Bruselas investiga a Gazprom por abuso de su posición dominante

«A la Comisión Europea le preocupa que Gazprom pueda estar abusando de su posición dominante en los mercados de suministro de gas en Europa central y del este», incumpliendo las normas europeas de competencia y, en concreto, el artículo 102 del Tratado sobre el Funcionamiento de la UE, dijo la CE en un comunicado.

La Comisión Europea investiga tres prácticas que podrían violar las normas de competencia en Europa central y del este.

En primer lugar, Gazprom podría haber dividido mercados gasísticos al dificultar el libre flujo de gas en los Estados miembros; en segundo lugar, el monopolio estatal ruso podría haber impedido la diversificación del suministro de gas; y por último, podría haber impuesto precios injustos a sus clientes al vincular los precios del gas a los del petróleo, señala la Comisión Europea.

«Tal comportamiento, si se confirma, podría constituir una restricción a la competencia y llevar a precios más altos y al deterioro de la seguridad del suministro», afirma el Ejecutivo comunitario, que agrega que además esas prácticas perjudicarían en última instancia también a los consumidores europeos.

En septiembre de 2001, la Comisión Europea llevó a cabo inspecciones no anunciadas en empresas activas en el suministro, la transmisión y el almacenamiento de gas natural en varios Estados miembros de la UE, porque le preocupaba que las compañías afectadas podrían haber incurrido en prácticas anticompetitivas o que estuviesen en posesión de información sobre tales estrategias.

La investigación se centraba en las prácticas en el suministro de gas natural en Estados miembros de Europa central y del este y en concreto en el nivel de abastecimiento, donde, unilateralmente o a través de acuerdos, se podría haber obstaculizado o retrasado la competencia, según dijo entonces la Comisión Europea.

Bruselas sospechaba de conductas excluyentes tales como la división de mercados, la obstaculización del acceso a las redes de transporte de gas, la puesta de barreras a la diversificación del suministro y comportamientos de explotación, como la fijación de precios excesivos.

Al mismo tiempo también investigaba posibles conductas anticompetitivas en detrimento de los propios suministradores de gas.

La apertura de los procedimientos no prejuzga el resultado de la investigación, pero que se tratará el caso como una prioridad, destacó el departamento que dirige el comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia.

Gazprom ha sido informado de la investigación, al igual que las autoridades competentes en los Estados Miembros afectados.

No existe una fecha límite para el proceso y su duración depende de varios factores, incluida la complejidad del caso, la cooperación de las partes afectadas con la Comisión y el ejercicio del derecho de defensa.

Bruselas investiga a Gazprom por abuso de su posición dominante

«A la Comisión Europea le preocupa que Gazprom pueda estar abusando de su posición dominante en los mercados de suministro de gas en Europa central y del este», incumpliendo las normas europeas de competencia y, en concreto, el artículo 102 del Tratado sobre el Funcionamiento de la UE, dijo la CE en un comunicado.

La Comisión Europea investiga tres prácticas que podrían violar las normas de competencia en Europa central y del este.

En primer lugar, Gazprom podría haber dividido mercados gasísticos al dificultar el libre flujo de gas en los Estados miembros; en segundo lugar, el monopolio estatal ruso podría haber impedido la diversificación del suministro de gas; y por último, podría haber impuesto precios injustos a sus clientes al vincular los precios del gas a los del petróleo, señala la Comisión Europea.

«Tal comportamiento, si se confirma, podría constituir una restricción a la competencia y llevar a precios más altos y al deterioro de la seguridad del suministro», afirma el Ejecutivo comunitario, que agrega que además esas prácticas perjudicarían en última instancia también a los consumidores europeos.

En septiembre de 2001, la Comisión Europea llevó a cabo inspecciones no anunciadas en empresas activas en el suministro, la transmisión y el almacenamiento de gas natural en varios Estados miembros de la UE, porque le preocupaba que las compañías afectadas podrían haber incurrido en prácticas anticompetitivas o que estuviesen en posesión de información sobre tales estrategias.

La investigación se centraba en las prácticas en el suministro de gas natural en Estados miembros de Europa central y del este y en concreto en el nivel de abastecimiento, donde, unilateralmente o a través de acuerdos, se podría haber obstaculizado o retrasado la competencia, según dijo entonces la Comisión Europea.

Bruselas sospechaba de conductas excluyentes tales como la división de mercados, la obstaculización del acceso a las redes de transporte de gas, la puesta de barreras a la diversificación del suministro y comportamientos de explotación, como la fijación de precios excesivos.

Al mismo tiempo también investigaba posibles conductas anticompetitivas en detrimento de los propios suministradores de gas.

La apertura de los procedimientos no prejuzga el resultado de la investigación, pero que se tratará el caso como una prioridad, destacó el departamento que dirige el comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia.

Gazprom ha sido informado de la investigación, al igual que las autoridades competentes en los Estados Miembros afectados.

No existe una fecha límite para el proceso y su duración depende de varios factores, incluida la complejidad del caso, la cooperación de las partes afectadas con la Comisión y el ejercicio del derecho de defensa.

Bruselas investiga si Argentina exporta biodiésel a unos precios inferiores a los de venta en la UE

El Ejecutivo comunitario ha confirmado que investigará en concreto si los precios de materias primas empleadas en la producción de biodiésel exportado por ambos países a la UE -ésteres monoalquílicos de ácidos grasos y/o gasóleos parafínicos- están distorsionados debido a la existencia de un sistema diferenciado de impuestos a la exportación y los precios de exportación para su comercialización en la UE.

«En ambos casos, los márgenes de dumping calculados son significativos para todos los países afectados», confirma el Ejecutivo comunitario.

El Ejecutivo comunitario admite que las pruebas aportadas por la asociación europea de productores de biodiésel constatan que los productos de biodiésel importados de ambos países «han aumentado en términos absolutos» y «en términos de cuota de mercado» y que los datos suministrados demuestran que «el volumen y los precios del producto importado objeto de investigación han tenido, entre otras consecuencias, un impacto negativo en los niveles de precios y cuota de mercado de la industria de la Unión, lo que ha resultado en efectos adversos sustanciales» para el sector europeo.

La Comisión considera que «existen suficientes pruebas para justificar» la apertura de investigación, que deberá completar en un plazo de 15 meses, aunque advierte de que «medidas provisionales pueden ser impuestas» en un plazo de nueve meses como máximo a contar a partir del 29 de agosto, cuando publicó en el Diario Oficial de la UE su decisión de abrir una investigación.

El Ejecutivo comunitario ya ha avisado de que examinará «imponer medidas» como el aumento de las tarifas aduaneras en el caso de que se compruebe que los productos importados «han provocado daños en la industria de la Unión» siempre y cuando éstas «no vayan en contra de los intereses de la Unión».

Con el objetivo de recabar la información necesaria para llevar a cabo su investigación, la Comisión contactará con las autoridades argentinas e indonesias y quizá también con las asociaciones de productores exportadores de ambos países.

El Ejecutivo comunitario remitirá a las empresas exportadoras argentinas e indonesias un cuestionario en el que solicitará información relativa a su estructura, actividades, costes de producción y venta de productos investigados en el mercado doméstico y sus ventas en el mercado europeo, aunque no descarta limitar su investigación «a un número razonable» de empresas con el objetivo de facilitar la misma.

Con el objetivo de decidir si investiga a todos los productores exportadores o sólo una muestra, Bruselas ha reclamado a todas las empresas exportadoras de ambos países que le remitan la información sobre sus empresas en un plazo de 15 días a contar desde el pasado 29 de agosto y en base a las respuestas decidirá el alcance de la investigación.

Bruselas ha advertido de que si alguna empresa o parte interesada no coopera en la investigación o lo hace sólo de manera parcial ello puede resultar en un trato «menos favorable» que en el caso de las que acepten cooperar.

La apertura de la investigación, que se produce a raíz de la denuncia que presentó la asociación europea de productores de biodiésel el pasado 17 de julio, se conoce poco después de que el Gobierno de Argentina solicitara el pasado 20 de agosto abrir consultas con la UE en la Organización Mundial del Comerio (OMC) por las restricciones a la importación de biodiésel argentino impuestas por España a raíz de la polémica expropiación del 51% de YPF, filial de Repsol.

El Ministerio de Industria español aprobó el 20 de abril una orden ministerial que asigna a las plantas españolas y comunitarias cantidades de producción de biodiésel, de forma que solo el producto objeto de esta asignación podrá ser tenido en cuenta a la hora de cumplir lo objetivos ‘verdes’ de la UE para 2011 y 2012 sobre implantación de estos biocombustibles, lo que limitará en la práctica la entrada del producto refinado procedente de Argentina.

Bruselas investiga si Argentina exporta biodiésel a unos precios inferiores a los de venta en la UE

El Ejecutivo comunitario ha confirmado que investigará en concreto si los precios de materias primas empleadas en la producción de biodiésel exportado por ambos países a la UE -ésteres monoalquílicos de ácidos grasos y/o gasóleos parafínicos- están distorsionados debido a la existencia de un sistema diferenciado de impuestos a la exportación y los precios de exportación para su comercialización en la UE.

«En ambos casos, los márgenes de dumping calculados son significativos para todos los países afectados», confirma el Ejecutivo comunitario.

El Ejecutivo comunitario admite que las pruebas aportadas por la asociación europea de productores de biodiésel constatan que los productos de biodiésel importados de ambos países «han aumentado en términos absolutos» y «en términos de cuota de mercado» y que los datos suministrados demuestran que «el volumen y los precios del producto importado objeto de investigación han tenido, entre otras consecuencias, un impacto negativo en los niveles de precios y cuota de mercado de la industria de la Unión, lo que ha resultado en efectos adversos sustanciales» para el sector europeo.

La Comisión considera que «existen suficientes pruebas para justificar» la apertura de investigación, que deberá completar en un plazo de 15 meses, aunque advierte de que «medidas provisionales pueden ser impuestas» en un plazo de nueve meses como máximo a contar a partir del 29 de agosto, cuando publicó en el Diario Oficial de la UE su decisión de abrir una investigación.

El Ejecutivo comunitario ya ha avisado de que examinará «imponer medidas» como el aumento de las tarifas aduaneras en el caso de que se compruebe que los productos importados «han provocado daños en la industria de la Unión» siempre y cuando éstas «no vayan en contra de los intereses de la Unión».

Con el objetivo de recabar la información necesaria para llevar a cabo su investigación, la Comisión contactará con las autoridades argentinas e indonesias y quizá también con las asociaciones de productores exportadores de ambos países.

El Ejecutivo comunitario remitirá a las empresas exportadoras argentinas e indonesias un cuestionario en el que solicitará información relativa a su estructura, actividades, costes de producción y venta de productos investigados en el mercado doméstico y sus ventas en el mercado europeo, aunque no descarta limitar su investigación «a un número razonable» de empresas con el objetivo de facilitar la misma.

Con el objetivo de decidir si investiga a todos los productores exportadores o sólo una muestra, Bruselas ha reclamado a todas las empresas exportadoras de ambos países que le remitan la información sobre sus empresas en un plazo de 15 días a contar desde el pasado 29 de agosto y en base a las respuestas decidirá el alcance de la investigación.

Bruselas ha advertido de que si alguna empresa o parte interesada no coopera en la investigación o lo hace sólo de manera parcial ello puede resultar en un trato «menos favorable» que en el caso de las que acepten cooperar.

La apertura de la investigación, que se produce a raíz de la denuncia que presentó la asociación europea de productores de biodiésel el pasado 17 de julio, se conoce poco después de que el Gobierno de Argentina solicitara el pasado 20 de agosto abrir consultas con la UE en la Organización Mundial del Comerio (OMC) por las restricciones a la importación de biodiésel argentino impuestas por España a raíz de la polémica expropiación del 51% de YPF, filial de Repsol.

El Ministerio de Industria español aprobó el 20 de abril una orden ministerial que asigna a las plantas españolas y comunitarias cantidades de producción de biodiésel, de forma que solo el producto objeto de esta asignación podrá ser tenido en cuenta a la hora de cumplir lo objetivos ‘verdes’ de la UE para 2011 y 2012 sobre implantación de estos biocombustibles, lo que limitará en la práctica la entrada del producto refinado procedente de Argentina.

Enersis continúa adelante con su aumento de capital y busca para ello un evaluador independiente

El anuncio se hizo en la capital chilena después de una reunión de la dirección de más de cinco horas y en la que ninguno de los que participaron emitió declaración alguna.

Un documento entregado a los periodistas especificó que «el directorio tomó conocimiento de una carta recibida del controlador, mediante la cual Endesa (España) confirma su interés en continuar con el proceso de aumento de capital propuesto y solicita se convoque en su debida oportunidad a una Junta de Accionistas».

Agregó que «para cuyos efectos deberán observarse adicionalmente las disposiciones del Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas y en términos tales y con la debida anticipación necesaria para que todos los accionistas de Enersis, incluyendo los titulares de ADR’s, puedan participar«.

El documento, firmado por el gerente general de la compañía Ignacio Antoñanzas, fue enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

En la operación de aumento de capital, el pasado 25 de julio, Endesa Latinoamérica, filial en la región de Endesa España, controladora de Enersis, traspasaría al grupo chileno sus participaciones en 13 activos, tasados en 4.862 millones de dólares, mientras que los accionistas minoritarios aportarían los 3.158 millones restantes.

Entre esos accionistas se encuentran, con un 13% de los títulos, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) de Chile, que gestionan los ahorros de unos 9,5 millones de trabajadores.

Las AFP dudaron de que los activos que aportaría el socio mayoritario valgan realmente 4.862 millones y cuestionan el destino del dinero que se recaudará, al tiempo que acusaron a Endesa de querer obtener financiación en Chile para paliar sus dificultades en Europa.

Por ello pidieron la intervención de la Superintendencia de la SVS, que en un pronunciamiento el pasado 3 de agosto, estimó que Enersis debía revisar el anunciado aumento de capital por considerar que existe un «conflicto de interés».

El organismo regulador indicó además que, dado su origen y envergadura, la operación debía ser revisada por el comité de directores y el directorio para cumplir con la Ley de Sociedades Anónimas.

En el comunicado, se informó también de que Eduardo Escaffi asumirá la gerencia regional de Finanzas en reemplazo de Alfredo Ergas, que renunció de su cargo desde 1993 «por motivos personales».

Enersis continúa adelante con su aumento de capital y busca para ello un evaluador independiente

El anuncio se hizo en la capital chilena después de una reunión de la dirección de más de cinco horas y en la que ninguno de los que participaron emitió declaración alguna.

Un documento entregado a los periodistas especificó que «el directorio tomó conocimiento de una carta recibida del controlador, mediante la cual Endesa (España) confirma su interés en continuar con el proceso de aumento de capital propuesto y solicita se convoque en su debida oportunidad a una Junta de Accionistas».

Agregó que «para cuyos efectos deberán observarse adicionalmente las disposiciones del Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas y en términos tales y con la debida anticipación necesaria para que todos los accionistas de Enersis, incluyendo los titulares de ADR’s, puedan participar«.

El documento, firmado por el gerente general de la compañía Ignacio Antoñanzas, fue enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

En la operación de aumento de capital, el pasado 25 de julio, Endesa Latinoamérica, filial en la región de Endesa España, controladora de Enersis, traspasaría al grupo chileno sus participaciones en 13 activos, tasados en 4.862 millones de dólares, mientras que los accionistas minoritarios aportarían los 3.158 millones restantes.

Entre esos accionistas se encuentran, con un 13% de los títulos, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) de Chile, que gestionan los ahorros de unos 9,5 millones de trabajadores.

Las AFP dudaron de que los activos que aportaría el socio mayoritario valgan realmente 4.862 millones y cuestionan el destino del dinero que se recaudará, al tiempo que acusaron a Endesa de querer obtener financiación en Chile para paliar sus dificultades en Europa.

Por ello pidieron la intervención de la Superintendencia de la SVS, que en un pronunciamiento el pasado 3 de agosto, estimó que Enersis debía revisar el anunciado aumento de capital por considerar que existe un «conflicto de interés».

El organismo regulador indicó además que, dado su origen y envergadura, la operación debía ser revisada por el comité de directores y el directorio para cumplir con la Ley de Sociedades Anónimas.

En el comunicado, se informó también de que Eduardo Escaffi asumirá la gerencia regional de Finanzas en reemplazo de Alfredo Ergas, que renunció de su cargo desde 1993 «por motivos personales».

Comienza la construcción de las casas solares que participan en el concurso «Solar Decathlon Europe»

Para lograr el objetivo, los 500 estudiantes universitarios de los 19 equipos que han llegado a la fase final tendrán solo 13 días para construir su casa a tamaño real.

Tres camiones han cortado una cinta de 13 metros de largo por 1,40 de ancho en la entrada de la Villa Solar, que este año está situada en el escenario Puerta del Ángel de la Casa de Campo de Madrid, dando el pistoletazo de salida a la competición.

La segunda edición de ‘Solar Decathlon Europe’ está organizada por el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) a través de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Asimismo, cuenta con el patrocinio exclusivo de Schneider Electric y Kömmerling, y tiene como colaboradores oficiales a AENA, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), RENFE, INECO y Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE). Además, tiene el apoyo del Departamento de Energía de Estados Unidos y del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía (IDAE).

Comienza la construcción de las casas solares que participan en el concurso «Solar Decathlon Europe»

Para lograr el objetivo, los 500 estudiantes universitarios de los 19 equipos que han llegado a la fase final tendrán solo 13 días para construir su casa a tamaño real.

Tres camiones han cortado una cinta de 13 metros de largo por 1,40 de ancho en la entrada de la Villa Solar, que este año está situada en el escenario Puerta del Ángel de la Casa de Campo de Madrid, dando el pistoletazo de salida a la competición.

La segunda edición de ‘Solar Decathlon Europe’ está organizada por el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) a través de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Asimismo, cuenta con el patrocinio exclusivo de Schneider Electric y Kömmerling, y tiene como colaboradores oficiales a AENA, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), RENFE, INECO y Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE). Además, tiene el apoyo del Departamento de Energía de Estados Unidos y del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía (IDAE).

El sábado dejan de distribuirse las bombillas incandescentes en la UE

A partir de este 1 de septiembre, las bombillas tradicionales de menos de 60 vatios dejarán de distribuirse, aunque se podrán seguir vendiendo en los comercios y usando las que ya están en circulación, unas 8.000 según Santiago Erice, experto en alumbrado de Philips España.

Con este paso se pone fin al periodo transitorio de adaptación a la nueva normativa, que se inició en septiembre 2009 con la retirada de las bombillas incandescentes de más de 100 vatios y continuó con el fin de la comercialización de aquellas con una potencia mayor de 75 y 60 vatios en 2010 y 2011, respectivamente.

Los consumidores podrán sustituirlas por bombillas fluorescentes compactas de larga duración (que ahorran un 75% de energía) o las halógenas, equivalentes a las incandescentes en la calidad de iluminación y que consumen entre un 25 y un 50% menos.

Las modernas lámparas LED, se perfilan como las sucesoras naturales de las incandescentes por su calidez, su larga duración, su encendido inmediato y su eficiencia, ya que pueden permitir ahorrar hasta un 70% de energía.

Sin embargo, el alto precio de las LED -entre 15 y 25 euros frente al euro que podía costar una bombilla tradicional- es el mayor obstáculo para que se extienda su uso entre los consumidores.

En cualquier caso, Bruselas señala que su mayor eficiencia y su longevidad supone finalmente un ahorro para el usuario, que amortiza el precio inicial más elevado.

Con la sustitución de las bombillas tradicionales por otras lámparas más eficientes, la CE espera que los hogares paguen hasta 50 euros menos al año, lo que equivale a un total de entre 5.000 y 10.000 millones de euros en toda la Unión Europea.

En términos energéticos, el Ejecutivo comunitario estima que la retirada supondrá un ahorro de 40.000 millones de kilovatios/hora a partir de 2020, lo que equivale al consumo eléctrico de once millones de hogares.

Esto también tendrá un importante impacto sobre el medio ambiente, ya que se reducirán los residuos generados por la iluminación gracias a la mayor duración de las bombillas y disminuirán las emisiones de dióxido de carbono (CO2) anualmente en 15 millones de toneladas.

Los fabricantes de bombillas alertan sobre productos chinos de baja calidad

La asociación de fabricantes de iluminación, Anfalum, reclama «condiciones de igualdad» en la transición hacia las lámparas eficientes, para que los productores de bombillas de baja calidad, sobre todo chinos, no «aprovechen» el prestigio de las firmas tradicionales. Según el director general de Anfalum, Alfredo Berges, se trata de un cambio de negocio que «ha costado mucho dinero» a los productores y que ha provocado una «crisis de mercado».

Berges explica que el sector esperaba que la transición de unas lámparas a otras fuera una «mera sustitución», pero que una serie de productores hasta entonces desconocidos, principalmente procedentes de China, «han aprovechado la directiva europea para introducir productos de menor calidad».

En opinión de la patronal, esto constituye un «engaño» para el consumidor, porque los productos de «mala calidad» pueden no cumplir con las expectativas de intensidad y duración asociadas a la iluminación eficiente.

Berges insiste en que las lámparas eficientes tienen «una vida útil muy larga», de unas 40.000 horas, y que los fabricantes chinos «entran y salen del mercado» constantemente, de manera que no les afecta el posible desprestigio de sus propios productos.

De esta manera, «se demoniza el producto que no cumple las expectativas» y son las empresas que quedan en el mercado las que tienen que recuperar la confianza de los clientes, algo que, en una primera fase, solo puede hacerse con bajadas de precios y reducción del beneficio de las compañías.

En la transición hacia la iluminación eficiente, los fabricantes tradicionales han llevado a cabo una «autorregulación» para adelantarse a los plazos, que exigían dejar de producir lámparas de más de 100 vatios a partir de 2009, de 75 vatios en 2010, 60 vatios en 2011 y de 40 vatios o menos a partir de septiembre de 2012.

Así, Anfalum cree ya se han retirado del mercado la mayor parte de las lámparas incandescentes -que pueden continuar a la venta hasta que se agoten las existencias-, aunque no se atreve a precisar cuánto tardarán en desaparecer completamente debido a la «escasa vigilancia» que hay en su comercialización.

En ese sentido, el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ferretería (Fedafe), Enrique Gil, asegura que la mayoría de las ferreterías han retirado ya todas las bombillas incandescentes, como resultado de un proceso de concienciación iniciado hace años.

Añade que «el consumidor es cada vez más exigente» y prefiere lámparas más eficientes, al tiempo que apunta que hay una demanda creciente de bombillas led, a pesar de que «todavía son caras».

El programa de fomento de la eficiencia energética puesto en marcha por la Comisión Europea afecta también a otros productos, como sistemas de calefacción y refrigeración, motores eléctricos, equipamientos de oficina o consumibles electrónicos.

El sábado dejan de distribuirse las bombillas incandescentes en la UE

A partir de este 1 de septiembre, las bombillas tradicionales de menos de 60 vatios dejarán de distribuirse, aunque se podrán seguir vendiendo en los comercios y usando las que ya están en circulación, unas 8.000 según Santiago Erice, experto en alumbrado de Philips España.

Con este paso se pone fin al periodo transitorio de adaptación a la nueva normativa, que se inició en septiembre 2009 con la retirada de las bombillas incandescentes de más de 100 vatios y continuó con el fin de la comercialización de aquellas con una potencia mayor de 75 y 60 vatios en 2010 y 2011, respectivamente.

Los consumidores podrán sustituirlas por bombillas fluorescentes compactas de larga duración (que ahorran un 75% de energía) o las halógenas, equivalentes a las incandescentes en la calidad de iluminación y que consumen entre un 25 y un 50% menos.

Las modernas lámparas LED, se perfilan como las sucesoras naturales de las incandescentes por su calidez, su larga duración, su encendido inmediato y su eficiencia, ya que pueden permitir ahorrar hasta un 70% de energía.

Sin embargo, el alto precio de las LED -entre 15 y 25 euros frente al euro que podía costar una bombilla tradicional- es el mayor obstáculo para que se extienda su uso entre los consumidores.

En cualquier caso, Bruselas señala que su mayor eficiencia y su longevidad supone finalmente un ahorro para el usuario, que amortiza el precio inicial más elevado.

Con la sustitución de las bombillas tradicionales por otras lámparas más eficientes, la CE espera que los hogares paguen hasta 50 euros menos al año, lo que equivale a un total de entre 5.000 y 10.000 millones de euros en toda la Unión Europea.

En términos energéticos, el Ejecutivo comunitario estima que la retirada supondrá un ahorro de 40.000 millones de kilovatios/hora a partir de 2020, lo que equivale al consumo eléctrico de once millones de hogares.

Esto también tendrá un importante impacto sobre el medio ambiente, ya que se reducirán los residuos generados por la iluminación gracias a la mayor duración de las bombillas y disminuirán las emisiones de dióxido de carbono (CO2) anualmente en 15 millones de toneladas.

Los fabricantes de bombillas alertan sobre productos chinos de baja calidad

La asociación de fabricantes de iluminación, Anfalum, reclama «condiciones de igualdad» en la transición hacia las lámparas eficientes, para que los productores de bombillas de baja calidad, sobre todo chinos, no «aprovechen» el prestigio de las firmas tradicionales. Según el director general de Anfalum, Alfredo Berges, se trata de un cambio de negocio que «ha costado mucho dinero» a los productores y que ha provocado una «crisis de mercado».

Berges explica que el sector esperaba que la transición de unas lámparas a otras fuera una «mera sustitución», pero que una serie de productores hasta entonces desconocidos, principalmente procedentes de China, «han aprovechado la directiva europea para introducir productos de menor calidad».

En opinión de la patronal, esto constituye un «engaño» para el consumidor, porque los productos de «mala calidad» pueden no cumplir con las expectativas de intensidad y duración asociadas a la iluminación eficiente.

Berges insiste en que las lámparas eficientes tienen «una vida útil muy larga», de unas 40.000 horas, y que los fabricantes chinos «entran y salen del mercado» constantemente, de manera que no les afecta el posible desprestigio de sus propios productos.

De esta manera, «se demoniza el producto que no cumple las expectativas» y son las empresas que quedan en el mercado las que tienen que recuperar la confianza de los clientes, algo que, en una primera fase, solo puede hacerse con bajadas de precios y reducción del beneficio de las compañías.

En la transición hacia la iluminación eficiente, los fabricantes tradicionales han llevado a cabo una «autorregulación» para adelantarse a los plazos, que exigían dejar de producir lámparas de más de 100 vatios a partir de 2009, de 75 vatios en 2010, 60 vatios en 2011 y de 40 vatios o menos a partir de septiembre de 2012.

Así, Anfalum cree ya se han retirado del mercado la mayor parte de las lámparas incandescentes -que pueden continuar a la venta hasta que se agoten las existencias-, aunque no se atreve a precisar cuánto tardarán en desaparecer completamente debido a la «escasa vigilancia» que hay en su comercialización.

En ese sentido, el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ferretería (Fedafe), Enrique Gil, asegura que la mayoría de las ferreterías han retirado ya todas las bombillas incandescentes, como resultado de un proceso de concienciación iniciado hace años.

Añade que «el consumidor es cada vez más exigente» y prefiere lámparas más eficientes, al tiempo que apunta que hay una demanda creciente de bombillas led, a pesar de que «todavía son caras».

El programa de fomento de la eficiencia energética puesto en marcha por la Comisión Europea afecta también a otros productos, como sistemas de calefacción y refrigeración, motores eléctricos, equipamientos de oficina o consumibles electrónicos.