Erdogan anuncia la construcción de una tercera central nuclear de Turquía para reducir las emisiones de dióxido de carbono

EFE.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado la construcción de una tercera central nuclear para reducir las emisiones de dióxido de carbono, según indicaron los medios locales.

«Nuestro objetivo es empezar cuanto antes con la segunda central, y comenzar con la tercera. Porque necesitamos energía limpia. Cuando termine, dará empleo a 10.000 personas«, aseveró el mandatario durante un encuentro electoral dedicado a temas tecnológicos, según el diario Hürriyet.

Erdogan y su homólogo ruso, Vladímir Putin, inauguraron el pasado abril las obras de la primera central nuclear de Turquía, conocida como Akkuyu, en la provincia meridional de Mersin, a orillas del Mediterráneo, y contratada con la empresa rusa Rosatom.

Otra central se proyecta en Sinop, a orillas del Mar Negro, y será construida por un consorcio de la empresa japonesa Mitsubishi y la francesa Avea.

Turquía y Japón firmaron un acuerdo al respecto en 2013, pero las instituciones turcas todavía no han expedido los permisos de construcción necesarios.

«Los países del mundo que más hablan en contra de la energía nuclear son los que más centrales nucleares tienen. Nosotros no caeremos en este juego. Construiremos nuestras propias centrales nucleares», argumentó Erdogan.

«Estos países controlan con éxito el volumen de sus emisiones de carbono. No nos engañen. Controlan las emisiones y emplean una energía totalmente limpia. Nosotros también lo haremos», agregó.

Aunque Erdogan no especificó el lugar previsto para la tercera central, el ministro de Energía turco, Berat Albayrak, avanzó que probablemente se ubicaría en Tracia, la región turca fronteriza con Grecia y Bulgaria.

«En esta región hay mucho consumo de energía, pero no se produce. Así que la elaboraremos localmente y equilibraremos la demanda. Los detalles se darán a conocer muy probablemente durante este año», apuntó el ministro.

Javier Fernández buscará una posición común en Asturias sobre el carbón y las térmicas antes de reunirse con Pedro Sánchez

EFE.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, comparecerá en la Junta General en julio durante un pleno extraordinario de la Cámara autonómica para explicar la postura del Gobierno y buscar una posición común ante el riesgo de cierre de las centrales térmicas y el futuro del sector del carbón.

La comparecencia fue solicitada por PP, Izquierda Unida y Foro después de que no fuese posible sacar adelante la declaración institucional propuesta por el PP en defensa de la presencia del carbón en el mix energético nacional y de la continuidad de las centrales térmicas. Previsiblemente, la comparecencia se llevaría a cabo antes de que Fernández mantenga su primer encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de reuniones con todos los jefes de Ejecutivos autonómicos.

Para el diputado y secretario general del PP, Luis Venta, aunque Fernández ha expresado ya su criterio contrario a la postura defendida por el nuevo Gobierno, el objetivo debe ser «que lo diga y lo pelee» dado que la postura «radicalmente ecológica» del nuevo gabinete conllevaría un adelanto del cierre de las térmicas. «Es el Gobierno socialista y no vale con decir que Pedro Sánchez conoce muy bien Asturias y que ponga a ministros para cerrar las térmicas», ha apuntado tras reiterar sus críticas a Podemos, y en especial a Ciudadanos, por impedir la aprobación de una declaración institucional conjunta.

Según el portavoz de Podemos, Emilio León, en este asunto y en todo lo relacionado con el sector minero el PP y el PSOE «juegan a la cerilla» de forma que los socialistas pensaban que se la quedaría los populares y viceversa «y la cerilla es cada vez más corta«. A su juicio, el PP ni siquiera ha aportado las cantidades previstas en el último Plan de la Minería para afrontar la situación de un sector cuya desaparición paulatina requiere previamente de «un plan de choque» que genere empleos alternativos.

Para la diputada de Izquierda Unida, Concha Masa, la comparecencia de Fernández debería servir para fijar una posición común y que pueda defenderla ante el Gobierno central mientras que Ciudadanos reprocha a PSOE y PP «lanzarse la pelota» mutuamente en torno al futuro del carbón dada la «imparable» transición ecológica del sector energético que requiere de un pacto de Estado.

La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom) cree que el nuevo objetivo de renovables «carece de ambición»

Europa Press.- La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom) recibió con satisfacción el acuerdo alcanzado en Bruselas sobre la directiva de energías renovables, que fija el objetivo de renovables para 2030 en el 32%, por encima del anterior del 27%, aunque considera que este objetivo «carece de ambición real».

La asociación considera que el acuerdo «da vida» a la primera disposición dedicada a calefacción y refrigeración en la legislación de la Unión Europea» y establece un aumento anual de 1,3 puntos porcentuales en esta materia, con un 40% de flexibilidad en el calor residual. No obstante, el presidente de Avebiom, Javier Díaz, cree que, aunque es un primer paso positivo, el compromiso final en la proporción de renovables en climatización y refrigeración «carece de ambición real, podría ofrecer mucho más y llegar a un sector 100% renovable en 2050«.

Además, la asociación de la biomasa echa en falta que el objetivo no se corresponda con obligaciones vinculantes para los Estados miembros. Así, Díaz subraya que el acuerdo proporciona un marco de acción, pero «no es lo suficientemente ambicioso como para cumplir los objetivos de la Unión Europea a mediados de siglo para limitar el calentamiento global a 1,5° C». A este respecto, pide que el objetivo se complemente «con un marco coherente que evite los subsidios a las tecnologías fósiles y el bloqueo de la infraestructura de combustibles fósiles”.

En Comú solicita en el Congreso de los Diputados diferentes informes sobre el proyecto Castor

Europa Press. – En Comú ha reclamado en el Congreso más información sobre el proyecto Castor y ha registrado dos peticiones en las que reclama sendos informes referentes a este caso: Los de la Abogacía del Estado y el estudio emitido por la empresa concesionaria del mismo ACS-ESCAL.

A iniciativa del portavoz de Energía de Unidos Podemos y diputado de En Comú Josep Vendrell, se solicita estudiar los informes que presentó la Abogacía del Estado y que no avalaban la posibilidad de demostrar negligencia y daños vía declaración de lesividad, para denunciar el contrato del proyecto de almacenamiento de gas natural Castor.

Pero, además, quieren conocer el estudio presentado por parte de ACS-ESCAL para la concesión de explotación de este almacenamiento. Según apunta Unidos Podemos en la petición, este trabajo está aprobado por un auditor técnico, una aseguradora y la autoridad pública correspondiente, según el cual la aseguradora asumía los riesgos derivados de la construcción y puesta en marcha de la planta.

 

Solicitan información sobre la Ley del Cambio climático

Unidos Podemos ha denunciado en numerosas ocasiones que haya tenido que ser «la ciudadanía» la que ha tenido que pagar «el fiasco» del proyecto Castor con 1.649 millones para indemnizar a la empresa constructora. «Se indemniza a las empresas pero no a las personas perjudicadas de los territorios de las Tierras del Ebro y de Castellón», ha declarado en anteriores ocasiones Vendrell.

El grupo de Pablo Iglesias aprovecha para pedir también información al Ejecutivo acerca del borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático que estaba preparando el anterior Gobierno y cuya existencia ha confirmado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

«Hay un texto bastante articulado y dada la incidencia que tiene la ley no entiendo los motivos por los que la ministra no se animó a sacarlo a la luz; dejar en un cajón lo que ya está avanzado tiene poco sentido», explicó Ribera. Su antecesora, Isabel García Tejerina, se comprometió a presentar este texto a lo largo de 2018.

Las organizaciones ecologistas ven «peligrosamente» poco ambicioso el nuevo objetivo de renovables para 2030 pese a la apuesta por autoconsumo

Europa Press.- Las ONG ambientales consideran que el nuevo objetivo europeo de energías renovables, que fija un 32% para 2030, es «demasiado conservador» y «peligrosamente poco ambicioso» aunque celebran la apuesta por el autoconsumo en la Unión Europea, que supondrá a partir de 2021 el fin del llamado impuesto al sol en España y otras penalizaciones en el resto de los Veintiocho.

Para el responsable de clima y energía de Amigos de la Tierra, Héctor de Prado, mientras otras regiones mundiales apuestan «decididamente» por un futuro renovable, Europa sigue «sin hacer los deberes» y necesita cambiar su concepción sobre la energía.

«Celebramos que finalmente los decisores hayan empezado a allanar el camino que permitirá a la ciudadanía aportar su granito de arena a la transformación total del sistema para mediados de siglo», ha manifestado.

Pese a que consideran «insuficiente» el objetivo para afrontar su responsabilidad climática, estima «muy positivamente» los avances para empoderar a los ciudadanos europeos como nuevos actores energéticos en el sistema.

Además, el portavoz clima y energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha lamentado que el nuevo objetivo rebaja en dos puntos la propuesta del Parlamento, del 34% al 32%, lo que supone una producción de la energía primaria de Austria y Portugal juntas.

De hecho, ha asegurado que «falta bastante más» para cumplir el Acuerdo de París y estima que el objetivo debería situarse, seguro por encima del 40%, y preferiblemente por encima del 45%.

Por otro lado, ve «muy preocupante» que la propuesta permita seguir quemando aceite de palma como combustible y advierte de criterios «bastante laxos» al respecto, lo que permite incluir a grandes centrales de biomasa, que pueden llegar a quemar grandes toneladas de bosques y a empeorar la calidad del aire.

En todo caso, ve como noticia «positiva» que se imponga la «necesidad» de proteger el derecho de quien produce su propia energía. «Valoramos que se está ganando una batalla en el horizonte energético en el que está más cerca que cada uno pueda producir su propia energía más allá de los grandes nodos eléctricos y las grandes empresas», ha concluido.

Por su parte, Greenpeace celebra que la Unión Europea haya declarado «ilegal» el impuesto al solpor lo que urge al Gobierno a «suprimir todas las barreras» al autoconsumo renovable, que será incompatible con la nueva norma europea.

Para la ONG un 32% es «todavía insuficiente» para luchar contra el cambio climático y cree que el Ejecutivo debe poner fecha para alcanzar un sistema 100% renovable en su Plan Integrado de Energía y Clima y en la Ley de Cambio climático y Transición energética.

La nueva directiva de renovables, que entrará en vigor en 2021, reconoce el derecho de los ciudadanos al autoconsumo y a compartir energía e impide que la penalización con impuestos o cargas económicas extra o con barreras administrativas gravosas.

Para la responsable de la campaña de energía de Greenpeace, Sara Pizzinato, el fin del impuesto al sol es «una victoria de la ciudadanía» que ha «presionado» durante años. «Es más fácil liberarse del poder de las grandes eléctricas», prevé.

Sin embargo, advierte de que tendrán que seguir demandando objetivos de renovables más ambiciosos para luchar contra el cambio climático y conseguir que las eléctricas «estén obligadas a desengancharse de los combustibles fósiles y otras falsas soluciones».

En su opinión, el objetivo «mínimo» se queda «peligrosamente corto respecto al necesario para prevenir un cambio climático catastrófico» y coincide con el resto de ONG en que se debería alcanzar el 45%.

Para Pizzinato, el «giro de última hora» en la posición de los Gobiernos de España e Italia ha hecho posible «algo que parecía perdido». «Ahora es el momento de plasmar a nivel nacional esa ambición y encarrilar decididamente la transición energética hacia un sistema 100% renovable para proteger a la ciudadanía del cambio climático», ha añadido.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, cree que este «es un paso pero no es suficiente» porque la Unión Europea debe ser un acicate a los países que están en la cola, pero también ante los que están siendo más ambiciosos.

Así, añade que es preciso «empujar más para cumplir el objetivo que el planeta necesita para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados centígrados», para lo que al menos debería establecerse un 45% de renovables en esa fecha. Sin embargo celebra las medidas que se toman respecto al autoconsumo que permitirán el fin del impuesto al sol y otras trabas.

Por último, la responsable de clima y energía de WWF, Mar Asunción, ha manifestado que las nuevas normas son «buenas» en lo que se refiere al autoconsumo, por lo que llama al nuevo Gobierno y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que «quite las barreras de una vez» al conocido como el impuesto al sol, ahora que la Directiva europea lo respalda.

En cuanto al objetivo del 32% también opina que «no es suficientemente ambicioso» sino que está «lejos del 45%» que reclama WWF.

Sin embargo, ha añadido que para la ONG lo «más preocupante» es que la Directiva no establece objetivos por países y aunque «de cualquier modo es mejor que el 27% anterior», se trata de un paso adelante «tímido y que hay que reforzar».

Finalmente, denuncia que la bioenergía es «el principal escollo» porque los objetivos y requisitos son en su opinión «bastante laxos» de modo que no garantizan que la biomasa que se produzca emita menos que si se hubiera producido esta energía con combustibles fósiles.

El comité de expertos espera que su informe sea tenido en cuenta por el Gobierno para impulsar la transición energética

EFE.- Jorge Sanz, que presidió el comité de expertos sobre transición energética, reivindica que el informe que elaboró ese grupo, que se aprobó con 11 votos a favor y 3 abstenciones, tiene que ser un documento de referencia de cara a la transición energética. Sanz ha manifestado que el documento de los expertos, que fueron designados por los grupos parlamentarios y agentes sociales, «no es el documento de un partido», y ha añadido que «es un documento que hay que leer».

Ha señalado que los mix energéticos (fuentes de energía que cubren la demanda) que vaya a haber en un futuro dependerán de muchas cosas, como de los precios de los combustibles y de los precios de los derechos de emisión de CO2. En este sentido, resaltó que una de las conclusiones del comité de expertos fue que el grado de cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones era muy sensible a la bajada de los precios del petróleo. De esta manera, señaló que los objetivos para 2030 se cumplirán con mayor holgura si los precios de los combustibles son caros y menos si están baratos.

Ha señalado que, no obstante, el informe concluyó que era factible alcanzar ese objetivo, así como el de eficiencia energética, y que el único en el que aparecían problemas era en el de renovables, que entonces se contemplaba en un 27% del total de la energía suministrada y que ahora Europa ha fijado en el 32%, pese a que los precios de los combustibles ayudan. Ha añadido que, pese a que las renovables han demostrado ser competitivas, las que más las eléctricas, hay un «cuello de botella» en la electrificación.

También ha señalado que, aunque el estudio concluyó que España cumplirá los objetivos de eficiencia energética a 2030, se puede hacer más en este ámbito, lo que puede contribuir a mejorar más en otros objetivos. También ha destacado la importancia que tiene reformar la fiscalidad, sustituyendo impuestos recaudatorios, como la tasa especial a la electricidad y el que pagan los generadores, por ambientales. Ha señalado que esos impuestos recaudatorios afectan al precio, lo que influye en la elección que haga el consumidor sobre la energía que consume, e indicó que la propuesta del comité de expertos «no sube la presión fiscal» sino que la «reequilibra» de forma que contribuyan más los consumidores de tecnologías emisoras.

Sanz manifestó que también hay que discutir cómo se financian las renovables, pues el sistema actual penaliza al consumidor de electricidad, ya que ahora el 90% de la financiación de esas energías proviene del consumo eléctrico. Se mostró a favor de repartir la financiación de las renovables entre todos los consumidores de energía y en proporción a lo que representan, un 25% en el consumo eléctrico y alrededor del 50% en el de combustibles fósiles, a fin de «equilibrar el esfuerzo para que cada uno pague lo que le toca».

El Gobierno de Navarra propone una mayor colaboración entre el sector público y privado para impulsar proyectos de energía sostenible

EFE.- El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, propone establecer una mayor colaboración entre el sector público como motor, las operadoras y empresas del sector y las entidades financieras en el impulso compartido a proyectos de energía sostenible. Estos proyectos deberán estar alineados con la estrategia de transición energética impulsada desde la Agenda Urbana de la Unión Europea, según el Ejecutivo Foral.

«El sector público está tirando y las empresas están aportando proyectos y soluciones creativas; ahora falta que pongamos todo este conocimiento e innovación en contacto con los agentes financiadores para que la energía sostenible y las políticas de eficiencia energética puedan transformar, lo están haciendo ya, nuestras ciudades«, ha explicado Ayerdi. De esta forma se ha pronunciado sobre la plataforma público-privada EnerInvest, de la que forma parte junto con otras ocho entidades públicas y empresas de servicios del sector energético.

El vicepresidente ha destacado el plan energético Navarra 2030 y el proyecto europeo SustaiNAVility de rehabilitación energética de edificios liderado por Nasuvinsa como dos iniciativas clave en el proceso de transición energética, aunque ha subrayado que «el éxito pasa por involucrar al sector privado y a las entidades financieras que vean en la energía sostenible una nueva ventana de negocio».

Destacó que Navarra, habiendo sido durante los últimos 25 años una referencia en materia de energías renovables, ha emprendido durante estos dos últimos años «un importante giro para dar un salto cualitativo en un proceso de transición energética hacia un sistema de eficiencia y reducción progresiva de consumo, más integrado y menos dependiente de importación de energías de origen fósil«.

En ese sentido ha resaltado el proyecto SustaiNAVility, que hará extensiva a otros barrios de la comunidad y edificios dotacionales del Gobierno la exitosa experiencia de rehabilitación energética integral emprendida por Nasuvinsa en la Txantrea, una intervención urbanística basada en envolventes térmicas de edificios, renovación de infraestructuras y redes de calor o medidas de regeneración del tejido urbano de barrio. Asimismo, Ayerdi citó «la audaz apuesta por la edificación sostenible y la implantación de los Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN), que contribuirá a transformar el mundo de la edificación y el urbanismo» o la participación de Navarra, junto con otras nueve ciudades y regiones europeas, en el grupo Energy Transition de la Unión Europea.

Compromís propone blindar la retribución de las energías renovables para que no se revise al término de cada período regulatorio

Europa Press.- Compromís quiere blindar el valor sobre el que gira la rentabilidad razonable para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, cogeneración y residuos. Así consta en la proposición no de ley registrada por la formación valenciana, con la que reclaman la modificación de la Ley del Sector Eléctrico para endurecer los cambios permitidos a estas retribuciones.

En ella se fijó una rentabilidad razonable para toda la vida regulatoria sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda pública a 10 años, incrementada en 300 puntos básicos, si bien abriendo la puerta a una revisión posterior. Ahora Compromís, a través de su portavoz en la Comisión de Energía del Congreso, Ignasi Candela, quiere que este valor no sea objeto de revisión durante toda la vida útil regulatoria de estas instalaciones. La formación valenciana justifica este endurecimiento en que la posibilidad de modificar estos parámetros «no hace sino encarecer su desarrollo».

«Este grado de incertidumbre desincentiva la inversión en el desarrollo de proyectos de energía renovable, lo que resulta diametral a la política de fomento de las energías renovables que debe llevarse a cabo desde el Gobierno», apostilla Candela. Finalmente, la iniciativa también reclama «un proceso de diálogo con familias y pequeñas empresas y cooperativas afectadas con el fin de revertir las pérdidas acumuladas fruto de los cambios legislativos aplicados con carácter retroactivo en el sector».

El Instituto Tecnológico de Canarias aporta mejoras a la central hidroeólica de El Hierro

EFE. – El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha aportado mejoras a la operación técnica de la central hidroeólica de El Hierro para lograr la máxima eficiencia del sistema en su objetivo de maximizar la penetración de energías renovables en la isla.

A raíz de informes técnicos elaborados por el ITC, a finales de 2017 se llevaron a cabo varios trabajos en las instalaciones de la central que han permitido mejorar su funcionamiento.

De esta manera, la central ha incrementado su capacidad de gestión de la generación eólica y control de la generación hidráulica, redundando además en un incremento de la estabilidad del sistema.

El PSOE reclama un plan de transición energética con alternativas económicas para Cofrentes ante el posible cierre de la nuclear

Europa Press.- El grupo socialista en Les Corts ha presentado una Proposición No de Ley en la que insta al Consell y al Gobierno de España a diseñar y aprobar «un programa plurianual de actuaciones de transición energética en el área de influencia de la central nuclear de Cofrentes» que tenga como objetivo «anticiparse y evitar los posibles efectos negativos» que podrían conllevar el cierre de la misma previsto para 2021, cuando finaliza su permiso de explotación.

Así, el PSOE ha pedido que este plan sirva para «dotar de alternativas industriales y económicas en una zona cuyo empleo y actividad económica depende en gran medida de la central».

La diputada socialista Noelia Hernández ha señalado que «ni España ni la Comunidad Valenciana cuentan con un programa que garantice una transición justa en los territorios más vulnerables» por lo que «sería conveniente alcanzar un acuerdo que implicase a todos los organismos y administraciones implicados para conseguir anticiparse y evitar cualquier efecto no deseable de la transición energética».

En esta línea ha recordado que el área de influencia de esta central tiene una alta dependencia económica de la misma, ya que la zona carece de alternativas industriales y gran parte de los empleos están ligados de forma directa o indirecta a la central.

«Es muy importante que las administraciones se pongan en marcha para que de forma coordinada aborden desde ya y se anticipen al cierre fomentando alternativas para la diversificación de la economía en la zona«, ha señalado Hernández.

Por todo ello la iniciativa presentada desde el grupo socialista recoge establecer incentivos para «favorecer la inversión privada en este área» así como medidas específicas de I+D+i «tanto ligadas al cambio climático o que fomenten la diversificación a la transición energética». También se señala la «aplicación de fondos europeos y programas de financiación del Banco Europeo de Inversión para fomento del emprendedurismo como alternativa a la transición energética».

Otra de las políticas que se reclama en la PNL es establecer «una planificación energética sustitutiva que sea equiparable a la capacidad de producción eléctrica de la central nuclear», que 2017 produjo el 3% de la producción eléctrica nacional y el 13’19% de la producción eléctrica de origen nuclear, «así como implantar las medidas que faciliten y agilicen las instalaciones renovables».

Por último, desde el grupo socialista proponen «solicitar al Gobierno de España su participación financiera y estratégica» y «derogar normas que dificulten la transición energética hacia un modelo más sostenible».

En este sentido, la diputada socialista ha recordado que la Ley del Sector Eléctrico que aprobó el Gobierno del PP en 2013 «no supuso ningún avance en materia de cambio climático y tuvo consecuencias nefastas» como fue la pérdida de unos 70.000 empleos en el sector de las energías renovables así como las pérdidas cuantiosas de muchos pequeños inversores.