Así figura en un documento que recoge la posición de esos países y que contiene los argumentos con los que se opusieron a esas normas, que finalmente se aprobaron sin debate durante la reunión del Consejo de ministros de Empleo la Unión Europea (UE) celebrado el jueves en Luxemburgo.
Según ese documento ambos países votaron en contra de la adopción de la nueva directiva de eficiencia energética, que es el primer marco legislativo a nivel europeo específicamente dedicado a la materia.
Los demás países de la UE dieron su apoyo a las normas, mientras que Finlandia se abstuvo.
Finlandia, España y Portugal consideran que la nueva normativa no valora lo suficiente los esfuerzos realizados hasta el momento en materia de ahorro de energía, una cuestión que las autoridades de Lisboa consideran «injusta», según el citado texto.
España y Portugal señalaron que las nuevas normas exigen un aumento del gasto público, en un momento en que varios Estados miembros tienen dificultades económicas.
«Dado el actual contexto económico y los esfuerzos ya realizados, España considera que la nueva directiva de Eficiencia Energética no provee un enfoque eficiente en términos económicos para alcanzar mayores ahorros energéticos, e impone por otra parte una carga desproporcionada en ciertos países«, señaló ese país en su declaración.
España reiteró su «compromiso firme» con el cumplimiento del objetivo europeo de alcanzar un ahorro del 20% de energía primaria para 2020 y recalcó los esfuerzos realizados por el país en la última década para «mejorar significativamente la eficiencia energética en su economía».
En concreto, España recordó que en 2010 alcanzó el objetivo introducido por la directiva de servicios energéticos de 2006 de reducir un 9% el consumo final de energía, seis años antes del plazo acordado, así como que ha aprobado recientemente el «ambicioso» Plan Nacional de Eficiencia y Ahorro Energético para el periodo 2011-2020.
El Gobierno español consideró también que la directiva de eficiencia energética no tiene en cuenta los ahorros logrados antes de 2014 «lo que penaliza a países que como España han estado durante los últimos años liderando la promoción de la eficiencia energética, con un importante esfuerzo económico».
También se mostró contraria a la medida que obliga a los países a renovar el 3% de la superficie de los edificios gubernamentales para hacerlos más eficientes, ya que considera que no está probado que se vaya a amortizar el coste de estas reformas con el ahorro de energía que suponen.
«Por tanto, este objetivo añadirá mayor presión a corto plazo en los presupuestos públicos», subrayó en el documento.
Portugal, por su parte, lamentó que la directiva de eficiencia energética «implique un aumento del gasto público» y mostró su preocupación sobre «cómo va a ser posible hacer frente a las obligaciones de gastos públicos dadas las severas restricciones presupuestarias que resultan del programa de ayuda financiera que hemos firmado».
Lisboa solicitó en la primavera de 2011 a sus socios europeos y al Fondo Monetario Internacional (FMI) asistencia financiera, que conlleva un exhaustivo programa de reformas económicas.
