Abengoa vende su filial brasileña Bargoa a Corning Incorporated

Según ha informado Abengoa en un comunicado, con la venta de Bargoa, dedicada a la fabricación de componentes de telecomunicaciones, la empresa pretende concentrar sus esfuerzos en el núcleo de su actividad (ingeniería, desarrollo y operación de plantas de energía termosolar; plantas desaladoras de agua; líneas de transmisión de energía; plantas de producción de bioetanol y plantas de reciclaje de residuos industriales).

A pesar de esta venta, que tendrá que ser aprobada por las autoridades nacionales de la Competencia, Abengoa ha señalado que Brasil seguirá siendo para la compañía uno de sus «mercados estratégicos».

Según Abengoa, el 13% de sus ventas procede de Brasil y espera seguir encontrando en ese país nuevas oportunidades de crecimiento para sus negocios.

La compañía española está presente en Brasil desde hace más de 30 años y ha desarrollado en ese país un gran número de proyectos para las principales compañías brasileñas.

Tras la venta de Bargoa, la compañía mantendrá en Brasil una cartera de activos de transmisión de más de 7.000 kilómetros y tres plantas de producción de bioetanol.

Grecia y Chipre quieren convertirse en el nexo energético de Europa

«La situación geopolítica de Chipre y Grecia es crucial (…) y puede jugar un papel fundamental para la seguridad energética de Europa», proclamó el primer ministro heleno, Andonis Samarás, durante el Fórum de la Energía de Atenas.

Hace unos años, todas las esperanzas de la Unión Europea para desligarse de su dependencia del gas ruso estaban puestas en el gasoducto Nabucco (Turquía-Bulgaria-Rumanía-Hungría-Austria), que hubiese servido para importar energía desde el Cáucaso y Asia Central sin pasar por Rusia.

Pero la rápida respuesta de Moscú, que firmó con Alemania el gasoducto Nordstream y con otros países de la cuenca del Mar Negro el South Stream, hizo económicamente inviable el primer plan de gasoducto paneuropeo y llevó a crear una versión más reducida del mismo, el Nabucco West.

Pero además surgió un proyecto en competencia: el gasoducto TAP (Italia-Albania-Grecia), que tendría una capacidad de 10.000 millones de metros cúbicos (mmc) y que podría enlazar con la red de tuberías de Turquía que ya reciben gas de Azerbaiyán.

Las autoridades azeríes y el consorcio de explotación del campo gasístico Shah Deniz II deberán decidir en junio de este año si eligen el TAP o el Nabucco West.

«Parece que Nabucco West tiene unas posibilidades ligeramente mayores y gusta más a las autoridades azeríes porque penetra más en el interior de Europa», dijo en el foro el exembajador de EEUU en Bakú, Matthew Bryza, aunque Atenas defiende que TAP es más barato.

Otra de las bazas helenas es el hallazgo de gas en las aguas de Chipre e Israel y la búsqueda griega de gas en aguas del Mar Jónico y el Mar de Creta, donde, según el ex viceministro de Energía Yannis Maniatis, hay «evidencia de prometedoras reservas».

En el pozo Afrodita (Chipre) ya se ha probado la existencia de cerca de 200.000 mmc de gas, pero según las estimaciones del director del servicio energético del Ministerio de Industria chipriota, Solo Kassinis, en toda esa cuenca habría 3,5 billones de metros cúbicos -la mitad de ellos bajo control de Chipre-, suficiente para cubrir las necesidades de la Unión Europea durante siete años.

«Nosotros tenemos gas para cubrir nuestras necesidades durante 150 años», aseguró el embajador israelí, Arye Mekel, aunque reconoció que aún no se ha decidido si lo dedicarán a exportación, ya que Tel Aviv está planteándose reducir el uso del petróleo en un 60% en 2025 sustituyéndolo por derivados del gas.

«Si lo exportamos, el destino más natural sería Europa y estaríamos muy felices de convertir a Grecia en un nexo energético. Creemos que la energía puede convertir a Grecia, Chipre e Israel en potencias regionales«, afirmó.

Estos tres países están evaluando la posibilidad de tender un gasoducto submarino o bien de construir una planta de licuación de gas natural (LNG) en Chipre, desde donde sería transportado en barco, algo que también deja en buena posición a los aliados griegos, que controlan la mayor flota mercante del mundo.

Para Hugh Pope, investigador del International Crisis Group, estas dos posibilidades deberían desecharse, ya que costarían entre 10.000 y 20.000 millones de euros -el PIB chipriota es de 18.000 millones de euros-, mientras que tender un gasoducto de Chipre a Turquía, «costaría cinco a diez veces menos y sería más rápido».

Pero Chipre mantiene un conflicto con Turquía desde 1974 y no quiere ni oír hablar de esta posibilidad, según dejó claro en el Forum de Atenas.

Según Pope, «la única forma de hacer rentable el gas de Chipre» es que este país y Grecia solucionen sus diferencias con Turquía, dado que, además, Atenas y Ankara mantienen un conflicto sobre la delimitación de sus aguas territoriales y sobre dónde cada país puede hacer prospecciones. Grecia también necesita a Turquía si quiere conseguir transportar el gas de Azerbaiyán a Europa puesto que turcos y azeríes siempre han sido aliados.

Pero, aparte de las tradicionales enemistades y discusiones bizantinas de estas tierras, la Unión Europea se lanzó una piedra en su propio tejado. Dentro de las medidas de austeridad, Bruselas ordenó a Grecia la privatización de sus empresas públicas de gas.

Casualmente, las mejores ofertas están llegando de Rusia, algo que según el experto Anthony Livanios podría suponer un «obstáculo» a la diversificación energética de la Unión Europea.

Resulta razonable pensar que empresas rusas se nieguen a colaborar en un proyecto destinado a reducir el poder geopolítico que tiene Moscú por controlar la distribución de gas a Europa.

El ministro alemán de Economía defiende la técnica del «fracking»

«El fracking abre posibilidades energéticas muy notables. Por supuesto, no hay que perder de vista las posibles consecuencias en el medioambiente. Pero la propia industria ha anunciado que desarrollará métodos ecológicos para esas extracciones«, apuntó Rösler.

El ministro de Economía y líder del Partido Liberal (FDP) destacó las «grandes perspectivas de futuro» que ofrece esta práctica, consistente en la extracción de gas de bolsas situadas a kilómetros de profundidad de la superficie terrestre.

El Gobierno alemán anunció que prohibirá este tipo de extracciones en zonas acuosas, por el peligro de contaminación de las aguas.

La técnica del «fracking» está siendo duramente cuestionada en Alemania, puesto que para posibilitar las perforaciones necesarias para extraer el gas, a kilómetros de profundidad, se utilizan substancias químicas.

Las perforaciones pueden alcanzar hasta 5 kilómetros de profundidad y, según estudios de expertos medioambientales, el uso de sustancias químicas implica un alto riesgo de contaminación de campos de cultivo e incluso de provocar la muerte del ganado y fauna de la región.

BP y empresas subcontratadas podrían enfrentarse a una multa millonaria por el vertido de crudo en el Golfo de México en 2010

El juez Carl Barbier, de la corte de distrito de Nueva Orleans, escuchó los primeros alegatos de las partes para determinar la responsabilidad de cada compañía en los fallos que provocaron la explosión, que además causó la muerte de once empleados.

El líder del equipo de abogados de los demandantes, Jim Roy, comenzó la audiencia atacando a BP por ignorar las señales de que la plataforma operada por la empresa podría tener problemas durante las inspecciones rutinarias de mantenimiento y de prueba de los equipos.

Asimismo, señaló que Transocean -la empresa propietaria de la plataforma «Deepwater Horizon»- no había dado la formación adecuada a sus empleados para situaciones de emergencia, y Halliburton -que proveyó la cubierta de cemento que protegía el pozo- falló en las pruebas y mezcla del cemento, según recoge la prensa local.

A las puertas del juzgado había un reducido grupo de activistas ecologistas con pancartas en las que pedían «justicia para el Golfo» y «hagan pagar a BP».

«Los estadounidenses perecen ver que BP se hace totalmente responsable de este imprudencia», señaló Fred Krupp, presidente del Fondo de Defensa Medioambiental, en declaraciones al diario local Times Picayune. «El Golfo de México es un tesoro ecológico que mantiene gran parte de nuestra economía nacional», agregó.

Se trata de la primera fase de un juicio que se espera que dure tres meses, según indicó el New York Times, durante el que se decidirá si hubo «negligencia grave».

En una fase posterior el juez determinará la cantidad de la multa, que según el diario podría alcanzar los 17.600 millones de dólares, sólo en virtud de la Ley de Agua Limpia y otra cantidad por daños a los afectados.

El vertido comenzó cuando estalló la plataforma operada por BP y se hundió en el mar el 20 de abril de 2010. Once personas murieron en el incidente, en el que se derramaron más de cuatro millones de barriles de petróleo en el Golfo de México.

Fueron necesarios 85 días hasta que finalmente se pudo taponar el pozo Macondo, tras varios intentos que fracasaron.

El presidente de EEUU, Barack Obama, describió entonces el incidente como «el peor desastre medioambiental que EEUU ha encarado jamás».

En noviembre del año pasado la petrolera BP llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense y aceptó declararse culpable de 14 cargos penales -incluida la muerte de sus 11 empleados- y pagar una multa récord en Estados Unidos de 4.500 millones de dólares.

No obstante, este acuerdo no eximía a BP de otras causas federales abiertas en su contra, ni de las demandas civiles presentadas contra la empresa aún por resolver.

El diario The New York Times reveló que la compañía podría estar fraguando de nuevo un acuerdo para resarcir a los demandantes por una cantidad de 16.000 millones de dólares.

De confirmarse el acuerdo BP pagaría 6.000 millones de dólares en función del la Ley de Agua Limpia; 9.000 millones en penas para cubrir daños naturales y 1.000 millones más en un fondo para eventuales daños ambientales que pudieran surgir en el futuro relacionados con el vertido.

Los estados afectados fueron Florida, Misisipi, Texas, Alabama y Luisiana, pero sólo estos dos últimos participan en esta demanda, en la que también participan cientos de negocios locales e individuos.

Una filial de Abengoa se adjudica la concesión de un proyecto de líneas de transmisión y subestaciones de electricidad en el sur de Perú

El resultado de la concesión fue anunciado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), que señaló en un comunicado que el proceso tenía como factor de competencia el valor del costo de servicio total de la línea, constituido por el costo de inversión más el costo de operación y mantenimiento anual.

El organismo aseguró que el monto ofrecido por Abengoa Perú S.A. «es altamente competitivo» y significa una reducción en inversión y gastos de operación y mantenimiento, en relación a los montos máximos establecidos en el concurso, de aproximadamente 40%, lo que permitirá tarifas menores para el transporte de energía a la red nacional.

El proyecto, encargado por el Ministerio de Energía y Minas, comprende un tramo de 153 kilómetros de 220 kV (kilovoltios) desde la hidroeléctrica de Machupicchu a Quencoro, con un circuito y 300 MVA (megavoltiamperios) de capacidad.

También comprende el tramo de 220 kV que une las subestaciones de Quencoro y Onocora, de aproximadamente 116 kilómetros, un circuito y una capacidad de 300 MVA, además del tramo en 220 kV Onocora-Tintaya de aproximadamente 84,9 kilómetros, y dos circuitos, con una capacidad de 300 MVA, cada uno.

La inversión también permitirá ampliar las subestaciones Suriray (Machupicchu), Quencoro Existente y Tintaya Nueva, y construir las nuevas subestaciones de Quencoro y Onocora.

«La concesión de esta línea tiene como objetivo completar el acondicionamiento del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), servirlo de energía, lo cual beneficiará a todo el país y estabilizará el sistema de energía en la zona sur este de Perú«, destacó Proinversión.

La construcción del proyecto, que contribuirá también a resolver los problemas de sobrecarga, inestabilidad y congestión del transporte de energía eléctrica en esa zona del país, tendrá un plazo máximo de 38 meses desde la suscripción del contrato, cuya concesión es de 30 años.

Evo Morales asegura que Repsol no debe temer una nacionalización

«A las empresas que invierten, quiero decirles que está garantizada la inversión, pero también recuperar su inversión y que tienen derecho a las utilidades» (beneficios), afirmó Morales en una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas.

Morales recalcó que trabajan «de forma conjunta» con «las empresas que son socios» y que invierten, y puso como ejemplo a la petrolera española Repsol, de la que dijo que son «excelentes socios», igual que la francesa Total o la brasileña Petrobras, ambas del mismo sector.

El presidente boliviano recalcó la posición de su Gobierno acerca de que la recién nacionalizada Sabsa, de la que dijo que en 1997 se hizo con los tres aeropuertos internacionales de su país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) por apenas 4.000 dólares, cuando están valorados en 430 millones de dólares.

Aseguró que desde 1997 hasta 2005 no hubo «ningún plan de inversión, solo saqueo, saqueo», y que luego la empresa se comprometió a invertir 26 millones de dólares entre 2006 y 2025, pero que «sólo habían invertido supuestamente 5 millones» para 2011, y a simple vista no hubo ninguna, si bien la empresa justificó que se había invertido en «mantenimiento».

El presidente boliviano repitió que el dirigente de Sabsa ganaba 18.000 dólares al mes, nueve más que su propio salario.

«Tal vez por culpa de algunas malas empresas, estamos teniendo ciertas diferencias de carácter diplomático«, reconoció Morales.

Pero insistió en que «no es por culpa del Gobierno español, no es por culpa del pueblo español», sino de «algunas empresas que solo vienen a saquear, a robar y a hacer plata sin pensar en una inversión para mejorar nuestros aeropuertos».

Morales explicó de nuevo que hace tres años se tenía preparada la expropiación de Sabsa, pero el entonces jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, le pidió que esperase y dialogara, porque iba a garantizar que la empresa realizara inversiones.

«Lamentablemente, en ese diálogo con la empresa solo hemos perdido tres años», añadió, y agregó que ahora los organismos internacionales de aviación han colocado observadores en algunos aeropuertos.

Las terminales de los aeropuertos «quedaron muy pequeñas», lamentó Morales, quien afirmó que «por supuesto ahora vamos hacer» inversiones.

En un nivel más general, Morales defendió en la sede de la ONU la nacionalización de sectores básicos de la economía nacional como un instrumento de recuperación de la soberanía y de mejora del nivel de vida de su país.

El presidente boliviano afirmó que «en nuestra gestión hemos demostrado que el neoliberalismo no es una solución para los pueblos, especialmente en América Latina».

Puso como ejemplo que «solo la nacionalización de los hidrocarburos hizo cambiar la economía boliviana», y recordó que la renta petrolera de su país en 2005, antes de llegar él a la presidencia, era de 300 millones de dólares.

Esa renta fue de 4.200 millones de dólares en 2012, recordó Morales, un dinero que supuso una gran diferencia en un país de menos de once millones de habitantes que ya no tiene déficit públicos.

CLH asesorá al sultanato de Omán en la construcción de un oleoducto

El oleoducto, indicó CLH, conectará varias infraestructuras entre sí y permitirá mejorar la logística de los combustibles en el país. El proyecto completo incluye también la construcción de otras infraestructuras y se desarrollará en tres fases.

La primera fase consistirá en la construcción de una tubería entre la refinería de Mina al Fahal y el aeropuerto internacional de Muscat, mientras que la segunda incluirá una conexión entre la refinería de Mina al Fahal y la refinería de Sohar, además de la construcción de una instalación de almacenamiento en las inmediaciones de Muscat.

Por último, la tercera fase consistirá en la ampliación de esa instalación de almacenamiento para aumentar las reservas estratégicas de combustible del país.

El acuerdo con ORPIC responde al interés de CLH por promover la internacionalización de la compañía. Su modelo de expansión internacional contempla tanto el crecimiento mediante la construcción o adquisición de activos logísticos como la prestación de servicios de asesoramiento.

El Gobierno búlgaro dimite en bloque tras las intensas protestas por los altos precios de la energía

«El Parlamento votará este jueves por la mañana la dimisión del Gobierno», anunció en la Cámara la presidenta del Legislativo, Tsetska Tsacheva, tras leer la carta de Borisov.

«Cumpliremos nuestras funciones hasta que se elija un nuevo Ejecutivo y haremos todo lo necesario para asegurar la continuidad en el gobierno del país», aseguró el jefe del Gobierno en la misiva.

Pocas horas antes sorprendió ante el Parlamento anunciando que su Ejecutivo iba a dimitir en bloque y pidiendo también que los 117 diputados de su partido, el GERB, abandonen sus escaños.

Al justificar su decisión, este político populista, exkarateca y apodado «Batman» resaltó que no puede participar «en un Gobierno en el que la policía pelea con la población».

«Cada gota de sangre para nosotros es una mancha. No puedo ver un Parlamento rodeado por tapias», dijo en alusión a la violencia desatada en las manifestaciones de los últimos dos días.

Al menos quince personas resultaron heridas el martes en Sofía en enfrentamientos entre la policía y unas tres mil personas que intentaron llegar hasta el Parlamento.

Las protestas se iniciaron en varias ciudades contra el fuerte encarecimiento de la electricidad y la calefacción, pero a medida en que fueron subiendo de tono se tornaron también en demostraciones contra el Gobierno del país más pobre de la Unión Europa.

Con un salario medio en torno a los 350 euros, uno mínimo de 155 euros y pensiones de 75 euros, los búlgaros rechazan las medidas de austeridad que el Gobierno llevó a cabo en los últimos cuatro años para mejorar las cifras macroeconómicas, pero que han mermado sustancialmente su capacidad adquisitiva.

En reacción a las protestas, Borisov forzó el lunes la dimisión del ministro de Finanzas, Simeon Dyankov, responsable de la política financiera, y prometió que bajaría el precio de la electricidad un 8%.

También anunció multas a las distribuidoras de electricidad (la austríaca EVN y las checas CEZ y Energo-Pro) y la retirada de la licencia a una de ellas (CEZ), un procedimiento que ya se puso en marcha por el regulador eléctrico búlgaro.

Esas medidas no consiguieron sin embargo aplacar a los descontentos que pedían la dimisión de Borisov, una medida que él mismo rechazó categóricamente el martes, aunque, sembrando la confusión, dijo el mismo día que «si la calle seguía pidiéndolo» (como ha ocurrido anoche), sí lo haría.

«Ayer hicimos lo máximo que podíamos hacer para responder a las exigencias de los manifestantes (…) El Estado necesita nuevamente un crédito de confianza y el pueblo debe decidir cómo gobernarse«, señaló.

«A partir de hoy no hay nada más que podamos hacer para ayudar a los ciudadanos que protestan», sentenció el primer ministro.

Poco antes del sorprendente anuncio de Borisov, el mayor grupo de la oposición, el Partido Socialista Búlgaro (BSP), boicoteó la sesión regular del Parlamento en la que estaba previsto votar unos cambios del Ejecutivo propuestos por el jefe del Gobierno después de la renuncia de Dyankov.

«La dimisión del Gobierno del GERB es un final natural de un Gobierno totalmente fracasado», dijo el líder del Movimiento, Lytvi Mestán.

CEZ dice que el Gobierno búlgaro la usa como «chivo expiatorio»

Por su parte, la eléctrica checa CEZ, a la que el Gobierno búlgaro anunció que retirará la licencia con la que opera en el país desde 2005, acusó a Sofía de usar a los inversores extranjeros como «chivo expiatorio» para aplacar las protestas sociales en el país por el encarecimiento de la luz.

El aumento de las facturas de la luz se debió «a las altas temperaturas de diciembre» y a que el período de facturación fue de 40 días -en vez de 30-, «al incluir las vacaciones de Navidad ortodoxas», explicó en Praga Tomas Pleskac, director de la división de Distribución e Internacional de la empresa.

Pleskac aseguró que su empresa no modificó sus tarifas, ya que «el año de regulación va desde el 1 de julio al 30 de junio» e insistió en que CEZ, una de las tres eléctricas extranjeras que distribuyen la electricidad en Bulgaria, «no viola ninguna regulación del mercado energético» y denunció que en el país «se siente mucho el influjo político sobre el regulador».

La Comisión Estatal de Regulación de Energía y Agua (DKEVR), regulador independiente estatal, informó que ha iniciado el proceso para retirar la licencia a CEZ, sobre el que se pronunciará el 16 de abril.

Pleskac advirtió de que si finalmente se le retira la licencia, CEZ denunciará el caso en los juzgados búlgaros y ante la Comisión Europea.

Repsol propone al catedrático chileno Francisco Orrego Vicuña como árbitro en el caso YPF

Fuentes de la compañía han confirmado que esta propuesta, que tendrá que ser confirmada por el propio Ciadi, se ha presentado dentro del plazo establecido para ello.

El tribunal arbitral estará formado por tres árbitros, uno propuesto por Repsol, otro por Argentina y un tercero, el presidente, elegido por común acuerdo o, en su defecto, por el Ciadi.

El profesor Orrego Vicuña es catedrático de Derecho Internacional y arbitraje y director honorario del programa de maestría en el Centro de la Universidad de Heidelberg para América Latina.

Además, ha sido vicepresidente de la Corte de la London Court of International Arbitration y ha participado en los tribunales arbitrales de numerosos casos en el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otras instituciones.

La demanda fue interpuesta por Repsol el pasado 3 de diciembre, una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que notificara a Argentina la existencia de una controversia y su intención de llevar el caso ante un arbitraje internacional en caso de no ser compensada por lo que considera un «expolio».

Serbia invertirá 200 millones de euros para la construcción de 317 minicentrales hidroeléctricas

El objetivo es que en 2015 las nuevas centrales generen un total de 400 gigavatios hora de energía eléctrica al año, según explicó en rueda de prensa la ministra de Energía, Zorana Mihajlovic.

El Gobierno serbio consideró que el proyecto supondrá la creación de unos 1.000 puestos de trabajo, en un país donde la tasa de desempleo supera el 25%.

Serbia se propuso que en el año 2020 el 27% de la energía que consume el país provenga de fuentes renovables.

El concurso, que especifica las localidades destinadas a la construcción de hidroeléctricas en 17 municipios en diferentes zonas de Serbia, permanecerá abierto hasta el 5 de abril.