El recurso fue presentado con la firma de 50 senadores para conseguir la revisión de la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente, aprobada en el último pleno de las Cortes de la Legislatura 2003-2007.

El Alto tribunal ha concluido que la Ley que declaró este proyecto como de interés regional no es «razonable ni proporcionada», dos aspectos que serían necesarios para justificar su singularidad, que justificaría, al mismo tiempo la modificación por parte de una Ley de carácter regional de normativas urbanísticas. Además, se asevera que el sistema elegido «impidió el acceso al control judicial» de los derechos e intereses legítimos afectados.

En este sentido, el TC recuerda que el proyecto regional no sólo autoriza una obra o infraestructura «más o menos compleja, como era el caso», sino que además «planifica la ejecución de una actuación urbanística, pues contiene las determinaciones de los planes urbanísticos».

De hecho, los magistrados que componen el Pleno han incidido en que, durante el debate parlamentario en las Cortes regionales «se puso de manifiesto» que la actuación urbanística a desarrollar para la Ciudad del Medio Ambiente suponía problemas «en relación con la clasificación como urbanizable de un suelo hasta entonces no calificado como tal» y con el «incremento de la población en el municipio de Garray», cifrada en 4.000 personas.

También han recordado la «excepcional importancia» que para la Comunidad autónoma tenía el desarrollo urbanístico proyectado y la conveniencia de que fuera la Cámara regional la que «analizase, valorase y aprobase» el proyecto regional. Este hecho, junto a que en la exposición de motivos de la ley se justifica su «singularidad o excepcional relevancia», lleva al TC a considerar la norma como «de género de ley singular».

Este tipo de leyes, según la resolución, «están sujetas a una serie de límites constitucionales», basado en un «triple canon» de «razonabilidad, proporcionalidad y adecuación», por lo que su motivación no debe tener «sólo una justificación objetiva y razonable».

De hecho, la resolución del TC no puede afirmar que la Ley de proyecto regional carezca «de total y absoluta justificación», pues la importancia del planeamiento urbanístico «responde a razones objetivas derivadas de las necesidades de la Comunidad».

Sin embargo, el Alto tribunal considera que el legislador «no ha explicitado las razones por las que entiende que la utilización de la ley es una medida razonable y proporcionada», pues no consta en el Proyecto la inaplicación de la norma legal o reglamentaria, por lo que consideran que la ordenación «podría haberse abordada mediante una norma aprobada en el Consejo de Gobierno».

Por ello, y por los anteriormente citados «problemas» que supondría la modificación urbanística, el TC ha concluido que la utilización de la ley singular «no es una medida razonable ni proporcionada». Además, consideran que, como consecuencia directa, el legislador incurrió en impedir el acceso al control judicial de los derechos e intereses legítimos afectados.

Según informó la Junta de Castilla y León hace unos meses, se mantenía la «apuesta» por el Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente, con una inversión pública que alcanza casi los 100 millones de euros. Sin embargo, a finales del mes de abril se paralizaron las obras de la Cúpula de la Energía, en las que ya se había ejecutado unos ocho millones de euros y cuya finalización estaba prevista para 2015.

Así, este estudio revela que el 58 por ciento de los encuestados tiene una percepción y concienciación insuficiente de la mitigación y el 51 por ciento respecto al área de adaptación.

Asimismo, se valora más positivamente la percepción de la mitigación del cambio climático, con un 27 por ciento de los participantes en la encuesta que la consideran suficiente, frente al 14 por ciento registrado en el área de adaptación.

Además, los encuestados han detectado oportunidades de mejora en la gestión de este problema por parte de la administración central, las administraciones autonómicas y locales, las entidades privadas y las ONG o grupos ambientales. Concretamente, destaca que en el ámbito público, la Administración Central está mejor valorada que las autonómicas y locales.

Mientras, el 61 por ciento califica también de «insuficientes» las iniciativas de acción frente al cambio climático puestas en marcha desde Naciones Unidas insuficientes.

El informe ha sido elaborado por Factor CO2 con la participación de entidades privadas, administraciones públicas, ONGs y grupos ambientales, asociaciones y fundaciones y agentes del sector educativo.

Se trata del único estudio específico sobre la percepción de la gestión del cambio climático en España y abarca los sectores público y privado y realizado con la participación de los propios agentes valorados. La encuesta dirigida se ha practicado a 2.000 agentes involucrados.

El documento se divide en cuatro apartados: el primero recoge la valoración y percepción sobre el cambio climático en España desde una perspectiva general, mientras que el segundo está dedicado a los aspectos regulatorios en España y en Europa, incluyendo valoraciones sobre iniciativas como los Proyectos Clima o el Pacto Europeo de los Alcaldes.

El tercer bloque, por su parte, se centra en los principales instrumentos de acción frente al cambio climático como la huella de carbono o la gestión energética; para finalizar con un cuarto bloque que gira en torno a los mercados: Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión, precio del EUA y compensación de emisiones.

Por otro lado, el informe recoge valoraciones sobre la actuación de diferentes agentes involucrados en la gestión del cambio climático en España, como son la Administración Central, las administraciones autonómicas y locales, las entidades privadas y las ONGs o grupos ambientales.

Según Factor CO2, en el ámbito de la mitigación las respuestas son «algo más esperanzadoras» aunque la mayoría sigue valorando estas actuaciones como insuficientes.

Por otro lado, el informe analiza las iniciativas desarrolladas desde Naciones Unidas para llegar a un acuerdo global que afronte el cambio climático. Concretamente, el 61 por ciento de los participantes las ha calificado también como insuficientes y el 18 por ciento como suficientes.

En cuanto a los Proyectos Clima, la puntuación es más positiva que en el caso internacional, aunque aún es considerada insuficiente, si bien es previsible que en los próximos años, a medida que las dotaciones presupuestarias aumenten esta valoración mejore.

Por otro lado, la iniciativa del Pacto Europeo de los Alcaldes también ha sido mayoritariamente valorada como insuficiente (41%), mientras que otro grupo representativo la califica como suficiente (30%) y un tercero la puntúa como notable (16%).

Respecto a instrumentos como la huella de carbono, el 45 por ciento lo valoran como suficientes y el 31 por ciento de muy satisfactoria. Concretamente, la huella de carbono también es considerada como suficiente por el 39 por ciento de los participantes como una herramienta para lograr la sensibilización de los consumidores.

Otra de las conclusiones del estudio es el potencial de la gestión energética como herramienta para lograr reducciones de emisiones, que es valorado positivamente de forma unánime por los encuestados, siendo calificado como «muy importante» por un 52 por ciento y como importante por un 46 por ciento.

Por otro lado, el 50 por ciento de los encuestados considera que el Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS) es un instrumento poco eficaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque un 30 por ciento de ellos lo califica como bastante eficaz.

En relación con el precio que se cree adecuado para el derecho de emisión, un 30 por ciento de los participantes considera que el precio debería estar entre 10 y 20 por ciento en los próximos tres años, mientras que en 2020, sin embargo, las opiniones se reparten entre el rango de 10 a 20 por ciento y un precio superior a los 20 por ciento, con un 29 por ciento y 30 por ciento de votantes respectivamente.

Sorprende, en este caso, que los precios deseados sean mayores que los esperados, cuando la mayoría de los encuestados son instalaciones afectadas.

Asimismo, el 54 por ciento de los encuestados considera que, hasta ahora, la aplicación que se está llevando a cabo de la herramienta compensación de emisiones es poco eficaz, seguido de un 24% que la califica como bastante eficaz.

En esta sexta publicación de las ‘Series CO2’, Factor CO2 ha realizado una encuesta dirigida a más de 2.000 agentes relacionados con la gestión del cambio climático en España, que ha contado con la participación de numerosas entidades de distinta índole (administraciones públicas, entidades privadas, grupos ambientales, etc.) y sector (energía, construcción, industrial, transportes, etc.) así como de ciudadanos que han tomado parte en la iniciativa a título individual.

Francisco Ferreira, dirigente de la organización medioambiental portuguesa Quercus, explicó que la «reducción de los combustibles fósiles», tanto por el propio impacto de la crisis como por la inversión en energías limpias, llevaron a Portugal a ocupar el podio mundial medioambiental.

Concretamente, Portugal conquistó la tercera posición del reputado índice «Climate Change Performance« que evaluó el rendimiento de 58 países en el ámbito de la lucha contra las alteraciones climáticas, elaborado por la Red Europea de Acción Climática, que incluye la ONG GermanWatch y la propia Quercus.

Al contrario de Grecia, otro país europeo rescatado que desechó políticas climáticas, Portugal aprovechó la recesión para reducir la dependencia de recursos energéticos y reforzar las medidas ambientales.

«Portugal es un ejemplo de cómo lidiar con la crisis económica (…) reduciendo la dependencia de recursos, aprovechándose de las inversiones hechas por gobiernos anteriores en áreas claves, como las renovables», explicó Ferreira.

La apuesta por las energías verdes fue una de las principales estrategias durante los seis años del Gobierno de José Sócrates (2005 y 2011) para reducir el déficit energético del país a través del plano nacional de embalses y varios concursos de energía eólica.

Entonces, la meta nacional consistía en alcanzar 2020 con cerca del 60% de la producción eléctrica procedente de fuentes renovables.

Hasta septiembre, las renovables ya contribuyeron con el 59% del consumo total de electricidad en Portugal, según datos de la Asociación Portuguesa de Energías Renovables (APREN).

La energía eólica cubrió el 22,2% del consumo total de electricidad en Portugal; la energía de biomasa, el 5,3%; la energía hídrica, el 2,8%; y la energía solar, el 0,98%, según los mismos dados.

«El punto fuerte de Portugal ha sido la contribución de las renovables en la producción de energía eléctrica, mientras que los puntos débiles continúan siendo la reducción del consumo y de la eficiencia energética», destacó Ferreira.

La eficiencia energética mejoró, pero hubo una reducción de consumo por la crisis económica.

Asimismo, los especialistas apostaron por mejorar la eficiencia de energía en los edificios, sobre todo, en los proyectos de rehabilitación urbana.

No obstante, las inversiones en renovables implicaron algunos costes medioambientales que «han comprometido la biodiversidad y la integridad de áreas clasificadas y relevantes para la conservación de la naturaleza», destacó el responsable de Quercus.

Para el especialista, la solución radica en usar espacios ya ocupados y potenciar especialmente la energía solar, pues Portugal disfruta del mayor período de horas de luz de Europa (unas 2.500 horas de media anuales).

Ferreira alertó que los buenos resultados pueden verse amenazados por «la política menos constructiva del actual Gobierno (de signo conservador)» que retiró ayudas a la producción en las renovables como forma de ahorro.