Bolivia no ha presentado a REE una cifra de compensación por la expropiación de TDE

El encuentro se celebró en la ciudad central de Cochabamba en la sede de la compañía Transportadora de Electricidad (TDE), expropiada por el presidente Evo Morales el 1 de mayo de 2012.

Una fuente de REE dijo que, una vez terminada la reunión, las autoridades bolivianas no han presentado una cifra concreta, simplemente han expuesto unos «criterios de valoración».

«Las posiciones están bastante alejadas y no hay fecha para una próxima reunión», agregó la fuente.

A la cita asistieron el secretario general de REE, Rafael García de Diego, y el director de Relaciones Internacionales de la compañía, Roberto García Merino, además de abogados de la firma.

Los ejecutivos españoles se desplazaron a Bolivia con la expectativa de conocer la propuesta de indemnización sobre los activos de la eléctrica expropiados por Morales.

El valor en libros de los recursos de TDE asciende a 164 millones de dólares, según recordó el presidente de REE, José Folgado, quien no ha descartado el arbitraje si no hay acuerdo sobre la cifra.

«Nosotros nos debemos a nuestros accionistas. No podemos aceptar cuatro perras», afirmó Folgado, que recordó que TDE gestiona 800 kilómetros de cable y es responsable del 80% del transporte de energía eléctrica en Bolivia.

Por parte de Bolivia, a la cita asistieron ejecutivos de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), cuyos nombres no fueron facilitados, y el Procurador General del Estado, Hugo Montero, encargado de afrontar las demandas de empresas extranjeras con las que el Estado no ha logrado acuerdos sobre las indemnizaciones.

Repsol ya tiene abiertas nueve batallas judiciales para obtener una compensación justa por YPF

El fin último de todas estas acciones judiciales es conseguir que la Justicia reconozca el derecho de Repsol a obtener una compensación justa por el 51% de YPF expropiado por el Gobierno argentino en mayo del año pasado.

El último de estos grandes frentes, el del Ciadi, es de los más ambiciosos, ya que en él se demanda al Estado argentino por incumplir los tratados internacionales y se abordarán las indemnizaciones exigidas. El tribunal internacional se encuentra en fase de constitución y Repsol ya ha nombrado a su árbitro, el chileno Francisco Orrego, así que ahora debe ser Argentina la que nombre al suyo.

En el frente de Argentina se libra la segunda batalla, que consiste en una demanda de inconstitucionalidad por la intervención y ocupación temporal de YPF. Repsol y Repsol Butano piden al juzgado de lo contencioso administrativo federal número 7 que les ampare coforme a la Ley de Expropiación del país, y se encuentran a la espera de la contestación del Estado argentino.

En el frente de Estados Unidos hay cuatro batallas abiertas. La primera cuenta con la sociedad Texas Yale como aliada de Repsol y parte de una demanda colectiva contra Argentina por vulnerar los estatutos de YPF, que ha sido presentada ante el Tribunal Federal de Nueva York.

En concreto, se pide al juez que declare el incumplimiento por parte de las autoridades argentinas de su obligación, recogida en dos artículos de los estatutos de YPF, de lanzar una OPA por el 100% de las acciones de clase D de la petrolera. Esta obligación se activa cuando un inversor compra al menos un 15% de estas acciones.

La segunda batalla en Estados Unidos se libra en el mismo tribunal, la Corte Suprema de Nueva York, y tiene como demandado a Chevron por firmar sin capacidad ni autoridad (ultra vires) un memorando de entendimiento con representantes de YPF nombrados de forma ilegítima por Argentina para explotar yacimientos no convencionales en el país.

La tercera batalla norteamericana, ante la misma instancia judicial, se refiere al incumplimiento por parte del Estado argentino de la obligación de presentar ante el supervisor del mercado, la SEC, el formulario 13D, obligatorio para cualquier inversor que adquiera o controle un 5% más de cualquier empresa registrada en el país y cotizada en cualquier mercado secundario del mismo.

La última batalla en Estados Unidos consiste en una demanda al banco estadounidense Bank of New York Mellon después de que esta entidad, depositaria de las acciones American Depositary Receipts (ADR) de YPF, no llevara a cabo las instrucciones de voto de la petrolera española en la junta de accionistas de la empresa argentina de junio de 2012.

Los tres últimos pleitos tienen como sede España y comparten el mismo contenido, que es la competencia desleal, si bien difieren en los demandados, que son YPF, Chevron y Bridas, según el caso.

De estas tres batallas, dos se libran en el juzgado de lo mercantil número uno de Madrid, la de YPF y la de Bridas. En la primera se acusa a la petrolera argentina de ofrecer a terceros derechos de explotación sobre los activos estratégicos de Vaca Muerta, mientras que en la segunda se carga contra Bridas International y Bridas Energy Holding por aprovechar de forma indebida una ventaja competitiva derivada de una violación de normas.

La tercera, registrada en el juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid, parte de unos argumentos similares a los de la denuncia de Bridas, pero se dirige a Chevron. Repsol está pendiente de que el tribunal resuelva si tiene jurisdicción para abordar el asunto.

Representantes de 10 países europeos visitan Extremadura interesados en medidas de eficiencia energética en edificios

Esta delegación se ha reunido en la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía para conocer de primera mano las políticas que el Ejecutivo autonómico está realizado en este ámbito.

En el encuentro, el director general de Medio Ambiente, Enrique Julián Fuentes, ha destacado la necesidad de «intercambiar y conocer las experiencias de los distintos socios del proyecto», con el objetivo de «avanzar e introducir nuevos conceptos de construcción verde en Extremadura que puedan repercutir en el ahorro energético».

Los representantes del proyecto Re-Green visitaron edificios del polígono industrial Las Capellanías, en Cáceres, que utilizan caldera de biomasa y bomba de calor geotérmica para la climatización y fuentes de energía solar.

Además, disponen de un dispositivo de control y monitorización que permite el encendido y apagado del sistema de climatización y obtener datos sobre humedad, temperatura, niveles de luz, etcétera.

Posteriormente, se desplazaron al edificio Embarcadero de la capital cacereña, informa el Gobierno extremeño en nota de prensa.

Según explica, también visitarán las instalaciones del Servicio Extremeño de Salud en Mérida, que está calificado con calidad energética A (el más alto nivel de eficiencia), ya que es un edificio que «dispone de dos calderas de biomasa alimentadas por huesos de aceitunas, fuentes de energías renovables y un sistema de iluminación con control progresivo para adaptarse a las condiciones de luz natural».

Más tarde conocerán los sistemas implantados en los nuevos edificios públicos del III Milenio, en la capital extremeña.

El proyecto Re-Green también tiene intención de apoyar las edificaciones privadas que se renueven y se adapten a este nuevo concepto basado en la economía verde, considerada como nuevo motor de crecimiento y que contribuye al desarrollo económico sostenible, la creación de puestos de trabajo, la equidad social y la reducción de la pobreza.

El consorcio de este proyecto está formado por las instituciones antes mencionadas de España, Portugal, Alemania, Polonia, Estonia, Suecia, Reino Unido, Eslovenia, Rumanía e Irlanda.

Entre otros objetivos destacan fomentar el papel del sector de la construcción en el marco de la economía verde; identificar y analizar los beneficios económicos y sociales de los edificios verdes y convencer a las administraciones públicas para que actúen como ejemplo, introduciendo medidas de eficiencia energética en los edificios públicos, explica.

Bruselas investiga posibles ayudas públicas ilegales a la electricidad para las empresas en Alemania

En primer lugar, el Ejecutivo europeo analizará si esta exención, aprobada en 2011, constituye una ayuda de Estado y, en ese caso, si ésta está justificada o si «distorsiona indebidamente la competencia en la Unión Europea», según un comunicado de la institución.

La Comisión Europea recordó que la apertura de una investigación en profundidad «no prejuzga su resultado», y que permite a Alemania y a las terceras partes interesadas presentar sus alegaciones sobre el caso.

Desde 2011, los grandes consumidores de electricidad están exentos por ley del pago de las tarifas de red, lo que podría haberles ahorrado en torno de 300 millones de euros en 2012, según los cálculos de la CE.

Esta diferencia entre el precio real de la electricidad que utilizan los grandes consumidores y lo que pagan es financiado por los consumidores finales de electricidad, que deben abonar un impuesto especial desde 2012.

La Comisión Europea ha recibido varias denuncias de asociaciones de consumidores, empresas de energía y ciudadanos que alegan que esta exención constituye una ayuda de Estado ilegal e incompatible con las normativas europeas.

La opinión preliminar de la CE es que el impuesto sobre los consumidores finales puede constituir una fuente de recursos para el Estado y que la exención «parece dar a los beneficiaros una ventaja selectiva comparado con sus competidores en otros Estados miembros».

«Esto puede distorsionar la competencia en el mercado interior de la UE», recalcó el Ejecutivo europeo, que examinará si la exención puede ser justificada por un objetivo de interés común, y si es así, si esto podría compensar el impacto negativo sobre la competencia.

La Justicia chilena paraliza la construcción de una central térmica de Endesa Chile

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió de forma unánime una orden de no innovar presentada por la abogada Paula Villegas, en representación de los sindicatos de pescadores de Huasco, a unos 700 kilómetros al norte de Santiago, en la región de Atacama.

El recurso tiene por objeto revertir la decisión del Comité de Ministros que el pasado mes de diciembre dio luz verde al proyecto y la paralización se mantendrá hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del recurso, precisaron las fuentes.

El proyecto Punta Alcalde, que según Endesa Chile será una de las centrales más eficientes del sistema eléctrico chileno y de América Latina, contempla una inversión de 1.400 millones de dólares en la construcción de una central de 740 megavatios de potencia e incluye la instalación de un puerto.

Endesa ha defendido que Punta Alcalde será la primera planta eléctrica de América Latina en emplear domos (cubiertas) para cubrir las dos zonas que se utilizarán para el acopio de carbón.

También señaló que utilizará un sistema de filtros para el abatimiento de material en partículas, así como otras medidas que la harán contar con «los más altos estándares en tecnología, eficiencia y compromiso ambiental».

A través de un comunicado, la empresa señaló que la orden de no innovar «no tiene efecto práctico en el proyecto, dado que la iniciativa no está en ejecución, al estar aún en fases administrativas y que éste no implica en modo alguno un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida».

En esa línea, Endesa Chile señaló que se presentó como parte en el recurso de protección y entregará en el curso de la tramitación del mismo los argumentos jurídicos, de hecho y técnico-ambientales que avalan la calificación ambiental del proyecto Punta Alcalde.

La compañía reafirmó que el proyecto térmico «es uno de los más eficientes y medioambientalmente más modernos de Latinoamérica y que cumple con la legislación vigente aplicable a esta clase de proyectos».

El pasado viernes, la misma Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reposición que interpuso Endesa Chile contra la decisión del tribunal que, a mediados de febrero, admitió a tramitación el recurso de protección.

El pasado 3 de diciembre el Gobierno aprobó la construcción de dicha central térmica, un proyecto que suministrará energía en una zona desértica plagada de yacimientos mineros y que ha sido criticado por organizaciones ecologistas y pobladores de la zona.

En esas fechas, por unanimidad, el denominado Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, conformado por los titulares de diez ministerios, dio luz verde, aunque con mayores exigencias, a la construcción de esta central, que había sido bloqueada en junio pasado por un organismo regional.

Endesa Chile, controlada por Endesa España a través del Grupo Enersis, apeló esa decisión ante el Consejo de Ministros, que a principios de diciembre falló a su favor.

REE no aceptará «cuatro perras» por su filial expropiada en Bolivia

En un encuentro organizado por Esade, Folgado informó que hoy conocerán el precio que el Ejecutivo ha puesto sobre su filial y advirtió que si no les satisface están «dispuestos» a ir al arbitraje.

El secretario general y secretario del Consejo de REE, Rafael García de Diego, y el director de Relaciones Internacionales, Roberto García Merino, se reunirán hoy con autoridades bolivianas para conocer en cuánto cifran el precio de la compañía expropiada.

Se limitarán a escuchar y a traer a España para su valoración por parte de REE de la propuesta del Gobierno de Evo Morales.

Folgado advirtió que no admitirán «cuatro perras» y que no van a aceptar un valor que no se ajuste a sus previsiones. REE adquirió en 1996 la compañía TDE por 91 millones de euros, si bien su valor en libros era de 174 millones de dólares, a los que había que descontar las deudas.

El presidente de REE insistió en que su filial era una empresa «eficiente» y con valor ya que poseía 800 kilómetros de cable y controlaba el 80% del transporte de la energía del país.

«Si dicen las cifras que han dicho, nosotros vamos a ir al arbitraje inmediatamente», aludiendo a que las autoridades bolivianas estiman un precio muy por debajo del que estima REE argumentando que la compañía TDE ya estaba provisionada por la empresa española.

La semana pasada, Folgado reconoció que la expropiación de su filial en Bolivia ha supuesto un impacto en las cuentas de 13,3 millones de euros brutos por la política de provisionamientos que realizó año atrás.

Red Eléctrica crea la figura del director ejecutivo independiente

El presidente de REE, José Folgado, señaló que esta figura será quien aglutine a todos los consejeros independientes del Consejo, que actualmente son mayoría.

Este consejero tendrá capacidad ejecutiva y, por tanto, podrá convocar el Consejo e incluir puntos en el orden del día.

La propuesta de este nombramiento, una vez cuente con el respaldo del Consejo, se llevará para su aprobación a la Junta de Accionistas que la compañía celebrará previsiblemente en abril.

Folgado apostilló que este avance «no es el punto final» dentro de su estrategia sino que seguirán dando pasos en el reparto de poderes de la compañía. Su intención no es acaparar funciones ni eternizarse en el puesto.

En su intervención, Folgado abogó por aplicar medidas que puedan «repotenciar» la energía nuclear que se genera en los «actuales» recintos que hay en España. El presidente de REE apostó por «en todo caso ampliar la vida útil de los actuales recintos siempre bajo los auspicios del CSN«.

A su juicio, España «lo necesita» desde el punto de vista macroeconómico porque el país necesita tanto las nucleares como las renovables «como el respirar».

Preguntado por un posible cambio en el accionariado de REE, el presidente señaló que «no percibimos» desde el Gobierno interés de cambiar el status quo de la compañía, debido a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posee el 20% de REE.

Ernest Moniz, un físico defensor de la energía nuclear, nombrado por Obama como nuevo director del Departamento de Energía

De ascendencia portuguesa (sus abuelos emigraron a EEUU desde las Islas Azores) y profesor de física nuclear en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Moniz salió al paso tras el desastre de la planta de Fukushima en Japón en 2011 y alertó que este no podía derivar en un «abandono» de los beneficios de las nucleares.

«Sería un error permitir que Fukushima llevara a los gobiernos a abandonar la energía nuclear y sus beneficios», escribió Moniz en la revista «Foreign Affairs» después de la catástrofe, para justificar luego que encontrar energías «limpias, económicas y fiables» es un imperativo a medida que más gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera.

«La energía nuclear no es la solución definitiva, pero es una solución parcial que se ha demostrado que funciona a gran escala», concluyó entonces la nueva apuesta de Obama para el Departamento de Energía.

Entre 1995 y 1997, bajo la administración de Bill Clinton, Moniz sirvió como director asociado para la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología, para pasar posteriormente, de 1997 a 2001, a ejercer de subsecretario de Energía.

Además, en 2009, el profesor del MIT inició sus relaciones con la presidencia de Barack Obama y fue nombrado miembro del consejo asesor del presidente para Ciencia y Tecnología.

Pese a haber admitido en numerosas ocasiones la necesidad de desprenderse de los combustible fósiles, Moniz reconoció en una entrevista en la página web «Switch Energy Project» que el petróleo y el gas natural seguirán siendo los agentes dominantes en el cuadro de la energía mundial durante los próximos años.

«El gas natural es un buen puente hacia un futuro con menos dependencia de los fósiles», aseguró Moniz, quien también se mostró partidario de gravar las emisiones de dióxido de carbono.

«Si gravamos las emisiones, aumentaremos el coste de los fósiles, lo que supondrá un empuje en la búsqueda de la eficiencia energética, que llevará asociadas tecnologías más limpias y mayor seguridad», explicó Moniz.

Aunque muy concienciado de los peligros del cambio climático y de la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo energético, las apuestas de Moniz por la energía nuclear y el gas natural hacen prever futuros «choques» con los grupos ecologistas y los defensores de las renovables, algunos de los cuales ya se han pronunciado en contra de su nominación.

«El miedo que tengo es que, bajo la apariencia de físico del MIT, que le otorga en principio cierto grado de objetividad, se erija como el hombre fuerte de la industria gasística en el Gobierno», dijo al blog «The Hill» el asesor del Centro para la Diversidad Biológica Bill Snape.

«Moniz es una elección que forma parte del ‘status quo’ en unos tiempos en lo que no podemos permitirnos el ‘status quo'», lamentó Tyson Slocum, responsable del programa energético en la organización de derechos del consumidor Public Citizen.

De ser aprobado por el Senado, el profesor del MIT substituirá al frente del Departamento de Energía al premio Nobel de Física Steven Chu, quien durante el primer mandato de Obama ha ocupado el cargo abogando siempre por las energías renovables y nuclear como alternativas a las fósiles.

Graduado en el Boston College y con un doctorado en física teórica por la Universidad de Stanford, Moniz -que asegura hablar «algo» de portugués- ha dirigido, a lo largo de su carrera, tanto el acelerador nuclear como el departamento de física del MIT.

«Si el país no invierte en nucleares ahora, más adelante nos arrepentiremos», indicó Moniz en declaraciones recogidas por «National Journal»: «Washington debería ofrecer asistencia para la construcción de varios reactores nucleares a lo largo de esta década», sentenció el presumible nuevo Secretario de Energía.

Las ventas de biocarburantes crecieron un 17% durante 2011

En concreto, las ventas alcanzaron los 2.366.801 m3. Por tipo de biocarburante, las ventas de biodiésel ascendieron a 1.830.810 m3 (77% del total del biocarburante comercializado), las de bioetanol a 444.795 m3 (19%) y las de hidrobiodiésel a 91.196 m3 (4%).

El informe también mostró que aumenta la participación de los biocarburantes sobre el total de los carburantes de automoción. Los biocarburantes susceptibles de ser mezclados con gasóleo (biodiésel e hidrobiodiésel) supusieron el 7,19% en volumen del total del carburante diésel comercializado en 2011; por su parte, el bioetanol alcanzó el 6,34% de las gasolinas de automoción.

De acuerdo con los datos, el biodiésel se produjo principalmente a partir de soja argentina (48%) y palma indonesia (35%). España descendió en 2011 tanto en el reparto porcentual de países suministradores de materias primas (4,5%), como de países de producción del biodiésel (24,5%). Así, el principal país de producción fue Argentina (45%).

Por su parte, el hidrobiodiésel se produjo exclusivamente a partir de aceite de palma procedente de Indonesia (13%) y Malasia (87%). Los principales países de producción fueron Singapur (71%) y España (22%).

Mientras, el bioetanol fue producido principalmente a partir de maíz (49,5%), caña de azúcar (25%) y trigo (18%). Brasil continúa ocupando el primer puesto en cuanto a los países de cultivo de materia prima (29,5%), seguido de España (27%). Casi el 60% del bioetanol se fabricó en España.

La utilización de estos biocarburantes habría permitido una reducción estimada global de emisiones de gases de efecto invernadero del 40% (35% por el uso de biodiésel, 30% por el uso de hidrobiodiésel -asumiendo que el proceso de transformación no incorpora captura de metano- y 66% por el de bioetanol).

En el saldo exterior, destacó el fuerte incremento de las importaciones de los biocarburantes susceptibles de ser mezclados con gasóleo, impulsado tanto por las importaciones de biodiésel como por las de hidrobiodiésel.

Abengoa vende su filial brasileña Bargoa a Corning Incorporated

Según ha informado Abengoa en un comunicado, con la venta de Bargoa, dedicada a la fabricación de componentes de telecomunicaciones, la empresa pretende concentrar sus esfuerzos en el núcleo de su actividad (ingeniería, desarrollo y operación de plantas de energía termosolar; plantas desaladoras de agua; líneas de transmisión de energía; plantas de producción de bioetanol y plantas de reciclaje de residuos industriales).

A pesar de esta venta, que tendrá que ser aprobada por las autoridades nacionales de la Competencia, Abengoa ha señalado que Brasil seguirá siendo para la compañía uno de sus «mercados estratégicos».

Según Abengoa, el 13% de sus ventas procede de Brasil y espera seguir encontrando en ese país nuevas oportunidades de crecimiento para sus negocios.

La compañía española está presente en Brasil desde hace más de 30 años y ha desarrollado en ese país un gran número de proyectos para las principales compañías brasileñas.

Tras la venta de Bargoa, la compañía mantendrá en Brasil una cartera de activos de transmisión de más de 7.000 kilómetros y tres plantas de producción de bioetanol.

APPA dice que el biocombustible está condenado a una «mortal agonía» tras la rebaja de objetivos

El Gobierno decidió rebajar del 6,5% hasta el 4,1% los objetivos de consumos obligatorios de estos carburantes «verdes» con el fin de minimizar la repercusión de su uso en el precio final de gasolinas y gasóleos y asegurar cierta estabilidad al sector. Para 2013 y «años sucesivos», en el caso de la gasolina el objetivo pasa del 4,1% al 3,9% y en el del gasóleo del 7% al 4,1%.

De este modo, el consumo de biodiésel en España descenderá en 2013 hasta casi un 60% respecto al del año anterior tras esta rebaja de los objetivos de biocarburantes. Asimismo, estimó que la demanda de bioetanol prevista para este año descienda alrededor de un 10% respecto a la de 2012 (320.000 t), lo que «unido a la posible disminución de las exportaciones, empeorará el ratio de funcionamiento de las cuatro plantas españolas de bioetanol».

Además, APPA consideró que un 30% de la incorporación de biocarburantes de este año -los combustibles renovables se mezclan con los gasóleos y gasolinas convencionales- se cubrirá «virtualmente» con los certificados sobrantes del pasado año, tras la rebaja de las metas.

A su juicio, el Gobierno pone con esta medida el «último clavo en el ataúd del sector del biodiésel en España, tras haber permitido durante años que las petroleras se aprovecharan de los incentivos fiscales y del «dumping» de las masivas importaciones desleales para actuar en detrimento de la industria española, condenada así a una lenta y mortal agonía«.

Para la asociación es «inaudito» que el Gobierno presente este recorte como una fuente «de estabilidad» al sector y como un elemento capaz de crear empleo, a lo que el presidente de APPA Biocarburantes, Alfonso Ausín, ironizó al responder que «ciertamente, la muerte de un sector conduce a su estado de estabilidad total».

Según datos de la asociación, el sector invirtió 1.800 millones de euros para poder producir biodiésel en España y ahora se encuentra con una medida que «contradice de forma flagrante la senda de cumplimiento del objetivo comunitario del 10% de energías renovables en el transporte para 2020 prevista en el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020″.

Por este motivo Ausín consideró que el Gobierno les «apuñalan por la espalda, con nocturnidad y alevosía. Nos dejan prácticamente muertos y encima dicen que lo han hecho por nuestro bien».

El presidente de APPA Biocarburantes consideró también «increíble» que el recorte se incluya en una norma destinada a apoyar al emprendedor y estimular el crecimiento y la creación de empleo, cuando la medida «va a contribuir a la pérdida de centenares de puestos de trabajo y a la ruina de un sector industrial emprendedor».

La asociación también estimó «falaz» que en la misma exposición de motivos del real decreto ley se afirme que esta medida, «en ningún caso, compromete el cumplimiento de los objetivos comunitarios previstos para 2020».

«La rebaja de la obligación es la puntilla para un sector destrozado por las importaciones desleales de biodiésel desde hace seis años», señaló Ausín, tras recordar que las plantas españolas trabajaron al 9% de su capacidad en 2012, frente al 15% de 2011 y el 21% de 2010, unos ratios a su juicio «totalmente insostenibles».