Desde que el plan fue anunciado, poderosos grupos de presión de la industria de Japón han instado al Gobierno a reconsiderar el compromiso de dejar la energía nuclear, argumentando que podría dañar la economía y significaría un mayor gasto en importaciones de combustibles caros.
El ministro de Comercio, Yukio Edano, quien también supervisa la cartera de Energía, ha anunciado que el gabinete ha aprobado el nuevo plan energético.
«Pero si podemos llegar a dejar la energía nuclear en la década de 2030 no es algo que se logra sólo con la decisión de los responsables políticos. También depende de la voluntad de los usuarios (de electricidad), de la innovación tecnológica y del ámbito de la energía a nivel internacional en la próxima década o dos», ha añadido.
Al abandonar su dependencia a la energía atómica, Japón apunta a triplicar la participación de energía renovable al 30 por ciento de su matriz energética hacia la década de 2030, pero seguirá siendo un principal importador de petróleo, carbón y gas.
El ministro de Finanzas, Jun Azumi, ha precisado en rueda de prensa que había necesidad de ser flexibles en la política para evitar poner una carga a la población en un país donde la energía nuclear suministraba el 30 por ciento de la electricidad antes de Fukushima.
Gran parte de los reactores nucleares de Japón están paralizados por controles de seguridad después del terremoto y tsunami de marzo de 2011 que devastaron la planta de Fukushima Daiichi, provocando el peor desastre nuclear desde Chernóbil en 1986.
Japón lanza un nuevo organismo para regular la seguridad nuclear
Japón ha lanzado un nuevo organismo independiente para supervisar la seguridad de los reactores nucleares en el país, tras el debate abierto por el desastre del año pasado en la planta atómica de Fukushima Daiichi.
La nueva Autoridad de Regulación Nuclear está encabezada por el experto en radiactividad Shunichi Tanaka, informó la agencia Kyodo.
Tanaka tendrá un papel clave a la hora de asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad aprobadas por el Gobierno este último año.
Entre ellas se encuentra la de limitar a 40 años la vida útil de los reactores nucleares, que anteriormente no tenían un límite temporal para su vida operativa, y la de aplicar los últimos hallazgos científicos a las instalaciones existentes.
Esta autoridad también tendrá entre sus competencias la formulación de criterios para reactivar reactores, la inmensa mayoría de los cuales permanecen detenidos en Japón ante la creciente preocupación pública por su seguridad tras el accidente en Fukushima.
En la actualidad, Japón solo tiene dos de sus más de cincuenta reactores atómicos comerciales activos.
Sin embargo, el organismo ya ha despertado el recelo de algunos políticos y grupos civiles, que han cuestionado la neutralidad de Tanaka como presidente, dado que ocupó cargos que contribuyeron al crecimiento de la industria nuclear en Japón antes de Fukushima.
Los otros cuatro altos cargos del nuevo cuerpo son Kenzo Oshima, ex embajador ante la ONU de Japón; Kunihiko Shimazaki, del Comité de Coordinación para la Predicción de Terremotos; Kayoko Nakamura, de la Asociación Japonesa de Radioisótopos, y Toyoshi Fuketa, de la Agencia de Energía Atómica de Japón.
La administración del organismo contará con unos 350 funcionarios de la Agencia para la Seguridad Nuclear e Industrial (NISA), a la que sustituye esta institución.
Dado que NISA fue duramente criticada tras el accidente de Fukushima por depender del Ministerio de Industria, que tradicionalmente promovió el uso de la energía nuclear, el Gobierno ha creado este nuevo organismo con un perfil más independiente y unos estatutos similares al de la comisión antimonopolio del país.
La nueva autoridad también deberá rectificar y establecer los roles de las organizaciones estatales involucradas en materia de seguridad nuclear, cuyos límites para garantizar la seguridad ciudadana resultaron borrosos durante la crisis en Fukushima.
