Bridas interpuso una querella contra Repsol ante el Tribunal Supremo del estado de Nueva York tras recibir el pasado 2 de enero una comunicación de la española que le advertía de que emprendería acciones legales contra ella «si no cesaba inmediatamente» sus negociaciones o acuerdos sobre los activos estratégicos de YPF.

Repsol se refería al pacto por 1.500 millones de dólares que YPF firmó a finales de diciembre pasado con Bridas, participada por la china CNOOC y la familia argentina Bulgheroni, para desarrollar el gigantesco yacimiento de recursos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.

En su demanda, que supone una medida preventiva para tratar de defender ese multimillonario acuerdo, Bridas solicita al tribunal neoyorquino que declare que corresponde al sistema legal de Argentina, y no a cortes de fuera de ese país, decidir quiénes son los propietarios legales de YPF.

La compañía demandante también solicita que se estipule que, salvo que el sistema legal argentino determine que los dueños legales de YPF no son los actuales (es decir, el Estado argentino que expropió a Repsol), éstos tienen el derecho a cerrar acuerdos y transacciones comerciales.

Bridas va más allá e incluso solicita una compensación por los «daños financieros» que le ocasionen las «interferencias» de Repsol en los acuerdos comerciales suscritos entre YPF y las dos filiales de la petrolera argentina que firman esta querella, Bridas International y Bridas Energy.

La demanda de la petrolera argentina se suma a la larga lista de procesos protagonizados por Repsol en Nueva York desde que en abril del año pasado la presidenta argentina, Cristina Fernández, anunciase la expropiación del 51% de las acciones de YPF controladas por Repsol.

El más reciente había sido el pasado 4 de diciembre, cuando la petrolera española cumplió con su amenaza de acudir a los tribunales contra cualquier empresa que invirtiera en los activos de YPF al demandar al gigante estadounidense Chevron en el Tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.

«Chevron, con pleno conocimiento de causa, ha hecho un acuerdo con representantes ilegítimos de YPF», declaró una fuente de Repsol, refiriéndose a un pacto para explotar hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta que incluye una inversión inicial de 1.000 millones de dólares.

La multinacional española solicitó al tribunal la anulación de ese acuerdo y una compensación económica no precisada por los daños que sufra debido a la actuación de Chevron, que «está dispuesta a pasar por alto» esta actuación y cooperar con ese país a cambio de hacerse con una parte de los activos energéticos de YPF, según la querella.

El caso contra Chevron lo llevará el juez Thomas Griesa, en cuyo juzgado recayó también en mayo del año pasado la demanda civil colectiva de Repsol contra el Estado argentino por la expropiación que sufrió por el Gobierno de Buenos Aires de su mayoría en YPF con el fin de obtener una indemnización económica.

Repsol alegó en su demanda que Argentina violó sus obligaciones contractuales al no lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por YPF tras la expropiación, y solicitó que el tribunal obligase al Gobierno argentino a lanzar esa OPA y que su precio se fije de acuerdo a lo que establece la ley.

Por si fuera poco, la empresa española se querelló en agosto pasado contra el Bank of New York Mellon, al que acusó de no atender a las instrucciones de voto con respecto a los American Depositary Receipts (ADR) de YPF dadas por Repsol para la junta de accionistas de la compañía argentina.

Hasta la expropiación ordenada por el Gobierno argentino, Repsol era el máximo accionista de YPF con el 57,4% del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau valoró entonces en 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros).

Repsol tiene también abiertos frentes judiciales por la expropiación de YPF en Argentina, donde ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad, y en España, donde un juzgado mercantil admitió a trámite una demanda paralela contra Chevron por «competencia desleal».

Además, el mes pasado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) admitió a trámite la demanda de arbitraje presentada por la española.

En concreto, la demanda se presentará contra la sociedad firmante del acuerdo, Bridas Internacional, que tiene sede en el paraíso fiscal de la excolonia británica de Islas Vírgenes.

Esta filial de la empresa argentina Bridas, controlada por la familia Bulgheroni, se ha sumado en su intención de participar en el megayacimiento de Vaca Muerta a otras compañías como la estadounidense Chevron, a la que Repsol también ha denunciado.

En aquel momento, el grupo español defendió que el acuerdo se había firmado con representantes ilegítimos de YPF -Repsol ha denunciado por varias vías la nacionalización- y que suponía un intento de apropiarse «ilícitamente» de los activos de un tercero.

La carta de Repsol a Bridas en la que se comunica su intención de presentar acciones judiciales fue remitida el pasado 2 de enero, apenas una semana después de que la empresa firmase el acuerdo con YPF, en el que se prevén inversiones de 1.500 millones de dólares (1.145 millones de euros) en un plan piloto para la perforación de 130 pozos.

Este memorando preliminar requiere su ratificación en el plazo de 60 días y cuenta con las firmas del presidente y consejero delegado de YPF, Miguel Galuccio, y de los titulares de Bridas, Carlos y Alejandro Bulgheroni.

El convenio hace referencia a la explotación de hidrocaburos en un área de 663 kilómetros cuadrados en las zonas de Bajada de Añelo y de Bandurria, en Neuquén.

El director ejecutivo de la filial de renovables de EDF, Emmanuel Jaclot, subrayó en un comunicado que al integrar los 32 parques eólicos de Iberdrola van a «completar su cartera de activos eólicos en Francia y ampliar sus actividades de explotación y mantenimiento».

En otras declaraciones publicadas por «Les Echos», Jaclot señaló que aunque la estrategia de su empresa se asienta en el desarrollo de proyectos propios, la propuesta de la eléctrica española era «una oportunidad» ya que «movilizando poco capital, casi duplicamos nuestro tamaño en Francia».

Según los términos del contrato divulgados el pasado día 31, Iberdrola se desprende de las 160 turbinas de los parques eólicos que ha puesto en servicio entre 2006 y 2012, y suponen una potencia total instalada de 321,4 megavatios, en torno al 5% del total de esta energía en Francia.

El precio fijado fue de 350 millones de euros a los que se podrían añadir 50 millones suplementarios si se cumplen unos niveles de producción en los próximos cinco años.

Los nuevos propietarios son una filial del gigante estadounidense General Electric (GE), con el 40%, MEAG una filial de gestión de activos de la aseguradora Munich Re con otro 40% y EDF a través de su división de renovables con el 20% restante.

Este consorcio se plantea modificar algunos de los molinos con tecnología de GE para «aumentar su productividad y su fiabilidad».