«Esta modificación responde a la exigencia de nuestro país», afirma en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, en respuesta a la nueva redacción dada por España a la orden ministerial del biodiésel.

En concreto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicó en el BOE el 22 de diciembre una nueva versión de la orden ministerial de asignación de cuotas de biodiésel publicada el pasado 20 de abril en la que permite la participación de plantas de cualquier ubicación geográfica, incluidas las de Argentina e Indonesia.

El Gobierno argentino explica que en agosto presentó formalmente una demanda ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC en Ginebra contra la norma inicial.

Cumplido el primer paso del procedimiento, consistente en consultas bilaterales, España introdujo un primer cambio a su normativa que, sin embargo, «no resolvía la incompatibilidad de la normativa española con las reglas de la OMC», afirma la Cancillería argentina.

Por ese motivo, el pasado 5 de diciembre Argentina comunicó que solicitaría formalmente «la conformación de un tribunal arbitral ante la falta de progreso de parte de España y de la UE para alcanzar una solución al tema planteado».

No obstante, el Gobierno español acaba de publicar una nueva versión de la norma «con el objeto de evitar una eventual condena en la OMC», sostienen las autoridades argentinas, antes de indicar que el texto elimina ahora la prohibición al biodiésel extracomunitario.

Pese a que la modificación responde a la exigencia de Argentina, su Gobierno «monitoreará la aplicación de la nueva normativa española a efectos de constatar que se mantenga la participación del biodiésel argentino en condiciones no discriminatorias en el mercado español, así como en el mercado europeo, y si fuese necesario recurrirá nuevamente al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC».

Esta orden del biodiésel había sido presentada por el Ministerio de Industria en el primer Consejo de Ministros tras el anuncio del Gobierno argentino de su decisión de expropiar a Repsol un 51% de YPF. El propio Ejecutivo había indicado que en la reunión se abordarían medidas de respuesta a la decisión de Argentina, y la limitación a la entrada del biodiésel se perfilaba como la de mayor envergadura.

En su formulación inicial, se dejaba fuera del nuevo sistema de asignación de cuotas a las importaciones extracomunitarias de biodiésel, especialmente de Indonesia y Argentina, que son los mayores proveedores. En el caso de Argentina, estas importaciones equivalieron a 719.473 toneladas en 2011 y alcanzaron un valor de 750 millones de euros.

En una entrevista publicada en el diario «ABC», García-Margallo explica que las conversaciones entre los gobiernos argentino y español «no han cesado nunca».

«Creo que -el gobierno argentino- se ha dado cuenta de que la explotación de recursos petrolíferos requiere de la participación de los inversores extranjeros y que éstos no van a participar en una empresa que pueda ser atacada en los tribunales ni lo van a hacer en un país en el que se producen confiscaciones», dice el ministro.

Precisamente, hace dos días el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) admitió a trámite la demanda de arbitraje presentada por Repsol contra la expropiación del 51% de YPF por parte de Argentina.

La compañía española aspira a que se declare ilícita la actuación de Argentina y se le condene por ello a restaurar la situación y a indemnizarle por los daños y perjuicios ocasionados.

Hasta la «nacionalización», llevada a cabo en abril de este año, Repsol era el máximo accionista de YPF, con el 57,4% del capital, una participación que la compañía valoró en 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros).

Repsol tiene también abiertos frentes judiciales por la expropiación de YPF en Argentina, donde interpuso una demanda de inconstitucionalidad, y ante la justicia estadounidense, ante la que denunció la vulneración de la normativa bursátil del país.

La compañía ha considerado que el interés de Argentina por YPF radica en el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta cinco meses antes de la nacionalización y que cuenta con recursos y reservas totales de casi 23.000 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mbep).

La junta fue convocada a petición de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que controlan el 13,63% del grupo y que durante el proceso han manifestado aprensiones y dudas sobre el mismo, sobre todo por la valorización de los activos con que Endesa España, controlador de Enersis, concurrirá a la operación.

«Lo más importante es que, en la junta, las AFP han calificado de conveniente el aumento de capital», dijo a los periodistas, tras la reunión, Pablo Yrarrázaval, presidente de directorio de Enersis.

«Aquí hay una propuesta del accionista controlador que ha sido bien recibida por la mayoría de las AFP, no hay más que eso (…); y que han considerado las AFP que esa propuesta que se hace es beneficiosa para la compañía y para todos sus accionistas», precisó el ejecutivo, que se excusó de adelantar su percepción sobre el resultado de la operación.

El aumento de capital será votado en otra junta de accionistas, convocada para el jueves 20 de diciembre.

El resultado de la operación, «es un tema que se resuelve el día 20 en la junta de accionistas, se resuelve por los accionistas», afirmó Yrarrázaval.

En un principio el aumento de capital iba a superar los 8.000 millones de dólares, pero tras un debate por el valor de los activos latinoamericanos con que Endesa España, que posee un 60,6 % de la propiedad y diversas precisiones demandadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el monto se redujo a menos de 6.000 millones.

El pasado 7 de diciembre, Endesa España alcanzó un acuerdo con las cinco principales AFP, según el cual el aumento de capital será por un total de 16.441.606.297 acciones, a un precio de 173 pesos por título, lo que implica un total de 5.963 millones de dólares.

Los activos de Endesa España en Latinoamérica quedaron valorados en 9.967.630.058 acciones, equivalentes a 3.615 millones de dólares mientras los accionistas minoritarios podrán suscribir 6.473.976.239 acciones, valoradas en 2.348 millones de dólares.

La Junta de accionistas del 20 de diciembre «»es soberana de manifestarse para decidir lo mejor para el futuro de Enersis», insistió Pablo Irarrázaval.

A juicio de Fernando Coloma, superintendente de Valores y Seguros, independientemente de que las AFP hayan llegado a un acuerdo con el controlador de Enersis sobre el aumento de capital, es importante que se celebre la junta de accionistas del próximo día 20.