En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta dijo que esta ley es «clave» para el sector del Medio Ambiente, pero también para el sector de la inversión. Según defendió, con la reforma se conjuga la protección «más integral» del medio ambiente con el cumplimiento de los plazos para agilizar las evaluaciones de impacto ambiental.
«Es una regulación más clara», añadió Sáez de Santamaría, que explicó que a partir de ahora la evaluación de impacto ambiental será más rigurosa y estricta con los proyectos que puedan suponer un mayor impacto en el medio ambiente y más rápida y menos costosa para aquellos en los que se prevé unas implicaciones menores en el entorno.
A continuación, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró que la nueva ley garantiza el «máximo nivel de protección para el medio ambiente» a través de la prevención y que unifica «todas» las leyes de evaluación ambiental e incorpora todas las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación ambiental vigente y de sus reglamentos de desarrollo.
Además, el ministro destacó que favorece el trámite de información pública a los ciudadanos, anunciando todos los trámites al ciudadano en las páginas web y promoviendo la utilización de nuevas tecnologías. Igualmente, propone que, de forma voluntaria, todas las administraciones públicas puedan aplicar el nuevo modelo que contempla la Ley, por lo que tratará de conseguir que todas las comunidades autónomas desarrollen un procedimiento armonizado común a todos los operadores.
A su juicio, esta ley será «muy positiva para la unidad de mercado», para la agilidad y para que los procedimientos sean más rápidos y, en definitiva, todos marchen en una misma dirección de agilidad y simplificación.
El ministro señaló también que la Ley se adapta «rigurosamente» a las directivas ambientales de la Unión Europea porque ha tenido en cuenta las modificaciones en la normativa ambiental que está haciendo Europa en la actualidad. «No hay una sola exigencia de la Unión Europea en materia de evaluación ambiental que no se haya incorporado al texto legal cuya modificación estamos proponiendo», apostilló.
Asimismo, destacó que con la nueva norma se reducirán los plazos para evitar «casos puntuales» que se dieron y en los que la tramitación duró hasta 15 años y que ahora se tramitarán en un plazo de entre 4 y seis meses, frente a la media actual de 3,4 años. En este momento, según explicó, hay unos 10.000 expedientes pendientes, que podrían originar unos 80.000 puestos de trabajo por lo que «busca solucionar estos problemas».
Arias Cañete puso de ejemplo la Declaración de Impacto Ambiental de la refinería Balboa, que llevaba 7 años pendiente y que se resolvió tres meses después de su llegada al Ministerio de Medio Ambiente. «Eso no se puede consentir en una sociedad moderna», opinó, al tiempo que ha reiterado que la protección ambiental va a ser «máxima».
Entre otras novedades, subrayó que la Ley integra los efectos del cambio climático, que crea la «novedosa» figura de los bancos de protección de la naturaleza (que «han funcionado bien en Estados Unidos») y que incluye la obligatoriedad de que el fracking o fractura hidráulica para extracción de hidrocarburos se someta a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Con este Anteproyecto, el Gobierno pretende subsanar las deficiencias del actual modelo y prevé, de acuerdo con las directivas comunitarias, que se sometan a evaluación ambiental los planes, programas o proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
En este sentido, establece que la evaluación sea «especialmente garantista» en el caso de los proyectos para los que se prevean impactos significativos, pero más ágil y menos costosa para las iniciativas con una menor incidencia ambiental.
Entre otras medidas, la norma especificó que la falta de pronunciamiento del órgano ambiental en los plazos legalmente establecidos en ningún caso podrá entenderse como una evaluación ambiental favorable. Exige, asimismo, una mayor calidad en los estudios y documentos sobre los que deben pronunciarse los órganos ambientales.
Según el Gobierno, la futura Ley, al tiempo que garantiza un alto nivel de protección medioambiental, tendrá efectos positivos sobre el crecimiento y el empleo, ya que las tramitaciones ajustadas a los nuevos plazos incentivarán la inversión y, al simplificar los procedimientos administrativos, también promoverá la generación de puestos de trabajo.
Por último, también promueve las nuevas tecnologías y el acceso de los ciudadanos a la Administración electrónica y, en el ámbito de la participación, favorece el trámite de información pública al ciudadano, todo ello orientado, en definitiva, a sumar esfuerzos para una protección efectiva del medio ambiente.
«Orgulloso de incitar a los ciudadanos a ahorrar energía y emitir menos CO2»
Asimismo, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dijo que está «muy orgulloso de incitar a los ciudadanos a economizar agua, a economizar energía y a emitir menos CO2, dentro de la libertad que tiene cada cual».
Arias Cañete respondió así a una pregunta sobre si cree que pasará a la historia como el «ministro de las ocurrencias, primero con los yogures, ahora con las duchas frías», en alusión al revuelo en las redes sociales tras decir que se duchaba con agua fría con tal de no derrochar medio litro de agua, de modo que no espera a que el agua salga caliente.
El ministro aseguró que dentro del hogar se puede ahorrar mucha energía, apagando luces, bajando un grado el termostato, que son mensajes que contribuyen a mejorar el medio ambiente y «no pasa nada».
En su opinión, espera pasar a la historia por muchas más cosas, entre las que enumeró que se dedica a trabajar en medios evaluación ambiental, a defender la política agrícola común, a tener un sector agroalimentario dinámico, y que está creciendo la renta agraria aumentando sus exportaciones. «Yo creo que llevo muchos años en política haciendo muchas cosas», subrayó.
Respecto a los comentarios sobre el agua fría en la ducha ha dicho que se reitera en ellos», al tiempo que destacó que el 20% de la energía que se emplea en los hogares se utiliza en calentar el agua y añadió que, además, este calentamiento se hace con combustibles fósiles.
«En España, al cabo del año, para esto emitimos a la atmósfera cerca de 4 millones de toneladas de CO2. Todo lo que he dicho es que podemos ahorrar energía si no dejamos correr el agua hasta que se pone caliente«, agregó.
Finalmente, explicó que siguiendo su ejemplo se ahorra energía y se economiza agua porque «más o menos, en estas prácticas se desperdician» unos 10 litros por ciudadano y ducha. Según sus cuentas, esta cifra, multiplicada por 365 días son 3.600 litros, son 3 metros cúbicos y medio, lo que multiplicado por 45 millones de ciudadanos da «una cifra astronómica de recursos hidráulicos que vuelven y se utilizan, para nada, en un país que tiene problemas de agua».
