La jefa de la Diplomacia europea, Catherine Ashton, recalcó el trabajo «productivo» desempeñado este año y señaló la necesidad de que ambos socios establezcan «prioridades para el futuro» dentro del consejo bilateral, con el objetivo de responder a los retos energéticos y al cambio climático.

Por su parte, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, elogió la actividad del consejo de Energía, un «ejemplo de la estrecha cooperación» entre el país y los Veintisiete.

Clinton indicó que, desde la inauguración del foro en noviembre de 2009, éste ha demostrado su valía, y recalcó la labor realizada por los grupos de trabajo del consejo a la hora de identificar áreas en las que la cooperación entre ambas potencias podía ser reforzada.

Uno de los temas principales del encuentro ha sido cómo mejorar la seguridad energética mediante la diversificación de las fuentes de suministro de petróleo y gas, así como las rutas para su transporte.

Además, ambos socios analizaron cómo dar un nuevo enfoque a los marcos reguladores de modo que fomenten un uso más eficiente de las fuentes energéticas, a la vez que estudiaron cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, para luchar contra el cambio climático.

«La estabilidad de los mercados de energía es importante para el crecimiento y el empleo en Europa y Estados Unidos, e influye en la salud de la economía mundial en su conjunto», destacó la Comisión Europea antes del encuentro.

En la reunión participaron también el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, y el secretario estadounidense de Energía, Daniel Poneman.

En sus alegaciones, la española sostiene que los contratos entraron en vigor después de que el Gobierno Argentino de Cristina Fernández de Kirchner acordara la expropiación de la participación mayoritaria que Repsol tenía en YPF y pide una compensación por daños.

«La voluntad de Chevron de sacar provecho de la expropiación del interés mayoritario de Repsol en YPF contrasta con el interés de otros jugadores de peso en la industria del gas y del petróleo», se recoge en la demanda.

Esta decisión se produce un día después de que Repsol presentara una demanda contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la expropiación del 51% de YPF. En ella, solicitaba el inicio de un procedimiento de arbitraje contra Argentina por violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina, de 1991, explica la petrolera española.

El pasado mes de noviembre, un juzgado mercantil de Madrid admitió a trámite una demanda presentada por Repsol en contra de Chevron por el acuerdo de la petrolera estadounidense con el Gobierno argentino para entrar con YPF en el proyecto de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

En su demanda, Repsol consideraba que Chevron incurre en un caso de competencia desleal al aceptar el ofrecimiento del Gobierno argentino a participar en un proyecto como el de Vaca Muerta, desarrollado por YPF, recientemente expropiada a la petrolera española.

La compañía presidida por Antonio Brufau ya advirtió de que demandaría a cualquier compañía de la competencia que aprovechara la expropiación «ilegal» para entrar en proyectos de YPF. Repsol anunció además que adoptaría todas las medidas legítimas a su alcance en contra de relaciones de negocio con la petrolera argentina que perjudiquen sus intereses.

A mediados de septiembre, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, y el responsable para América Latina y África de Chevron, Ali Moshiri, firmaron en Buenos Aires el memorando de entendimiento en el que ambas compañías expresaban su interés en evaluar, mediante un proceso de investigación y desarrollo de proyectos conjunto, el posible aprovechamiento de Vaca Muerta.

Galuccio destacó además en ese momento que el acuerdo con la compañía estadounidense supone «el primer paso de una relación que será larga e importante», mientras que Moshiri se mostró «satisfecho» por «acompañar este nuevo proceso de YPF», ya que «su éxito será el de todo el sector».

El Gobierno argentino anunció en abril de este año la intervención de YPF, así como la creación de una nueva ley para expropiar a Repsol un 51% de la compañía. La norma fue aprobada por el Parlamento argentino en mayo.

La central, denominada Punta Alcalde, requerirá de una inversión de 1.400 millones de dólares, tendrá una capacidad instalada de 740 megavatios y contará además con un muelle mecanizado y cinco plantas de tratamiento de aguas servidas.

Por unanimidad, el denominado Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, conformado por los titulares de diez ministerios, dio luz verde, aunque con mayores exigencias, a la construcción de esta central, que había sido bloqueada en junio por un organismo regional.

La Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, compuesta por los representantes regionales de varios ministerios, rechazó el 25 de junio la construcción del proyecto por considerar que contaminaría la zona.

Endesa Chile, controlada por Endesa España, apeló esa decisión ante el Consejo de Ministros, que ha fallado a su favor, mientras a las puertas del Ministerio de Economía una decena de personas se manifestaba en contra de la central.

«Ni chanchos, ni cerdos, tampoco mineras, el Valle no se vende a ninguna billetera», cantaban los asistentes, en alusión al Valle del Huasco, donde también se encuentra una planta procesadora de cerdos en la que hace seis meses se produjo una alerta sanitaria que quedó en evidencia por los malos olores. Las organizaciones sociales han señalado que tratarán de revertir esta aprobación.

La central debe construirse a unos 660 kilómetros al norte de Santiago, en la zona sur del desierto de Atacama, a entre 30 y 60 kilómetros de parajes protegidos, como el Parque Nacional Llanos de Challe y la reserva nacional Pingüino de Humboldt.

En un comunicado, la compañía defendió que Punta Alcalde será la primera empresa eléctrica de América Latina en emplear domos (cubiertas) para cubrir las dos canchas que se utilizarán para el acopio de carbón.

También señaló que utilizará un sistema de filtros para el abatimiento de material particulado, así como otras medidas que la harán contar con «los más altos estándares en tecnología, eficiencia y compromiso ambiental».

Endesa asegura además que la central tendrá una capacidad de generación equivalente al 12% de la demanda eléctrica actual del Sistema Interconectado Central, que abastece a la mayor parte del país.

En Chile, que sufre una estrechez energética, es frecuente que los proyectos de generación provoquen un fuerte rechazo social.

Uno de los casos con mayor resonancia es el de HidroAysén, una iniciativa de Endesa y de la chilena Colbún para construir cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia (sur), y que sigue en fase de tramitación.

En tanto, en 2010, el Gobierno canceló el proyecto Barrancones, de la franco-belga GDF-Suez, y en agosto, la Justicia acogió un recurso presentado por organizaciones sociales y paralizó la construcción de Castilla, del grupo brasileño MPX.

En ambos casos se trataba también de centrales térmicas proyectadas en el norte del país.