Los expertos creen que el coche eléctrico es indispensable para conseguir ciudades sostenibles

En grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, las emisiones de CO2, de óxido nitroso y de partículas afectan gravemente a la salud de los ciudadanos. Además, se estima que el 70% de la población mundial vivirá en grandes urbes en 2050.

La densidad de población en las ciudades requiere acciones para un crecimiento sostenible económica y medioambientalmente, capaz de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Este es el principal reto y la razón por la cual la sociedad reclama ciudades más inteligentes (Smart Cities).

Ante este desafío, el coche eléctrico cobra especial relevancia. A juicio de Michael Braungart, fundador de la Agencia para el Fomento de la Protección Ambiental (EPEA) en Alemania, se necesitan vehículos de cero emisiones porque «es cinco veces más peligroso para la salud inhalar componentes químicos a través del aire contaminado que el alcohol».

Braungart cree que en la movilidad del futuro habrá distintas opciones, «pero el sector más importante será el de los coches eléctricos porque no se puede poner en peligro el futuro». Ante obstáculos para el desarrollo del coche eléctrico como el alto coste de las baterías, el experto aboga por un sistema en el que el fabricante mantenga la propiedad de la batería y el cliente pague sólo por el uso.

Por su parte, el experto en innovación y presidente del grupo Reimagine, Peter Hirhsberg, opina que el papel del coche en la sociedad está cambiando, al igual que la visión de las ciudades y de la sostenibilidad. Por ello, apuesta por potenciar las infraestructuras de recarga para apoyar el desarrollo del vehículo eléctrico.

A su juicio, los recelos ante el coche eléctrico cambian cuando se usa por primera vez y se comprueba que la aceleración es diferente, que presenta cualidades deportivas. Además, los consumidores se dan cuenta de que existen automóviles nuevos que se adaptan a sus necesidades de movilidad.

Los expertos creen que el coche eléctrico es indispensable para conseguir ciudades sostenibles

En grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, las emisiones de CO2, de óxido nitroso y de partículas afectan gravemente a la salud de los ciudadanos. Además, se estima que el 70% de la población mundial vivirá en grandes urbes en 2050.

La densidad de población en las ciudades requiere acciones para un crecimiento sostenible económica y medioambientalmente, capaz de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Este es el principal reto y la razón por la cual la sociedad reclama ciudades más inteligentes (Smart Cities).

Ante este desafío, el coche eléctrico cobra especial relevancia. A juicio de Michael Braungart, fundador de la Agencia para el Fomento de la Protección Ambiental (EPEA) en Alemania, se necesitan vehículos de cero emisiones porque «es cinco veces más peligroso para la salud inhalar componentes químicos a través del aire contaminado que el alcohol».

Braungart cree que en la movilidad del futuro habrá distintas opciones, «pero el sector más importante será el de los coches eléctricos porque no se puede poner en peligro el futuro». Ante obstáculos para el desarrollo del coche eléctrico como el alto coste de las baterías, el experto aboga por un sistema en el que el fabricante mantenga la propiedad de la batería y el cliente pague sólo por el uso.

Por su parte, el experto en innovación y presidente del grupo Reimagine, Peter Hirhsberg, opina que el papel del coche en la sociedad está cambiando, al igual que la visión de las ciudades y de la sostenibilidad. Por ello, apuesta por potenciar las infraestructuras de recarga para apoyar el desarrollo del vehículo eléctrico.

A su juicio, los recelos ante el coche eléctrico cambian cuando se usa por primera vez y se comprueba que la aceleración es diferente, que presenta cualidades deportivas. Además, los consumidores se dan cuenta de que existen automóviles nuevos que se adaptan a sus necesidades de movilidad.

Un total de 4.522 ayuntamientos europeos se comprometen a reducir sus emisiones de CO2 en un 20 por ciento para 2020

El nuevo pacto implica el compromiso de los ayuntamientos de realizar un inventario de emisiones de referencia y elaborar un Plan de Acción de Energía Sostenible para Reducir las Emisiones.

Los ayuntamientos españoles que se han sumado a la iniciativa, un total de 1.168, agrupan al 52 por ciento de la población española y el 67 por ciento de ellos ya ha elaborado el plan de acción, según ha informado la Red Europea de Centros Informativos de Promoción de la Sostenibilidad Energética y la Reducción de CO2 en Comunidades Locales (ENESCOM), entidad que ha coordinado la iniciativa.

La iniciativa surgió como propuesta de la Comisión Europea, tras la aprobación de un paquete de medidas sobre cambio climático y eficiencia energética en 2008. El objetivo del ‘Pacto de los Alcaldes’ es «respaldar y apoyar» el esfuerzo de las autoridades locales en la aplicación de políticas de energía sostenible, según ENESCOM.

El alcalde de Santa Eulalia de Gállego (Zaragoza) y responsable de la red de centros informativos, José Antonio Casaucau, ha señalado el papel «decisivo» de las administraciones locales a la hora de «atenuar los efectos del cambio climático. «Además -ha indicado- el 80 por ciento de las emisiones de CO2 están asociadas a la actividad urbana».

Casaucau ha mencionado también medidas que pueden realizar los municipios para reducir sus emisiones entre las que ha destacado la mejor organización del uso y la eficiencia de los sistemas energéticos, la inversión en equipos «más eficientes», como luminaria de nueva generación o calefacciones con energías renovables, o la planificación urbanística.

Una evaluadora del proyecto ENESCOM, Monika Brscic, ha explicado que la crisis económica ha sido determinante a la hora de que muchos ayuntamientos no se comprometan a tomar unas medidas es «muy complicado que puedan asumir». Aún así, Brscic ha señalado que la inversión en economía sostenible además del ahorro puede traer beneficios a un municipio tales como la creación de empleo cualificado y estable, no sujeto a la deslocalización; un entorno y una calidad de vida más saludables; y un aumento de la competitividad económica y la independencia energética, según ha asegurado.

Un total de 4.522 ayuntamientos europeos se comprometen a reducir sus emisiones de CO2 en un 20 por ciento para 2020

El nuevo pacto implica el compromiso de los ayuntamientos de realizar un inventario de emisiones de referencia y elaborar un Plan de Acción de Energía Sostenible para Reducir las Emisiones.

Los ayuntamientos españoles que se han sumado a la iniciativa, un total de 1.168, agrupan al 52 por ciento de la población española y el 67 por ciento de ellos ya ha elaborado el plan de acción, según ha informado la Red Europea de Centros Informativos de Promoción de la Sostenibilidad Energética y la Reducción de CO2 en Comunidades Locales (ENESCOM), entidad que ha coordinado la iniciativa.

La iniciativa surgió como propuesta de la Comisión Europea, tras la aprobación de un paquete de medidas sobre cambio climático y eficiencia energética en 2008. El objetivo del ‘Pacto de los Alcaldes’ es «respaldar y apoyar» el esfuerzo de las autoridades locales en la aplicación de políticas de energía sostenible, según ENESCOM.

El alcalde de Santa Eulalia de Gállego (Zaragoza) y responsable de la red de centros informativos, José Antonio Casaucau, ha señalado el papel «decisivo» de las administraciones locales a la hora de «atenuar los efectos del cambio climático. «Además -ha indicado- el 80 por ciento de las emisiones de CO2 están asociadas a la actividad urbana».

Casaucau ha mencionado también medidas que pueden realizar los municipios para reducir sus emisiones entre las que ha destacado la mejor organización del uso y la eficiencia de los sistemas energéticos, la inversión en equipos «más eficientes», como luminaria de nueva generación o calefacciones con energías renovables, o la planificación urbanística.

Una evaluadora del proyecto ENESCOM, Monika Brscic, ha explicado que la crisis económica ha sido determinante a la hora de que muchos ayuntamientos no se comprometan a tomar unas medidas es «muy complicado que puedan asumir». Aún así, Brscic ha señalado que la inversión en economía sostenible además del ahorro puede traer beneficios a un municipio tales como la creación de empleo cualificado y estable, no sujeto a la deslocalización; un entorno y una calidad de vida más saludables; y un aumento de la competitividad económica y la independencia energética, según ha asegurado.

Iberdrola y Kahramaa estudiarán la viabilidad para implantar redes inteligentes en Catar

El proyecto se llevará a cabo en dos fases. En la primera, de un año de duración, se estudiará el entorno del país, las infraestructuras y las tecnologías disponibles; mientras que en la segunda, que previsiblemente se ejecutará en dos años, se pondrá en marcha un proyecto piloto para preparar el despliegue de las redes inteligentes en Catar.

Según ha informado la compañía española en un comunicado, la principal ventaja de la implantación de redes inteligentes es la sustitución de los dispositivos actuales por equipos electrónicos inteligentes que se comunican entre ellos y que disponen de sistemas de control centralizados.

Esta nueva infraestructura, permite la definición de nuevos productos y servicios para los clientes y supone una importante mejora en la calidad del suministro.

Además, contribuye a lograr el cumplimiento de los objetivos medioambientales, ya que promueve la eficiencia energética y facilita la integración en el sistema de las energías renovables y la implantación masiva del vehículo eléctrico.

Iberdrola y Kahramaa estudiarán la viabilidad para implantar redes inteligentes en Catar

El proyecto se llevará a cabo en dos fases. En la primera, de un año de duración, se estudiará el entorno del país, las infraestructuras y las tecnologías disponibles; mientras que en la segunda, que previsiblemente se ejecutará en dos años, se pondrá en marcha un proyecto piloto para preparar el despliegue de las redes inteligentes en Catar.

Según ha informado la compañía española en un comunicado, la principal ventaja de la implantación de redes inteligentes es la sustitución de los dispositivos actuales por equipos electrónicos inteligentes que se comunican entre ellos y que disponen de sistemas de control centralizados.

Esta nueva infraestructura, permite la definición de nuevos productos y servicios para los clientes y supone una importante mejora en la calidad del suministro.

Además, contribuye a lograr el cumplimiento de los objetivos medioambientales, ya que promueve la eficiencia energética y facilita la integración en el sistema de las energías renovables y la implantación masiva del vehículo eléctrico.

Repsol presenta la solicitud de arbitraje por la expropiación de YPF

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Repsol recuerda que ya ha transcurrido el plazo de seis meses desde que se notificó la controversia a Argentina por violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina en 1991.

La petrolera asegura que concretará las reparaciones y compensaciones a reclamar en los escritos de alegaciones que presentará en el CIADI una vez que éste proceda al registro de la solicitud y se constituya el tribunal de arbitraje, lo que puede llevar de tres a seis meses.

Fuentes de la compañía indicaron que la presentación de esta solicitud no excluye la posibilidad de negociar directamente con el gobierno argentino y recordaron que las partes pueden poner fin al conflicto en cualquier momento en caso de alcanzar un acuerdo. «Vamos a agotar todas las vías», insistieron esas fuentes.

La solicitud de arbitraje se basa en la denuncia de una expropiación «ilícita» y «discriminatoria» -ya que sólo afectó a las acciones de Repsol-, así como en el hecho de que no se ha acreditado la utilidad pública de la misma, y no se ha formulado oferta pública de adquisición ni se ha efectuado pago alguno.

Repsol envió el pasado mes de mayo una carta a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la que declaraba la existencia de la controversia entre la compañía y el Estado argentino, primer paso para llevar el caso ante el CIADI, la principal institución en materia de diferencias relativas a inversiones internacionales.

Según el acuerdo mutuo de protección de inversiones, el plazo para resolver discrepancias antes de presentar formalmente la solicitud de arbitraje es de 18 meses, pero Repsol entiende que es de seis, en virtud de una cláusula que le permite acogerse al plazo menor que figure en los tratados similares que Argentina ha firmado con otros países.

La compañía española aspira a que se declare ilícita la actuación de Argentina y se le condene a restaurar la situación y a indemnizar a la compañía por los daños y perjuicios ocasionados.

Hasta la «nacionalización», Repsol era el máximo accionista de YPF, con el 57,4% del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau valora en 10.500 millones de dólares (unos 8.030 millones de euros al cambio actual).

Repsol tiene abiertos otros frentes judiciales por la expropiación de YPF; en Argentina ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad y ante la justicia estadounidense ha presentado otra por vulneración de la normativa del regulador bursátil de ese país.

En España, un juzgado mercantil admitió a trámite en noviembre una demanda presentada por la petrolera española contra la estadounidense Chevron al considerar que realizó «competencia desleal» al pactar con el Gobierno argentino su participación en el proyecto de Vaca Muerta.

Repsol anunció el descubrimiento de ese yacimiento cinco meses antes del anuncio de «nacionalización».

Los procedimientos ante el CIADI comprenden una etapa de actuaciones escritas y una fase oral posterior y suelen tener una duración media de entre tres y seis años desde la constitución del tribunal.

Repsol presenta la solicitud de arbitraje por la expropiación de YPF

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Repsol recuerda que ya ha transcurrido el plazo de seis meses desde que se notificó la controversia a Argentina por violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina en 1991.

La petrolera asegura que concretará las reparaciones y compensaciones a reclamar en los escritos de alegaciones que presentará en el CIADI una vez que éste proceda al registro de la solicitud y se constituya el tribunal de arbitraje, lo que puede llevar de tres a seis meses.

Fuentes de la compañía indicaron que la presentación de esta solicitud no excluye la posibilidad de negociar directamente con el gobierno argentino y recordaron que las partes pueden poner fin al conflicto en cualquier momento en caso de alcanzar un acuerdo. «Vamos a agotar todas las vías», insistieron esas fuentes.

La solicitud de arbitraje se basa en la denuncia de una expropiación «ilícita» y «discriminatoria» -ya que sólo afectó a las acciones de Repsol-, así como en el hecho de que no se ha acreditado la utilidad pública de la misma, y no se ha formulado oferta pública de adquisición ni se ha efectuado pago alguno.

Repsol envió el pasado mes de mayo una carta a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la que declaraba la existencia de la controversia entre la compañía y el Estado argentino, primer paso para llevar el caso ante el CIADI, la principal institución en materia de diferencias relativas a inversiones internacionales.

Según el acuerdo mutuo de protección de inversiones, el plazo para resolver discrepancias antes de presentar formalmente la solicitud de arbitraje es de 18 meses, pero Repsol entiende que es de seis, en virtud de una cláusula que le permite acogerse al plazo menor que figure en los tratados similares que Argentina ha firmado con otros países.

La compañía española aspira a que se declare ilícita la actuación de Argentina y se le condene a restaurar la situación y a indemnizar a la compañía por los daños y perjuicios ocasionados.

Hasta la «nacionalización», Repsol era el máximo accionista de YPF, con el 57,4% del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau valora en 10.500 millones de dólares (unos 8.030 millones de euros al cambio actual).

Repsol tiene abiertos otros frentes judiciales por la expropiación de YPF; en Argentina ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad y ante la justicia estadounidense ha presentado otra por vulneración de la normativa del regulador bursátil de ese país.

En España, un juzgado mercantil admitió a trámite en noviembre una demanda presentada por la petrolera española contra la estadounidense Chevron al considerar que realizó «competencia desleal» al pactar con el Gobierno argentino su participación en el proyecto de Vaca Muerta.

Repsol anunció el descubrimiento de ese yacimiento cinco meses antes del anuncio de «nacionalización».

Los procedimientos ante el CIADI comprenden una etapa de actuaciones escritas y una fase oral posterior y suelen tener una duración media de entre tres y seis años desde la constitución del tribunal.

España invertirá 3.800 millones menos en cambio climático hasta 2016, según Ernest & Young

El informe, que recoge una investigación de ‘Oxford Economics’ , destaca dos importantes tendencias que ayudan a entender la situación actual en lo relativo a la sostenibilidad y el cambio climático: la primera es el incremento de la brecha entre las necesidades de financiación y el presupuesto de los gobiernos a tal efecto, y la segunda, una cada vez mayor participación del sector empresarial en el proceso.

Según el trabajo, la mayoría de países ha visto reducida su inversión en cambio climático en el último año, y la brecha en el gasto podría superar los 38.000 millones de euros de aquí a los próximos 5 años. Seis de las 10 economías clave analizadas (Alemania, Italia, Japón, Australia, Corea y España) proyectaron un descenso del presupuesto contra el cambio climático entre 2010 y 2011. Francia apenas cambió esta partida, y Estados Unidos, Reino Unido y Sudáfrica realizaron ligeros incrementos.

Además, las previsiones presupuestarias para el país son parecidas de cara a 2016. Así, el documento indica que España podría reducir hasta 3.800 millones de euros su partida, lo que supondría un 1,13 por ciento por debajo del presupuesto inicial contemplado.

En cuanto a la previsión de la brecha de financiación necesaria en los países analizados ha cambiado respecto de la realizada el año pasado, creciendo de 17.000 a 18.000 millones de euros en los próximos 5 años, ya que se ha considerando el mejor escenario posible: una economía como la actual, con medidas de austeridad en marcha y en la que los países necesitan reducir su endeudamiento.

Por su parte, la brecha de financiación de inversiones para combatir el cambio climático en los próximos años será más pronunciado en países como España, Reino Unido e Italia. En concreto España es el que más reducirá sus inversiones, unos 3.000 millones de dólares hasta 2012 (un 0,73 por ciento menos), en comparación con el gasto en Reino Unido de 3.800 (un 0,41 por ciento menos) e Italia, con 2.300 millones de dólares (0,31 por ciento menos).

En este caso, Alemania es el único país que, según el informe, podría aumentar este gasto a través de medidas puestas en marcha por su Gobierno de política fiscal para relanzar la economía en el largo plazo.

Por otra parte, para los expertos, una posible ruptura de la zona euro conduciría a un escenario más negativo, que duplicaría el potencial déficit de inversiones en sostenibilidad y cambio climático de los países. El estudio también calcula este gap de financiación en el que la salida de varios países de la zona euro provocaría el incumplimiento de la deuda soberana y desencadenaría una nueva crisis crediticia en Europa.

Para el socio global de Sostenibilidad y Cambio Climático de Ernst & Young, Juan Costa Climent, «los datos de este informe sugieren que la continua presión de las medidas de austeridad han reducido el gasto en sostenibilidad de los países». A su juicio, la «potencial creciente brecha en esta partida hace necesario un mecanismo que permita la financiación privada y que contribuya a solventar el problema».

Además, ha indicado que «si se materializa una ruptura del euro, el déficit en la financiación podría superar por primera vez los 38.000 millones, lo que debería actuar como una advertencia». «Los gobiernos tienen que tomar medidas para protegerse y no alcanzar un punto de no retorno donde resultaría imposible cerrar la brecha entre la financiación disponible y la realmente necesaria contra el cambio climático», ha indicado.

Según ha señalado Costa, «el déficit de financiación se está convirtiendo en un reto adicional en las negociaciones internacionales de la cumbre COP18». «Así como el mundo de la política y la comunidad empresarial fijan su atención en Doha, hay una serie de decisiones que deberán ser contempladas por el sector privado, especialmente las relativas al Mecanismo de Desarrollo Limpio, el Fondo Verde para el Clima o la extensión del Protocolo de Kyoto», ha añadido.

En este sentido, ha indicado que los datos de este informe «refuerzan la importancia de poner en marcha una acción decisiva ya, sobre todo si se quiere hacer realidad iniciativas como lograr una economía baja en carbono o alcanzar los objetivos para frenar el calentamiento global«.

Finalmente, Costa ha advertido de que «ahora es un momento crítico para el sector privado a la hora de asumir un papel de liderazgo en la fundación de un futuro sostenible». «Los gobiernos pueden recurrir a las empresas para aprovechar sus conocimientos de análisis y mitigación de riesgos, y sus habilidades en la movilización y distribución de las finanzas que ayuden a enmarcar un acuerdo global más eficaz y de gran alcance en el futuro», ha concluido.

España invertirá 3.800 millones menos en cambio climático hasta 2016, según Ernest & Young

El informe, que recoge una investigación de ‘Oxford Economics’ , destaca dos importantes tendencias que ayudan a entender la situación actual en lo relativo a la sostenibilidad y el cambio climático: la primera es el incremento de la brecha entre las necesidades de financiación y el presupuesto de los gobiernos a tal efecto, y la segunda, una cada vez mayor participación del sector empresarial en el proceso.

Según el trabajo, la mayoría de países ha visto reducida su inversión en cambio climático en el último año, y la brecha en el gasto podría superar los 38.000 millones de euros de aquí a los próximos 5 años. Seis de las 10 economías clave analizadas (Alemania, Italia, Japón, Australia, Corea y España) proyectaron un descenso del presupuesto contra el cambio climático entre 2010 y 2011. Francia apenas cambió esta partida, y Estados Unidos, Reino Unido y Sudáfrica realizaron ligeros incrementos.

Además, las previsiones presupuestarias para el país son parecidas de cara a 2016. Así, el documento indica que España podría reducir hasta 3.800 millones de euros su partida, lo que supondría un 1,13 por ciento por debajo del presupuesto inicial contemplado.

En cuanto a la previsión de la brecha de financiación necesaria en los países analizados ha cambiado respecto de la realizada el año pasado, creciendo de 17.000 a 18.000 millones de euros en los próximos 5 años, ya que se ha considerando el mejor escenario posible: una economía como la actual, con medidas de austeridad en marcha y en la que los países necesitan reducir su endeudamiento.

Por su parte, la brecha de financiación de inversiones para combatir el cambio climático en los próximos años será más pronunciado en países como España, Reino Unido e Italia. En concreto España es el que más reducirá sus inversiones, unos 3.000 millones de dólares hasta 2012 (un 0,73 por ciento menos), en comparación con el gasto en Reino Unido de 3.800 (un 0,41 por ciento menos) e Italia, con 2.300 millones de dólares (0,31 por ciento menos).

En este caso, Alemania es el único país que, según el informe, podría aumentar este gasto a través de medidas puestas en marcha por su Gobierno de política fiscal para relanzar la economía en el largo plazo.

Por otra parte, para los expertos, una posible ruptura de la zona euro conduciría a un escenario más negativo, que duplicaría el potencial déficit de inversiones en sostenibilidad y cambio climático de los países. El estudio también calcula este gap de financiación en el que la salida de varios países de la zona euro provocaría el incumplimiento de la deuda soberana y desencadenaría una nueva crisis crediticia en Europa.

Para el socio global de Sostenibilidad y Cambio Climático de Ernst & Young, Juan Costa Climent, «los datos de este informe sugieren que la continua presión de las medidas de austeridad han reducido el gasto en sostenibilidad de los países». A su juicio, la «potencial creciente brecha en esta partida hace necesario un mecanismo que permita la financiación privada y que contribuya a solventar el problema».

Además, ha indicado que «si se materializa una ruptura del euro, el déficit en la financiación podría superar por primera vez los 38.000 millones, lo que debería actuar como una advertencia». «Los gobiernos tienen que tomar medidas para protegerse y no alcanzar un punto de no retorno donde resultaría imposible cerrar la brecha entre la financiación disponible y la realmente necesaria contra el cambio climático», ha indicado.

Según ha señalado Costa, «el déficit de financiación se está convirtiendo en un reto adicional en las negociaciones internacionales de la cumbre COP18». «Así como el mundo de la política y la comunidad empresarial fijan su atención en Doha, hay una serie de decisiones que deberán ser contempladas por el sector privado, especialmente las relativas al Mecanismo de Desarrollo Limpio, el Fondo Verde para el Clima o la extensión del Protocolo de Kyoto», ha añadido.

En este sentido, ha indicado que los datos de este informe «refuerzan la importancia de poner en marcha una acción decisiva ya, sobre todo si se quiere hacer realidad iniciativas como lograr una economía baja en carbono o alcanzar los objetivos para frenar el calentamiento global«.

Finalmente, Costa ha advertido de que «ahora es un momento crítico para el sector privado a la hora de asumir un papel de liderazgo en la fundación de un futuro sostenible». «Los gobiernos pueden recurrir a las empresas para aprovechar sus conocimientos de análisis y mitigación de riesgos, y sus habilidades en la movilización y distribución de las finanzas que ayuden a enmarcar un acuerdo global más eficaz y de gran alcance en el futuro», ha concluido.