoa posee una «gran experiencia», como la fermentación, y la aplicación de nuevas tecnologías orientadas a la creación de bioproductos.

«El objetivo final es lograr nuevos productos que, en los próximos años, deben sustituir de una forma sostenible y competitiva a gran parte de los actuales derivados petrolíferos«, ha añadido el vicepresidente de Abengoa.

Las iniciativas que Abengoa está desarrollando en sus procesos de producción de biocombustibles en el ámbito de la sostenibilidad y el respeto al medioambiente son continuas, si bien cabe destacar el Estándar de certificación de sostenibilidad RED Bioenergy Sustainability Assurance (RBSA), desarrollado por Abengoa, y aprobado en julio de 2011 por la Comisión Europea (CE).

Desarrollado en el marco de la Directiva de Fomento de Renovables, el Estándar RBSA permite la comercialización de biocombustibles certificados como «sostenibles» en todos los estados miembros de la Unión Europea y demostrar el cumplimiento de los requisitos de la Directiva con cualquier materia prima y proceso productivo, desde la producción agrícola hasta la comercialización del biocombustible, incluyendo los procesos de transformación industrial.

Además, este sistema incorpora metodología innovadora desarrollada por Abengoa, principalmente para el cálculo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y el desarrollo de mapas sostenibles, con el objetivo de facilitar una implantación eficaz y rigurosa en las cadenas de suministro de estos novedosos requisitos de sostenibilidad.

La undécima conferencia mundial sobre biocombustibles se enmarca dentro de las actividades que desarrolla el Foro Focus-Abengoa sobre Energía y Cambio Climático que promueve iniciativas en el campo de la investigación sobre la energía, y el análisis de temas y cuestiones afines a las energías renovables y acción empresarial. La finalidad del Foro es contribuir al debate sobre el cambio del modelo energético desde una perspectiva multidisciplinar.

La conferencia mundial sobre biocombustibles World Biofuels 2012 aspira a fomentar, a través de actuaciones de debate público, una verdadera tribuna abierta de investigación, exposición y confrontación de ideas y resultados a través de cuantas actuaciones se estimen pertinentes en cada momento según la naturaleza de las cuestiones que se vayan a analizar.

Las emisiones de CO2 del sector industrial y la energía subieron en 2011 un 9,2%, según Arias Cañete

/0 Comentarios/en /por

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el sector industrial y de la energía (conocido como sector ETS) aumentaron en 2011 un 9,2 por ciento, según ha señalado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Miguel Arias Cañete.

En su comparecencia en la Comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados para explicar las líneas del Gobierno en esta materia, Arias Cañete ha adelantado que las emisiones «no van a disminuir sino a aumentar», aunque los datos definitivos en materia de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) no se conocerán hasta el próximo 18 de mayo.

Además, ha dicho que este incremento del 9,2 por ciento, se debe, entre otros temas a un «efecto claro» del Decreto del Carbón, aprobado por el Gobierno en 2010 para favorecer la quema del carbón nacional.

Asimismo, ha advertido de que las emisiones en los sectores difusos (transporte, sector residencial, agricultura y residuos) «no se han reducido lo suficiente» y que son el «verdadero talón de Aquiles», por lo que España tiene «difícil» cumplir el primer periodo del Protocolo de Kioto.

Arias Cañete ha dicho que las emisiones globales están en un 22,8 por ciento en 2010, (Kioto fija para España el 15 por ciento sobre 1990), pero ha subrayado que esta reducción se debe sobre todo a la crisis en los sectores de la industria y la energía.

En este sentido, ha precisado que la senda de cumplimiento que se aprobó en 2006 contemplaba reducir las emisiones hasta el 37 por ciento y cubrir la diferencia mediante el uso de los mecanismos de flexibilidad, lo que implicaba la compra de 159 millones de unidades.

Precisamente, ha dicho que para poder cumplir con el primer periodo de Kioto, España ha invertido 770 millones de euros para adquirir créditos de carbono en los últimos cinco años, que reportarán a España 89 millones de unidades de C02.

Por eso, ha apuntado que la vía que queda para cumplir es mediante la compra de derechos de emisión y que España necesitará en torno a 194 millones de toneladas de CO2 en lugar de los 159 millones de toneladas previstas por el anterior Gobierno, lo que deja un déficit de 105 millones de toneladas de CO2 que tendrán que adquirirse antes de 2015.

Esta compra supondrá un importe de entre 450 y 800 millones de euros y, aunque el precio medio en el primer periodo de cumplimiento es de 8,23 euros la tonelada, el ministro espera que en 2012 se podrán comprar a unos 4 euros la tonelada.

«Para cumplir Kioto en este primer periodo no hay mucho margen de maniobra a parte del desembolso de recursos públicos para compra de derechos», ha reconocido. Por ello, ha justificado que el Ministerio está orientando la estrategia de compra de carbono para fomentar que el coste revierta en territorio nacional.

En este sentido, ha señalado que el primer objetivo es que España cumpla de manera eficiente, ampliando los potenciales mercados de compra y haciendo un análisis exhaustivo de las fluctuaciones de los mercados. En segundo lugar, se trata de conseguir retornos reales para las empresas españolas, porque los resultados del plan de la legislatura anterior dieron fueron «muy pobres».

«No estamos en una situación normal sino enormemente complicada. Estamos en un tiempo de enorme restricción presupuestaria y, en materia de cambio climático la compra de derechos se reduce en un 50 por ciento, frente al 58% de reducción del gobierno anterior. Pero a pesar de la dificultad presupuestaria vamos a comprar mejor, más barato y vamos a dedicarle más tiempo», ha apostillado.

A este respecto, ha dicho que las inversiones totales dedicadas a adquirir unidades del conjunto de los Fondos, el porcentaje de retornos comerciales es de sólo del 2,8 por ciento y, en cuanto a las operaciones de compra directa de unidades a otros países, el retorno comercial de las compras efectuadas desde 2008 ha sido del 2,19 por ciento, es decir que se ha materializado en un proyecto adjudicado a una empresa española.

A su juicio, el Gobierno debe hacer el «máximo esfuerzo para impulsar actuaciones que supondrán beneficios importantes para el entramado empresarial».

De cara al cumplimiento a 2020, Arias Cañete ha asegurado el compromiso de España con los objetivos de la Unión Europea en el paquete porque la lucha contra el cambio climático «no se acaba con Kioto 1 ni con Kioto 2», por lo que para el Gobierno es un «tema prioritario» por su dimensión ambiental, su impacto socioeconómico y por la dimensión global del problema. Por ello, opina que requiere de una acción colectiva con una respuesta equitativa.

«La labor que tenemos por delante es ingente», ha advertido Arias Cañete, que ha recordado que una de las novedades de la tercera fase del régimen de Comercio de Derechos de Emisión es que gran parte de las asignaciones se realizarán mediante subasta, porque la Directiva europea fija que para el periodo 2013-2020 los derechos de emisión no se asignará de forma gratuita.

De este modo, ha concretado que la cantidad a subastar estará entorno al 50 por ciento del total y que, de acuerdo a las estimaciones, en toda la Unión Europea se subastarán hasta 2020 unos 1.000 millones de derechos de emisión.

De esta cantidad, ha precisado que 84 millones de derechos corresponderían a España, que según los cálculos del Gobierno, prevé ingresar 1.000 millones de euros anuales con esta venta a partir del próximo año y hasta 2020, dependiendo de los precios del carbono y que se destinarán a proyectos de mitigación o adaptación.

El ministro ha agregado que la lucha contra el cambio climático necesita una hoja de ruta que requiere coordinación interministerial y presupuestaria en todos los departamentos implicados.

En este contexto, ha informado de que su departamento ha estudiado las 100 propuestas del Informe de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio del Cambio Climático de la anterior legislatura, de las que se van a implantar 19 medidas con el fin de reducir las emisiones en los sectores difusos. Entre estas propuestas, ha subrayado que promoverá un Plan de Empleo en el sector forestal para activar la reforestación y el uso de la biomasa como fuente energética renovable.

De estas acciones, ha explicado que durante este año se va a trabajar en el fomento de proyectos en el ámbito nacional, para lo que se utilizará el Fondo de Carbono; se impulsará el cálculo de la huella de carbono; se defenderá que en la negociación de la nueva Política Agrícola Común (2014-2020) se tenga en cuenta la variable climática en las ayudas y en la negociación comunitaria.

También se creará un sistema voluntario de compensación de la huella de carbono; se promoverá la reducción de los depósitos en vertedero y se tendrán en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero en la toma de decisiones de planteamientos urbanísticos y se avanzará en la certificación energética de los edificios existentes.

Finalmente, ha apuntado que se fomentarán los planes de movilidad y de transporte público en las ciudades, se apoyará el ferrocarril para transporte de mercancías y que se mantendrá un diálogo «permanente» con las comunidades autónomas mediante el Consejo Nacional del Clima y apoyará la Red de ciudades por el clima.

Folgado y Sosa mantienen una reunión «cordial», mientras Linera desata el malestar al hablar de una indemnización «diminuta» a REE

/0 Comentarios/en , /por

Sosa afirmó que fue una reunión «informativa», en un «ambiente cordial», sobre los motivos del decreto que dictó por sorpresa el 1 de mayo el presidente Morales y desmintió «categóricamente» que Bolivia haya fijado ya una cifra sobre el valor de TDE, como aseguraron algunos medios.

«Desmentimos categóricamente que haya un monto», insistió Sosa, y explicó que si mencionó días atrás «un valor casi cercano a los 40 millones de dólares», hablaba de lo que pagó Unión Fenosa cuando se privatizó TDE, pero que ahora es necesario «actualizarlo».

Unión Fenosa compró TDE a mediados de 1997 por 39 millones de dólares y asumió además pasivos con el Estado por otros 70 millones, antes de pasar las acciones a REE.

Por su parte, Folgado dijo que la situación ha «evolucionado» de forma «muy satisfactoria» y, aunque «respeta» pero «no comparte» la decisión del Gobierno boliviano, «mentiría» si dijese que a REE le agrada «el cambio de modelo de gestión de la red de transporte del país desde un modelo privado a uno público» y agregó que en la reunión no hablaron «para nada» sobre cifras de la compensación posible y ratificaron que el camino es contratar a esa firma independiente.

Tras la reunión, se procederá a la «búsqueda y selección conjunta de una compañía independiente de reconocido prestigio internacional que realice una valoración de TDE», en un proceso basado en la «transparencia y objetividad».

Ninguno anunció algún tipo de avances en las negociaciones y se negaron a hablar del anuncio de Linera sobre una compensación «pequeña o diminuta», o que quizá «no hay que pagar nada», palabras que causaron preocupación en los medios españoles poco antes de empezar la cita de Folgado con Sosa.

De hecho, el vicepresidente dijo que se harán «los descuentos que correspondan» y que el Gobierno de Morales aguardará los resultados de la evaluación de TDE que hará una consultora de renombre e independiente, para «tomar decisiones» sobre la compensación por la expropiación decretada el 1 de mayo.

En entrevista posterior, Folgado aseguró que «de momento no hay arbitrajes», a menos que Bolivia no respete su compromiso de transparencia, diálogo y buena fe. «Hasta que no veamos de manera fehaciente que no se cumplen esos principios. Entonces habría un proceso obviamente de plantear (un arbitraje), pero ahora no está en nuestra agenda», agregó.

«Yo no voy a entrar en eso», dijo tajante cuando se le preguntó sobre la indemnización diminuta o nula anunciada por el vicepresidente.

Linera dijo también que el Gobierno de Morales «está atento» a un informe de 2010 de la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) «que dice que la empresa vale 5 millones» (de euros), lo cual Folgado calificó de «absurdo», alegando que esos son sus beneficios anuales.

Ese informe, publicado por medios españoles, señaló que el valor recuperable de TDE hace dos años era de solo 5,88 millones de euros (7,73 millones de dólares), un «dato interesante», según Linera.

Sosa reiteró que el siguiente paso será contratar a una empresa que evaluará los activos y pasivos de TDE, para negociar la compensación con esa base.

«Una vez hecho eso, la empresa nos irá a dar un precio con el cual tenemos que sentarnos a la mesa y recién ahí, en ese ambiente de cordialidad, llegar a una conciliación«, agregó.

En este sentido, Folgado apuntó que desea un acuerdo «lo más rápidamente posible», y con «transparencia» que termine dentro del plazo de 180 días hábiles fijado en el decreto de Morales, o «si puede ser antes, mucho mejor».

«Vamos a caminar juntos en un proceso que, entendemos, tiene que basarse, y así lo manifestó el ministro en la reunión, en la transparencia y objetividad. Y al final creemos que bajo estas premisas llegaremos a buen puerto», añadió el presidente de REE.

Agradeció a Sosa por la «rapidez» con que se acordó esta primera reunión y afirmó que ello «es una demostración clara, desde el principio, de este caminar conjunto para resolver este problema».

Añadió que REE está a disposición del equipo de la firma estatal boliviana Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que desde hace una semana controla TDE, para lo que precise en lo técnico para garantizar el suministro eléctrico.

«TDE tiene unos niveles de calidad excelentes. La disponibilidad de la red tiene unos índices del 99,7 %. Puedo decir que es de lo más alto que hay a nivel internacional, y eso solo se produce si hay unas buenas inversiones de mantenimiento y unos buenos equipos para todo el tema de la seguridad del suministro», añadió.

Por otro lado, Linera dijo que se tendrán «los diálogos que sean necesarios» con la empresa y el Gobierno español para lograr un acuerdo, pero aclaró que la expropiación «es irrevisable».

«No vamos a retroceder en absoluto. Es un derecho constitucional que tenemos los bolivianos de tener un control del sistema estratégico energético del país«, señaló.

Asimismo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó que «confía» en que el Gobierno de Bolivia sea «serio y responsable» y «cumpla su palabra» de que pagaría una cantidad justa a REE por la expropiación de su filial y «pague lo que tiene que pagar».

Cospedal denunció que las palabras de Linera son «contrarias a las que hizo el Gobierno de Bolivia en un primer momento» y añadió que el Ejecutivo español «dará la respuesta que tenga que dar».

Aparte de la visita de Folgado, el próximo miércoles llegará a La Paz el secretario de Estado español de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, cuyo viaje fue programado antes de que Morales decretara por sorpresa la expropiación, argumentando «insuficientes» inversiones en TDE.

Gracia se reunirá con varios ministros, entre ellos el canciller, David Choquehuanca, y la titular de Planificación, Viviana Caro, y con otras autoridades bolivianas y empresarios españoles, informaron fuentes diplomáticas.

Precisamente, Choquehuanca justificó la expropiación de TDE, al señalar que la medida responde a un «mandato constitucional», con la que el país andino recobra también «la dignidad y la soberanía sobre los recursos naturales de Bolivia», y que viene recogida en el programa de Gobierno del presidente Evo Morales «está la recuperación de nuestras empresas estratégicas».

La visita de Gracia se programó hace semanas para repasar con el Gobierno boliviano la cooperación y las inversiones de España, aunque ahora es posible que la expropiación de TDE centre buena parte de las conversaciones, agregaron las fuentes.

El populista Morales, que vive momentos difíciles por una oleada de conflictos sociales y ha visto mermada su popularidad, expropió el Día del Trabajo las acciones de REE en TDE, el 99,94 % del paquete accionarial, argumentando una supuesta falta de inversiones y como «homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano, que luchó por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos».

Según las cuentas de TDE, su patrimonio neto en 2011 era de 164 millones de dólares, mientras que en 2010 eran 150 millones.

Según REE, entre 2002 y 2011 fueron invertidos más de 74 millones de dólares en Bolivia, de los cuales 69 millones de dólares se destinaron a la red de transporte local.

A esos 74 millones se deben añadir 14 millones de dólares destinados a proyectos iniciados con anterioridad, con lo que las inversiones totales superan los 88 millones de dólares, muy cerca de los 91 millones de dólares que supuso la operación de adquisición de la empresa boliviana, según Red Eléctrica Española, «lo que refleja el compromiso de la eléctrica por el desarrollo de ese país».

Algunos dirigentes de la oposición y expertos bolivianos afirmaron que fue una medida «política» ante la oleada de conflictos que afronta Morales en las últimas semanas, y que no resuelve el desequilibrio entre la oferta y la demanda de energía en Bolivia.

También aseguraron que las «nacionalizaciones» decretadas por el presidente boliviano, cerca de veinte desde que llegó al poder en 2006, ahuyentan las inversiones extranjeras.

En Bolivia siguen operando unas veinte empresas españolas, entre ellas Repsol, BBVA, Iberdrola, Abertis, Santillana y Maxam.

Esta medida boliviana se suma a la tomada por Argentina, que decidió el pasado 16 de abril expropiar las acciones de la española Repsol de la petrolera YPF.

Miguel Galuccio asume la dirección de la petrolera argentina YPF tras la expropiación del Gobierno a Repsol

/0 Comentarios/en , /por

en sintonía con la entrada en vigor de la ley de expropiación del 51% de las acciones de la compañía a la española Repsol.Galuccio, que cuenta con excelentes antecedentes profesionales, tiene como encargo «dirigir la petrolera de forma profesional y eficiente», tal como dijo en su momento la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

El nuevo gerente de YPF ejercerá como gerente general de YPF hasta que una asamblea de accionistas prevista para el 4 de junio próximo designe al nuevo directorio y lo nombre nuevo presidente de la compañía bajo control estatal y, de momento, ya tiene previsto reunirse con la cúpula directiva de la empresa en las oficinas de Puerto Madero, según informa el diario «La Nación«.

La nacionalización de YPF entró en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado la ley que declara «de utilidad pública» el 51% de las acciones de la petrolera así como de la distribuidora YPF Gas y su expropiación a Repsol, que de este modo pasó a ser socio minoritario.

La ley, que entra en vigor de forma inmediata, fue aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados por amplia mayoría y fue promulgada el pasado viernes por la presidenta argentina, disponiendo que el paquete accionarial expropiado se reparta en un 51% para el Estado y un 49% para las diez provincias argentinas productoras de hidrocarburos.

El capital de YPF se reparte ahora entre el Estado argentino (26%), las provincias (25%), el grupo local Petersen (25,46%) y Repsol (6,43%), mientras que un 15,11% se reparte entre fondos de inversión y el resto se cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.

La petrolera argentina fue intervenida el 16 de abril pasado, el mismo día en que el Gobierno de Fernández propuso al Senado un proyecto de ley de expropiación aprobado tanto en esa cámara como en la de Diputados por una amplia mayoría, con el voto del oficialismo y las principales fuerzas de la oposición.

La Comisión Nacional de Valores, reguladora del mercado local de capitales, celebrará una reunión para organizar la asamblea de accionistas de YPF del 4 de junio, en la que se deberá definir cómo se repartirán los dieciséis puestos del directorio y la designación de Galuccio como presidente de la empresa, entre otros asuntos.

Galuccio, nacido hace 44 años en la provincia argentina de Entre Ríos, fue repatriado desde Londres, donde trabajaba como alto ejecutivo de proyectos de Schlumberger, la empresa de servicios de exploración y perforación petrolera más grande del mundo, de origen franco alemán, y que opera en 85 países.

Al anunciar su designación, la mandataria argentina recordó que el gobernador de Entre Ríos, la provincia natal del ejecutivo, le había recomendado a comienzos de marzo que estudiara los antecedentes profesionales de Galuccio. Tras conocer su currículum, Fernández decidió que sería Galuccio la persona adecuada para ponerse al frente de YPF.

Con 20 años de experiencia en la industria del gas y el petróleo, Galuccio fue presidente y responsable de la creación y operación de «Schlumberger Production Management» y lideró compañías y equipos de trabajo en Estados Unidos, Oriente Medio Oriente, Asia, Europa, América Latina, Rusia y China.

«Sus mayores fortalezas son la capacidad de liderazgo, visión estratégica y experiencia internacional en crear, liderar y transformar empresas y negocios en el ámbito petrolero a nivel mundial», asegura su CV.

Galuccio trabajó como gerente de Maxus Energy, subsidiaria de YPF a comienzos de la década de 1990, cuando el por entonces gobierno de Carlos Menem (1989-1999) preparaba la privatización de la petrolera.

En la industria petrolera se le reconoce solvencia profesional y una alta especialización en la búsqueda de hidrocarburos «no convencionales», como los de «shale gas» descubiertos en el área de Vaca Muerta, cuya explotación está concedida a YPF y otras compañías.

Además, destacan sus antecedentes en la utilización de nuevas tecnologías aplicables a yacimientos de hidrocarburos no convencionales cuya explotación necesita de fuertes inversiones.

Los yacimientos de Vaca Muerta, amplia zona que abarca a varias provincias de la Patagonia argentina, coloca al país sudamericano entre los de mayores reservas de hidrocarburos no convencionales, detrás de Estados Unidos y China.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, destacó que la nueva situación de YPF no la deja al margen de los «controles de supervisión y fiscalización» del organismo regulador, lo que «garantiza la transparencia en la información jurídica y contable necesaria para proteger al público inversor».

En este sentido, se mostró confiado en que las nuevas autoridades permitirán que el Estado y las provincias marquen «los cursos de acción más eficaces para recuperar los niveles de producción e inversión», de cara a «sustentar el crecimiento económico» del país sudamericano.

Para Vanoli, «una YPF argentina y profesional será un emblema para la construcción de un mercado de capitales nacional y popular» que permita poner el dinero público «al servicio de la producción y el trabajo». Todo ello, añadió, «en el marco de un proyecto orientado al desarrollo con equidad social».