Estas jornadas, que han reunido a expertos de 14 países, han sido organizadas por el centro de investigación privado Economics for Energy, cuyos representantes Xabier Labandeira y Pedro Linares han defendido en rueda de prensa la necesidad de «reorientar el pago de impuestos» no con el objetivo de «pagar más o menos», sino de «pagar de una manera inteligente».
Por ello, han abogado por la implantación de un sistema de «certificados energéticos obligatorios» para todos los edificios, similar al existente para los electrodomésticos, a partir del cual se gravaría la «ineficiencia energética» de los mismos con el objetivo de «incentivar» a sus dueños a adoptar medidas de eficiencia energética.
A este respecto, Linares ha precisado que la propuesta que plantean debe ser enmarcada en el contexto de una «reforma fiscal» en la que sean reducidos «otros impuestos» que no considera «buenos para nuestra competitividad».
El representante de Economics for Energy ha subrayado que en esencia se trata de «que pagues por contaminar», ya que «ahora mismo cuando te compras una casa, lo último que te preocupa es cuánto vas a consumir en energía», aunque finalmente «la acabas pagando».
Por ello, ha considerado que la implantación de este impuesto permitiría hacer «más evidente» un análisis de los gastos energéticos en el momento de tomar la decisión de adquirir un inmueble.
Labandeira, por su parte, destacó que no se trata de «una medida recaudatoria» sino de un «impuesto incentivador» que busca incentivar un «cambio de comportamiento», que «a medio plazo» también permitiría «ahorrar» a la ciudadanía.
Asimismo, ha explicado que se trataría de un impuesto, que tendría en cuenta el tamaño del edificio y el tipo de certificación que posee, y que sería además «fácil de aplicar» y «poco costoso» ya que puede vincularse a la imposición de las administraciones locales.
Labandeira ha defendido también que esta propuesta precisaría de «un paquete de políticas públicas», entre las que figuraría la fijación de unos «precios de la energía adecuados», que incluyan «todos los costes» de la misma.
«Los precios de la energía tienen que ser suficientemente altos para que la gente esté incentivada a ahorrar», ha añadido este experto, quien ha opinado que en el sector de la edificación, «las políticas puntuales no funcionan bien».
Asimismo, Labandeira ha defendido que la instauración del citado impuesto debería verse acompañada de «medidas para el acceso al capital» que permitan a las personas «con pocos recursos» realizar las reformas necesarias en sus viviendas.
A este respecto, Linares ha defendido también la importancia de adoptar «medidas de información», con las que ya «se han conseguido ahorros muy importantes», puesto que existe una «cultura» en la cual «el ahorro energético no se valora, incluso se desprecia».
Linares también ha indicado que en la actualidad la normativa relativa a la construcción es ya «muy estricta», ya que las directivas europeas buscan que los edificios que se construyan sean «prácticamente autosuficientes desde el punto de vista energético».
Sin embargo, en España existe un «parque enorme de casas, construidas en los años setenta, tremendamente ineficientes» desde el punto de vista energético.
Por ello, ha apuntado que la aplicación de este impuesto iría dirigida «precisamente» a incentivar la rehabilitación de «millones de viviendas», lo que además supondría una «oportunidad» para el sector de la construcción, «uno de los mayores afectados por el desempleo» en España.
En materia de eficiencia energética, «todavía quedan unas cuantas cosas por hacer» en España, ha añadido Linares, para quien esta situación tiene que ser vista «como una oportunidad de desarrollo» de «ganar competitividad» y no como «un problema».
Los representantes de Economics for Energy plantearon esta propuesta en el marco de unas jornadas a las que también asistió la subdirectora general de Planificación Energética del Ministerio de Industria, María Sicilia, quien ha asegurado que la eficiencia energética es una «prioridad» para el Gobierno español y para «todos los países» de su entorno».
La representante del Ministerio de Industria ha defendido la importancia de esta cuestión para lograr una «transformación» de los sistemas productivos de tal modo que sean «sostenibles» desde el punto de vista medio ambiental a través de «políticas horizontales», y no sectoriales, que permitan «mejorar los procesos productivos» generando ahorro y mejorando la competitividad.
En este sentido, ha anunciado que los «mayores esfuerzos» en esta materia estarán centrados en «sectores difusos» en los que es «más difícil actuar», concretamente en el transporte y en la edificación.
Con respecto a este último, ha opinado que se trata de un sector con «un gran potencial», pero que a su vez «va a requerir» en el futuro «esfuerzos adicionales muy importantes».
