BP y empresas subcontratadas podrían enfrentarse a una multa millonaria por el vertido de crudo en el Golfo de México en 2010

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El juez Carl Barbier, de la corte de distrito de Nueva Orleans, escuchó los primeros alegatos de las partes para determinar la responsabilidad de cada compañía en los fallos que provocaron la explosión, que además causó la muerte de once empleados.

El líder del equipo de abogados de los demandantes, Jim Roy, comenzó la audiencia atacando a BP por ignorar las señales de que la plataforma operada por la empresa podría tener problemas durante las inspecciones rutinarias de mantenimiento y de prueba de los equipos.

Asimismo, señaló que Transocean -la empresa propietaria de la plataforma «Deepwater Horizon»- no había dado la formación adecuada a sus empleados para situaciones de emergencia, y Halliburton -que proveyó la cubierta de cemento que protegía el pozo- falló en las pruebas y mezcla del cemento, según recoge la prensa local.

A las puertas del juzgado había un reducido grupo de activistas ecologistas con pancartas en las que pedían «justicia para el Golfo» y «hagan pagar a BP».

«Los estadounidenses perecen ver que BP se hace totalmente responsable de este imprudencia», señaló Fred Krupp, presidente del Fondo de Defensa Medioambiental, en declaraciones al diario local Times Picayune. «El Golfo de México es un tesoro ecológico que mantiene gran parte de nuestra economía nacional», agregó.

Se trata de la primera fase de un juicio que se espera que dure tres meses, según indicó el New York Times, durante el que se decidirá si hubo «negligencia grave».

En una fase posterior el juez determinará la cantidad de la multa, que según el diario podría alcanzar los 17.600 millones de dólares, sólo en virtud de la Ley de Agua Limpia y otra cantidad por daños a los afectados.

El vertido comenzó cuando estalló la plataforma operada por BP y se hundió en el mar el 20 de abril de 2010. Once personas murieron en el incidente, en el que se derramaron más de cuatro millones de barriles de petróleo en el Golfo de México.

Fueron necesarios 85 días hasta que finalmente se pudo taponar el pozo Macondo, tras varios intentos que fracasaron.

El presidente de EEUU, Barack Obama, describió entonces el incidente como «el peor desastre medioambiental que EEUU ha encarado jamás».

En noviembre del año pasado la petrolera BP llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense y aceptó declararse culpable de 14 cargos penales -incluida la muerte de sus 11 empleados- y pagar una multa récord en Estados Unidos de 4.500 millones de dólares.

No obstante, este acuerdo no eximía a BP de otras causas federales abiertas en su contra, ni de las demandas civiles presentadas contra la empresa aún por resolver.

El diario The New York Times reveló que la compañía podría estar fraguando de nuevo un acuerdo para resarcir a los demandantes por una cantidad de 16.000 millones de dólares.

De confirmarse el acuerdo BP pagaría 6.000 millones de dólares en función del la Ley de Agua Limpia; 9.000 millones en penas para cubrir daños naturales y 1.000 millones más en un fondo para eventuales daños ambientales que pudieran surgir en el futuro relacionados con el vertido.

Los estados afectados fueron Florida, Misisipi, Texas, Alabama y Luisiana, pero sólo estos dos últimos participan en esta demanda, en la que también participan cientos de negocios locales e individuos.

El Gobierno convierte en indicativa la hoja de ruta obligatoria de incorporación de biocombustibles

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Esta consideración aparece recogida en el Real Decreto-ley 4/2013 sobre emprendedores aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, en el que se adoptan varias medidas en el sector de hidrocarburos con el objetivo de mejorar su competencia y evitar las subidas de precios de los carburantes.

La nueva norma, en la que también se recortan los objetivos de mezcla de biocombustibles, establece «un periodo de carencia de forma que no se exigirá el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad» incluidos en el Real Decreto 1597/2011, indicó el nuevo texto.

No obstante, los agentes deberán remitir información «veraz» sobre el grado de cumplimiento, al tiempo que el Gobierno mantiene los compromisos globales asumidos con la Unión Europea para 2020.

El Real Decreto 1597/2011 fijaba en el 35% las reducción de emisiones de CO2 derivada del uso de biocarburantes. A partir del 1 de enero de 2017, esta reducción de las emisiones debía ser del 50% como mínimo, y del 60% a partir de enero de 2018, para las instalaciones cuya producción hubiese comenzado a partir del 1 de enero de 2017.

El Real Decreto-ley 4/2013, publicado este sábado, además recorta los objetivos de mezcla de biocarburantes, como ya indicó el Gobierno tras el Consejo de Ministros.

Para 2013, el objetivo global de contenido energético de biocarburantes pasará del 6,5% al 4,1%, después de que el porcentaje de mezcla de biodiésel en gasóleo pase del 7% al 4,1% y el de bioetanol en gasolina, del 4,1% al 3,9%.

Una filial de Abengoa se adjudica la concesión de un proyecto de líneas de transmisión y subestaciones de electricidad en el sur de Perú

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El resultado de la concesión fue anunciado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), que señaló en un comunicado que el proceso tenía como factor de competencia el valor del costo de servicio total de la línea, constituido por el costo de inversión más el costo de operación y mantenimiento anual.

El organismo aseguró que el monto ofrecido por Abengoa Perú S.A. «es altamente competitivo» y significa una reducción en inversión y gastos de operación y mantenimiento, en relación a los montos máximos establecidos en el concurso, de aproximadamente 40%, lo que permitirá tarifas menores para el transporte de energía a la red nacional.

El proyecto, encargado por el Ministerio de Energía y Minas, comprende un tramo de 153 kilómetros de 220 kV (kilovoltios) desde la hidroeléctrica de Machupicchu a Quencoro, con un circuito y 300 MVA (megavoltiamperios) de capacidad.

También comprende el tramo de 220 kV que une las subestaciones de Quencoro y Onocora, de aproximadamente 116 kilómetros, un circuito y una capacidad de 300 MVA, además del tramo en 220 kV Onocora-Tintaya de aproximadamente 84,9 kilómetros, y dos circuitos, con una capacidad de 300 MVA, cada uno.

La inversión también permitirá ampliar las subestaciones Suriray (Machupicchu), Quencoro Existente y Tintaya Nueva, y construir las nuevas subestaciones de Quencoro y Onocora.

«La concesión de esta línea tiene como objetivo completar el acondicionamiento del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), servirlo de energía, lo cual beneficiará a todo el país y estabilizará el sistema de energía en la zona sur este de Perú«, destacó Proinversión.

La construcción del proyecto, que contribuirá también a resolver los problemas de sobrecarga, inestabilidad y congestión del transporte de energía eléctrica en esa zona del país, tendrá un plazo máximo de 38 meses desde la suscripción del contrato, cuya concesión es de 30 años.

La Autoridad Nacional Designada aprueba 5 proyectos del Protocolo de Kioto para reducir 800.000 toneladas de emisiones de CO2

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Así, el Ministerio ha recordado que la totalidad de los proyectos aprobados por la AND desde su creación ascienden ya a 254, de los cuales 92 han sido presentados por empresas, cuatro por el Fondo de Carbono de la Empresa Española (FC2E) y, el resto, procedentes de los distintos fondos de carbono en los que participa España.

Estos proyectos supondrán una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero de 65,8 millones de tCO2 al año. Además, estas cifras suman un total de 300 millones de tCO2 para el primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto -que finaliza este 2013-.

En cuanto a la distribución gráfica de los proyectos que se han aprobado, un 31 por ciento se encuentra localizado en el área de Latinoamérica y el Caribe; un 54 por ciento en Asia; un 7 por ciento en Europa del Este; un 8 por ciento en África y una parte en Oceanía.

Por otro lado, el Ministerio y la AND han acordado poner en marcha la aprobación de la Expedición de las Unidades de Reducción de Emisiones (UREs) correspondientes a los tres proyectos de Aplicación Conjunta de abatimiento de N20 de Fertiberia en España, localizados en Sagunto (Comunidad Valenciana), Puertollano (Ciudad Real) y Avilés (Principado de Asturias).

De esta forma, se trata de la última expedición de créditos a favor de estos proyectos, en cumplimiento de lo establecido en las directrices que regulan las condiciones de desarrollo para este tipo de proyectos, que limitan el periodo de acreditación hasta finales de 2012, ya que las instalaciones han pasado a estar afectadas por el régimen europeo de comercio de derechos de emisiones desde el 1 de enero de 2013.

Por último, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Susana Magro, ha trasladado en esta reunión, a cada uno de los miembros de la AND, el Premio de Naciones Unidas a la ‘Mejor Autoridad Nacional Designada’ otorgado en la Cumbre de Doha.

CLH asesorá al sultanato de Omán en la construcción de un oleoducto

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El oleoducto, indicó CLH, conectará varias infraestructuras entre sí y permitirá mejorar la logística de los combustibles en el país. El proyecto completo incluye también la construcción de otras infraestructuras y se desarrollará en tres fases.

La primera fase consistirá en la construcción de una tubería entre la refinería de Mina al Fahal y el aeropuerto internacional de Muscat, mientras que la segunda incluirá una conexión entre la refinería de Mina al Fahal y la refinería de Sohar, además de la construcción de una instalación de almacenamiento en las inmediaciones de Muscat.

Por último, la tercera fase consistirá en la ampliación de esa instalación de almacenamiento para aumentar las reservas estratégicas de combustible del país.

El acuerdo con ORPIC responde al interés de CLH por promover la internacionalización de la compañía. Su modelo de expansión internacional contempla tanto el crecimiento mediante la construcción o adquisición de activos logísticos como la prestación de servicios de asesoramiento.

El Gobierno búlgaro dimite en bloque tras las intensas protestas por los altos precios de la energía

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«El Parlamento votará este jueves por la mañana la dimisión del Gobierno», anunció en la Cámara la presidenta del Legislativo, Tsetska Tsacheva, tras leer la carta de Borisov.

«Cumpliremos nuestras funciones hasta que se elija un nuevo Ejecutivo y haremos todo lo necesario para asegurar la continuidad en el gobierno del país», aseguró el jefe del Gobierno en la misiva.

Pocas horas antes sorprendió ante el Parlamento anunciando que su Ejecutivo iba a dimitir en bloque y pidiendo también que los 117 diputados de su partido, el GERB, abandonen sus escaños.

Al justificar su decisión, este político populista, exkarateca y apodado «Batman» resaltó que no puede participar «en un Gobierno en el que la policía pelea con la población».

«Cada gota de sangre para nosotros es una mancha. No puedo ver un Parlamento rodeado por tapias», dijo en alusión a la violencia desatada en las manifestaciones de los últimos dos días.

Al menos quince personas resultaron heridas el martes en Sofía en enfrentamientos entre la policía y unas tres mil personas que intentaron llegar hasta el Parlamento.

Las protestas se iniciaron en varias ciudades contra el fuerte encarecimiento de la electricidad y la calefacción, pero a medida en que fueron subiendo de tono se tornaron también en demostraciones contra el Gobierno del país más pobre de la Unión Europa.

Con un salario medio en torno a los 350 euros, uno mínimo de 155 euros y pensiones de 75 euros, los búlgaros rechazan las medidas de austeridad que el Gobierno llevó a cabo en los últimos cuatro años para mejorar las cifras macroeconómicas, pero que han mermado sustancialmente su capacidad adquisitiva.

En reacción a las protestas, Borisov forzó el lunes la dimisión del ministro de Finanzas, Simeon Dyankov, responsable de la política financiera, y prometió que bajaría el precio de la electricidad un 8%.

También anunció multas a las distribuidoras de electricidad (la austríaca EVN y las checas CEZ y Energo-Pro) y la retirada de la licencia a una de ellas (CEZ), un procedimiento que ya se puso en marcha por el regulador eléctrico búlgaro.

Esas medidas no consiguieron sin embargo aplacar a los descontentos que pedían la dimisión de Borisov, una medida que él mismo rechazó categóricamente el martes, aunque, sembrando la confusión, dijo el mismo día que «si la calle seguía pidiéndolo» (como ha ocurrido anoche), sí lo haría.

«Ayer hicimos lo máximo que podíamos hacer para responder a las exigencias de los manifestantes (…) El Estado necesita nuevamente un crédito de confianza y el pueblo debe decidir cómo gobernarse«, señaló.

«A partir de hoy no hay nada más que podamos hacer para ayudar a los ciudadanos que protestan», sentenció el primer ministro.

Poco antes del sorprendente anuncio de Borisov, el mayor grupo de la oposición, el Partido Socialista Búlgaro (BSP), boicoteó la sesión regular del Parlamento en la que estaba previsto votar unos cambios del Ejecutivo propuestos por el jefe del Gobierno después de la renuncia de Dyankov.

«La dimisión del Gobierno del GERB es un final natural de un Gobierno totalmente fracasado», dijo el líder del Movimiento, Lytvi Mestán.

CEZ dice que el Gobierno búlgaro la usa como «chivo expiatorio»

Por su parte, la eléctrica checa CEZ, a la que el Gobierno búlgaro anunció que retirará la licencia con la que opera en el país desde 2005, acusó a Sofía de usar a los inversores extranjeros como «chivo expiatorio» para aplacar las protestas sociales en el país por el encarecimiento de la luz.

El aumento de las facturas de la luz se debió «a las altas temperaturas de diciembre» y a que el período de facturación fue de 40 días -en vez de 30-, «al incluir las vacaciones de Navidad ortodoxas», explicó en Praga Tomas Pleskac, director de la división de Distribución e Internacional de la empresa.

Pleskac aseguró que su empresa no modificó sus tarifas, ya que «el año de regulación va desde el 1 de julio al 30 de junio» e insistió en que CEZ, una de las tres eléctricas extranjeras que distribuyen la electricidad en Bulgaria, «no viola ninguna regulación del mercado energético» y denunció que en el país «se siente mucho el influjo político sobre el regulador».

La Comisión Estatal de Regulación de Energía y Agua (DKEVR), regulador independiente estatal, informó que ha iniciado el proceso para retirar la licencia a CEZ, sobre el que se pronunciará el 16 de abril.

Pleskac advirtió de que si finalmente se le retira la licencia, CEZ denunciará el caso en los juzgados búlgaros y ante la Comisión Europea.

Repsol propone al catedrático chileno Francisco Orrego Vicuña como árbitro en el caso YPF

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Fuentes de la compañía han confirmado que esta propuesta, que tendrá que ser confirmada por el propio Ciadi, se ha presentado dentro del plazo establecido para ello.

El tribunal arbitral estará formado por tres árbitros, uno propuesto por Repsol, otro por Argentina y un tercero, el presidente, elegido por común acuerdo o, en su defecto, por el Ciadi.

El profesor Orrego Vicuña es catedrático de Derecho Internacional y arbitraje y director honorario del programa de maestría en el Centro de la Universidad de Heidelberg para América Latina.

Además, ha sido vicepresidente de la Corte de la London Court of International Arbitration y ha participado en los tribunales arbitrales de numerosos casos en el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otras instituciones.

La demanda fue interpuesta por Repsol el pasado 3 de diciembre, una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que notificara a Argentina la existencia de una controversia y su intención de llevar el caso ante un arbitraje internacional en caso de no ser compensada por lo que considera un «expolio».

Medio Ambiente lanzará una campaña para dar a conocer a los ayuntamientos las ventajas de luchar contra el cambio climático

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Así lo anunció la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Susana Magro, en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), durante una reunión de la Red Española de Ciudades por el Clima (RECC), que preside la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz.

Magro expuso las iniciativas en materia de cambio climático y sostenibilidad en el ámbito local para 2013, entre las que se encuentran un estudio para la innovación tecnológica aplicada al cambio climático y sobre su aplicación hacia políticas más eficientes en ámbitos como la gestión de la energía y de los residuos y de la movilidad sostenible.

Asimismo, se refirió a la próxima elaboración de una guía metodológica para la aplicación en el planteamiento urbano de herramientas para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Se trata, según indicó Magro, de «estudiar las medidas que puedan producir una transformación del urbanismo actual hacia un modelo más sostenible».

De la misma forma, subrayó la importancia, también en el ámbito local, de distintas actuaciones puestas en marcha por el MAGRAMA como los «Proyectos Clima», que, a su juicio, son un buen ejemplo de cómo se puede actuar en el ámbito de la mitigación del cambio climático, «impulsando el desarrollo económico y la generación de empleo en sectores de un gran potencial».

Además, detalló a los representantes de la RECC la puesta en marcha del Plan «PIMA Aire», una iniciativa del Ministerio para la mejora de la calidad del aire en las ciudades mediante la renovación del parque de vehículos comerciales y su sustitución por otros modelos más eficientes y de menor impacto medioambiental.

Por su parte, Ángeles Muñoz, como presidenta de la RECC, consideró que el Plan «PIMA Aire» es «muy positivo» para los municipios, ya que supondrá la renovación de un tipo de flota muy vinculada a las pequeñas y medianas empresas, que son una parte esencial de las ciudades, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y apoyar a este sector.

También destacó la importancia de todas las líneas de colaboración en cuanto a financiación y a difusión de este tipo de iniciativas, ya que «al final lo que pretenden los ayuntamientos, dentro de la Red Española de Ciudades por el Clima, es hacer más habitables sus ciudades y fomentar el uso de todas las herramientas para avanzar en eficiencia energética y sosteniblidad».

«Muchos de los proyectos que se impulsan desde el Ministerio van a cofinanciar algunos de las iniciativas de los entes locales», concluyó Muñoz.

Nadal, en su ventana

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El pasado viernes se publicaban en la sección «El Buscón» del diario electrónico que dirige Jesús Cacho unas declaraciones atribuidas a Nadal, en referencia al enfado de José Manuel Entrecanales por las últimas medidas aprobadas, cuyo efecto sobre la tecnología eólica es indudable.

El secretario de Estado habría dicho, según publica este medio: «No he visto a ningún Entrecanales tirarse por la ventana». Hasta el momento, por lo público y lo publicado, no se ha producido ningún desmentido, ni tampoco un ejercicio de retracto sobre estas declaraciones dada su gravedad. Lo que deriva en que es necesario una reflexión sobre las mismas, por inéditas y porque no deberían pasar desapercibidas.

Al margen del efecto de estas medidas sobre estas tecnologías (mucho, poco o regular) o sobre esta empresa, en estas declaraciones, el secretario de Estado de Energía evidenció, además de una arrogancia consistente en ser titular de la verdad única, algo más grave: la disposición a una concepción preocupante e inquietante sobre las empresas y lo empresarial desde la política y, en concreto, desde la política de partido en virtud de las afinidades electivas temporales.

En todo caso, estas declaraciones serían imposibles en las hemerotecas de cualquier gobierno occidental. Son, también, declaraciones imposibles en ninguno de los Secretarios Generales o de Estado de Energía anteriores a Nadal, por muy intervencionistas, ideologizados o bizarros que fueran en su comportamiento, en plan Ignasi Nieto. Y más insólito todavía, que una declaración así se produzca por parte de alguien que proviene de la estructura de la propia Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Puede ser que él haya pasado por esta organización y no la organización por él.

Si a esto le añadimos que Alberto Nadal es hermano de Álvaro Nadal, lo que es casi plenipotenciario en el sector energético, y se podría decir que se trata de casi un ministro de Energía, a esta declaración hay que darle la relevancia que tiene, por mucho que se quiera tratar como un tema de carácter. Es una declaración que sólo es posible en un gobierno poco afinado, instalado en la indolencia y en la falta de consciencia de la importancia, gravedad, ausencia de sentido de lo institucional y de la responsabilidad de sus actos.

Ah, y finalmente, por si fuera poco, probablemente con cargos así, este gobierno va reforzando sus propios marcos mentales de comunicación política en la sociedad. Si se trata de la cuestión de la utilización de los «frames» en la comunicación, el secretario de Estado de Energía podemos decir que es un «hacha» de la comunicación política, reforzando con sus declaraciones la gravedad de uno de los dramas de la sociedad española y haciendo un favor al partido y al Gobierno. Lo que se dice un pleno.

Las españolas TSK y Melfosur, que compraron Disnorte y Dissur, invertirán en Nicaragua en breve

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«Nos proponemos en las próximas semanas desarrollar un plan diseñado que incluye importantes inversiones en mejora de la calidad del servicio, cobertura y control de la energía» en Nicaragua, dijo en rueda de prensa el director general de Melfosur, el español Francisco Moreno Romero.

El director comercial de TSK, Santiago del Valle, indicó que «los nuevos propietarios pretendemos sanear y potenciar la actividad de distribución (de energía), con el objetivo de ofrecer un mayor y mejor servicio a la población nicaragüense«.

Del Valle insistió en que «ya tenemos el plan ideal para revertir la situación actual de la distribuidora». «Tenemos ideas muy claras de lo que hay que hacer», agregó, sin precisar detalles.

La española Gas Natural vendió sus participaciones en las distribuidoras Disnorte y Dissur a la sociedad nicaragüense TSK-Melfosur Internacional por 57,8 millones de dólares, informó la compañía en Barcelona.

El director general de Gas Natural para Centroamérica, Ricardo Barranco, confirmó en esa misma rueda de prensa que «hoy hacemos el traspaso que tiene pérdidas del 19%, lo cual significa un logro significativo para el sector eléctrico nicaragüense, porque muchas economías se miden en función de las pérdidas eléctricas que tienen«.

Recordó que hace cinco años los apagones promediaron casi una hora por día y que hoy el promedio alcanza los 15 minutos diarios en Nicaragua.

«Cuando firmamos el protocolo (de entendimiento con el Gobierno de Nicaragua, en 2008), nos comprometimos a invertir 33,6 millones de dólares, y hoy hemos invertido 104 millones de dólares en total, de 2008 a 2012», aseguró Barranco.

La filial de la española Gas Natural Fenosa era dueña del 84% de las acciones de las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur que distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde 2000 y por un período de 30 años.

La eléctrica española cedió al Estado nicaragüense en mayo de 2008 el 16% de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 11,5 millones de dólares (8,6 millones de euros), y un asiento en el consejo de administración de su filial en Managua.

El Gobierno sandinista ha dicho que el 16% de las acciones del Estado no son negociables.

El Gobierno de Managua y la filial nicaragüense de Gas Natural mantuvieron una disputa por el problema de la evasión en el pago del consumo de electricidad.

La filial de la eléctrica española demandaba al Gobierno sandinista una solución al problema de las pérdidas por fraude en el servicio, de hasta 50 millones de dólares (37,5 millones de euros) anuales que dejan de percibir en facturación, incluido la sustracción de energía.

El Estado nicaragüense ofreció un subsidio para amortiguar parte de las pérdidas por fraude, aunque pidió más inversión a la filial de la compañía española, que incluyese operar de manera apropiada, asumiera costes, inviertiera más y diese buena atención a los clientes.

A la rueda de prensa acudieron los ministros nicaragüenses de Hacienda y Crédito Público, y de Energía y Minas, Iván Acosta y Emilio Rappaccioli, respectivamente, que no dieron declaraciones a los periodistas ni detalles sobre la operación.