Ese mecanismo, conocido también como «fracking» y cuestionado por los ecologistas por sus efectos dañinos sobre el medioambiente, consiste en bombear agua y productos químicos a miles de metros del subsuelo para fracturar las rocas con el fin de que liberen gas natural de pizarra.

Una vez ese gas queda liberado y busca un escape, éste se captura con una tubería para sacarlo a la superficie, donde eventualmente se quema para generar electricidad o calor.

Al dar el visto bueno a que esa técnica continúe en el Reino Unido, el ministro británico de Energía, el liberaldemócrata Ed Davey, indicó también que será necesario que se apliquen nuevos controles para «mitigar» el riesgo de actividad sísmica.

Según este responsable, la controvertida práctica será «particularmente valiosa para reemplazar el declive en los suministros del Mar del Norte», además de para crear empleo, ingresos públicos e impulsar la economía.

La compañía británica «Cuadrilla» se vio obligada a dejar de emplear la fracturación hidráulica después de que sus operaciones generaran dos pequeños terremotos en el citado condado inglés.

En EEUU, el empleo del «fracking» provocó la caída de los precios de la energía y el primer ministro británico, David Cameron, expresó sus esperanzas de que el Reino Unido pueda disfrutar de un «boom» similar.

No obstante, asesores gubernamentales advirtieron de que es poco probable que el gas de esquisto (o gas Pizarra) logre rebajar el coste energético en este país.

Estos expertos consideraron que el Reino Unido no se beneficiará de una bajada sustancial en los precios a menos que el resto de Europa también secunde este tipo de gas natural.

Tanto el jefe del Ejecutivo británico, David Cameron; el ministro británico de Finanzas, George Osborne, como algunos empresarios, mostraron su entusiasmo por la decisión de dar luz verde a la prospección de gas de esquisto.

Sin embargo, los grupos de ecologistas alertaron de posibles peligros asociados a esa técnica, a la que vinculan con la contaminación de los yacimientos subterráneos de agua debido a los productos químicos implicados en el proceso.

Estos activistas por el medio ambiente también temen que una abundancia de este gas natural en el Reino Unido provoque que los políticos abandonen los objetivos de recortar el uso de gases de efecto invernadero, una preocupación global en el mundo científico.

El director de políticas de la de la organización manufacturera EEF en el Reino Unido, consideró que este país debería hacer lo posible para mantener bajos los precios de la energía.

«Se trata de una amenaza grave que debe ser tenida en cuenta ahora, pues no podemos continuar cargando a la industria con costes mayores a los de nuestros competidores«, dijo Radley a la BBC.

En declaraciones a la prensa tras una reunión con inversores, Galuccio precisó que, como directivo de YPF, no está involucrado en los litigios legales derivados de la expropiación el pasado mayo por parte del Estado argentino del 51% de las acciones que Repsol tenía en YPF.

No obstante, aseguró que «hay un buen clima entre dos países que tienen una larga relación, un clima propicio para discusiones».

Galuccio se mostró «positivo» sobre la posibilidad de un acuerdo para resolver el contencioso y apuntó que «el Gobierno está abierto a hablar de dinero».

Repsol presentó el pasado lunes una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) por la expropiación del 51% de YPF para que Argentina le pague una compensación por lo que la firma española considera un «expolio».

La petrolera española aspira a que se declare ilícita la actuación de Argentina y se le condene a restaurar la situación y a indemnizar a la compañía por los daños y perjuicios ocasionados.

Hasta la nacionalización, Repsol era el máximo accionista de YPF, con el 57,4% del capital, una participación que la empresa presidida por Antonio Brufau valora en unos 8.000 millones de euros.

Repsol tiene abiertos varios frentes judiciales por la expropiación de YPF: en Argentina interpuso una demanda de inconstitucionalidad y ante la justicia estadounidense presentó otra por vulneración de la normativa del regulador bursátil de ese país.

En España y en Estados Unidos, demandó a la estadounidense Chevron al valorar que realizó «competencia desleal» al pactar con el Gobierno argentino su participación en el proyecto de Vaca Muerta.

Sobre este pleito, que consideró «sin fundamento», Galuccio dijo que no cree que «afecte» a las negociaciones entre YPF y Chevron para el desarrollo de proyectos en esa zona petrolífera, que avanzan bien y están «en la fase final de la parte comercial».

Por otro lado, el presidente de YPF dijo que después de seis meses de trabajo la compañía logró detener el descenso en la producción de gas y petróleo.

La petrolera, que anunció un plan de inversiones por unos 7.000 millones de dólares para 2013-2017, está bajo control del Estado argentino desde mayo pasado, después de que el Parlamento argentino aprobara una ley para expropiar el 51% de las acciones a Repsol.

Cristina Fernández reivindica la nacionalización de la petrolera YPF

Por su parte, la presidenta argentina, Cristina Fernández, reivindicó la expropiación de las acciones de la española Repsol en la petrolera argentina YPF como una medida «estratégica» para los intereses de su país.

«Es la recuperación del Estado de un instrumento estratégico. Éramos el único país en toda Latinoamérica en el cual el Estado no manejaba un recurso estratégico como es el sector energético«, dijo Fernández al inaugurar una feria de tecnología petrolera organizada por YPF a las afueras de Buenos Aires.

Fernández dijo que «recuperar YPF ha sido una decisión que ha sido una causa nacional».

«No es una cuestión de ideología o de posicionamiento. Es simplemente una causa nacional. Y los intereses de la nación están sobre las pertenencias o los sectores partidarios o ideológicos«, señaló la mandataria argentina.

Fernández sostuvo que si su Gobierno no hubiera tomado la decisión de tomar el control de YPF, «era muy probable» que la petrolera «hubiera terminado como Aerolíneas Argentinas», la línea aérea de bandera argentina bajo control del Estado desde julio de 2008 tras la salida del grupo español Marsans.

Fernández recordó que cuando el Estado tomó el control de Aerolíneas, su Gobierno recibió «muchas críticas» por ello y hoy, destacó, quienes eran dueños de la compañía aérea «han perdido su libertad en España por vaciamiento de otras empresas».

El expresidente de la mayor patronal española y fundador de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, ingresó en prisión después de que la Justicia española le impusiera una fianza de 30 millones de euros, acusado de evasión de capitales, entre otros delitos.

«Esos empresarios son hoy juzgados y condenados por estafa, vaciamiento, en su propio país de origen», dijo Fernández.