Esta acción permitirá un ahorro suplementario de 100 millones de euros de cara al objetivo de reducir el déficit luso en 2011 al 5,9% del PIB, según indicó el ministro portugués de Economía, Vítor Gaspar.
«Una de las medidas de consolidación previstas para 2012 será adelantada al último trimestre de 2011», indicó el ministro en referencia a esta drástica subida del IVA, que permitirá al Estado recaudar en 2011 alrededor de 100 millones de euros adicionales, aunque según las estimaciones realizadas por las entidades internacionales, se recaudarán unos ingresos extra de 410 millones de euros para las arcas del Estado.
La modificación impositiva está recogida en el acuerdo firmado por las autoridades lusas en mayo con Bruselas y el Fondo Monetario Internacional a cambio del rescate financiero, donde se precisa que se deben «reducir las exenciones» y «transferir de categoría bienes y servicios» para que pasen de tasa reducida e intermedia a «tasas más elevadas».
No obstante, el ministro, que compareció ante los medios antes de que la misión enviada al país por el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea, emitiera sus conclusiones sobre los avances de Portugal, indicó que las familias con menos recursos se podrán beneficiar de una «tarifa social».
Asimismo, Gaspar aseguró que, aparte de este tipo de medidas, el cumplimiento de los objetivos de déficit deberá ser alcanzado por una política fiscal «extremadamente rigurosa y activa», especialmente después de detectarse una desviación del 1,1% de los objetivos de déficit previstos para este año.
En este sentido, destacó los avances en la liberalización de la economía lusa tras la reciente eliminación de los derechos especiales del Estado en empresas como EDP, Galp y Portugal Telecom.
El aumento del IVA desata las protestas
Sin embargo, la decisión del Gobierno luso generó una oleada de protestas en contra de la nueva medida por parte de partidos de la oposición, sindicatos, consumidores y empresarios portugueses.
«Asalto», «atentado» y «robo» fueron algunos de los calificativos más duros utilizados por quienes se oponen a este incremento de 17 puntos porcentuales del IVA, que supondrá un aumento en la factura media por ambos conceptos -establecida hasta ahora en 70 euros- de 11 euros mensuales.
Las críticas se dirigieron de forma unánime al nuevo Ejecutivo de Portugal, de signo conservador, al que se acusó de aprobar ajustes y reformas dirigidos a incrementar los ingresos del Estado mientras demora la adopción de recortes en el gasto público.
El presidente de la patronal lusa, António Saraiva, advirtió de que la modificación en las tasas del IVA que gravan la luz y el gas va a «penalizar la tesorería de las empresas que viven una situación dramática».
«El Gobierno había dejado caer que iba a anunciar un corte en el gasto, algo que una vez más no se vislumbra. Este recorte ya tarda en ser aplicado», insistió.
En esta misma línea, desde la Asociación de Consumidores de Portugal (ACOP) recordaron que estos cambios afectan a «productos esenciales, vitales en el día a día» de los ciudadanos, y que el beneficio generado por este incremento podría proceder de la «reducción de los excesos del Estado».
La asociación para la defensa de los derechos de los consumidores DECO calificó la medida de «atentado contra el bolsillo» de los portugueses, quienes soportan una presión «que comienza a ser insoportable y puede conllevar situaciones graves desde el punto de vista social».
En el plano político, el principal grupo de la oposición, el Partido Socialista (PS), denunció el «aumento brutal» del IVA y pidió al Gobierno aclaraciones sobre la necesidad de optar por esta opción. «Queremos saber el motivo por el que el Gobierno no avanza con los recortes en el gasto tantas veces anunciados y nunca concretados», resaltó el diputado Joao Galamba.
Desde el Partido Comunista, Albano Nunes, miembro del Comité Central, subrayó que esta subida impositiva va a contribuir «al empobrecimiento del país» y va a convertir «en un infierno» la vida de los ciudadanos.
Otra de las reformas aprobadas por el Gobierno conservador luso -elegido en las urnas el pasado 5 de junio- que también contó con una fuerte contestación social fue el aumento del precio del transporte público, anunciado a finales de julio.
