Greenpeace denuncia 14 proyectos que emitirán CO2 a la atmósfera de manera intensiva a nivel mundial

Así lo expuso en su informe «Punto de no retorno, la amenaza que supone este aumento masivo y mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)«, en el que subrayó la «hipocresía» de varios gobiernos que impulsan macroproyectos para seguir extrayendo y quemando carbón, petróleo y gas, y al mismo tiempo realizan discursos de preocupación por el cambio climático.

El documento señaló estos catorce proyectos que corresponden a la expansión masiva del uso del carbón en Australia, China, Estados Unidos e Indonesia, a la extracción de petróleo de arenas bituminosas en Canadá, o la producción de gas y petróleo en el Mar Caspio, el Ártico y Brasil.

La investigación de la ONG internacional se conoce mientras se celebra el Foro Económico Mundial de Davos, donde el informe «Global Risks 2013» advirtió de que se está en camino de incrementar la temperatura media mundial enter 3,6 y 4 grados centígrados y que, posiblemente alcance los 6 grados centígrados. Estas cifras son «muy superiores» al compromiso adoptado por los gobiernos de mantener el calentamiento global por debajo de un aumento global de 2 grados centígrados.

«Estos grandes proyectos, que causarán más cambio climático, son el resultado directo de la hipocresía mostrada por un puñado de gobiernos. Estos dicen querer evitar un cambio climático catastrófico, pero vergonzosamente aprueban y promueven importantes proyectos para quemar combustibles fósiles que conducirán al caos climático y a la devastación», afirmó el director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo.

El análisis, encargado por Greenpeace a Ecofys, expone como para 2020, estos 14 proyectos aumentarían las emisiones de CO2 en seis gigatoneladas al año. Mientras, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió de que las emisiones anuales de CO2 alcanzan el récord de 31,6 gigatoneladas, pese a los compromisos de reducción de los gobiernos.

Las emisiones de estos 14 proyectos sería mayor que el total de emisiones de Estados Unidos, lo que produciría un calentamiento global catastrófico.

«Nos estamos quedando sin tiempo para evitar un cambio climático catastrófico», añadió Naidoo. «Las empresas que promueven estos proyectos, y los gobiernos que lo permiten, tienen que sustituirlos de inmediato por otros basados en energía renovable y poder convertirse así en parte de la solución al caos climático«, apostilló.

Nicaragua pide información sobre las negociaciones de venta del 84% de la filial de Gas Natural Fenosa

El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, dijo que citarán, en una fecha que no precisó, a las autoridades del sector eléctrico para conocer detalles al respecto.

El objetivo de esa cita es «garantizar un tránsito de lo más natural posible de la venta de acciones que se está efectuando de (la filial nicaragüense de) Gas Natural (Fenosa) a un tercer agente», explicó el legislador.

La distribuidora de la energía en Nicaragua y filial de la española Gas Natural Fenosa confirmó la semana pasada que mantiene negociaciones con tres empresas, incluidas dos españolas, sobre la venta parcial o total de sus acciones en este país centroamericano.

La compañía confirmó esas negociaciones después de que Bayardo Arce, asesor para asuntos económicos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunciara a los periodistas que la filial nicaragüense de Gas Natural Fenosa decidió «venderle todo el negocio a otra empresa».

La filial de la compañía española es dueña del 84% de las acciones de las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur que distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde el 2000 y por un período de 30 años.

La eléctrica española cedió al Estado nicaragüense en mayo de 2008 el 16% de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 8,6 millones de euros.

El Gobierno de Managua y la filial de la eléctrica española mantienen una disputa por el problema de la evasión en el pago del consumo de electricidad.

La filial nicaragüense de Gas Natural Fenosa demanda al Gobierno sandinista una solución al problema de las pérdidas por fraude en el servicio, de hasta 37,5 millones de euros anuales que dejan de percibir en facturación, incluido la sustracción de energía.

El Estado nicaragüense ofrece un subsidio para amortiguar parte de las pérdidas por fraude, aunque pide más inversión a la filial de la compañía española, que incluya operar de manera apropiada, asuma costes, invierta más y dé buena atención a los clientes.

Nicaragua pide información sobre las negociaciones de venta del 84% de la filial de Gas Natural Fenosa

El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, dijo que citarán, en una fecha que no precisó, a las autoridades del sector eléctrico para conocer detalles al respecto.

El objetivo de esa cita es «garantizar un tránsito de lo más natural posible de la venta de acciones que se está efectuando de (la filial nicaragüense de) Gas Natural (Fenosa) a un tercer agente», explicó el legislador.

La distribuidora de la energía en Nicaragua y filial de la española Gas Natural Fenosa confirmó la semana pasada que mantiene negociaciones con tres empresas, incluidas dos españolas, sobre la venta parcial o total de sus acciones en este país centroamericano.

La compañía confirmó esas negociaciones después de que Bayardo Arce, asesor para asuntos económicos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunciara a los periodistas que la filial nicaragüense de Gas Natural Fenosa decidió «venderle todo el negocio a otra empresa».

La filial de la compañía española es dueña del 84% de las acciones de las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur que distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde el 2000 y por un período de 30 años.

La eléctrica española cedió al Estado nicaragüense en mayo de 2008 el 16% de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 8,6 millones de euros.

El Gobierno de Managua y la filial de la eléctrica española mantienen una disputa por el problema de la evasión en el pago del consumo de electricidad.

La filial nicaragüense de Gas Natural Fenosa demanda al Gobierno sandinista una solución al problema de las pérdidas por fraude en el servicio, de hasta 37,5 millones de euros anuales que dejan de percibir en facturación, incluido la sustracción de energía.

El Estado nicaragüense ofrece un subsidio para amortiguar parte de las pérdidas por fraude, aunque pide más inversión a la filial de la compañía española, que incluya operar de manera apropiada, asuma costes, invierta más y dé buena atención a los clientes.

Nicaragua pide información sobre las negociaciones de venta del 84% de la filial de Gas Natural Fenosa

El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, dijo que citarán, en una fecha que no precisó, a las autoridades del sector eléctrico para conocer detalles al respecto.

El objetivo de esa cita es «garantizar un tránsito de lo más natural posible de la venta de acciones que se está efectuando de (la filial nicaragüense de) Gas Natural (Fenosa) a un tercer agente», explicó el legislador.

La distribuidora de la energía en Nicaragua y filial de la española Gas Natural Fenosa confirmó la semana pasada que mantiene negociaciones con tres empresas, incluidas dos españolas, sobre la venta parcial o total de sus acciones en este país centroamericano.

La compañía confirmó esas negociaciones después de que Bayardo Arce, asesor para asuntos económicos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunciara a los periodistas que la filial nicaragüense de Gas Natural Fenosa decidió «venderle todo el negocio a otra empresa».

La filial de la compañía española es dueña del 84% de las acciones de las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur que distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde el 2000 y por un período de 30 años.

La eléctrica española cedió al Estado nicaragüense en mayo de 2008 el 16% de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 8,6 millones de euros.

El Gobierno de Managua y la filial de la eléctrica española mantienen una disputa por el problema de la evasión en el pago del consumo de electricidad.

La filial nicaragüense de Gas Natural Fenosa demanda al Gobierno sandinista una solución al problema de las pérdidas por fraude en el servicio, de hasta 37,5 millones de euros anuales que dejan de percibir en facturación, incluido la sustracción de energía.

El Estado nicaragüense ofrece un subsidio para amortiguar parte de las pérdidas por fraude, aunque pide más inversión a la filial de la compañía española, que incluya operar de manera apropiada, asuma costes, invierta más y dé buena atención a los clientes.

Bolivia confía en fijar un «justo precio» para indemnizar a Iberdrola

«Confiamos en que vamos a sentarnos a trabajar en la mesa para definir los términos de las indemnizaciones», dijo el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, en una rueda de prensa, antes de que los ejecutivos de la compañía se reúnan en La Paz con el Gobierno de este país para abordar la expropiación.

El vicepresidente, que además es presidente del Congreso, aseguró que su país siempre negoció con las compañías extranjeras cuyas filiales fueron nacionalizadas y no tiene por qué ser distinto en el caso de la eléctrica española.

La negociación requerirá de varias reuniones, a lo que se suma la tasación de las empresas a cargo de una consultora independiente «para sacar el justo precio que corresponde indemnizar a la empresa nacionalizada», señaló el vicepresidente.

«En algunos casos ha habido, más bien, empresas que adeudan al Estado; en otros casos, hay que pagar. Es la ruta propia de cualquier nacionalización«, sostuvo el vicepresidente boliviano.

La delegación española en La Paz está encabezada por el director de Iberdrola para América Latina, Gonzalo Pérez, acompañado por ejecutivos de la empresa llegados desde España

Los representantes de Iberdrola fueron recibidos por el embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez, antes de su reunión con el ministro de boliviano de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa.

El presidente boliviano Evo Morales decretó a fines de diciembre la expropiación de las cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia, entre las que figuran las mayores distribuidoras de electricidad de las regiones de La Paz, Electropaz, y de Oruro, Elfeo.

Morales justificó la medida en que la firma no quiso hacerse cargo de la distribución de energía en las áreas rurales de esas regiones, lo que incrementó notablemente el coste de ese servicio, que además es de peor calidad en el campo respecto a las ciudades, siempre según el Ejecutivo.

El decreto de expropiación recoge que Iberdrola debe ser compensada en un plazo de seis meses, previa valoración de las cuatro firmas a cargo de la consultora designada por la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

Bolivia confía en fijar un «justo precio» para indemnizar a Iberdrola

«Confiamos en que vamos a sentarnos a trabajar en la mesa para definir los términos de las indemnizaciones», dijo el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, en una rueda de prensa, antes de que los ejecutivos de la compañía se reúnan en La Paz con el Gobierno de este país para abordar la expropiación.

El vicepresidente, que además es presidente del Congreso, aseguró que su país siempre negoció con las compañías extranjeras cuyas filiales fueron nacionalizadas y no tiene por qué ser distinto en el caso de la eléctrica española.

La negociación requerirá de varias reuniones, a lo que se suma la tasación de las empresas a cargo de una consultora independiente «para sacar el justo precio que corresponde indemnizar a la empresa nacionalizada», señaló el vicepresidente.

«En algunos casos ha habido, más bien, empresas que adeudan al Estado; en otros casos, hay que pagar. Es la ruta propia de cualquier nacionalización«, sostuvo el vicepresidente boliviano.

La delegación española en La Paz está encabezada por el director de Iberdrola para América Latina, Gonzalo Pérez, acompañado por ejecutivos de la empresa llegados desde España

Los representantes de Iberdrola fueron recibidos por el embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez, antes de su reunión con el ministro de boliviano de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa.

El presidente boliviano Evo Morales decretó a fines de diciembre la expropiación de las cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia, entre las que figuran las mayores distribuidoras de electricidad de las regiones de La Paz, Electropaz, y de Oruro, Elfeo.

Morales justificó la medida en que la firma no quiso hacerse cargo de la distribución de energía en las áreas rurales de esas regiones, lo que incrementó notablemente el coste de ese servicio, que además es de peor calidad en el campo respecto a las ciudades, siempre según el Ejecutivo.

El decreto de expropiación recoge que Iberdrola debe ser compensada en un plazo de seis meses, previa valoración de las cuatro firmas a cargo de la consultora designada por la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

Bolivia confía en fijar un «justo precio» para indemnizar a Iberdrola

«Confiamos en que vamos a sentarnos a trabajar en la mesa para definir los términos de las indemnizaciones», dijo el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, en una rueda de prensa, antes de que los ejecutivos de la compañía se reúnan en La Paz con el Gobierno de este país para abordar la expropiación.

El vicepresidente, que además es presidente del Congreso, aseguró que su país siempre negoció con las compañías extranjeras cuyas filiales fueron nacionalizadas y no tiene por qué ser distinto en el caso de la eléctrica española.

La negociación requerirá de varias reuniones, a lo que se suma la tasación de las empresas a cargo de una consultora independiente «para sacar el justo precio que corresponde indemnizar a la empresa nacionalizada», señaló el vicepresidente.

«En algunos casos ha habido, más bien, empresas que adeudan al Estado; en otros casos, hay que pagar. Es la ruta propia de cualquier nacionalización«, sostuvo el vicepresidente boliviano.

La delegación española en La Paz está encabezada por el director de Iberdrola para América Latina, Gonzalo Pérez, acompañado por ejecutivos de la empresa llegados desde España

Los representantes de Iberdrola fueron recibidos por el embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez, antes de su reunión con el ministro de boliviano de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa.

El presidente boliviano Evo Morales decretó a fines de diciembre la expropiación de las cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia, entre las que figuran las mayores distribuidoras de electricidad de las regiones de La Paz, Electropaz, y de Oruro, Elfeo.

Morales justificó la medida en que la firma no quiso hacerse cargo de la distribución de energía en las áreas rurales de esas regiones, lo que incrementó notablemente el coste de ese servicio, que además es de peor calidad en el campo respecto a las ciudades, siempre según el Ejecutivo.

El decreto de expropiación recoge que Iberdrola debe ser compensada en un plazo de seis meses, previa valoración de las cuatro firmas a cargo de la consultora designada por la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

Los impuestos verdes aumentan su valor en un 82 % entre 1995 y 2010

Así lo indicó María Luisa Egido, jefa de área en la Unidad de Medio Ambiente del INE, que acaba de publicar un estudio piloto sobre esta materia.

Los impuestos energéticos (hidrocarburos y electricidad) suponen el 81,9% del conjunto, los de transporte representan el 17,2% y las tasas sobre la contaminación no llegan a alcanzar el 1% restante.

Dentro de los impuestos sobre contaminación se incluyen el canon de control de vertidos estatal y los de las comunidades autónomas sobre contaminación, depósito de residuos, vertido al mar y eólico. Todos ellos tienen una escasa influencia y son «muy pequeñitos», indicó al respecto Egido.

En 2010, los impuestos sobre la energía sumaron un total de 14.126 millones de euros, los de transporte rozaron los 3.000 millones de euros y los de contaminación se situaron en 150,7 millones de euros.

La comunidad gallega, añadió, fue la primera en introducir un impuesto medioambiental en el país (sobre la contaminación atmosférica) en el año 1985 y, a partir de esa fecha, se fueron sumando poco a poco otras autonomías.

En las últimas semanas, Comunidades Autónomas como la de Canarias y Baleares anunciaron nuevos impuestos medioambientales (envases, agua …).

Hasta 2010, según los últimos datos del INE, siete comunidades autónomas tienen en vigor distintos impuestos verdes: Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Murcia y Madrid.

De acuerdo con la última estadística de Eurostat, España se encuentra entre los cinco países europeos (Eslovaquia, Islandia, Lituania y Francia) con un nivel más bajo de tasas verdes, que apenas representan el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB). En el otro extremo se sitúan Dinamarca, Holanda y Eslovaquia, con un porcentaje de entre un 3,6% y un 4%.

Al igual que en España, los impuestos sobre la energía suponen el 75% de las tasas verdes en la Unión Europea de los 27, según la estadística de Eurostat.

Los impuestos verdes aumentan su valor en un 82 % entre 1995 y 2010

Así lo indicó María Luisa Egido, jefa de área en la Unidad de Medio Ambiente del INE, que acaba de publicar un estudio piloto sobre esta materia.

Los impuestos energéticos (hidrocarburos y electricidad) suponen el 81,9% del conjunto, los de transporte representan el 17,2% y las tasas sobre la contaminación no llegan a alcanzar el 1% restante.

Dentro de los impuestos sobre contaminación se incluyen el canon de control de vertidos estatal y los de las comunidades autónomas sobre contaminación, depósito de residuos, vertido al mar y eólico. Todos ellos tienen una escasa influencia y son «muy pequeñitos», indicó al respecto Egido.

En 2010, los impuestos sobre la energía sumaron un total de 14.126 millones de euros, los de transporte rozaron los 3.000 millones de euros y los de contaminación se situaron en 150,7 millones de euros.

La comunidad gallega, añadió, fue la primera en introducir un impuesto medioambiental en el país (sobre la contaminación atmosférica) en el año 1985 y, a partir de esa fecha, se fueron sumando poco a poco otras autonomías.

En las últimas semanas, Comunidades Autónomas como la de Canarias y Baleares anunciaron nuevos impuestos medioambientales (envases, agua …).

Hasta 2010, según los últimos datos del INE, siete comunidades autónomas tienen en vigor distintos impuestos verdes: Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Murcia y Madrid.

De acuerdo con la última estadística de Eurostat, España se encuentra entre los cinco países europeos (Eslovaquia, Islandia, Lituania y Francia) con un nivel más bajo de tasas verdes, que apenas representan el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB). En el otro extremo se sitúan Dinamarca, Holanda y Eslovaquia, con un porcentaje de entre un 3,6% y un 4%.

Al igual que en España, los impuestos sobre la energía suponen el 75% de las tasas verdes en la Unión Europea de los 27, según la estadística de Eurostat.

Los impuestos verdes aumentan su valor en un 82 % entre 1995 y 2010

Así lo indicó María Luisa Egido, jefa de área en la Unidad de Medio Ambiente del INE, que acaba de publicar un estudio piloto sobre esta materia.

Los impuestos energéticos (hidrocarburos y electricidad) suponen el 81,9% del conjunto, los de transporte representan el 17,2% y las tasas sobre la contaminación no llegan a alcanzar el 1% restante.

Dentro de los impuestos sobre contaminación se incluyen el canon de control de vertidos estatal y los de las comunidades autónomas sobre contaminación, depósito de residuos, vertido al mar y eólico. Todos ellos tienen una escasa influencia y son «muy pequeñitos», indicó al respecto Egido.

En 2010, los impuestos sobre la energía sumaron un total de 14.126 millones de euros, los de transporte rozaron los 3.000 millones de euros y los de contaminación se situaron en 150,7 millones de euros.

La comunidad gallega, añadió, fue la primera en introducir un impuesto medioambiental en el país (sobre la contaminación atmosférica) en el año 1985 y, a partir de esa fecha, se fueron sumando poco a poco otras autonomías.

En las últimas semanas, Comunidades Autónomas como la de Canarias y Baleares anunciaron nuevos impuestos medioambientales (envases, agua …).

Hasta 2010, según los últimos datos del INE, siete comunidades autónomas tienen en vigor distintos impuestos verdes: Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Murcia y Madrid.

De acuerdo con la última estadística de Eurostat, España se encuentra entre los cinco países europeos (Eslovaquia, Islandia, Lituania y Francia) con un nivel más bajo de tasas verdes, que apenas representan el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB). En el otro extremo se sitúan Dinamarca, Holanda y Eslovaquia, con un porcentaje de entre un 3,6% y un 4%.

Al igual que en España, los impuestos sobre la energía suponen el 75% de las tasas verdes en la Unión Europea de los 27, según la estadística de Eurostat.