Durante una comparecencia en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso, Tom Kucharz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, puso de relieve la «emergencia planetaria» que supone este fenómeno, que ya contribuye a la muerte de 400.000 personas al año, así como a pobreza y malnutrición infantil, según constataron varios informes recientemente publicados.

Según enfatizó Kucharz, esos estudios vaticinan «consecuencias devastadoras», y en concreto citó uno del Banco Mundial que, según dijo, auguró un aumento de cuatro grados centígrados en la temperatura media del planeta para finales de este siglo si la comunidad mundial no adopta medidas urgentes y radicales para frenar el cambio climático.

Otras consecuencias que apuntó el Banco Mundial, tal y como recordó el responsable de Ecologistas en Acción, son olas de calor extremo, disminución de las existencias de alimentos o elevación del nivel de los océanos, que afectaría a millones de personas, perjudicando especialmente a las personas con menos recursos.

Kucharz indicó que las promesas actuales de reducción de gases de efecto invernadero no van a contribuir a impedir el mencionado aumento de la temperatura, resultando a todas luces insuficiente. Añadió que España está entre los países con mayor uso de agrocombustibles, lo que desde luego no ayuda a resolver el problema, y aseguró que el mercado de carbono es una «falsa solución».

En ese sentido, este ecologista subrayó que la única solución que ofrece el Ejecutivo español es tratar de tranquilizar a la ciudadanía asegurando que va a cumplir con el Protocolo de Kioto, y se preguntó si la compra de créditos de carbono ha reducido las emisiones a nivel mundial porque no conoce ningún estudio que así lo constate.

Por el contrario, insistió Kucharz, lo quue ha hecho el Gobierno del PP es subvencionar beneficios a las empresas más contaminantes en lugar de obligar a los sectores más conaminantes a reducir sus emisiones a nivel doméstico. «Se alimenta un mercado especulativo que sólo genera combustibles fósiles. Las empresas siguen contaminando y generando muertes por el cambio climático a nivel mundial», apostilló.

El responsable de Ecologistas en Acción reclamó una modificación en la compra de créditos de carbono realizando una transición ecológica real. «El FBI y la Europol están investigando el mercado del carbono porque sencillamente es un fraude», señaló Kucharz, quien consideró «preocupante» que sea esta la solución ofrecida por el Gobierno español.

Finalmente, señaló que las políticas de la Unión Europea sobre cambio climático fracasaron porque no van acordes con las recomendaciones de los científicos.

Por su parte, Aida Vila, responsable de Cambio Climático de Greenpeace, suscribió las palabras de su homólogo de Ecologistas en Acción y destacó la necesidad de «cerrar la brecha entre los compromisos alcanzados de reducción de emisiones y lo que recomiendan los científicos».

Vila aseguró que el pico de las emisiones globales de CO2 debe alcanzarse en 2015, y deberían estar cercanas a cero en 2050. «Hay que definir unos mecanismos para que se puedan cumplir esos objetivos», afirmó.

La responsable de Grenpeace también apuntó otras medidas a adoptar como tener una política energética coherente tanto contra el cambio climático como con los dictados de Bruselas, así como acometer un plan de cierre de las subvenciones a la minería y derogar el real decreto del carbón priorizando la reconversión y las auditorías de cómo se lleva a cabo este proceso.

Dijo que es «muy preocupante» que el Gobierno de Mariano Rajoy no niegue ni afirme el cambio climático, teniendo en cuenta que incluso los norteamericanos, reacios hasta ahora a lo segundo, ya lo admiten tras el huracán Sandy.

Wendel Trío, jefe de la delegación europea de Climate Action Network, que compareció en la comisión a través de videoconferencia, reiteró lo «alarmante» de los informes difundidos sobre los efectos del cambio climático y apostó por mantener vivo el compromiso de Kioto para reducir las emisiones de CO2, así como avanzar en las negociaciones de un nuevo tratado internacional en ese sentido.

Trío confió en que en la próxima Cumbre de Doha queden claros los procesos y se aborde un plan concreto de trabajo, una cronología precisa para avanzar en dicha negociación.

«Ahora no hay un indicador único que sea para todos los países, pero éstos deben llegar a las negociaciones con una mente abierta, que el nuevo tratado que comience en 2020 vaya más allá de la brecha que separa a los países más desarrollados de los menos desarrollados», puntualizó.

También apuntó que la Unión Europea debe tener una postura común para poder negociar con otros países, ya que no hay un consenso colectivo en cuanto al compromiso y esto es algo que hay que afrontar. «La Unión Europea debe asumir un papel líder para ir hacia delante con las negociaciones internacionales», concluyó.

Laia Ortiz, de Izquierda Plural, resaltó que la lucha contra el cambio climático exige una reorientación de las políticas que se están llevando a cabo y afirmó que España «ha ido por detrás» de la Unión Europea en este asunto.

Puerto Gallego, por parte del Grupo Socialista, recalcó que la política del Gobierno español sobre cambio climático es «desafortunada y contraria a lo que debe ser» y añadió que las dudas del secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, respecto a este fenómeno no contribuyen a solucionar el problema. Un extremo este último que fue negado por la diputada del PP, Luz Bajo, quien indicó que el secretario de Estado no niega el cambio climático, sino que apunta que sobre las previsiones de futuro no existe unanimidad, así como sobre las causas del fenómeno. También dijo que su partido está a favor del ahorro y la eficiencia energética, pero hay compromisos europeos para reducir el déficit público.

El ‘fracking’ consiste en la realización de pozos verticales en la tierra para extraer este gas que se encuentra adherido a las rocas mediante la inyección de millones de litros de agua cargados con un cóctel químico y tóxico, según explica Compromís-Equo.

Es más, indica que el proceso de fractura hidráulica consume «enormes cantidades de agua» y puede ocasionar la contaminación de los acuíferos de «forma irreversible», como ha ocurrido en algunos lugares de Estados Unidos y, por ello, es una práctica «prohibida» en Francia y otros países y que está siendo estudiada por el Parlamento Europeo.

El diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, explica en este sentido que el riesgo de esta técnica es «muy elevado», mientras que los beneficios para la ciudadanía «muy pocos».

«Tenemos que ser conscientes de que el futuro pasa por apostar por un modelo energético 100 por cien renovable y dejar al lado estos experimentos cuyas consecuencias en la salud y el medio ambiente aún no se conocen del todo, en parte porque no hay un interés porque esa información sea transparente», agrega.

Actualmente, el diputado valenciano avisa de que se están tramitando permisos de concesión en las provincias de Burgos, Cantabria, Vizcaya, Gipuzkoa, Asturias, Álava, La Rioja, Navarra, la Comunidad Valenciana, así como en algunas provincias andaluzas, Albacete, Ciudad Real y alto Aragón.

Esta petición coincide también con la campaña desarrollada por el Partido Verde Europeo para la prohibición en toda Europa de este sistema de explotación de «gas no convencional».

«El agua potable es escasa y no podemos admitir que se ponga en riesgo para sacar los últimos restos de gas natural que encima contribuirán al efecto invernadero. Estamos hablando de una contaminación muy seria para la que no se conoce remedio ni técnica que la evite. Desde que se contamina un acuífero subterráneo lo hemos perdido para siempre», defienden desde Compromís-Equo.