Así lo dijo tras reunirse con el titular de Industria español, Miguel Sebastián, con quien posteriormente asistió a la plenaria de la Comisión Mixta Hispano-Rusa.

Sebastián aseguró que acababa de enterarse de la noticia en ese instante y precisó que se trata de una operación privada, si bien reconoció que Repsol es una empresa «muy codiciada y valorada», por lo que no se extrañó de que pueda generar un «gran interés» en el exterior.

«No hemos hablado de ninguna operación accionarial durante la reunión», añadió el ministro, que dijo que no tenía «ni la más remota idea» sobre la eventual operación.

Zhukov dio la noticia al ser preguntado sobre la posibilidad de proyectos de colaboración empresarial entre España y Rusia en el ámbito gasista, a lo que respondió que de momento no se ha concretado nada, aunque ha habido conversaciones entre Gazprom, Repsol e Iberdrola para el suministro de gas licuado a terceros países.

Al margen de proyectos puntuales, el viceprimer ministro ruso confirmó el interés de Gazprom en la compra del 20 por ciento de Repsol que posee Sacyr, que está valorado en alrededor de 3.600 millones de euros a precios actuales de mercado.

Nada más conocerse la noticia, las acciones de Repsol, que cotizaban en los niveles de la sesión anterior (14,22 euros), subieron hasta un 4 por ciento (14,79 euros), si bien ese repunte se ha moderado y se sitúa en torno al 3 por ciento.

Hace aproximadamente dos meses, el grupo constructor, acuciado por la crisis económica, admitió que estudiaba la posibilidad de vender algunos de sus activos, entre ellos, el 20 por ciento de Repsol.

Desde ese momento se han desatado los rumores sobre los posibles compradores de esa participación de Repsol, en los que, además de Gazprom, se ha citado como interesados a la anglo-holandesa Shell y a la francesa Total.

En ese proceso, dijo Rafael Correa, «intervino hasta el Gobierno español y, por consideración a ese Gobierno, se recibió a los ejecutivos de Repsol», quienes «aceptaron toditas las condiciones» señaladas por las autoridades del país.

En su habitual programa radial sabatino, el mandatario ecuatoriano recordó que había dispuesto que Repsol saliese del país por resistirse a negociar un cambio de su contrato en Ecuador, para cambiarlo de la modalidad de participación en la renta petrolera a otro de prestación de servicios.

El pasado jueves, el Ministerio de Minas y Petróleos de Ecuador anunció que se llegó a un acuerdo con Repsol para que siga en el país, después de que la compañía aceptara todas las condiciones impuestas por el Estado.

Además, el Ministerio confirmó que la negociación pudo reanudarse con la petrolera, después de que el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, conversara con su colega ecuatoriana, María Isabel Salvador.

Correa manifestó que, pese a que hay un principio de acuerdo, los ejecutivos de Repsol han pedido un plazo de 15 días para concretarlo, pues dijo que «hay un socio minoritario que no está de acuerdo y quieren comprar las acciones de ese socio para seguir en Ecuador».

«Nos da mucho gusto que Repsol se quede en Ecuador, es una empresa muy seria, pero nosotros no vamos a permitir que las empresas extranjeras nos impongan las condiciones» de los contratos, apostilló el jefe del Estado.

Además, se felicitó de que «ya no se pisotea al país» y dijo que la postura de Ecuador «es un importante signo del cambio de época» que se desarrolla en la región y en el mundo.

«Que quede claro; aquí las empresas trasnacionales no nos van a imponer las condiciones, el Estado ecuatoriano es el que debe imponer las condiciones», remarcó Correa, quien hace dos semanas había expresado su malestar con Repsol por una serie de desacuerdos.

La bajada de la producción de un 20 por ciento y la falta de nuevas inversiones en los campos que opera Repsol en Ecuador, irritaron al Ejecutivo ecuatoriano, que advirtió hace dos semanas de la terminación anticipada del contrato.

Asimismo, la negativa de la petrolera española a cambiar el actual contrato de participación en la renta petrolera con el Estado a otro de prestación de servicios, precipitó la decisión del presidente Correa de pedir a la compañía que abandonase el país.

No obstante, el trato de Gobierno a Gobierno dio resultados el pasado viernes, después de que Repsol aceptara todas las condiciones impuestas por Ecuador.

La producción de crudo de Repsol en Ecuador asciende a 48.854 barriles diarios, de los cuales 37.407 corresponden al denominado «Bloque 16», 3.935 a los campos «Bogui-Capirón» y otros 7.512 al campo «Tivacuno», todos en la Amazonía ecuatoriana.

La secretaria española de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, declaró el pasado lunes que representantes de la petrolera y del gobierno ecuatoriano se reunirían hoy «para ver si todavía» pueden alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, una fuente del Ministerio de Minas y Petróleos aseguró que no hubo tal reunión y que ningún ejecutivo de Repsol YPF ha solicitado una cita con el ministro, Derlis Palacios.

Según la misma fuente, Palacios manifestó que «la decisión ya está tomada, no hay vuelta atrás», aunque si algún ejecutivo de la petrolera lo quiere visitar formal o informalmente está en su derecho.

No obstante, la fuente resaltó que el Ministerio no ha recibido ningún tipo de notificación.

El pasado viernes, Palacios anunció el fin de las relaciones entre Ecuador y Repsol YPF por fallos en la negociación para el cambio de modalidad del contrato que tienen suscrito.

Un día después, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ratificó la decisión de que Repsol «se va del país» y consideró tardíos los intentos de acercamiento de representantes de esa compañía.

Actualmente, Repsol YPF produce en Ecuador unos 21.000 barriles de petróleo al día, cifra que representa el 2 por ciento de su producción total.

La oferta del gigante francés sobre la eléctrica británica, que finalmente la consideró amistosa, quedará abierta ese 5 de diciembre a las 13.00 GMT, indicó EDF en un comunicado.

EDF anunció el pasado 24 de septiembre esta operación que valoraba British Energy en 15.700 millones de euros, y cuyo objetivo último es relanzar el sector nuclear en el Reino Unido con la construcción de cuatro reactores atómicos en el horizonte de 2020-2025.

El precio fijado -superior al que el grupo francés había planteado a finales de julio, antes de retirarla en el último momento por la oposición de algunos accionistas de British Energy- tiene desde septiembre garantizada ya una aceptación del 45,16% del capital, incluido el 35,58% en manos del Estado británico.

De hecho, el Gobierno británico ha dado las garantías a EDF de que podrá construir cuatro reactores atómicos de tecnología EPR de una potencia de 1.700 megavatios cada uno en terrenos que ya tiene adquiridos. El primero debería entrar en servicio a finales de 2017.

A cambio de ese respaldo de Londres, EDF tendría que vender a otros competidores terrenos donde éstos pudieran a su vez levantar centrales nucleares.

En declaraciones a la BBC, Gordon Brown, a quien acompañan los ministros de Empresa y Energía y Cambio Climático, así como una delegación de dirigentes empresariales, dijo que esas naciones deben acudir también en ayuda de los países golpeados por la crisis económica mundial.

«Su interés debe estar en un precio estable de la energía, no en la enorme volatilidad que hemos visto con precios disparándose hacia arriba para luego bajar», dijo el líder laborista.

Se cree que el Primer Ministro insistirá ante sus interlocutores árabes en que los países petroleros deben mantener sus niveles de producción para evitar esos altibajos.

«Los saudíes y otros países del Golfo son muy importantes. Son países que tienen ingresos petroleros y son ellos los que deben ayudar», dijo Brown.

El político británico se mostró a favor de una «mayor coordinación» entre los gobiernos y expresó su esperanza de que las conversaciones que mantendrá con los gobernantes de los países del Golfo resulten en acciones conjuntas para hacer frente a las situaciones que se presenten.

Entre los temas que tratará con los gobernantes árabes mencionó la resistencia de los bancos a prestarse dinero entre ellos, la necesidad de progresar en las negociaciones mundiales de comercio y la reforma del sistema financiero internacional.

El viaje de Brown se produce en un contexto de preocupación de que las reservas de 250.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) no sean suficientes para rescatar a otros Estados que puedan quedarse al borde de la bancarrota como ha ocurrido ya con Islandia, Hungría o Ucrania.

Pakistán ha dado a entender que podría también tener que recurrir próximamente a la ayuda del FMI, que ha concedido ya unos 30.000 millones de dólares en créditos de emergencia a aquellos tres países.

Por el contrario, se calcula que los miembros de la OPEP disponen de reservas por más de 500.000 millones de dólares.