El Congreso rechaza una iniciativa del PSOE que pedía un «cambio de rumbo» a favor del «empleo verde»

El diputado socialista Antonio Pradas defendió la iniciativa señalando que el modelo económico de los últimos años «no es sostenible ni medioambientalmente ni socialmente» y, tras asumir que «todos tenemos nuestra responsabilidad», reclamó una estrategia de desarrollo «distinta», que «tenga en cuenta la sostenibilidad y la productividad».

Además, en su iniciativa el PSOE pedía que el Ejecutivo revise las normas sobre renovables que fue aprobando, tres de las cuales fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por la Junta de Andalucía al considerar que ponen en riesgo un sector estratégico en la región, y reclamaba que se aproveche la reforma educativa para incorporar a los planes de enseñanza medidas para la sensibilización hacia las energías limpias «en lugar de impulsar el catecismo».

El PSOE, que contó con el apoyo expreso de CiU en la iniciativa, también lamentó que la política del Gobierno central con las energías renovables paraliza los proyectos aprobados hasta el momento, por un valor de 15.000 millones de euros y que generarían 40.000 empleos, pero, además, trunca la posibilidad de crear, según las estimaciones de la Comisión Europea para 2020, un millón de puestos de trabajo «verdes» en toda España, de los cuales 170.000 estarían en Andalucía.

El PP mostró su postura en contra de la iniciativa al considerar que «la mayoría de las actuaciones que propone ya están en marcha» y las que no lo están es porque «llevarían a hablar de empleo verde y economía insostenible», según defendió la diputada María Luz Bajo.

En ese sentido, repasó un buen número de actuaciones del Ejecutivo relacionadas con en energías renovables, sostenibilidad o empleo verde, como el refuerzo a la I+D ambiental con el objetivo de lograr el crecimiento del tejido empresarial o a la internacionalización de empresas de renovables, de transporte sostenible o de eficiencia energética, entre otras.

«No hay nada nuevo. El Gobierno ya está actuando en las líneas que pide la propuesta», indicó la parlamentaria, que también rechazó que se pueda llegar a «obligar» a las empresas a financiar un plan de empleo verde y defendió, por el contrario, la colaboración público privada que «ya se hace, especialmente en materia de agua y depuración».

Greenpeace pide a Iberdrola que cierre sus plantas «sucias» y apoye el autoconsumo y las renovables

Durante la presentación de, «Iberogreen«, «la empresa que no puede ser por culpa» de las actuales condiciones del mercado eléctrico, que según Greenpeace se deben, principalmente a Iberdrola, el director ejecutivo de la ONG, Mario Rodríguez, explicó que en la actualidad «ya es posible una empresa energética en un sistema eficiente, inteligente y 100 por 100 renovable», pero denunció que es imposible porque Iberdrola lo impide.

«Hemos cruzado la línea roja del cambio climático, de la inseguridad nuclear, de la crisis económica y del paro, y necesitamos las energías renovables como solución. Por eso, Iberdrola tiene que abandonar, de inmediato, su campaña de acoso a las renovables y dejar de presionar al Gobierno para someter la política energética a sus intereses«, manifestó.

Así, el responsable de energía de Greenpeace, José Luis García, presentó el informe «Iberdrola, empresa enemiga de las renovables» en el que la ONG afirmó que desde 2005 a 2012 el principal negocio de Iberdrola es el gas, el uranio, el carbón y no las renovables «como quiere hacer ver», y añadió que la electricidad producida con renovables supuso el 14,99%.

Además, acusó a la empresa de haber liderado la burbuja del gas y de desprestigiar las renovables y utilizar todo su poder para lograr una legislación favorable a sus intereses. Para la organización, el más claro ejemplo de esto es el «trato de favor recibido» por la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para que pueda permanecer un año más abierta, aunque sin generar electricidad.

Para García, con «sus ataques» a las renovables, Iberdrola trata de impedir la competencia de las múltiples empresas que han invertido en estas tecnologías, en las que «no puede mantener la posición de dominio a que ha estado acostumbrada con las energías sucias».

Asimismo, el representante del área de contaminación de Greenpeace, Julio Barea acusó a los distintos gobiernos de doblegarse ante las pretensiones de Iberdrola.

Por ello, subrayó que la ONG pidió a Iberdrola que abandone su campaña de ataque a las energías renovables; que deje de presionar al Gobierno y de pretender que la política energética esté sometida a los intereses de la compañía y que apoye una regulación del autoconsumo de energía limpia, que facilite que todos los ciudadanos puedan ejercer en condiciones favorables su derecho a producir y consumir su propia energía.

Igualmente, añadió que reclaman a la eléctrica que reconozca que España debe ir hacia un sistema eléctrico 100 por 100 renovable y que adopte un nuevo plan estratégico en el que sus inversiones se alinen con es nuevo modelo. Al mismo tiempo, la ONG instó a Iberdrola a establecer un calendario de cierre de las energías sucias, como la nuclear o la térmica de carbón y que abandone sus inversiones en estas tecnologías dentro y fuera de España.

Finalmente, instaron al Ejecutivo a que ponga fin a la moratoria de las energías renovable, a que modifique la ley de incompatibilidades y que elabore una planificación energética a largo plazo y que esté alineada con la hoja de ruta de Europa en materia de energía y clima. Por último, aspiraron a que elabore una ley de reforma del sector eléctrico que introduzca las reformas necesarias para que España se dote de un sistema 100 por 100 renovable y que regule el derecho al autoconsumo.

La parada de cuatro plantas demuestra que la nuclear es sustituible

Por su parte, Ecologistas en Acción aseguró que el hecho de que cuatro centrales estén paradas actualmente es una muestra de que, a pesar de los argumentos de la industria nuclear, esa energía resulta sustituible.

Según Ecologistas, las centrales nucleares de Almaraz II (Cáceres), Ascó II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara) se encuentran paradas en estos momentos, las dos primeras por avería y la tercera por recarga.

«Si se le suma la falta de actividad de Garoña, se concluye que cerca de la mitad del parque nuclear español está fuera de juego», añadió la organización.

Señaló que no es la primera vez que se da esta coincidencia, ya que el año pasado, «sin ir más lejos», hubo tres centrales paradas en dos ocasiones e incluso cuatro durante varios días de junio.

En su opinión, este hecho demuestra que la energía nuclear está lejos de ser garante de la potencia eléctrica, especialmente cuando las centrales van cumpliendo años y sus sistemas van envejeciendo y se producen cada vez más paradas no programadas.

Además, subrayó, lo ocurrido muestra que las nucleares son perfectamente prescindibles, ya que en la práctica hay que disponer de centrales alternativas que deben sustituirlas cuando, como es el caso, la potencia nuclear se reduce.

«La acumulación de sucesos notificables, creciente con los años, demuestra la vulnerabilidad de las centrales nucleares y la irresponsabilidad de los que aún pretenden mantener funcionando la nuclear de Garoña, la más antigua, con más de 42 años y afectada de múltiples deficiencias», remarcó Ecologistas en Acción.

Greenpeace pide a Iberdrola que cierre sus plantas «sucias» y apoye el autoconsumo y las renovables

Durante la presentación de, «Iberogreen«, «la empresa que no puede ser por culpa» de las actuales condiciones del mercado eléctrico, que según Greenpeace se deben, principalmente a Iberdrola, el director ejecutivo de la ONG, Mario Rodríguez, explicó que en la actualidad «ya es posible una empresa energética en un sistema eficiente, inteligente y 100 por 100 renovable», pero denunció que es imposible porque Iberdrola lo impide.

«Hemos cruzado la línea roja del cambio climático, de la inseguridad nuclear, de la crisis económica y del paro, y necesitamos las energías renovables como solución. Por eso, Iberdrola tiene que abandonar, de inmediato, su campaña de acoso a las renovables y dejar de presionar al Gobierno para someter la política energética a sus intereses«, manifestó.

Así, el responsable de energía de Greenpeace, José Luis García, presentó el informe «Iberdrola, empresa enemiga de las renovables» en el que la ONG afirmó que desde 2005 a 2012 el principal negocio de Iberdrola es el gas, el uranio, el carbón y no las renovables «como quiere hacer ver», y añadió que la electricidad producida con renovables supuso el 14,99%.

Además, acusó a la empresa de haber liderado la burbuja del gas y de desprestigiar las renovables y utilizar todo su poder para lograr una legislación favorable a sus intereses. Para la organización, el más claro ejemplo de esto es el «trato de favor recibido» por la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para que pueda permanecer un año más abierta, aunque sin generar electricidad.

Para García, con «sus ataques» a las renovables, Iberdrola trata de impedir la competencia de las múltiples empresas que han invertido en estas tecnologías, en las que «no puede mantener la posición de dominio a que ha estado acostumbrada con las energías sucias».

Asimismo, el representante del área de contaminación de Greenpeace, Julio Barea acusó a los distintos gobiernos de doblegarse ante las pretensiones de Iberdrola.

Por ello, subrayó que la ONG pidió a Iberdrola que abandone su campaña de ataque a las energías renovables; que deje de presionar al Gobierno y de pretender que la política energética esté sometida a los intereses de la compañía y que apoye una regulación del autoconsumo de energía limpia, que facilite que todos los ciudadanos puedan ejercer en condiciones favorables su derecho a producir y consumir su propia energía.

Igualmente, añadió que reclaman a la eléctrica que reconozca que España debe ir hacia un sistema eléctrico 100 por 100 renovable y que adopte un nuevo plan estratégico en el que sus inversiones se alinen con es nuevo modelo. Al mismo tiempo, la ONG instó a Iberdrola a establecer un calendario de cierre de las energías sucias, como la nuclear o la térmica de carbón y que abandone sus inversiones en estas tecnologías dentro y fuera de España.

Finalmente, instaron al Ejecutivo a que ponga fin a la moratoria de las energías renovable, a que modifique la ley de incompatibilidades y que elabore una planificación energética a largo plazo y que esté alineada con la hoja de ruta de Europa en materia de energía y clima. Por último, aspiraron a que elabore una ley de reforma del sector eléctrico que introduzca las reformas necesarias para que España se dote de un sistema 100 por 100 renovable y que regule el derecho al autoconsumo.

La parada de cuatro plantas demuestra que la nuclear es sustituible

Por su parte, Ecologistas en Acción aseguró que el hecho de que cuatro centrales estén paradas actualmente es una muestra de que, a pesar de los argumentos de la industria nuclear, esa energía resulta sustituible.

Según Ecologistas, las centrales nucleares de Almaraz II (Cáceres), Ascó II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara) se encuentran paradas en estos momentos, las dos primeras por avería y la tercera por recarga.

«Si se le suma la falta de actividad de Garoña, se concluye que cerca de la mitad del parque nuclear español está fuera de juego», añadió la organización.

Señaló que no es la primera vez que se da esta coincidencia, ya que el año pasado, «sin ir más lejos», hubo tres centrales paradas en dos ocasiones e incluso cuatro durante varios días de junio.

En su opinión, este hecho demuestra que la energía nuclear está lejos de ser garante de la potencia eléctrica, especialmente cuando las centrales van cumpliendo años y sus sistemas van envejeciendo y se producen cada vez más paradas no programadas.

Además, subrayó, lo ocurrido muestra que las nucleares son perfectamente prescindibles, ya que en la práctica hay que disponer de centrales alternativas que deben sustituirlas cuando, como es el caso, la potencia nuclear se reduce.

«La acumulación de sucesos notificables, creciente con los años, demuestra la vulnerabilidad de las centrales nucleares y la irresponsabilidad de los que aún pretenden mantener funcionando la nuclear de Garoña, la más antigua, con más de 42 años y afectada de múltiples deficiencias», remarcó Ecologistas en Acción.

La empresa de movilidad eléctrica Better Place se declara en quiebra

«Hoy es un día muy triste en el que fracasa nuestra visión global de reducir la dependencia energética de contaminantes«, señaló el consejo directivo en un comunicado colgado en la página web de la compañía.

Fundada en 2007 por el empresario israelí-estadounidense Shai Agassi, que fue obligado a abandonar el proyecto en octubre pasado, Better Place tuvo problemas con el cumplimiento de sus planes comerciales desde el principio.

«Desgraciadamente, tras un año de operación comercial, estaba claro para nosotros que, pese a los muchos clientes satisfechos, la aceptación en el público más amplio no sería suficiente y el apoyo por parte de los productores de vehículos no llegaría«, indicó su responsable ejecutivo, Dan Cohen.

Este mismo mes, Better Place sufrió un duro golpe cuando el presidente de Renault y Nissan, Carlos Ghosn, dijo que la compañía reducirá notablemente su producción de vehículos eléctricos con baterías intercambiables, precisamente el concepto sobre el que se basaba el proyecto de esta empresa.

«En los últimos seis meses, la dirección de Better Place ha hecho cambios fundamentales en la compañía, ha centrado su estrategia, objetivos y mercados, y al mismo tiempo ha seguido buscando financiación, así como garantizar modelos adicionales que añadir a su actual oferta», señaló la empresa.

Pese a estos esfuerzos, «los ingresos son aún insuficientes para cubrir los gastos operativos y, a la luz de la continuada posición negativa de flujo de caja, el Consejo Directivo ha decidido que no tiene más opción que solicitar a los tribunales una liquidación ordenada de la compañía», agrega.

Su principal accionista, Israel Corporation, también rechazó aumentar su participación, según el diario económico israelí «Globes«, que calculaba en cuatro años y 387 millones de euros las necesidades de Better Place para equilibrar sus cuentas.

La empresa, con sede en Palo Alto (California) y el centro de operaciones cerca de Tel Aviv, donde lanzó al público su proyecto piloto en 2012, desarrolló una red de carga y cambio de baterías, desplegada inicialmente en Israel y Dinamarca.

Sin embargo, los vehículos en la carretera con batería eléctrica no alcanzan el millar en Israel y son menos aún en Dinamarca, según medios israelíes.

Better Place ha pasado de proyecto constantemente alabado casi en cada discurso por el presidente israelí, Simón Peres, y otros dirigentes del país a una iniciativa de la que sólo se hablaba en los últimos meses para aventurar su negro final.

«El camino para lograr nuestra visión fue difícil, complejo y lleno de obstáculos, de los que no pudimos superar todos. Superamos los retos técnicos, pero no el resto de obstáculos, pese al esfuerzo masivo y los recursos desplegados con ese objetivo», resumió el Consejo Directivo.

La empresa de movilidad eléctrica Better Place se declara en quiebra

«Hoy es un día muy triste en el que fracasa nuestra visión global de reducir la dependencia energética de contaminantes«, señaló el consejo directivo en un comunicado colgado en la página web de la compañía.

Fundada en 2007 por el empresario israelí-estadounidense Shai Agassi, que fue obligado a abandonar el proyecto en octubre pasado, Better Place tuvo problemas con el cumplimiento de sus planes comerciales desde el principio.

«Desgraciadamente, tras un año de operación comercial, estaba claro para nosotros que, pese a los muchos clientes satisfechos, la aceptación en el público más amplio no sería suficiente y el apoyo por parte de los productores de vehículos no llegaría«, indicó su responsable ejecutivo, Dan Cohen.

Este mismo mes, Better Place sufrió un duro golpe cuando el presidente de Renault y Nissan, Carlos Ghosn, dijo que la compañía reducirá notablemente su producción de vehículos eléctricos con baterías intercambiables, precisamente el concepto sobre el que se basaba el proyecto de esta empresa.

«En los últimos seis meses, la dirección de Better Place ha hecho cambios fundamentales en la compañía, ha centrado su estrategia, objetivos y mercados, y al mismo tiempo ha seguido buscando financiación, así como garantizar modelos adicionales que añadir a su actual oferta», señaló la empresa.

Pese a estos esfuerzos, «los ingresos son aún insuficientes para cubrir los gastos operativos y, a la luz de la continuada posición negativa de flujo de caja, el Consejo Directivo ha decidido que no tiene más opción que solicitar a los tribunales una liquidación ordenada de la compañía», agrega.

Su principal accionista, Israel Corporation, también rechazó aumentar su participación, según el diario económico israelí «Globes«, que calculaba en cuatro años y 387 millones de euros las necesidades de Better Place para equilibrar sus cuentas.

La empresa, con sede en Palo Alto (California) y el centro de operaciones cerca de Tel Aviv, donde lanzó al público su proyecto piloto en 2012, desarrolló una red de carga y cambio de baterías, desplegada inicialmente en Israel y Dinamarca.

Sin embargo, los vehículos en la carretera con batería eléctrica no alcanzan el millar en Israel y son menos aún en Dinamarca, según medios israelíes.

Better Place ha pasado de proyecto constantemente alabado casi en cada discurso por el presidente israelí, Simón Peres, y otros dirigentes del país a una iniciativa de la que sólo se hablaba en los últimos meses para aventurar su negro final.

«El camino para lograr nuestra visión fue difícil, complejo y lleno de obstáculos, de los que no pudimos superar todos. Superamos los retos técnicos, pero no el resto de obstáculos, pese al esfuerzo masivo y los recursos desplegados con ese objetivo», resumió el Consejo Directivo.

Going Green invierte 1,5 millones en una fábrica de motos eléctricas

La fábrica está ubicada en la zona empresarial de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) y su puesta en marcha supuso la creación de medio centenar de puestos de trabajo.

El director general de la empresa, Gonzalo Alonso, destacó que la de L’Hospitalet «es la primera fábrica de España de donde salen exclusivamente motos eléctricas, un sector que estamos convencidos que tiene un gran futuro». En Alemania funcionan dos fábricas similares a la catalana.

La iniciativa se puso en marcha gracias a la colaboración de Invest in Catalonia, el área de atracción y promoción de inversiones del Departamento de Empresa y Empleo, y con el apoyo del Plan Estratégico de la motocicleta gestionado por la Dirección General de Industria.

El director general de Going Green destacó que «las empresas y el turismo» son los dos grandes objetivos de la empresa.

Alonso explicó que «uno de los principales problemas de los vehículos eléctricos es la autonomía, un problema que tenemos solucionado en el caso de las motos porque están pensadas para hacer trayectos cortos».

Otra de las ventajas de las motos eléctricas respecto a los coches eléctricos, según Alonso, es el precio: «no es muy diferente entre una moto eléctrica y una tradicional».

Está previsto que de la fábrica salgan 5.000 motos eléctricas al año .

Going Green invierte 1,5 millones en una fábrica de motos eléctricas

La fábrica está ubicada en la zona empresarial de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) y su puesta en marcha supuso la creación de medio centenar de puestos de trabajo.

El director general de la empresa, Gonzalo Alonso, destacó que la de L’Hospitalet «es la primera fábrica de España de donde salen exclusivamente motos eléctricas, un sector que estamos convencidos que tiene un gran futuro». En Alemania funcionan dos fábricas similares a la catalana.

La iniciativa se puso en marcha gracias a la colaboración de Invest in Catalonia, el área de atracción y promoción de inversiones del Departamento de Empresa y Empleo, y con el apoyo del Plan Estratégico de la motocicleta gestionado por la Dirección General de Industria.

El director general de Going Green destacó que «las empresas y el turismo» son los dos grandes objetivos de la empresa.

Alonso explicó que «uno de los principales problemas de los vehículos eléctricos es la autonomía, un problema que tenemos solucionado en el caso de las motos porque están pensadas para hacer trayectos cortos».

Otra de las ventajas de las motos eléctricas respecto a los coches eléctricos, según Alonso, es el precio: «no es muy diferente entre una moto eléctrica y una tradicional».

Está previsto que de la fábrica salgan 5.000 motos eléctricas al año .

Factor C02 presenta propuestas para que los mercados mundiales de carbono contribuyan a proteger los ecosistemas marinos

Así, la responsable del área de sumideros, María Jesús Muñoz, ha presentado la propuestas y ha explicado que el término carbono azul se refiere a la capacidad de absorber y retener carbono por parte de ecosistemas marinos, como las praderas oceánicas, los manglares o las marismas.

Muñoz ha defendido que el papel de estos ecosistemas amenazados en el ciclo del carbono a nivel global es «muy relevante» por lo que deben buscarse los mecanismos para asegurar su protección. En el entorno mediterráneo, destaca la importancia de las fanerógamas marinas y, en particular, de las praderas de Posidonia oceanica.

Además, recuerda que, según el IPCC, la protección, la mejor gestión y el restablecimiento de los sumideros de carbono azul del océano evitaría la pérdida de hasta 450 millones de toneladas de carbono al año, lo que supone una reducción del 10 por ciento de las emisiones globales de CO2 estimadas para 2050.

En cuanto al valor de estos ecosistemas, destaca que generan empleo, ingresos, turismos y que, en general el valor global de los servicios que proveen alcanza los 20 millones de euros al año en todo el mundo.

Para Factor CO2, debe trabajarse a nivel institucional, creando un marco contable que refleje de forma estandarizada la capacidad de absorción de estos ecosistemas y establecer herramientas para su consideración en el marco de los objetivos nacionales. En segundo lugar, a nivel económico, para hacer hueco dentro de los esquemas de mercados de carbono existentes para incentivar su conservación. El mercado voluntario (de compensación de emisiones) aparece como el camino más adecuado a corto plazo.

La eficiencia energética en edificios puede crear 14.130 empleos anuales, según el CTESC

Según los cálculos del organismo, la rehabilitación energética de los edificios que la necesitan en Cataluña supondría un volumen de facturación total de 60.250 millones de euros hasta 2050 si las obras empezaran este año, de los que 44.000 se corresponden a actuaciones sobre viviendas construidas antes de 1980, que son las que necesitan obras de mejora más urgentes.

El presidente del CTESC, Josep Maria Rañé, aseguró que la construcción «es un sector de futuro si se reorienta hacia la rehabilitación y la innovación», y señaló que las promociones de obra nueva se deben restringir sólo a las zonas en las que el tiempo de absorción del ‘stock’ es más bajo, como Barcelona ciudad y su área de influencia.

Según el CTESC, Cataluña cerró 2012 con 89.123 viviendas de obra nueva pendientes de venta -mientras que en 2004 esta cifra era de 15.869-, lo que supone que al ritmo de venta del último año se tardaría una media de 7,7 años en absorber este ‘stock’, aunque este tiempo es diferente según la zona geográfica.

Barcelona ciudad es el ámbito con mejores indicadores de absorción del ‘stock’ -menos de un año al ritmo de ventas de 2012-, mientras que Terres de l’Ebre es el que presenta una peor situación, ya que necesitaría casi 24 años para absorber el parque de viviendas nuevas, muy superior en proporción al número de habitantes -59 viviendas por cada 1.000 habitantes, frente al 0,5 de Barcelona-.

Por este motivo, Rañé insistió en la necesidad de centrar la actividad del sector de la construcción en la rehabilitación, por lo que pidió a la Generalitat medidas de fomento a este ámbito a través de fórmulas de pago aplazado, créditos blandos y desgravaciones fiscales en función del nivel de renta y características del contribuyente, así como incentivos y mejoras en el ámbito fiscal.

También pidió restablecer la deducción por rehabilitación, ampliar los supuestos para aplicar el IVA reducido en este tipo de obras, considerar a los inquilinos como promotores -ahora solo se considera a los propietarios- y poder aplicar los estímulos fiscales también a edificios de oficinas y locales comerciales -ahora limitados a viviendas-.

El informe también destacó la necesidad de aplicar ayudas a derribos de edificios, flexibilizar las condiciones de acceso a la vivienda protegida e impulsar una simplificación administrativa en este sector.

El secretario de Vivienda y Mejora Urbana, Carles Sala, que participó en la apertura de la jornada, coincidió en la necesidad de que la rehabilitación sea la protagonista de la salida de la crisis del sector de la construcción, y consideró que las empresas que han resistido hasta ahora podrán salir de esta situación.

Sala lamentó que la capacidad de la Generalitat de fomentar el sector es limitada, ya que los recursos para políticas de vivienda procedentes del Estado se redujeron un 94%, de 110 millones de euros hace tres años a 6,5 millones este año.

Ocho grandes compañías eléctricas europeas aseguran que viven una «tormenta perfecta» y piden a la UE un impulso a las inversiones para mejorar la seguridad de suministro

Según las empresas, entre las que también figuran ENI, Gasterra, GDF-Suez y RWE, las ocho eléctricas se reunieron en Bruselas en vísperas de la reunión del Consejo Europeo sobre energía y lucha contra el fraude fiscal.

Las ocho empresas firmaron una declaración conjunta en la que se pone de manifiesto la importancia de los desafíos del sector y se proponen acciones adecuadas para revitalizar la política energética europea. A su juicio, «aun hay tiempo de reenfocar la política energética» de la Unión Europea para «garantizar a los ciudadanos europeos precios de energía competitivos y seguridad de suministro».

De esta forma, sus dirigentes llamaron la atención acerca de la «urgente necesidad de remediar la peligrosa situación a la que se enfrenta el sector eléctrico». Entre los firmantes figuran el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y los consejeros delegados de Gas Natural Fenosa y Enel, Rafael Villaseca y Fulvio Conti, respectivamente.

También participaron en la declaración Gertjan Lankhorst (Gasterra), Gérard Mestrallet (GDF Suez), Paolo Scaroni (Enel), Peter Terium (RWE) y Johannes Teyssen (E.ON).

Para las empresas, la actual «falta de visibilidad y certidumbre regulatorias» provocará «una paralización de las inversiones que repercutirá negativamente en la seguridad de suministro, el empleo y la reactivación de la economía europea».

Los firmantes consideraron que «mantener el statu quo no es una opción» y expresaron su compromiso con la aspiración europea de una política energética marcada por los principios de competitividad, seguridad de suministro y desarrollo sostenible, al tiempo que suscribieron la necesidad de liberalizar los mercados de energía.

Las empresas europeas del sector energético, señalaron, están experimentando una «tormenta perfecta» que está «poniendo en peligro la seguridad de suministro, la transición a una economía con bajas emisiones de carbono y su capacidad para atraer capital».

Ante este escenario, propusieron medidas que incluyen una mejora en el diseño del mercado en la que se incluya una estrategia europea común sobre mecanismos de capacidad en la que «los activos que contribuyen a la seguridad de suministro, en beneficio de los clientes europeos, sean digna y justamente retribuidos».

También abogaron por un mercado europeo de derechos de carbono capaz de apoyar tecnologías respetuosas con el clima y que ofrezca una perspectiva fiable mediante la fijación de objetivos de emisiones ambiciosos pero a la vez realistas y estables más allá de 2020.

También pidieron «un enfoque más sostenible de los mecanismos de apoyo a las renovables que reduzca los costes para los ciudadanos y favorezca la convergencia entre los estados miembros».

Por último, reclamaron un fortalecimiento del marco regulatorio para reactivar las inversiones en tecnologías «con futuro», como el almacenamiento de energía, las nuevas renovables, el gas no convencional, la captura y almacenamiento de CO2 y las redes y contadores inteligentes.