En los próximos días, Ecologistas en Acción presentará, además, más de 1.000 alegaciones individuales y pretende recoger 50.000 firmas en contra del proyecto en la plataforma digital Change.org. Actualmente, ya superan las 30.000 personas las que han manifestado su adhesión a una carta dirigida al ministro José Manuel Soria, en la que se oponen a esta fase de exploración en el Mediterráneo, «que en caso de que el Ministerio de Medio Ambiente dé el visto bueno, continuaría con la fase de perforaciones y explotación comercial», ha apuntado el grupo ecologista en un comunicado.

La entidad ha apuntado que las exploraciones marinas en busca de petróleo «suponen reforzar el actual modelo energético dependiente de los combustibles fósiles, un modelo insostenible que exige profundos cambios ante la amenaza del cambio climático y el fin del petróleo barato».

«Las exploraciones sísmicas suponen un grave impacto sobre la fauna marina protegida (cetáceos, tortugas) y sobre los recursos pesqueros, especialmente sobre aquellas especies amenazadas de extinción, como al atún rojo y otras de gran interés comercial -langosta roja, crustáceos, cefalópodos-«, ha lamentado.

El colectivo ecologista considera que las medidas correctoras expuestas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) -establecimiento de una zona de exclusión de un kilómetro alrededor del barco con los cañones de aire comprimido, dos observadores marinos, sistemas pasivos de detección, y comienzo suave de las explosiones para ahuyentar a los cetáceos y tortugas-, son «completamente insuficientes».

Así, ha apuntado que hay que tener en cuenta que el cetáceo más importante, el rorcual común, «se comunica a distancias de hasta 300 kilómetros en las mismas frecuencias que provocan las estampidas sónicas, perturbando gravemente las comunicaciones entre los miembros de la manada, o de la madre con su cría, y que suele avistarse en las costas valencianas en la época que pretende llevarse a cabo la exploración -octubre de 2014 a marzo de 2015-«.

Además, ha explicado que «han sido frecuentes los varamientos de cetáceos en las campañas de prospecciones sísmicas en diversos mares del mundo, así como la muerte de calamares gigantes en una campaña sísmica en las costas de Asturias».

Según Ecologistas en Acción, el área prevista de prospecciones, 254.000 hectáreas, «excede del área de los permisos concedidos por el Ministerio en 2010, y coincide parcialmente con el corredor de migraciones de los cetáceos entre el Mar de Liguria y el sur de la Península Ibérica y norte de África, Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo, ZEPIM; con el área de migración de la tortuga boba y de la migración de los juveniles del atún rojo, especie en peligro de extinción en el Mediterráneo, cuyas capturas descienden continuamente». Los ecologistas exigen que las prospecciones no se desarrollen en esas áreas.

Según cálculos de la ONG, estos casi 12 millones de hectáreas no incluyen las zonas colindantes que se verían afectadas por las adquisisciones sísmicas, que harían ascender la superficie amenazada hasta 20 o 22 millones de hectáreas, es decir, cerca del 70% del Mediterráneo español.

«Es una temeridad que casi la mitad de las aguas españolas en el Mediterráneo esté cubierta por proyectos de hidrocarburos, en funcionamiento o en trámites», según denunció el director Ejecutivo de Oceana Europa, Ricardo Aguilar, que consideró que «no hay que esperar a que ocurra un vertido para lamentar daños».

Así, explicó que los proyectos afectan a caladeros pesqueros y rutas migratorias de cetáceos, atunes y tiburones, y advirtió de que desde que comiencen los sondeos sísmicos habrá «miles de organismos gravemente afectados».

Los proyectos de adquisición sísmica y las primeras perforaciones se extenderían por unos 11 millones de hectáreas en la Comunidad Valenciana y Baleares. Las áreas de algunos de los proyectos en fase de autorización coinciden en parte, por lo que habría zonas que podrían soportar actividades de diferentes compañías.

Además, los nuevos proyectos se sitúan junto al límite de la Zona Económica Exclusiva y un futuro vertido podría llegar a aguas de otros países. El caso más claro es el de los permisos de Cairn en el Golfo de León (proyecto Nordeste), próximos a la zona de casi un millón de hectáreas que Francia decidió cerrar en 2012 y acabar así con las actividades de hidrocarburos de este país en el Mediterráneo.

«El empeño de explotar hidrocarburos en el Mediterráneo dejaría a España descolgada de la política ambiental europea y haciendo oídos sordos a los conocimientos sobre el cambio climático. Afortunadamente, el Gobierno está a tiempo de denegar los permisos. La información científica que existe sobre las especies de las zonas que se pretenden abrir al gas y el petróleo es más que suficiente para hacerlo», advirtió Aguilar.