La Agencia Federal de Redes (eléctricas) presentó el primer plan nacional para el desarrollo del sistema al ministro de Economía, Philipp Rösler, que calificó el momento «hito en la conversión del suministro energético».

«Ahora está claro qué proyectos en la red de suministro se han de llevar a cabo», resaltó Rösler, que valoró la celeridad con la que todas las partes implicadas están trabajando para que se haga realidad el denominado «cambio energético» impulsado el año pasado por la canciller Angela Merkel.

El siguiente paso, agregó el ministro de Economía, es que este plan sirva de base para elaborar, antes de fin de año, un proyecto de ley con estas medidas.

El proceso de profunda reforma del panorama energético nacional incluye el llamado «apagón nuclear» para 2022, sancionado al calor de la tragedia de la central atómica de Fukushima, y el despegue de las energías renovables en todo el territorio alemán.

El proceso está siendo controvertido por su complejidad, la oposición de los grandes consorcios energéticos, las diferencias entre estados federados y el temor social a una abrupta subida de los precios de la electricidad.

El plan presentado, basado en las recomendaciones de los cuatro suministradores eléctricos del país y supervisado por la Agencia Federal de la Red, tiene en cuenta los pronósticos de aumento de la demanda energética en la próxima década y las consecuencias que tendrá el «cambio energético» en la estructura de la red.

Uno de los efectos colaterales más notables del «apagón nuclear» y la apuesta por las renovables es que se tendrán que reforzar las conexiones eléctricas norte-sur, ya que la mayoría de la energía eólica alemana se produce en la región más septentrional.

La compañía anunció que alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos que, a falta del visto bueno definitivo de un juez, supondrá la resolución de todos los cargos que pesaban contra BP y de las reclamaciones económicas planteadas por las autoridades federales, aunque no cubrirá las demandas civiles.

El 20 de abril de 2010, la exploxión de la plataforma Deepwater Horizon causó la muerte de once trabajadores y el vertido de millones de barriles de crudo en el Golfo de México durante 87 días. Para hacer frente a los costes derivados del suceso, la petrolera llevó a cabo un proceso de desinversión, sobre todo de sus activos en Estados Unidos, para recaudar unos 28.000 millones de euros.

La petrolera accedió a declararse culpable de once cargos de delito grave por negligencia relativos a la muerte de once trabajadores de la plataforma. Además, admitirá otros tres delitos por la contaminación del agua y de las especies de la zona y por obstrucción al Congreso.

Este reconocimiento de culpa supondrá el pago adicional a las autoridades federales de 3.500 millones de euros, considerada la multa más alta de la historia judicial norteamericana. El pago se realizará a plazos durante un periodo de cinco años.

Al margen del compromiso económico, BP también accedió a adoptar medidas adicionales para mejorar la seguridad de sus instalaciones, que deberán someterse a análisis externos y contar con mejores equipos y protocolos de respuesta en caso de accidentes.

El consejero delegado de BP, Bob Dudley, volvió a lamentar las muertes y el desastre medioambiental producido por la explosión de la plataforma y pidió disculpas. El acuerdo representa que «hemos aceptado la responsabilidad por nuestras acciones», destacó Dudley, quien defendió que la compañía respondió tanto al vertido como a las reclamaciones posteriores.

«Creemos que esta resolución es lo mejor tanto para BP como para sus accionistas«, aseguró, por su parte, el presidente de la petrolera, Carl-Henric Svanberg. En este sentido, defendió el compromiso de la compañía para salir «más segura» y «más fuerte» de este desastre, considerado la peor tragedia medioambiental de la historia de Estados Unidos.