La española Repsol ocupará un sillón en el nuevo directorio de YPF, que se ha constituido durante una asamblea celebrada en Buenos Aires, después de que el Gobierno de Cristina Fernández expropiara un 51 por ciento de las acciones de la compañía española.
Repsol, que mantiene una participación del 12 por ciento en YPF y estuvo representada en la asamblea por sus abogados, logró mantener un puesto en el nuevo directorio, compuesto por 17 miembros titulares y once suplentes.
El abogado independiente Luis García del Río será la persona que defienda los intereses de la compañía española en el nuevo consejo de YPF.
El grupo español ha planteado la «ilegalidad» de la asamblea celebrada, pues impugna todo el proceso de expropiación de las acciones en YPF.
El viceministro de Economía argentino, Axel Kicillof, y el gerente general de YPF, Miguel Galuccio, se encuentran entre los nuevos representantes del Estado argentino en el nuevo directorio de la principal petrolera del país.
Los representantes de Repsol han sostenido en la asamblea que el antiguo directorio, con el titular del grupo español, Antonio Brufau, a la cabeza, trabajaron en beneficio de YPF y ha rechazado todas las acusaciones vertidas por los representantes del Gobierno argentino.
En la asamblea participaron, además de Kicillof y Galuccio, el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido.
Entre los integrantes del antiguo directorio que cesaron este lunes en sus funciones están, además de Brufau, el español Antonio Gomis Sáez -que representaba a Repsol- y Enrique, Matías y Sebastián Ezkenazi, representantes del grupo argentino Petersen.
También fue removido como representante del Estado en el directorio de YPF el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, que ocupaba ese sillón desde agosto de 2011.
Repsol inició el 15 de mayo los trámites para llevar a un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) la nacionalización de YPF con la remisión de una carta a Cristina Fernández, en la que declara la existencia de una controversia en la expropiación.
Repsol pide en compensación unos 10.000 millones de dólares, pero el Gobierno argentino adelantó que no pagará esa cifra y que será el Tribunal de Tasación argentino el encargado de fijar el valor de las acciones expropiadas.
YPF presentará el plan estratégico para la petrolera argentina
El gerente general de YPF, Miguel Galuccio, presenta este martes el nuevo plan estratégico de la nacionalizada petrolera en un acto al que asistirá la presidenta argentina, Cristina Fernández.
Galuccio presentará su visión sobre los planes futuros de la mayor productora de hidrocarburos de Argentina en un acto que se realizará en un hotel del centro de Buenos Aires.
YPF registró en 2011 una ganancia neta de 5.296 millones de pesos (1.179,5 millones de dólares), un 8,5 por ciento menos que en 2010.
La justicia argentina ordena bloquear la posible compensación a Repsol por YPF
Una jueza de Argentina dispuso la indisponibilidad de los fondos que la española Repsol pudiera percibir en compensación por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera argentina YPF.
La medida fue adoptada por la jueza Edith Cristiano, de la sureña ciudad argentina de Río Grande, a solicitud de la Federación de Ex Agentes de YPF, que reúne a unos 25.000 antiguos empleados de la compañía que reclaman ser reconocidos como accionistas.
Según informó este colectivo en un comunicado, la medida judicial fue ordenada hasta tanto se resuelva la nulidad planteada por la federación de extrabajadores respecto a las ventas de acciones de YPF que Repsol realizó en marzo de 2011 en la Bolsa de Nueva York, por unos 1.900 millones de dólares y equivalentes a un 11,50 por ciento del paquete accionarial de la petrolera argentina.
Según los demandantes, en la venta de marzo de 2011 Repsol violó presuntamente una orden judicial de febrero de 2011 del juez federal argentino Oscar Valentinuzzi que impedía al grupo español vender sus acciones en YPF debido a una demanda presentada por la Federación de Ex Agentes.
De acuerdo a los demandantes, en 1990 se estableció que el 10 por ciento de las acciones de YPF quedara en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada (PPP), titular de acciones clase C.
Pero en 1997, de acuerdo a los querellantes, el Estado argentino y el directorio de YPF pusieron en venta esas acciones sin la autorización de los trabajadores mediante un decreto del entonces presidente argentino, Carlos Menem, que en 2001 fue declarado inconstitucional e invalidado por la Corte Suprema.
Repsol adquirió el 98 por ciento del paquete accionarial de la mayor petrolera argentina en 1999.
En octubre de 2002 el Estado argentino promulgó una ley para indemnizar a los extrabajadores de YPF con bonos por un total de 100 millones de dólares, muy por debajo del monto reclamado por los demandantes.
