«Se van a ir aprobando distintos impuestos medioambientales. Algunos se han desarrollando ya y otros se están desarrollando», manifestó el secretario de Estado durante su intervención en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado.

Así, dijo que la fiscalidad verde pretende trasladar impuestos tradicionales hacia aquellos que dirijan la conducta de los ciudadanos hacia conductas más sostenibles. «Hacienda ha dicho que está interesado», apuntó Ramos, que añadió que este es un ámbito en el que hay que mejorar y que, por ello, su departamento está asesorando al ministerio de Hacienda en el diseño de esta nueva fiscalidad más verde.

El secretario de Estado repasó la gestión medioambiental del Gobierno en la que destacó, entre otras cuestiones, que se sacaron adelante cuatro normas con rango de Ley este año, dos años de impulso al medio ambiente, el Plan PIMA-SOL para la reducción de emisiones de CO2 en hoteles; el Plan Nacional de Calidad del Aire «con medidas realistas», y subrayó el anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que supondrá un «gran impulso», así como el anteproyecto de la Ley de Parques Nacionales.

Además, defendió que España cumplió el Protocolo de Kioto, a través de la compra de derechos de emisión porque «no había tiempo» de hacerlo de otra manera y explicó los proyectos para dar el prometido «giro copernicano» a la lucha contra el cambio climático, a través de dar prioridad a los proyectos de reducción de emisiones en el ámbito nacional. A su juicio, es preciso conciliar la máxima protección del medio ambiente con el desarrollo de una economía verde y de generación de empleo.

Ramos repasó el estado de los planes hidrográficos de cuenca, de los que ya están aprobados diez de un total de 25 y criticó que le parezca «francamente sorprendente» que el senador del PSOE Miguel Fidalgo haya dicho que los planes ya estaban hechos cuando «ni siquiera los habían sacado a información pública».

En su comparecencia aprovechó para felicitar a las confederaciones hidrográficas por la gestión realizada en este, que fue el año más lluvioso en 10 años, porque evitaron que los daños producidos por las intensas precipitaciones hayan sido mayores.

Asimismo, añadió que para racionalizar los presupuestos, se redujeron de cuatro a dos las Sociedades Estatales de Agua y destacó las obras de los embalses Almudévar-Biscarrues, el recrecimiento de la presa de Yesa y la presa de Enciso (La Rioja) y Castrovido (Burgos).

En materia de residuos, Ramos afirmó que no se va a hacer «un regalo a nadie que tenga una determinada tecnología», sino que el Gobierno aspira a no benificiar a nadie, ni decir «quién sale ganando», sino alcanzar los objetivos de residuos europeos.

Además, aseguró que al Ministerio le «interesa conocer el fracking» que estará sometido a Evaluación Ambiental y dijo que se va a discutir con el Ministerio de Industria. «Nos lo estamos tomando muy en serio», subrayó.

Por otro lado, respecto al backloading –retirar derechos de emisión de CO2 de los mercados para que aumente su precio– explicó que la postura de España es la de la abstención «igual que Alemania» porque está en la posición de estudiar y equilibrar este mecanismo.

El secretario de Estado reiteró que el medio ambiente «no es incompatible» con progreso sino que debe de ser un aliado porque el cuidado del entorno puede ser un entorno de oportunidades mediante políticas que integren e incentiven el medio ambiente. Por ello, insistió en que su voluntad es hacer una política medioambiental que no sea ajena a la realidad, con normas «ambiciosas pero realistas» y que busque las oportunidades que el medio ambiente pueda ofrecer.

Mientras, en su turno, el senador del PSOE Miguel Fidalgo criticó que la agenda de medio ambiente del Gobierno está «escondida» y lamentó que, a veces, el Ministerio de Medio Ambiente tiene «sus peores adversarios» en el Ministerio de Agricultura, de Hacienda o de Industria y que, por ello, el Gobierno se dedicó a eliminar las precauciones y salvaguardias ambientales.

Fidalgo criticó la política medioambiental del Gobierno en materia de residuos, de costas, de biodiversidad y dijo que su gestión no ha sido efectiva ya que se gestionó el 50% del presupuesto en algunas materias.

«Se van a ir aprobando distintos impuestos medioambientales. Algunos se han desarrollando ya y otros se están desarrollando», manifestó el secretario de Estado durante su intervención en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado.

Así, dijo que la fiscalidad verde pretende trasladar impuestos tradicionales hacia aquellos que dirijan la conducta de los ciudadanos hacia conductas más sostenibles. «Hacienda ha dicho que está interesado», apuntó Ramos, que añadió que este es un ámbito en el que hay que mejorar y que, por ello, su departamento está asesorando al ministerio de Hacienda en el diseño de esta nueva fiscalidad más verde.

El secretario de Estado repasó la gestión medioambiental del Gobierno en la que destacó, entre otras cuestiones, que se sacaron adelante cuatro normas con rango de Ley este año, dos años de impulso al medio ambiente, el Plan PIMA-SOL para la reducción de emisiones de CO2 en hoteles; el Plan Nacional de Calidad del Aire «con medidas realistas», y subrayó el anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que supondrá un «gran impulso», así como el anteproyecto de la Ley de Parques Nacionales.

Además, defendió que España cumplió el Protocolo de Kioto, a través de la compra de derechos de emisión porque «no había tiempo» de hacerlo de otra manera y explicó los proyectos para dar el prometido «giro copernicano» a la lucha contra el cambio climático, a través de dar prioridad a los proyectos de reducción de emisiones en el ámbito nacional. A su juicio, es preciso conciliar la máxima protección del medio ambiente con el desarrollo de una economía verde y de generación de empleo.

Ramos repasó el estado de los planes hidrográficos de cuenca, de los que ya están aprobados diez de un total de 25 y criticó que le parezca «francamente sorprendente» que el senador del PSOE Miguel Fidalgo haya dicho que los planes ya estaban hechos cuando «ni siquiera los habían sacado a información pública».

En su comparecencia aprovechó para felicitar a las confederaciones hidrográficas por la gestión realizada en este, que fue el año más lluvioso en 10 años, porque evitaron que los daños producidos por las intensas precipitaciones hayan sido mayores.

Asimismo, añadió que para racionalizar los presupuestos, se redujeron de cuatro a dos las Sociedades Estatales de Agua y destacó las obras de los embalses Almudévar-Biscarrues, el recrecimiento de la presa de Yesa y la presa de Enciso (La Rioja) y Castrovido (Burgos).

En materia de residuos, Ramos afirmó que no se va a hacer «un regalo a nadie que tenga una determinada tecnología», sino que el Gobierno aspira a no benificiar a nadie, ni decir «quién sale ganando», sino alcanzar los objetivos de residuos europeos.

Además, aseguró que al Ministerio le «interesa conocer el fracking» que estará sometido a Evaluación Ambiental y dijo que se va a discutir con el Ministerio de Industria. «Nos lo estamos tomando muy en serio», subrayó.

Por otro lado, respecto al backloading –retirar derechos de emisión de CO2 de los mercados para que aumente su precio– explicó que la postura de España es la de la abstención «igual que Alemania» porque está en la posición de estudiar y equilibrar este mecanismo.

El secretario de Estado reiteró que el medio ambiente «no es incompatible» con progreso sino que debe de ser un aliado porque el cuidado del entorno puede ser un entorno de oportunidades mediante políticas que integren e incentiven el medio ambiente. Por ello, insistió en que su voluntad es hacer una política medioambiental que no sea ajena a la realidad, con normas «ambiciosas pero realistas» y que busque las oportunidades que el medio ambiente pueda ofrecer.

Mientras, en su turno, el senador del PSOE Miguel Fidalgo criticó que la agenda de medio ambiente del Gobierno está «escondida» y lamentó que, a veces, el Ministerio de Medio Ambiente tiene «sus peores adversarios» en el Ministerio de Agricultura, de Hacienda o de Industria y que, por ello, el Gobierno se dedicó a eliminar las precauciones y salvaguardias ambientales.

Fidalgo criticó la política medioambiental del Gobierno en materia de residuos, de costas, de biodiversidad y dijo que su gestión no ha sido efectiva ya que se gestionó el 50% del presupuesto en algunas materias.

En este sentido, Pérez Montes señaló que el certificado supone un ahorro y «mejorará la situación económica» de los ciudadanos, de implantación obligatoria desde el pasado 1 de junio. «El certificado inculca una nueva mentalidad en el ciudadano y mejora su situación económica», añadió.

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica, José Antonio Galdón, explicó que el certificado aporta una etiqueta al inmueble en función de su eficiencia energética que se traduce en un valor añadido para el edificio y en un ahorro «tangible» para las familias, aunque actualmente no cuenta con cifras concretas. Por otro lado, indicó que este certificado promueve la reactivación de sectores como el de la construcción o el de las instalaciones.

Además, el presidente del Cogiti destacó que es necesario incentivar las inversiones para reformar los edificios a través, por ejemplo, de desgravaciones del IRPF o premios a las viviendas más eficientes en el consumo de energía.

Desde la firma del convenio en el verano pasado, Cogiti estimó que formará a casi 6.000 profesionales que se encargarán de expedir los certificados a los edificios. Hasta el momento, el consejo de ingenieros técnicos no tiene cifras concretas acerca del número de certificados que ya se emitieron desde su implantación, pero han asegurado que a mediados de julio podrán informar sobre el volumen concreto.

El director del IDAE advirtió también que está teniendo lugar cierto «mercadeo» con los certificados energéticos e indicó que «evidentemente hay que desconfiar de alguien que ofrece la máxima calificación» sin haber visitado el inmueble. Galdón añadió que para evitar esto la Administración ejercerá un control y sancionará los casos que no cumplen con los requisitos determinados.

Por último, el director del IDAE destacó que en otros países del entorno la certificación energética de viviendas tuvo un resultado «espectacular».