Según explicaron fuentes de Repsol, BNY Mellon no admitió las instrucciones de voto con respecto a los American Depositary Receipts (ADR) de YPF, instrumentos financieros requeridos a las entidades extranjeras para inscribir sus acciones en Wall Street, dadas por Repsol para la junta del pasado 4 de junio.

Repsol tenía derecho a dar instrucciones de voto tanto sobre los ADRs de su titularidad no sujetos a expropiación (6,4% del capital social), como respecto a los ADRs que el Grupo Petersen le tiene dado en prenda (5,38% del capital de YPF).

Así, Repsol no pudo votar en la junta con la totalidad de su participación en YPF, ya que prácticamente la mitad del 12% del capital de la argentina que aún posee está custodiado por Mellon.

Por este motivo, Repsol sólo pudo designar a un miembro en el consejo de administración «Directorio» de YPF; al letrado Luis García del Río, en lugar de tres que hubiera podido nombrar, de haber cumplido el banco con las instrucciones dadas, y pretendía debido a la parte que aún controla tras sufrir la expropiación del 51% de la argentina.

En la demanda se indica que la española «ha sufrido un daño irreparable y el valor de su participación minoritaria en YPF ha sido significativamente disminuido», indicaron las mismas fuentes.

El pasado mayo, la petrolera española Repsol presentó ante un tribunal federal de Nueva York una demanda civil colectiva («class accion») contra el Estado argentino por haber incumplido su obligación de haber lanzado una OPA como consecuencia de la toma de control de YPF en virtud de la expropiación del 51% de YPF con el fin de obtener una indemnización económica.

Hasta la expropiación ordenada por el Gobierno argentino, Repsol era el máximo accionista de YPF con el 57,4% del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau valoró entonces en 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros).

En un comunicado enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros chilena (SVS), que le había solicitado la información, Enersis precisó que entre 3.000 y 4.000 millones de dólares serán destinados a la adquisición de participaciones minoritarias en filiales de Enersis en varios países de la región.

Enersis es controlada en un 60,6% por Endesa España, propiedad a su vez en un 92,6% de la italiana Enel.

De acuerdo con el texto enviado a la SVS, la compañía piensa adquirir el 41% de la distribuidora de Brasil Coelce y el 4% de su matriz, Endesa Brasil. Adquirirá, asimismo, el 37,5% de la distribuidora Edegel en Perú y el 24,3% de Distribuidora Edelnor en el mismo país. Además planea comprar el 51,5% de las distribuidoras colombianas Emgesa y Codensa.

Con respecto a Chile, también se compraría un 5% adicional de Endesa Chile hasta llegar a una participación del 65%; el 0,9% de Chilectra, la principal distribuidora eléctrica en este país, y el 7,3% de Pehuenche.

Endesa España informó de que espera destinar entre 7.000 millones y 9.000 millones de dólares a la cartera de 16 proyectos que mantiene en la actualidad para aumentar su capacidad de generación en 11.400 megavatios.

Detalló que de ese monto, están previstos proyectos por 1.060 megavatios en Brasil, 3.154 megavatios en Chile, 623 megavatios colombia y 368 megavatios en Perú.

El proyecto más importante es Hidroaysén, en el sur de Chile, con 1.403 megavatios, que ha encontrado gran resistencia entre los grupos ambientalistas.

Asimismo, podría destinar entre 6.000 y 7.000 millones de dólares a fusiones y adquisiciones que actualmente están en estudio.

El gerente general de Enersis, Ignacio Antoñanzas, dijo en el texto que si resulta exitoso el aumento de capital por 8.020 millones de dólares, el grupo quedará con una caja adicional que podría llegar a un máximo de 3.158 millones de dólares, que sólo representaría entre un 16% y 20% del total de las oportunidades que se presentan para Enersis y sus filiales.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de Chile rechazaron el aumento de capital, sobre la base de que todos los recursos nuevos del aumento de capital deberían aportarlo los accionistas minoritarios del conglomerado energético.

También las AFP han considerado sobrevalorados los activos que Endesa, por medio de su filial Endesa Latinoamérica, traspasarían a Enersis, como aporte al aumento de capital, cuya concreción se verá en una junta extraordinaria de accionistas de Enersis fijada para el próximo 13 de septiembre.

En Chile existen seis AFP (Cuprum, Capital, Hábitat, Modelo, Planvital y Provida) que gestionan los ahorros de unos 9,5 millones de trabajadores y que al cierre de junio tenían invertidos unos 1.606 millones de dólares en Enersis.

La inyección de capital proviene de la venta de acciones preferentes por parte de TEPCO a un fondo estatal de rescate y conlleva el traspaso al Gobierno del 75% de los derechos de voto y la potestad de intervenir en la gestión de la compañía, que antes del accidente en Fukushima era la mayor eléctrica de Japón.

TEPCO confirmó la ayuda en un comunicado en el que su presidente, Hirose Naomi, pidió disculpas por la «carga» que ha supuesto para la población el desastre en la central de Fukushima, epicentro de la crisis nuclear más grave desde la de Chernóbil en 1986.

Con decenas de miles de evacuados por la radiactividad y daños millonarios en la ganadería, pesca e industria de Fukushima, TEPCO debe afrontar demandas millonarias, a lo que se suman los costes de retirar el combustible nuclear y desmantelar los tres reactores dañados por el tsunami de marzo de 2011.

Además, la paralización de la mayoría de las plantas atómicas en Japón por lo ocurrido en Fukushima obligó a las eléctricas del país a aumentar el ritmo de sus centrales térmicas, lo que encarece la generación de energía.

Para cubrir gastos, TEPCO tiene previsto subir las tarifas eléctricas en más de un 8% a partir de septiembre en Tokio y sus alrededores, la región de la que es suministradora.

Además, elaboró un plan de negocio a diez años que incluye, entre otras cosas, la emisión de bonos corporativos con los que buscará financiarse de forma autónoma, lo que permitiría en un futuro que la compañía vuelva de nuevo a manos privadas.

Además de la inyección por 10.415 millones de euros, el Gobierno ya autorizó una asistencia por unos 25.337 millones de euros destinada exclusivamente a indemnizar a las víctimas.

Ese capital proviene del llamado Fondo de Facilitación para la Responsabilidad de Daños Nucleares, organismo creado el pasado agosto con una mezcla de fondos públicos, créditos bancarios suscritos por el Ejecutivo y capital aportado por las diez eléctricas de Japón.