En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Repsol recuerda que ya ha transcurrido el plazo de seis meses desde que se notificó la controversia a Argentina por violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina en 1991.
La petrolera asegura que concretará las reparaciones y compensaciones a reclamar en los escritos de alegaciones que presentará en el CIADI una vez que éste proceda al registro de la solicitud y se constituya el tribunal de arbitraje, lo que puede llevar de tres a seis meses.
Fuentes de la compañía indicaron que la presentación de esta solicitud no excluye la posibilidad de negociar directamente con el gobierno argentino y recordaron que las partes pueden poner fin al conflicto en cualquier momento en caso de alcanzar un acuerdo. «Vamos a agotar todas las vías», insistieron esas fuentes.
La solicitud de arbitraje se basa en la denuncia de una expropiación «ilícita» y «discriminatoria» -ya que sólo afectó a las acciones de Repsol-, así como en el hecho de que no se ha acreditado la utilidad pública de la misma, y no se ha formulado oferta pública de adquisición ni se ha efectuado pago alguno.
Repsol envió el pasado mes de mayo una carta a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la que declaraba la existencia de la controversia entre la compañía y el Estado argentino, primer paso para llevar el caso ante el CIADI, la principal institución en materia de diferencias relativas a inversiones internacionales.
Según el acuerdo mutuo de protección de inversiones, el plazo para resolver discrepancias antes de presentar formalmente la solicitud de arbitraje es de 18 meses, pero Repsol entiende que es de seis, en virtud de una cláusula que le permite acogerse al plazo menor que figure en los tratados similares que Argentina ha firmado con otros países.
La compañía española aspira a que se declare ilícita la actuación de Argentina y se le condene a restaurar la situación y a indemnizar a la compañía por los daños y perjuicios ocasionados.
Hasta la «nacionalización», Repsol era el máximo accionista de YPF, con el 57,4% del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau valora en 10.500 millones de dólares (unos 8.030 millones de euros al cambio actual).
Repsol tiene abiertos otros frentes judiciales por la expropiación de YPF; en Argentina ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad y ante la justicia estadounidense ha presentado otra por vulneración de la normativa del regulador bursátil de ese país.
En España, un juzgado mercantil admitió a trámite en noviembre una demanda presentada por la petrolera española contra la estadounidense Chevron al considerar que realizó «competencia desleal» al pactar con el Gobierno argentino su participación en el proyecto de Vaca Muerta.
Repsol anunció el descubrimiento de ese yacimiento cinco meses antes del anuncio de «nacionalización».
Los procedimientos ante el CIADI comprenden una etapa de actuaciones escritas y una fase oral posterior y suelen tener una duración media de entre tres y seis años desde la constitución del tribunal.
