La compañía explicó que está estudiando «en detalle» el pronunciamiento de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile, que estimó que el comité de directores y el directorio de Enersis, que integra su actividad en Latinoamérica, debe revisar el anunciado aumento de capital por 8.020 millones de dólares.

Endesa se ratificó en que la ampliación de capital «es beneficiosa para Enersis y evidentemente para todos sus accionistas», ya que convierte a la compañía «en la plataforma única de crecimiento en América Latina, lo que clarifica cuál es el vehículo de inversión en la región».

«Esto, evidentemente, es bueno para el país, ya que convierte a la empresa chilena en el principal actor energético en Latinoamérica y confirma la apuesta de confianza institucional en el país: la operación aportará a Enersis casi 2.000 MW de capacidad instalada«.

Además, con la ampliación de capital y la caja que se generará, la compañía tendrá recursos «para acelerar los proyectos de crecimiento que tiene en cartera, la compra de participaciones a minoritarios y las adquisiciones de compañías«, afirmó.

Desde el punto de vista financiero, la operación hace incrementar en 323 millones de dólares (alrededor de un 40%) el resultado neto después de impuestos de Enersis, dejándolo en unos 1.100 millones de euros, con cifras de 2011.

También recalcaron que se aumentará la liquidez de la acción y el peso del valor en la Bolsa chilena, que pasaría de un 6% a un 10%, convirtiéndose en la primera compañía del país.

Endesa transmitió además «con rotundidad» que, dicha operación se realizó con el máximo respeto a la legalidad chilena, «habiendo solicitado, con anterioridad su planteamiento, diversos informes jurídicos de algunos de los principales estudios jurídicos de Chile».

En esa operación, Endesa Latinoamérica, controladora de Enersis, traspasaría al grupo chileno sus participaciones en trece activos que tiene en esta región, tasados en 4.862 millones de dólares, en tanto que los accionistas minoritarios aportarían los 3.158 millones restantes.

Este plan fue criticado por las administradoras de fondos de pensiones privadas (AFP) de Chile, poseedoras de un 13% de las acciones de Enersis, que dudaron de que los activos aportados por el socio mayoritario valgan realmente 4.862 millones de dólares, al tiempo que cuestionan el destino del dinero que se recaudará.

Esas compañías, entre las que se encuentra la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Provida, propiedad del grupo español BBVA, acusaron también a Endesa Latinoamérica de querer obtener financiación en Chile para paliar sus dificultades en Europa.

Según explicaron fuentes de Repsol, BNY Mellon no admitió las instrucciones de voto con respecto a los American Depositary Receipts (ADR) de YPF, instrumentos financieros requeridos a las entidades extranjeras para inscribir sus acciones en Wall Street, dadas por Repsol para la junta del pasado 4 de junio.

Repsol tenía derecho a dar instrucciones de voto tanto sobre los ADRs de su titularidad no sujetos a expropiación (6,4% del capital social), como respecto a los ADRs que el Grupo Petersen le tiene dado en prenda (5,38% del capital de YPF).

Así, Repsol no pudo votar en la junta con la totalidad de su participación en YPF, ya que prácticamente la mitad del 12% del capital de la argentina que aún posee está custodiado por Mellon.

Por este motivo, Repsol sólo pudo designar a un miembro en el consejo de administración «Directorio» de YPF; al letrado Luis García del Río, en lugar de tres que hubiera podido nombrar, de haber cumplido el banco con las instrucciones dadas, y pretendía debido a la parte que aún controla tras sufrir la expropiación del 51% de la argentina.

En la demanda se indica que la española «ha sufrido un daño irreparable y el valor de su participación minoritaria en YPF ha sido significativamente disminuido», indicaron las mismas fuentes.

El pasado mayo, la petrolera española Repsol presentó ante un tribunal federal de Nueva York una demanda civil colectiva («class accion») contra el Estado argentino por haber incumplido su obligación de haber lanzado una OPA como consecuencia de la toma de control de YPF en virtud de la expropiación del 51% de YPF con el fin de obtener una indemnización económica.

Hasta la expropiación ordenada por el Gobierno argentino, Repsol era el máximo accionista de YPF con el 57,4% del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau valoró entonces en 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros).