El diputado socialista, François Brottes, que formalizó su proposición de ley, pretende que este dispositivo tenga un costo neutro para el Estado porque se repercutirán las evoluciones de los precios de la energía a los consumidores, y añadió que espera que pueda entrar en vigor a «finales de 2013 o comienzos de 2014».

La idea general es que el kilovatio hora de electricidad o el metro cúbico de gas -está previsto hacer lo mismo más adelante con el agua- sea progresivamente más caro conforme se superen unos umbrales de gasto.

Para evitar que eso penalice a las familias numerosas, a los que residen en regiones frías que necesitan más energía o a los que tienen un sistema de calefacción poco eficiente, esos tres factores se tendrán en cuenta para la fijación de los umbrales a partir de los cuales se modificarán las tarifas.

En la práctica, los abonados particulares (los únicos concernidos por la reforma) tendrán en sus facturas un nuevo apartado para la llamada «contribución progresiva» que establecerá las bonificaciones o penalizaciones en función del volumen de gasto.

La propuesta legislativa contempla una ampliación de la población que podrá beneficiarse de las tarifas sociales (actualmente unos 330.000 hogares para el gas y unos 900.000 para la electricidad) a todos los que reciben subsidios sociales, en torno a cuatro millones de personas.

Francia tiene asegurado el abastecimiento eléctrico hasta 2015

Por otra parte, el gestor de las redes de transporte RTE informó que el abastecimiento eléctrico de Francia está asegurado hasta 2015, momento a partir del cual podrían surgir tensiones sobre todo por los picos de consumo por fenómenos como olas de frío.

En 2016 podrían faltar 1.200 megavatios (MW) de generación y 2.100 MW en 2017, aunque esas necesidades podrían cubrirse con algunas medidas, señaló RTE en un informe sobre el equilibrio entre oferta y demanda en un horizonte de cinco años y los potenciales escenarios a más largo plazo, en 15-20 años.

La principal razón es que a partir de 2016 deben cerrarse centrales de carbón que producen 3.600 MW, otras de fuel de 4.000 MW y al año siguiente los dos reactores de la central nuclear de Fessenheim (1.800 MW), indicó la empresa.

Para compensarlo, se propuso la entrada en servicio de nuevos medios de producción con proyectos que están suficientemente avanzados (como los 1.800 MW del primer reactor de la nueva central nuclear de Flamanville desde 2016), y en particular los destinados a la generación en momentos de picos de consumo.

Igualmente se sugirió la aplicación de acciones de eficacia energética y el retraso en el cierre de algunas centrales térmicas que funcionan con combustibles fósiles.

El precio de venta del gasóleo la semana pasada cayó 6,2 céntimos a una media de 1,397 euros por litro y el de la gasolina súper de 95 otros 6,2 céntimos a 1,586 euros, precisó el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Ministerio puso el acento en «los resultados alentadores de la acción puesta en marcha» y en que se va a seguir con el dispositivo de control para que las empresas del sector respeten sus compromisos, que en principio tienen un periodo de vigencia de tres meses.

Lo cierto es que una parte de la reducción semanal constatada por la Dirección General de la Energía y del Clima se debe al abaratamiento del barril de petróleo, que en ese periodo de referencia pasó de 93,45 euros a 90,46 euros.

El titular del departamento, Pierre Moscovici, anunció tras reunirse el pasado 28 de agosto con los responsables de petroleras y empresas de distribución que el Estado reduciría temporalmente los impuestos sobre los carburantes en tres céntimos de euro por litro y pedía a los profesionales que accedieran a un esfuerzo equivalente en sus márgenes de su parte.

Se trataba de poner en práctica, algo transformada, la promesa electoral del presidente francés, el socialista François Hollande, que indicó que para mantener el poder adquisitivo congelaría los precios en las gasolineras si se producía una subida fuerte del barril de petróleo en los mercados internacionales.