Angela Merkel reitera su compromiso con las renovables ante las dudas de los críticos
Angela Merkel, al término de su gira energética por Alemania en Darmstadt (centro del país) pidió una ampliación de las redes de distribución de energía para poder caminar hacia la era de las energías renovables.
El gobierno prepara actualmente un plan energético para las próximas décadas en las que, según insistió la canciller, la energía atómica y las fuentes de energías convencionales como el carbón son consideradas como «tecnologías puentes».
Los críticos del gobierno se quejan de que parte del plan sea el proyecto de permitir una vida más larga a los reactores nucleares lo que, según temen muchos, retardaría el desarrollo de las energías renovables.
Los ministerios de Economía y Medioambiente deberán recibir una serie de recomendaciones de expertos acerca de cuánto tiempo debe seguir produciéndose energía atómica antes de que Alemania pueda asegurar su suministro con energías renovables.
El hecho de que uno de los institutos que elaboran esas recomendaciones, adscrito a la Universidad de Colonia, haya recibido dinero del sector atómico ha despertado críticas por parte de los enemigos de la energía nuclear.
El jefe del Partido Socialdemócrata (SPD), Sigmar Gabrie, en declaraciones al «Allgemeine Zeitung«, acusó al gobierno de Merkel de estar dejándose «comprar» por los consorcios energéticos en referencia a la idea de permitir una vida más larga de los reactores a cambio de inversiones en energías renovables.
Todavía no está claro si esas inversiones deben proceder de un fondo al que los consorcios deberían pagar una contribución obligatoria o de si tratará de un compromiso voluntario por parte de los consorcios.
La posibilidad de un compromiso voluntario ha generado críticas por parte de Greenpeace cuyo experto en energía, Tobias Münchmeyer, ha dicho que «o Merkel es demasiado ingenua o se ha dejado comprar».
Los consorcios luchan porque no haya una contribución obligatoria y alegan que ya quedarán bastante golpeados por el impuesto especial que se impondrá a los productores de energía atómica como parte del plan de ajuste del gobierno.
