Bridas interpuso una querella contra Repsol ante el Tribunal Supremo del estado de Nueva York tras recibir el pasado 2 de enero una comunicación de la española que le advertía de que emprendería acciones legales contra ella «si no cesaba inmediatamente» sus negociaciones o acuerdos sobre los activos estratégicos de YPF.
Repsol se refería al pacto por 1.500 millones de dólares que YPF firmó a finales de diciembre pasado con Bridas, participada por la china CNOOC y la familia argentina Bulgheroni, para desarrollar el gigantesco yacimiento de recursos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.
En su demanda, que supone una medida preventiva para tratar de defender ese multimillonario acuerdo, Bridas solicita al tribunal neoyorquino que declare que corresponde al sistema legal de Argentina, y no a cortes de fuera de ese país, decidir quiénes son los propietarios legales de YPF.
La compañía demandante también solicita que se estipule que, salvo que el sistema legal argentino determine que los dueños legales de YPF no son los actuales (es decir, el Estado argentino que expropió a Repsol), éstos tienen el derecho a cerrar acuerdos y transacciones comerciales.
Bridas va más allá e incluso solicita una compensación por los «daños financieros» que le ocasionen las «interferencias» de Repsol en los acuerdos comerciales suscritos entre YPF y las dos filiales de la petrolera argentina que firman esta querella, Bridas International y Bridas Energy.
La demanda de la petrolera argentina se suma a la larga lista de procesos protagonizados por Repsol en Nueva York desde que en abril del año pasado la presidenta argentina, Cristina Fernández, anunciase la expropiación del 51% de las acciones de YPF controladas por Repsol.
El más reciente había sido el pasado 4 de diciembre, cuando la petrolera española cumplió con su amenaza de acudir a los tribunales contra cualquier empresa que invirtiera en los activos de YPF al demandar al gigante estadounidense Chevron en el Tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.
«Chevron, con pleno conocimiento de causa, ha hecho un acuerdo con representantes ilegítimos de YPF», declaró una fuente de Repsol, refiriéndose a un pacto para explotar hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta que incluye una inversión inicial de 1.000 millones de dólares.
La multinacional española solicitó al tribunal la anulación de ese acuerdo y una compensación económica no precisada por los daños que sufra debido a la actuación de Chevron, que «está dispuesta a pasar por alto» esta actuación y cooperar con ese país a cambio de hacerse con una parte de los activos energéticos de YPF, según la querella.
El caso contra Chevron lo llevará el juez Thomas Griesa, en cuyo juzgado recayó también en mayo del año pasado la demanda civil colectiva de Repsol contra el Estado argentino por la expropiación que sufrió por el Gobierno de Buenos Aires de su mayoría en YPF con el fin de obtener una indemnización económica.
Repsol alegó en su demanda que Argentina violó sus obligaciones contractuales al no lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por YPF tras la expropiación, y solicitó que el tribunal obligase al Gobierno argentino a lanzar esa OPA y que su precio se fije de acuerdo a lo que establece la ley.
Por si fuera poco, la empresa española se querelló en agosto pasado contra el Bank of New York Mellon, al que acusó de no atender a las instrucciones de voto con respecto a los American Depositary Receipts (ADR) de YPF dadas por Repsol para la junta de accionistas de la compañía argentina.
Hasta la expropiación ordenada por el Gobierno argentino, Repsol era el máximo accionista de YPF con el 57,4% del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau valoró entonces en 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros).
Repsol tiene también abiertos frentes judiciales por la expropiación de YPF en Argentina, donde ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad, y en España, donde un juzgado mercantil admitió a trámite una demanda paralela contra Chevron por «competencia desleal».
Además, el mes pasado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) admitió a trámite la demanda de arbitraje presentada por la española.
