El secretario de Estado de Energía portugués presenta su dimisión

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Al anuncio de su dimisión le sucedió un comunicado oficial de la Presidencia de la República que confirmaba su marcha y anunciaba que el Ejecutivo lo sustituirá oficialmente por Artur Trindade, hasta ahora director del área de Costes y Beneficios en el organismo regulador del sector del gas natural y la electricidad en Portugal.

La salida del secretario de Estado de Energía se vió envuelta en polémica y los medios lusos la relacionan con las diferencias que mantenía el departamento dirigido por Gomes con algunos de los principales operadores eléctricos del país, entre ellos Energías de Portugal (EDP), recientemente privatizada.

Tesis similares sostienen también representantes de la izquierda política lusa, actualmente en la oposición, y que atribuyeron su dimisión a la progresiva «pérdida de competencias» sufrida por el Ministerio de Economía y Empleo en favor de otros departamentos como Finanzas o Exteriores.

Henrique Gomes hizo público en febrero que negociaba con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) -entidades prestatarias del rescate solicitado por Portugal el pasado año- cómo limitar los «excesivos beneficios» que presentaban las compañías productoras de electricidad.

El objetivo del Gobierno luso y la «troika» es reducir los costes que suponen al Estado la retribución que paga el sistema eléctrico nacional a las grandes productoras de electricidad.

Sin embargo, el presidente de la multinacional lusa de la electricidad EDP, António Mexía, respondió la semana pasada que este debate sobre los altos beneficios y los pagos del Estado a los operadores supone un «falso problema», contradiciendo la teoría del Ejecutivo conservador luso y de los organismos internacionales que le concedieron su ayuda financiera.

Barack Obama respalda la política energética que convirtió a Estados Unidos en exportador de petróleo

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El reporte destacó los «significativos progresos» en la eficiencia energética en EEUU y subrayó que se pasó de importar en 2008 el 57% del petróleo consumido al 45% en 2011, el nivel más bajo en los últimos 16 años.

«Desde que el presidente Obama tomó posesión, la dependencia de petróleo extranjero descendió cada año», precisó.

Asimismo, el informe, titulado «Un futuro energético seguro« y firmado por el secretario de Energía Steven Chu y el secretario de Transporte Ray Lahood, resaltó los avances en materia energética con el «objetivo de convertir a los EEUU en líderes de la carrera energética limpia».

Estos datos salen a la luz pública justo cuando EEUU afronta crecientes subidas en las precios de la gasolina, que ya superan los 4 dólares por galón (3,78 litros) algo de lo que los republicanos se apresuraron en responsabilizar al presidente estadounidense.

«Los actuales altos precios de la gasolina son un doloroso recuerdo de que todavía debemos trabajar mucho para liberarnos de nuestra dependencia de petróleo extranjero y tomar control de nuestro futuro energético«, afirmó el presidente Obama.

Entre las medidas tomadas por Washington, el informe resaltó los incentivos para aumentar la producción doméstica de crudo y gas, y mayores exigencias de eficiencia energética en el transporte y la vivienda.

Sin embargo, los republicanos continuaron con sus ataques y calificaron estas medidas como un «receta» para los altos precios de la gasolina.

Los altos precios de los carburantes sirven de munición entre republicanos y demócratas, en pleno año electoral, para ganar respaldo popular en un contexto de frágil recuperación económica.

Los republicanos acusan a la Casa Blanca de impedir la exploración y aprobación de nuevos proyectos petroleros, como el oleoducto Keystone que unía Canadá con Texas, lo que dispara el precio de los combustibles.

Por su parte, Obama defendió políticas energéticas a largo plazo y criticó a los republicanos por plantear salir del problema simplemente abriendo y perforando más pozos.

Galp presenta su plan estratégico con especial énfasis en el upstream

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Galp Energia presentó a principio de esta semana en Londres en el Capital Markets Day 2012, los vectores estratégicos y financieros de la empresa, así como la información clave de los proyectos de explotación y producción de la compañía.

Entre 2012 y 2016, Galp espera alcanzar una inversión de entre 1.000 y 1.200 millones de euros por año, los proyectos en desarrollo en el área de Explotación & Producción. Además también su plan estratégico consigna inversiones en el área de downstream, que incluye el refino de petróleo bruto, la distribución de productos petrolíferos en la Península Ibérica y en África, la distribución de gas natural y la comercialización de electricidad en Portugal y España.

Galp espera que el desarrollo de los campos de Lula y Cernambi de la Cuenca de Santos en Brasil, y el impacto positivo de las inversiones en las refinerías de Sines y Matosinhos en Portugal respalden la previsión de crecimiento en sus resultados de cara a 2016.

Los trabajos de exploración y producción realizados hasta el momento han ampliado la cartera de reservas de Galp Energia. Los recursos de explotación de 2011 (mean estimate unrisked) aumentaron en 2.821 Mboe (Million Barrels of Oil Equivalent) distribuidos en 112 referencias, lo que supone un incremento del 11%. En 2012, se espera que la Compañía continúe con la perforación de 20 pozos más, destacando el pozo brasileño de Júpiter NE (de intensa exploración) y la campaña de exploración y análisis en Mozambique.

Galp aumentó las reservas 3P en un 24% durante el 2011, con 709 Mboe como resultado de una evaluación continua en los campos de Lula Cernambi, en el offshore brasileño. La totalidad de las reservas de gas natural ascendió cerca de un 15% de las reservas 3P. En lo referente a los recursos 3C, se confirma un crecimiento del 13% en 2011, alcanzando 2.672 Mboe, principalmente por los trabajos realizados en la cuenca de Rovuma en el offshore de Mozambique. Los proyectos en la cuenca de Santos brasileña representan aproximadamente un 75% de los recursos contingentes 3C.

Galp asegura que ampliará sus actividades en lo que considera “sus áreas geográficas clave” como son el eje del Atlántico Sur (que comprende Brasil y Angola) y África Oriental (en particular Mozambique), incidiendo en la inversión en los países vinculados históricamente a Portugal, mediante acuerdos con operadores internacionales Galp se propone aumentar la producción a más de 300 mboepd hasta 2020, lo que se traduce en un aumento de la producción de hasta 15 veces respecto a 2011 y supone 21 Mboepd. El crecimiento de la producción estará respaldado por el crecimiento en Brasil, especialmente por los avances en la producción en los campos de Lula y Cerbambi, donde la primera plataforma permanente de la Cuenca de Santos (el buque FPSO Cidade de Angra dos Reis) alcanzará su capacidad máxima de producción un año después del inicio de las operaciones.

Paralelamente, la compañía trabaja también para acelerar el desarrollo de otros proyectos como son los campos de Iara y Júpiter en el presal de la cuenca de Santos. Los nuevos proyectos comenzarán a funcionar en los bloques 14 y 32 en Angola, y en el Área 4 en el offshore de Mozambique.

Galp destaca su posición financiera y su bajo endeudamiento, de forma que la operadora lusa señala cómo el aumento de capital de Petrogal Brasil, filial brasileña en el área de Explotación y Producción, mantuvo a la empresa lusa con unos niveles de deuda neta de índices inferiores al 30%. Además, en estos cuatro años Galp espera mejorar sus resultados y aumentar el dividendo anualmente.

El Tribunal de Justicia europeo rechaza un recurso de Iberdrola contra un fallo de la CE de 2009

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Iberdrola -junto a otras compañías como Telefónica- fue una de las beneficiarias de ese régimen, que Bruselas consideró que incumplía la legislación comunitaria.

En su decisión de 2009, la CE ordenó a España recuperar las deducciones aplicadas a las empresas desde diciembre de 2007, fecha en la que oficialmente inició su investigación.

Iberdrola solicitó a la Justicia europea la invalidación de dicha decisión de Bruselas sirviéndose del derecho que tienen las personas físicas o jurídicas a interponer un recurso de anulación contra los actos de los que sean destinatarios o que les afecten directa e individualmente.

La corte con sede en Luxemburgo, sin embargo, ha considerado que la compañía española no se ve individualmente afectada por la decisión. Los jueces han señalado que Iberdrola no ha aportado ningún dato que demuestre que se aplicó el controvertido régimen en ninguna de sus adquisiciones posteriores a diciembre de 2007.

Según fuentes judiciales, en los escritos presentados la empresa sólo ha mencionado la intención de aplicar dicho régimen y en la vista confirmó que no había solicitado dicha aplicación en ninguna de sus declaraciones fiscales.

Sí demostró haberse valido del mecanismo en compras anteriores a 2007, pero estas no se ven afectadas por la decisión de la CE de declararlo ilegal.

El régimen ilegalizado se puso en marcha en 2002 y estableció que las empresas españolas podían amortizar el fondo de comercio financiero que resulta de la adquisición de participaciones significativas en empresas extranjeras durante los veinte años siguientes a la adquisición. La amortización del fondo de comercio financiero es la posibilidad de deducir de la base imponible de la empresa adquirente la diferencia entre el precio de adquisición de las acciones y el valor de mercado de los activos de la firma comprada.

La Comisión comenzó a investigar el régimen fiscal español en octubre de 2007 a raíz de varias preguntas de diputados del Parlamento Europeo, así como denuncias formales que sostenían que el sistema español era ilegal.

El Ejecutivo comunitario concluyó que, teniendo en cuenta la armonización legislativa sobre adquisiciones transfronterizas en la UE, el sistema español era «discriminatorio y por tanto injustificable».

El sector energético de EEUU creó en 2011 el 9% de nuevos empleos

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De acuerdo con el estudio, las empresas de petróleo y gas natural aportaron durante el último año al mercado laboral de la primera potencia mundial 37.000 puestos de trabajo directos y otros 111.000 indirectos.

Las empresas de energías renovables como la eólica o la solar no contribuyeron de igual manera, pero gracias a las plantas que se están construyendo en EEUU, aportaron 3,3 empleos indirectos por cada puesto de trabajo creado en el conjunto del sector energético.

Según los responsables del informe, estos datos demuestran que el sector es clave para el mercado laboral de Estados Unidos. «El sector energético es único por su importancia económica y su potencial para ser un tremendo catalizador sobre la creación de empleo y el desarrollo sostenible sin afectar al desempeño global del sector», indicó en un comunicado el presidente de la consultora IHS Cera, Daniel Yergin.

Además, justifica el alto grado de inversión que necesita porque luego realiza una contribución significativa al Producto Interior Bruto (PIB) del país, que en 2011 creció el 1,7% impulsado en buena parte por la extracción de petróleo y gas natural, que aumentó el 4,5% en el mismo periodo.

El estudio también recuerda que su mano de obra está mejor pagada que otros sectores en EEUU, de forma que el salario medio de un trabajador es el doble que el que se paga en Alemania, Noruega o el Reino Unido, y cuatro veces más que en Corea del Sur o México.

Como resultado de esos sueldos más altos, los empleados del sector energético estadounidense contribuyen más que la media al gasto per cápita y al PIB en general de Estados Unidos.

«Siempre sospechamos que la energía iba a desempeñar un papel vital en la recuperación económica, pero incluso así nos sorprendieron estos datos, que reflejan la magnitud del efecto multiplicador del sector», afirmó Roberto Bocca, director de industrias energéticas del FEM.

El Gobierno pide que el caso Repsol YPF se resuelva de forma amistosa

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García-Margallo, en un desayuno informativo organizado por el Foro Europa Press en Madrid, se ha referido al caso de Repsol ante los supuestos planes de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de nacionalizar o intervenir la filial argentina YPF, que controla la petrolera española.

El ministro ha asegurado que el Gobierno español no ha dejado de trabajar «ni un solo segundo» para solucionar este caso y ha recordado la visita que el titular de Industria, José Manuel Soria, hizo a Buenos Aires la pasada semana.

YPF, participada por Repsol en un 57,4% y por el grupo argentino Petersen en un 25,4%, es uno de los principales grupos inversores en Argentina, el primer contribuyente al Fisco, el mayor productor de hidrocarburos del país y da empleo a 13.500 trabajadores.

El ministro ha apuntado que España y Argentina tienen firmado un acuerdo de protección de inversiones, pero el ministro ha expresado su esperanza en no tener que recurrir a los tribunales. «No soy nunca partidario de judicializar estos temas y soy mucho más partidario del acuerdo amistoso», ha subrayado.

El Ejecutivo argentino achaca a Repsol YPF desde diciembre pasado los problemas de abastecimiento de combustible, la caída en la producción y la falta de inversiones que sufre el país sudamericano.

Algunos medios de comunicación publicaron el pasado fin de semana que el rey de España telefoneó a la presidenta argentina para mediar en el conflicto. García-Margallo ha optado por la «discreción» y no ha confirmado esta conversación, pero ha admitido que el rey Juan Carlos está teniendo un papel fundamental a la hora de hacer gestiones en beneficio de España.

En relación con el aumento de la inseguridad jurídica de empresas españolas en Venezuela y Argentina, García-Margallo ha confesado que es un asunto que observa «con preocupación».

El jefe de la diplomacia española también ha destacado la importancia de potenciar acuerdos de asociación de la Unión Europea con regiones como la de Mercosur, en la que está Argentina, con el fin de mejorar la seguridad jurídica de las inversiones.

Asimismo, ha subrayado la necesidad de que Europa estreche su colaboración con Latinoamérica. «La UE, si no quiere desaparecer, tiene que hacer un esfuerzo especial en América Latina, y se tiene que contar con la opinión de España», ha opinado.

Endesa propondrá como consejera de su filial Chilectra a Elena Salgado

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‘El Confidencial’, que adelanta la propuesta de nombramiento, indica que, de esta forma, Endesa refuerza su equipo de asesores internacionales con otro político de peso, tras incorporar el año pasado al expresidente del Gobierno José María Aznar como consultor.

Salgado, indica el portal, percibirá entre 35.000 y 70.000 euros por poner en valor sus conocimientos y se encuentra en la actualidad tramitando las autorizaciones pertinentes con el Ministerio de Administraciones Públicas para saber si su fichaje por Endesa Chile no incurre en ningún tipo de incompatibilidad tras su reciente pertenencia al Gobierno.

Los ex altos cargos del Gobierno tienen prohibido trabajar durante dos años tras el abandono del puesto en una empresa privada, y durante este periodo reciben el 80% de la retribución. Dado que Chilectra se encuentra radicada fuera de España, resulta más probable que el Gobierno conceda el permiso a Salgado para desempeñar el cargo de consejera de la sociedad.

Aznar y Salgado no son los únicos políticos vinculados directa o indirectamente a Endesa. El actual ministro de Economía, Luis de Guindos, fue hasta el momento de su nombramiento miembro del consejo de la eléctrica, en el que también participa el ‘padre’ de la Constitución Miquel Roca y Junyent.

El antecesor de Salgado en la cartera de Economía, Pedro Solbes, desempeña el cargo de consejero de Enel, la matriz de Endesa. En la eléctrica también desempeñó cargos de responsabilidad el exministro Pío Cabanillas, quien posteriormente fichó por Acciona, donde participan Javier Solana y la exsecretaria de Estado de Energía Carmen Becerril.

– UPyD plantea que Salgado no cobre pensión de exministra tras su fichaje por Endesa

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Carlos Martínez Gorriarán, cree que la exvicepresidenta económica Elena Salgado no debería percibir la pensión de ex miembro del Gobierno tras haber fichado por una empresa de Endesa y a la vez reclama «más exigencia» con los conflictos de intereses de altos cargos.

Martínez Gorriarán ha indicado que no es muy lógico que alguien que «acaba de salir» del Gobierno se ponga a asesorar «inmediatamente» a una empresa de un sector estratégico económico, en alusión a Chilectra, la distribuidora en Chile del grupo Enersis que controla Endesa.

La ley establece que los altos cargos no podrán incorporarse a empresas privadas que estén «relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado» hasta que pasen dos años desde su cese.

A juicio del parlamentario de UPyD, no es extraño que una gran empresa fiche a ex altos cargos de la Administración pero habría que cuidar «mucho» que esa asesoría que va a realizar Salgado «no choque» con el interés general.

Además, aboga por poner límites al actual régimen de incompatibilidades de manera que un ex alto cargo, en este caso exministra, no reciba una pensión pública -tiene derecho a recibirla durante dos años- al mismo tiempo que cobra un sueldo por trabajar en una empresa privada.

De hecho, el pasado mes de febrero, la formación de Rosa Díez llevó al Congreso una iniciativa para limitar las pensiones de los expresidentes del Gobierno con el fin de que Felipe González y José María Aznar, fichados por Gas Natural y Endesa respectivamente, no pudieran compatibilizar los sueldos públicos y privados. Sin embargo, la iniciativa no prosperó por el rechazo de PP, PSOE y CiU.

Irán deniega el envío de medio millón de barriles de crudo a Grecia

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«Un petrolero que había venido para llevar 500.000 barriles de crudo a una refinería en Grecia, ha tenido que volver vació después de que Irán se negara a entregar la carga», señaló Fars, con lo que las refinerías griegas, tras las de Francia y el Reino Unido, serían las terceras europeas afectadas por las medidas iraníes.

El petrolero tenía como destino la refinería «Helenikas», según la fuente iraní, y Grecia, el país que sufre la crisis económica más grave dentro de la Unión Europea, sería también el más afectado de ese bloque por la suspensión de los envíos de crudo iraníes.

Las importaciones de crudo iraní de Grecia suponen cerca del 14% de su consumo y, en la actual situación griega, pueden desestabilizar aún más sus maltrechas finanzas y también provocar una subida mayor del precio del petróleo en los mercados internacionales.

Para Irán, la exportación de petróleo a Grecia supone alrededor del 1% de sus ventas y a la Unión Europea un 18% de los 3,6 millones de barriles de crudo que comercializa al día en los mercados mundiales.

El pasado 19 de febrero, el Ministerio iraní de Petróleo anunció la suspensión de las ventas de crudo a las compañías de Francia y Reino Unido, al considerar a esos países los promotores de las últimas sanciones financieras y petroleras de la Unión Europea a Irán para que suspenda su programa nuclear.

Dos días más tarde, el ministro de Petróleo, Rostan Qasemi, advirtió a los países de la Unión Europea de que Irán les cortaría en un plazo muy breve el suministro de crudo si no firmaban contratos a largo plazo y con pago garantizado, en respuesta a la prohibición de la Unión Europea de comprar petróleo iraní, que deberá entrar en vigor el 1 de julio próximo.

El 15 de febrero, el Ministerio iraní de Exteriores convocó a los embajadores de España, Italia, Francia, Grecia, Holanda y Portugal para comunicarles las nuevas condiciones de la venta de crudo, en unas reuniones que los medios locales interpretaron como advertencia de un eventual corte de suministro.

De estos países, los más afectados serían Italia, España y, sobre todo, Grecia, que adquieren entre un 13% y un 14% del petróleo que consumen de Irán.

Tanto la ONU como EEUU y la Unión Europea impusieron sanciones a Irán para que suspenda su programa nuclear, que sospechan que tiene una vertiente militar, pero Teherán ha señalado que no abandonará su programa, que asegura que es exclusivamente civil y pacífico.

La filial de Gas Natural Fenosa en Nicaragua entrega un 16% de sus acciones al Estado de aquel país

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Las acciones fueron entregadas por Ricardo Barranco, gerente regional de Gas Natural Fenosa para Centroamérica, y recibidas por el nuevo ministro nicaragüense de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, indicó la compañía eléctrica.

«El grupo Gas Natural Fenosa hizo efectivo la entrega física del 16% de las acciones de las empresas distribuidoras de electricidad Disnorte y Dissur al Estado de Nicaragua«, detalló.

La entrega de esas acciones fue posible tras cumplirse una serie de procesos legales que duraron tres años, desde la entrada en vigor del Protocolo de Entendimiento entre la empresa eléctrica y el Estado nicaragüense, el 28 de febrero de 2009, hasta ahora, precisó la fuente.

«Recibimos esto como un esfuerzo del Gobierno y Estado de Nicaragua por fortalecer el sector eléctrico, que desde la llegada al Gobierno del presidente Daniel Ortega (en enero de 2007) decidimos respaldar y se ha hecho de manera sostenida y decidida», declaró el ministro Acosta durante el acto.

«Como Gobierno estamos dando los pasos para hacer lo necesario para que el sector sea sostenible, rentable e impacte en el desarrollo económico«, agregó.

Aunque el traspaso del 16% de las acciones concluyó este jueves, el Estado de Nicaragua tuvo participación en la Junta Directiva durante estos tres años, explicó la eléctrica.

La multinacional eléctrica española cedió al Estado nicaragüense, en mayo de 2008, el 16% de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 11,5 millones de dólares, y un asiento en el consejo de administración de su filial en Managua.

Gas Natural Fenosa es dueña de las distribuidoras eléctricas Dissnorte y Dissur, las cuales distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde 2000, hasta por un período de 30 años.

En el acto participó el representante del Estado nicaragüense en la filial de Gas Natural Fenosa, Francisco López, quien también es tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli; entre otros funcionarios de Gobierno y de las distribuidoras.

Las distribuidoras Disnorte y Dissur poseen el 74% de las acciones, 16% el Estado de Nicaragua y el resto socios locales, entre ellos trabajadores y extrabajadores, indicó la compañía.

Los compradores chinos de REN quieren llevarla a América del Sur

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La Red Eléctrica Nacional (REN) portuguesa deja, con esta operación, de estar controlada por el Estado luso, que hasta ahora era el principal accionista y decidió vender la mayor parte de su posición –todavía conserva un 11,1%– como parte del programa de privatizaciones puesto en marcha desde el año pasado.

Portugal anunció el pasado 2 de febrero las empresas vencedoras del concurso para la venta de REN, la china State Grid, que se hará con el 25% de los títulos, y la también publica Oman Oil, con el restante 15%.

La privatización supuso un total de 592 millones de euros para las arcas del endeudado Estado luso.

Al acto de la firma oficial, celebrado en Lisboa, acudieron los máximos responsables de las dos compañías compradoras, así como varios representantes del Gobierno portugués, entre ellos el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, el de Economía, Álvaro Santos Pereira, y el de Exteriores, Paulo Portas.

El presidente de State Grid, Liu Zhenya, subrayó durante su intervención que este acuerdo permitirá a REN expandirse a América del Sur, así como introducirse en los países africanos de lengua portuguesa (Angola, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Guinea Bissáu).

Destacó, además, que la entrada de su firma en REN «es muy importante para profundizar el comercio» entre China y Portugal.

Del lado de Oman Oil, su presidente, Nasser Bin Khamis Al-Jashmi, se congratuló por poder participar en la empresa portuguesa y enmarcó la operación en su estrategia de diversificación.

Con esta operación y con la venta de Energías de Portugal (EDP) a la china Three Gorges, el Estado luso recibió cerca de 3.300 millones de euros, el 60% del montante total que pretende recaudar con su programa de privatizaciones.

La venta de sus participaciones en algunas de las compañías más importantes del país es una de las condiciones del acuerdo firmado en mayo pasado por las autoridades portuguesas con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un rescate financiero de 78.000 millones de euros.