China se propone reducir un 17,3 por ciento su intensidad energética de 2011 a 2015

Huang Li, citado por el portal de noticias oficial www.163.com y por la radio pública, dijo que este objetivo se enmarca en los esfuerzos por disminuir un 31 por ciento la intensidad energética para 2020.

Añadió que China pretende reducir su intensidad energética en un 16,6 por ciento entre 2016 y 2020. Los gobiernos locales chinos han estado intentando cumplir el objetivo nacional de disminuir en un 20 por ciento la intensidad energética en el lustro que va de 2005 a finales de 2010.

Por otro lado, Huang indicó que el consumo de combustibles no fósiles, incluyendo los sectores nuclear e hidroeléctrico, alcanzará los 780 millones de toneladas en 2020. Además, dijo que en ese año la capacidad hidroeléctrica del país debería llegar a los 380 gigawatios, la capacidad nuclear a 80 gigawatios y la capacidad eólica, solar y de la biomasa a 200 gigawatios.

China pretende elevar la proporción de los combustibles no fósiles dentro del consumo energético total hasta un 15 por ciento en 2020. En 2009 representaron menos de un 9 por ciento.

Antes de la Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático, celebrada en 2009, China se comprometió a reducir la cantidad de dióxido de carbono que emite por cada unidad del PIB de un 40 a un 45 por ciento para 2020 respecto a los niveles de 2005.

El gigante asiático es el mayor productor y consumidor de carbón, la principal fuente generadora de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento del planeta.

China se propone reducir un 17,3 por ciento su intensidad energética de 2011 a 2015

Huang Li, citado por el portal de noticias oficial www.163.com y por la radio pública, dijo que este objetivo se enmarca en los esfuerzos por disminuir un 31 por ciento la intensidad energética para 2020.

Añadió que China pretende reducir su intensidad energética en un 16,6 por ciento entre 2016 y 2020. Los gobiernos locales chinos han estado intentando cumplir el objetivo nacional de disminuir en un 20 por ciento la intensidad energética en el lustro que va de 2005 a finales de 2010.

Por otro lado, Huang indicó que el consumo de combustibles no fósiles, incluyendo los sectores nuclear e hidroeléctrico, alcanzará los 780 millones de toneladas en 2020. Además, dijo que en ese año la capacidad hidroeléctrica del país debería llegar a los 380 gigawatios, la capacidad nuclear a 80 gigawatios y la capacidad eólica, solar y de la biomasa a 200 gigawatios.

China pretende elevar la proporción de los combustibles no fósiles dentro del consumo energético total hasta un 15 por ciento en 2020. En 2009 representaron menos de un 9 por ciento.

Antes de la Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático, celebrada en 2009, China se comprometió a reducir la cantidad de dióxido de carbono que emite por cada unidad del PIB de un 40 a un 45 por ciento para 2020 respecto a los niveles de 2005.

El gigante asiático es el mayor productor y consumidor de carbón, la principal fuente generadora de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento del planeta.

Bruselas propone bloquear las nuevas extracciones inseguras de petróleo en alta mar

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, sugirió que «se examine la posibilidad de que haya una moratoria en las próximas semanas», aunque aclaró que la medida se refiere a las autorizaciones de nuevas plataformas y no de las que ya están en activo.

«La moratoria para las (plataformas) que ya están en activo no es viable», sostuvo y aclaró que la Unión Europea no puede permitirse cancelar todas las actividades de extracción porque eso aumentaría la ya frágil seguridad de suministro.

«Tenemos interés en mantener nuestra capacidad extractiva para no depender en exceso del exterior», tranquilizó Oettinger, pero recalcó que se necesitan «instalaciones del máximo nivel técnico para evitar problemas de seguridad en Europa«.

Las compañías que quieran recibir una autorización deberán presentar un plan de emergencia y probar que disponen de recursos financieros necesarios para pagar los daños medioambientales que pueda causar un accidente, según explicó el comisario.

«El petróleo seguirá siendo durante décadas un recurso indispensable para garantizar el transporte y la economía europea, pero a largo plazo hay que pensar en vías alternativas», añadió.

Oettinger ya pidió el pasado julio a los estados miembros que no concediesen nuevos permisos de extracción a compañías que no garantizasen unos niveles de seguridad suficientes al menos hasta que se conociesen las causas del accidente del golfo de México.

No obstante, se mostró menos claro acerca de la obligatoriedad de la moratoria, así como de su carácter nacional o comunitario, un aspecto que consideró menos relevante y que confió en que se aclare en el curso de las negociaciones con las demás instituciones comunitarias.

«La seguridad no es negociable», dijo Oettinger y aseguró que su intención es que «las mejores prácticas existentes en Europa pasen a convertirse en normas de obligado cumplimiento en toda la Unión».

La propuesta de Bruselas se produce horas después de que el Gobierno de Barack Obama anunciase el levantamiento de la moratoria a las perforaciones en el golfo de México, un mes antes de lo previsto y en medio de intensas presiones de la industria y protestas por el daño económico que suponía para la región.

El Parlamento Europeo, por su parte, ya se pronunció la semana pasada en su reunión plenaria en contra de la idea de una moratoria, que sí contaba con el apoyo de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente.

Más allá de la concesión de permisos, la Comisión Europea sugiere reforzar la seguridad en las plataformas ya existentes mediante controles más estrictos por parte de las autoridades nacionales, que a su vez serán evaluadas por expertos independientes. Asimismo, Bruselas pide que sólo se autoricen equipos de control que cumplan las normas más rigurosas de seguridad.

En cuanto a la responsabilidad tras un accidente, la Comisión Europea entiende que son las petroleras las que deben hacerse cargo de las labores de limpieza y tendrán que reparar los daños causados al medio ambiente dentro de un perímetro de 200 millas náuticas desde la costa.

La Comisión Europea afirma además que trabajará por la ampliación de los convenios internacionales existentes, así como por el lanzamiento de nuevas iniciativas comunes.

La propuesta del Ejecutivo comunitario, que no menciona de forma explícita el término «moratoria», pero sí se refiere al «bloqueo temporal de las autorizaciones», será negociada ahora con el Consejo y el Parlamento Europeo y podrá transformarse en una medida de carácter legislativo la próxima primavera

Bruselas propone bloquear las nuevas extracciones inseguras de petróleo en alta mar

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, sugirió que «se examine la posibilidad de que haya una moratoria en las próximas semanas», aunque aclaró que la medida se refiere a las autorizaciones de nuevas plataformas y no de las que ya están en activo.

«La moratoria para las (plataformas) que ya están en activo no es viable», sostuvo y aclaró que la Unión Europea no puede permitirse cancelar todas las actividades de extracción porque eso aumentaría la ya frágil seguridad de suministro.

«Tenemos interés en mantener nuestra capacidad extractiva para no depender en exceso del exterior», tranquilizó Oettinger, pero recalcó que se necesitan «instalaciones del máximo nivel técnico para evitar problemas de seguridad en Europa«.

Las compañías que quieran recibir una autorización deberán presentar un plan de emergencia y probar que disponen de recursos financieros necesarios para pagar los daños medioambientales que pueda causar un accidente, según explicó el comisario.

«El petróleo seguirá siendo durante décadas un recurso indispensable para garantizar el transporte y la economía europea, pero a largo plazo hay que pensar en vías alternativas», añadió.

Oettinger ya pidió el pasado julio a los estados miembros que no concediesen nuevos permisos de extracción a compañías que no garantizasen unos niveles de seguridad suficientes al menos hasta que se conociesen las causas del accidente del golfo de México.

No obstante, se mostró menos claro acerca de la obligatoriedad de la moratoria, así como de su carácter nacional o comunitario, un aspecto que consideró menos relevante y que confió en que se aclare en el curso de las negociaciones con las demás instituciones comunitarias.

«La seguridad no es negociable», dijo Oettinger y aseguró que su intención es que «las mejores prácticas existentes en Europa pasen a convertirse en normas de obligado cumplimiento en toda la Unión».

La propuesta de Bruselas se produce horas después de que el Gobierno de Barack Obama anunciase el levantamiento de la moratoria a las perforaciones en el golfo de México, un mes antes de lo previsto y en medio de intensas presiones de la industria y protestas por el daño económico que suponía para la región.

El Parlamento Europeo, por su parte, ya se pronunció la semana pasada en su reunión plenaria en contra de la idea de una moratoria, que sí contaba con el apoyo de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente.

Más allá de la concesión de permisos, la Comisión Europea sugiere reforzar la seguridad en las plataformas ya existentes mediante controles más estrictos por parte de las autoridades nacionales, que a su vez serán evaluadas por expertos independientes. Asimismo, Bruselas pide que sólo se autoricen equipos de control que cumplan las normas más rigurosas de seguridad.

En cuanto a la responsabilidad tras un accidente, la Comisión Europea entiende que son las petroleras las que deben hacerse cargo de las labores de limpieza y tendrán que reparar los daños causados al medio ambiente dentro de un perímetro de 200 millas náuticas desde la costa.

La Comisión Europea afirma además que trabajará por la ampliación de los convenios internacionales existentes, así como por el lanzamiento de nuevas iniciativas comunes.

La propuesta del Ejecutivo comunitario, que no menciona de forma explícita el término «moratoria», pero sí se refiere al «bloqueo temporal de las autorizaciones», será negociada ahora con el Consejo y el Parlamento Europeo y podrá transformarse en una medida de carácter legislativo la próxima primavera

Bruselas propone bloquear las nuevas extracciones inseguras de petróleo en alta mar

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, sugirió que «se examine la posibilidad de que haya una moratoria en las próximas semanas», aunque aclaró que la medida se refiere a las autorizaciones de nuevas plataformas y no de las que ya están en activo.

«La moratoria para las (plataformas) que ya están en activo no es viable», sostuvo y aclaró que la Unión Europea no puede permitirse cancelar todas las actividades de extracción porque eso aumentaría la ya frágil seguridad de suministro.

«Tenemos interés en mantener nuestra capacidad extractiva para no depender en exceso del exterior», tranquilizó Oettinger, pero recalcó que se necesitan «instalaciones del máximo nivel técnico para evitar problemas de seguridad en Europa«.

Las compañías que quieran recibir una autorización deberán presentar un plan de emergencia y probar que disponen de recursos financieros necesarios para pagar los daños medioambientales que pueda causar un accidente, según explicó el comisario.

«El petróleo seguirá siendo durante décadas un recurso indispensable para garantizar el transporte y la economía europea, pero a largo plazo hay que pensar en vías alternativas», añadió.

Oettinger ya pidió el pasado julio a los estados miembros que no concediesen nuevos permisos de extracción a compañías que no garantizasen unos niveles de seguridad suficientes al menos hasta que se conociesen las causas del accidente del golfo de México.

No obstante, se mostró menos claro acerca de la obligatoriedad de la moratoria, así como de su carácter nacional o comunitario, un aspecto que consideró menos relevante y que confió en que se aclare en el curso de las negociaciones con las demás instituciones comunitarias.

«La seguridad no es negociable», dijo Oettinger y aseguró que su intención es que «las mejores prácticas existentes en Europa pasen a convertirse en normas de obligado cumplimiento en toda la Unión».

La propuesta de Bruselas se produce horas después de que el Gobierno de Barack Obama anunciase el levantamiento de la moratoria a las perforaciones en el golfo de México, un mes antes de lo previsto y en medio de intensas presiones de la industria y protestas por el daño económico que suponía para la región.

El Parlamento Europeo, por su parte, ya se pronunció la semana pasada en su reunión plenaria en contra de la idea de una moratoria, que sí contaba con el apoyo de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente.

Más allá de la concesión de permisos, la Comisión Europea sugiere reforzar la seguridad en las plataformas ya existentes mediante controles más estrictos por parte de las autoridades nacionales, que a su vez serán evaluadas por expertos independientes. Asimismo, Bruselas pide que sólo se autoricen equipos de control que cumplan las normas más rigurosas de seguridad.

En cuanto a la responsabilidad tras un accidente, la Comisión Europea entiende que son las petroleras las que deben hacerse cargo de las labores de limpieza y tendrán que reparar los daños causados al medio ambiente dentro de un perímetro de 200 millas náuticas desde la costa.

La Comisión Europea afirma además que trabajará por la ampliación de los convenios internacionales existentes, así como por el lanzamiento de nuevas iniciativas comunes.

La propuesta del Ejecutivo comunitario, que no menciona de forma explícita el término «moratoria», pero sí se refiere al «bloqueo temporal de las autorizaciones», será negociada ahora con el Consejo y el Parlamento Europeo y podrá transformarse en una medida de carácter legislativo la próxima primavera

Francia estudia subir el recibo de la luz, para hacer frente al «boom» de la industria solar

Según un artículo del diario económico francés «Les Echos«, el Ejecutivo galo estudia una nueva subida de la tarifa eléctrica, dos meses después de haberla subido una media del 3,4%.

De este modo pretende cubrir los costes asociados al desarrollo masivo de las energías renovables y, más en concreto, de la solar fotovoltaica.

Según la citada publicación, el Gobierno no ha tocado las primas desde el año 2004: desde esa fecha se mantienen en 4,50 euros por megavatio por hora (MWh). Sin embargo, las tarifas sociales, la producción de electricidad en las islas y los contratos de compra de cogeneración hacen que sea necesario elevar esta subvención hasta los 6,50 euros por MWh, añade.

La repercusión de esta subida sobre las facturas de los ciudadanos se traduciría por un aumento de más del 3%, según los expertos. De hecho, auguran una fuerte subida de la tarifa, dado que la producción fotovoltaica «no deja de crecer», por encima de los niveles de crecimiento que se preveían.

Si Francia alcanza los 5.400 MW de capacidad fotovoltaica, como preconizan las autoridades en materia medioambiental, el coste anual de la electricidad solar alcanzará los 500 millones de euros en 2013, y cerca de 1.500 millones de euros a partir de 2020.

Esta situación «inquieta» a EDF (la principal energética francesa, con importante participación pública), que actualmente ya tiene que hacer frente al sobrecoste que supone la electricidad verde.

Según esta compañía, «si no se toma ninguna medida, EDF tendrá que hacer frente a un déficit de más de 15.000 millones de euros después de 2015».

De modo similar al español, desde el mundo empresarial hay ya quien propone integrar las primas a la fotovoltaica en la Ley de Presupuestos.

Francia estudia subir el recibo de la luz, para hacer frente al «boom» de la industria solar

Según un artículo del diario económico francés «Les Echos«, el Ejecutivo galo estudia una nueva subida de la tarifa eléctrica, dos meses después de haberla subido una media del 3,4%.

De este modo pretende cubrir los costes asociados al desarrollo masivo de las energías renovables y, más en concreto, de la solar fotovoltaica.

Según la citada publicación, el Gobierno no ha tocado las primas desde el año 2004: desde esa fecha se mantienen en 4,50 euros por megavatio por hora (MWh). Sin embargo, las tarifas sociales, la producción de electricidad en las islas y los contratos de compra de cogeneración hacen que sea necesario elevar esta subvención hasta los 6,50 euros por MWh, añade.

La repercusión de esta subida sobre las facturas de los ciudadanos se traduciría por un aumento de más del 3%, según los expertos. De hecho, auguran una fuerte subida de la tarifa, dado que la producción fotovoltaica «no deja de crecer», por encima de los niveles de crecimiento que se preveían.

Si Francia alcanza los 5.400 MW de capacidad fotovoltaica, como preconizan las autoridades en materia medioambiental, el coste anual de la electricidad solar alcanzará los 500 millones de euros en 2013, y cerca de 1.500 millones de euros a partir de 2020.

Esta situación «inquieta» a EDF (la principal energética francesa, con importante participación pública), que actualmente ya tiene que hacer frente al sobrecoste que supone la electricidad verde.

Según esta compañía, «si no se toma ninguna medida, EDF tendrá que hacer frente a un déficit de más de 15.000 millones de euros después de 2015».

De modo similar al español, desde el mundo empresarial hay ya quien propone integrar las primas a la fotovoltaica en la Ley de Presupuestos.

Francia estudia subir el recibo de la luz, para hacer frente al «boom» de la industria solar

Según un artículo del diario económico francés «Les Echos«, el Ejecutivo galo estudia una nueva subida de la tarifa eléctrica, dos meses después de haberla subido una media del 3,4%.

De este modo pretende cubrir los costes asociados al desarrollo masivo de las energías renovables y, más en concreto, de la solar fotovoltaica.

Según la citada publicación, el Gobierno no ha tocado las primas desde el año 2004: desde esa fecha se mantienen en 4,50 euros por megavatio por hora (MWh). Sin embargo, las tarifas sociales, la producción de electricidad en las islas y los contratos de compra de cogeneración hacen que sea necesario elevar esta subvención hasta los 6,50 euros por MWh, añade.

La repercusión de esta subida sobre las facturas de los ciudadanos se traduciría por un aumento de más del 3%, según los expertos. De hecho, auguran una fuerte subida de la tarifa, dado que la producción fotovoltaica «no deja de crecer», por encima de los niveles de crecimiento que se preveían.

Si Francia alcanza los 5.400 MW de capacidad fotovoltaica, como preconizan las autoridades en materia medioambiental, el coste anual de la electricidad solar alcanzará los 500 millones de euros en 2013, y cerca de 1.500 millones de euros a partir de 2020.

Esta situación «inquieta» a EDF (la principal energética francesa, con importante participación pública), que actualmente ya tiene que hacer frente al sobrecoste que supone la electricidad verde.

Según esta compañía, «si no se toma ninguna medida, EDF tendrá que hacer frente a un déficit de más de 15.000 millones de euros después de 2015».

De modo similar al español, desde el mundo empresarial hay ya quien propone integrar las primas a la fotovoltaica en la Ley de Presupuestos.

Miguel Sebastián cree que el problema entre Sonatrach y Gas Natural Fenosa sobrepasa la esfera de lo empresarial

De este modo respondió en el Pleno del Congreso al diputado de CiU Josep Sánchez i Libre, que le preguntó sobre las relaciones energéticas entre Argelia y España. Aludió, de este modo, al conflicto entre Gas Natural Fenosa y la empresa pública argelina Sonatrach sobre el precio de los contratos de aprovisionamiento de gas argelino y las posibles consecuencias sobre la tarifa del gas.

Para el diputado catalán, se trata de un conflicto no entre dos empresas, sino entre dos estados, dado sus efectos sobre la balanza de pagos, sobre la dependencia energética de España y sobre la próxima puesta en marcha del gasoducto Medgaz.

Un conflicto que puede derivar, a su juicio, en una situación «gravísima» y que «no se va a resolver con buenas palabras», sino que requiere de la «intervención urgente y contundente» del Estado español.

Además, el diputado de CiU pidió que se rebaje el límite máximo para los suminitradores internacionales de gas, del 50% hasta el 25% ó 30%.

En su respuesta, Sebastián dijo tomar buena nota de la petición de CiU y admitió estar también preocupado por la situación que se ha creado al respecto. «Comparto con usted que no estamos ante un problema empresarial solamente«, dijo.

Explicó, además, que Argelia es «un país vecino, amigo y además estratégico para el suministro de gas natural a España, y lo es porque sigue siendo el principal suministrador y el único que lo hace por gasoducto».

En los últimos años se ha aumentado la capacidad de recepción de gas natural licuado de otros países y se ha alcanzado un elevado grado de diversificación. Así, en 2010 el porcentaje de gas procedente de Argelia se va a situar, por primera vez, en el 34%, frente al 35% del pasado año y el 60% de los años 90.

De este modo, Argelia sigue siendo un suministrador muy importante para España, pero, gracias a los avances de los últimos años, «disfrutamos de una diversidad de fuentes, con 13 países alternativos» para el suministro de gas.

Aunque España no dependa del gas argelino para su seguridad de suministro, «es importante para el Gobierno mantener unas buenas relacioens con Argelia, especialmente energéticas», señaló el ministro.

Por ello, «todo lo que hagamos lo queremos hacer desde el diálogo. Queremos un acuerdo estable para seguir contando con este país como suministrador estable y confiable. Para ello voy a viajar de nuevo a Argelia la semana que viene, para entrevistarme con mi homólogo argelino», dijo Sebastián.

Finalmente, se declaró «plenamente convencido de que las vías de entendimiento y negociación nos van a permitir superar la situación actual».

Miguel Sebastián cree que el problema entre Sonatrach y Gas Natural Fenosa sobrepasa la esfera de lo empresarial

De este modo respondió en el Pleno del Congreso al diputado de CiU Josep Sánchez i Libre, que le preguntó sobre las relaciones energéticas entre Argelia y España. Aludió, de este modo, al conflicto entre Gas Natural Fenosa y la empresa pública argelina Sonatrach sobre el precio de los contratos de aprovisionamiento de gas argelino y las posibles consecuencias sobre la tarifa del gas.

Para el diputado catalán, se trata de un conflicto no entre dos empresas, sino entre dos estados, dado sus efectos sobre la balanza de pagos, sobre la dependencia energética de España y sobre la próxima puesta en marcha del gasoducto Medgaz.

Un conflicto que puede derivar, a su juicio, en una situación «gravísima» y que «no se va a resolver con buenas palabras», sino que requiere de la «intervención urgente y contundente» del Estado español.

Además, el diputado de CiU pidió que se rebaje el límite máximo para los suminitradores internacionales de gas, del 50% hasta el 25% ó 30%.

En su respuesta, Sebastián dijo tomar buena nota de la petición de CiU y admitió estar también preocupado por la situación que se ha creado al respecto. «Comparto con usted que no estamos ante un problema empresarial solamente«, dijo.

Explicó, además, que Argelia es «un país vecino, amigo y además estratégico para el suministro de gas natural a España, y lo es porque sigue siendo el principal suministrador y el único que lo hace por gasoducto».

En los últimos años se ha aumentado la capacidad de recepción de gas natural licuado de otros países y se ha alcanzado un elevado grado de diversificación. Así, en 2010 el porcentaje de gas procedente de Argelia se va a situar, por primera vez, en el 34%, frente al 35% del pasado año y el 60% de los años 90.

De este modo, Argelia sigue siendo un suministrador muy importante para España, pero, gracias a los avances de los últimos años, «disfrutamos de una diversidad de fuentes, con 13 países alternativos» para el suministro de gas.

Aunque España no dependa del gas argelino para su seguridad de suministro, «es importante para el Gobierno mantener unas buenas relacioens con Argelia, especialmente energéticas», señaló el ministro.

Por ello, «todo lo que hagamos lo queremos hacer desde el diálogo. Queremos un acuerdo estable para seguir contando con este país como suministrador estable y confiable. Para ello voy a viajar de nuevo a Argelia la semana que viene, para entrevistarme con mi homólogo argelino», dijo Sebastián.

Finalmente, se declaró «plenamente convencido de que las vías de entendimiento y negociación nos van a permitir superar la situación actual».