La justicia argentina clausura una refinería de la filial de Petrobras

«Petrobras Argentina fue notificada el pasado 7 de marzo por el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, sobre el cierre de su refinería ubicada en esa ciudad«, afirmó la petrolera.

La compañía «ha presentado en el Juzgado interviniente una apelación a la medida» y «se encuentra trabajando a disposición de las autoridades de aplicación con el objetivo de normalizar lo mas pronto posible las operaciones», añadió.

El Juzgado ordenó la clausura de la planta Dr. Ricardo Eliçabe debido al incumplimiento de la normativa medioambiental y a irregularidades en las habilitaciones, informaron fuentes judiciales al diario El Cronista.

La refinería, capaz de refinar hasta 31.000 barriles de petróleo al día, tenía vencidos el certificado de aptitud medioambiental y el permiso para emitir afluentes gaseosos a la atmósfera, indicaron las fuentes mencionadas.

Petrobras Argentina negó las acusaciones y aseguró que «opera bajo las normas medioambientales vigentes».

La orden judicial fue dictada por una denuncia presentada en 2012 por vecinos de la zona ante los fuertes olores que percibían a diario.

El abogado de la querella, Leandro Aparicio, se mostró satisfecho por la decisión judicial y señaló que Petrobras «tampoco realizó el plan de readecuación al que fue intimado a emprender tras la muerte de un operario registrada en 2011, producto de una explosión en una sala de descanso», añadió.

En 2011, la refinería Dr. Ricardo Eliçabe sufrió una explosión que causó un muerto y obligó a Petrobras Argentina a detener la actividad durante una semana y unos días después sufrió un incendio que obligó a cerrar nuevamente la planta de forma temporal.

Repsol niega negociaciones con Argentina acerca de YPF

En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras la reunión de la comisión delegada del consejo de administración de la petrolera, la compañía alude a estos contactos como de tipo «oficiosos, exploratorios», de cualquier otro nivel «diplomático» o en el curso del procedimiento ante el tribunal internacional de arbitraje Ciadi.

El consejo de administración considera además «favorable» la posibilidad de que los últimos comentarios hayan podido «significar el reconocimiento del Gobierno argentino de su deber de dar una justa satisfacción económica por la expropiación, en la forma dispuesta en su Constitución».

La compañía reitera además «su mejor disposición para facilitar una solución acordada, de indemnización o de restitución, siempre dentro de la exigencia legítima de que ello cubra la completa recuperación del valor de lo expropiado».

Entre tanto, añade la nota remitida al supervisor del mercado, «Repsol sigue confiando serenamente en la justicia de las vías legales emprendidas».

La compañía ha invitado al presidente de Sacyr, Manuel Manrique, a participar en la reunión de esta comisión delegada, según fuentes de Repsol.

Manrique tomó parte en la reunión en sustitución de Juan Abelló, quien esta semana abandonó el consejo de administración de Repsol tras vender su participación en Sacyr.

En esta comisión delegada también participan el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, junto al secretario del consejo Luis Suárez de Lezo, y los vocales Javier Echenique, Artur Carulla, Henri Philippe Reichstul, Isidre Fainé y el representante de Pemex Luis Felipe Luna.

Bolivia no ha presentado a REE una cifra de compensación por la expropiación de TDE

El encuentro se celebró en la ciudad central de Cochabamba en la sede de la compañía Transportadora de Electricidad (TDE), expropiada por el presidente Evo Morales el 1 de mayo de 2012.

Una fuente de REE dijo que, una vez terminada la reunión, las autoridades bolivianas no han presentado una cifra concreta, simplemente han expuesto unos «criterios de valoración».

«Las posiciones están bastante alejadas y no hay fecha para una próxima reunión», agregó la fuente.

A la cita asistieron el secretario general de REE, Rafael García de Diego, y el director de Relaciones Internacionales de la compañía, Roberto García Merino, además de abogados de la firma.

Los ejecutivos españoles se desplazaron a Bolivia con la expectativa de conocer la propuesta de indemnización sobre los activos de la eléctrica expropiados por Morales.

El valor en libros de los recursos de TDE asciende a 164 millones de dólares, según recordó el presidente de REE, José Folgado, quien no ha descartado el arbitraje si no hay acuerdo sobre la cifra.

«Nosotros nos debemos a nuestros accionistas. No podemos aceptar cuatro perras», afirmó Folgado, que recordó que TDE gestiona 800 kilómetros de cable y es responsable del 80% del transporte de energía eléctrica en Bolivia.

Por parte de Bolivia, a la cita asistieron ejecutivos de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), cuyos nombres no fueron facilitados, y el Procurador General del Estado, Hugo Montero, encargado de afrontar las demandas de empresas extranjeras con las que el Estado no ha logrado acuerdos sobre las indemnizaciones.

Repsol ya tiene abiertas nueve batallas judiciales para obtener una compensación justa por YPF

El fin último de todas estas acciones judiciales es conseguir que la Justicia reconozca el derecho de Repsol a obtener una compensación justa por el 51% de YPF expropiado por el Gobierno argentino en mayo del año pasado.

El último de estos grandes frentes, el del Ciadi, es de los más ambiciosos, ya que en él se demanda al Estado argentino por incumplir los tratados internacionales y se abordarán las indemnizaciones exigidas. El tribunal internacional se encuentra en fase de constitución y Repsol ya ha nombrado a su árbitro, el chileno Francisco Orrego, así que ahora debe ser Argentina la que nombre al suyo.

En el frente de Argentina se libra la segunda batalla, que consiste en una demanda de inconstitucionalidad por la intervención y ocupación temporal de YPF. Repsol y Repsol Butano piden al juzgado de lo contencioso administrativo federal número 7 que les ampare coforme a la Ley de Expropiación del país, y se encuentran a la espera de la contestación del Estado argentino.

En el frente de Estados Unidos hay cuatro batallas abiertas. La primera cuenta con la sociedad Texas Yale como aliada de Repsol y parte de una demanda colectiva contra Argentina por vulnerar los estatutos de YPF, que ha sido presentada ante el Tribunal Federal de Nueva York.

En concreto, se pide al juez que declare el incumplimiento por parte de las autoridades argentinas de su obligación, recogida en dos artículos de los estatutos de YPF, de lanzar una OPA por el 100% de las acciones de clase D de la petrolera. Esta obligación se activa cuando un inversor compra al menos un 15% de estas acciones.

La segunda batalla en Estados Unidos se libra en el mismo tribunal, la Corte Suprema de Nueva York, y tiene como demandado a Chevron por firmar sin capacidad ni autoridad (ultra vires) un memorando de entendimiento con representantes de YPF nombrados de forma ilegítima por Argentina para explotar yacimientos no convencionales en el país.

La tercera batalla norteamericana, ante la misma instancia judicial, se refiere al incumplimiento por parte del Estado argentino de la obligación de presentar ante el supervisor del mercado, la SEC, el formulario 13D, obligatorio para cualquier inversor que adquiera o controle un 5% más de cualquier empresa registrada en el país y cotizada en cualquier mercado secundario del mismo.

La última batalla en Estados Unidos consiste en una demanda al banco estadounidense Bank of New York Mellon después de que esta entidad, depositaria de las acciones American Depositary Receipts (ADR) de YPF, no llevara a cabo las instrucciones de voto de la petrolera española en la junta de accionistas de la empresa argentina de junio de 2012.

Los tres últimos pleitos tienen como sede España y comparten el mismo contenido, que es la competencia desleal, si bien difieren en los demandados, que son YPF, Chevron y Bridas, según el caso.

De estas tres batallas, dos se libran en el juzgado de lo mercantil número uno de Madrid, la de YPF y la de Bridas. En la primera se acusa a la petrolera argentina de ofrecer a terceros derechos de explotación sobre los activos estratégicos de Vaca Muerta, mientras que en la segunda se carga contra Bridas International y Bridas Energy Holding por aprovechar de forma indebida una ventaja competitiva derivada de una violación de normas.

La tercera, registrada en el juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid, parte de unos argumentos similares a los de la denuncia de Bridas, pero se dirige a Chevron. Repsol está pendiente de que el tribunal resuelva si tiene jurisdicción para abordar el asunto.

Bruselas investiga posibles ayudas públicas ilegales a la electricidad para las empresas en Alemania

En primer lugar, el Ejecutivo europeo analizará si esta exención, aprobada en 2011, constituye una ayuda de Estado y, en ese caso, si ésta está justificada o si «distorsiona indebidamente la competencia en la Unión Europea», según un comunicado de la institución.

La Comisión Europea recordó que la apertura de una investigación en profundidad «no prejuzga su resultado», y que permite a Alemania y a las terceras partes interesadas presentar sus alegaciones sobre el caso.

Desde 2011, los grandes consumidores de electricidad están exentos por ley del pago de las tarifas de red, lo que podría haberles ahorrado en torno de 300 millones de euros en 2012, según los cálculos de la CE.

Esta diferencia entre el precio real de la electricidad que utilizan los grandes consumidores y lo que pagan es financiado por los consumidores finales de electricidad, que deben abonar un impuesto especial desde 2012.

La Comisión Europea ha recibido varias denuncias de asociaciones de consumidores, empresas de energía y ciudadanos que alegan que esta exención constituye una ayuda de Estado ilegal e incompatible con las normativas europeas.

La opinión preliminar de la CE es que el impuesto sobre los consumidores finales puede constituir una fuente de recursos para el Estado y que la exención «parece dar a los beneficiaros una ventaja selectiva comparado con sus competidores en otros Estados miembros».

«Esto puede distorsionar la competencia en el mercado interior de la UE», recalcó el Ejecutivo europeo, que examinará si la exención puede ser justificada por un objetivo de interés común, y si es así, si esto podría compensar el impacto negativo sobre la competencia.

La Justicia chilena paraliza la construcción de una central térmica de Endesa Chile

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió de forma unánime una orden de no innovar presentada por la abogada Paula Villegas, en representación de los sindicatos de pescadores de Huasco, a unos 700 kilómetros al norte de Santiago, en la región de Atacama.

El recurso tiene por objeto revertir la decisión del Comité de Ministros que el pasado mes de diciembre dio luz verde al proyecto y la paralización se mantendrá hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del recurso, precisaron las fuentes.

El proyecto Punta Alcalde, que según Endesa Chile será una de las centrales más eficientes del sistema eléctrico chileno y de América Latina, contempla una inversión de 1.400 millones de dólares en la construcción de una central de 740 megavatios de potencia e incluye la instalación de un puerto.

Endesa ha defendido que Punta Alcalde será la primera planta eléctrica de América Latina en emplear domos (cubiertas) para cubrir las dos zonas que se utilizarán para el acopio de carbón.

También señaló que utilizará un sistema de filtros para el abatimiento de material en partículas, así como otras medidas que la harán contar con «los más altos estándares en tecnología, eficiencia y compromiso ambiental».

A través de un comunicado, la empresa señaló que la orden de no innovar «no tiene efecto práctico en el proyecto, dado que la iniciativa no está en ejecución, al estar aún en fases administrativas y que éste no implica en modo alguno un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida».

En esa línea, Endesa Chile señaló que se presentó como parte en el recurso de protección y entregará en el curso de la tramitación del mismo los argumentos jurídicos, de hecho y técnico-ambientales que avalan la calificación ambiental del proyecto Punta Alcalde.

La compañía reafirmó que el proyecto térmico «es uno de los más eficientes y medioambientalmente más modernos de Latinoamérica y que cumple con la legislación vigente aplicable a esta clase de proyectos».

El pasado viernes, la misma Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reposición que interpuso Endesa Chile contra la decisión del tribunal que, a mediados de febrero, admitió a tramitación el recurso de protección.

El pasado 3 de diciembre el Gobierno aprobó la construcción de dicha central térmica, un proyecto que suministrará energía en una zona desértica plagada de yacimientos mineros y que ha sido criticado por organizaciones ecologistas y pobladores de la zona.

En esas fechas, por unanimidad, el denominado Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, conformado por los titulares de diez ministerios, dio luz verde, aunque con mayores exigencias, a la construcción de esta central, que había sido bloqueada en junio pasado por un organismo regional.

Endesa Chile, controlada por Endesa España a través del Grupo Enersis, apeló esa decisión ante el Consejo de Ministros, que a principios de diciembre falló a su favor.

REE no aceptará «cuatro perras» por su filial expropiada en Bolivia

En un encuentro organizado por Esade, Folgado informó que hoy conocerán el precio que el Ejecutivo ha puesto sobre su filial y advirtió que si no les satisface están «dispuestos» a ir al arbitraje.

El secretario general y secretario del Consejo de REE, Rafael García de Diego, y el director de Relaciones Internacionales, Roberto García Merino, se reunirán hoy con autoridades bolivianas para conocer en cuánto cifran el precio de la compañía expropiada.

Se limitarán a escuchar y a traer a España para su valoración por parte de REE de la propuesta del Gobierno de Evo Morales.

Folgado advirtió que no admitirán «cuatro perras» y que no van a aceptar un valor que no se ajuste a sus previsiones. REE adquirió en 1996 la compañía TDE por 91 millones de euros, si bien su valor en libros era de 174 millones de dólares, a los que había que descontar las deudas.

El presidente de REE insistió en que su filial era una empresa «eficiente» y con valor ya que poseía 800 kilómetros de cable y controlaba el 80% del transporte de la energía del país.

«Si dicen las cifras que han dicho, nosotros vamos a ir al arbitraje inmediatamente», aludiendo a que las autoridades bolivianas estiman un precio muy por debajo del que estima REE argumentando que la compañía TDE ya estaba provisionada por la empresa española.

La semana pasada, Folgado reconoció que la expropiación de su filial en Bolivia ha supuesto un impacto en las cuentas de 13,3 millones de euros brutos por la política de provisionamientos que realizó año atrás.

Red Eléctrica crea la figura del director ejecutivo independiente

El presidente de REE, José Folgado, señaló que esta figura será quien aglutine a todos los consejeros independientes del Consejo, que actualmente son mayoría.

Este consejero tendrá capacidad ejecutiva y, por tanto, podrá convocar el Consejo e incluir puntos en el orden del día.

La propuesta de este nombramiento, una vez cuente con el respaldo del Consejo, se llevará para su aprobación a la Junta de Accionistas que la compañía celebrará previsiblemente en abril.

Folgado apostilló que este avance «no es el punto final» dentro de su estrategia sino que seguirán dando pasos en el reparto de poderes de la compañía. Su intención no es acaparar funciones ni eternizarse en el puesto.

En su intervención, Folgado abogó por aplicar medidas que puedan «repotenciar» la energía nuclear que se genera en los «actuales» recintos que hay en España. El presidente de REE apostó por «en todo caso ampliar la vida útil de los actuales recintos siempre bajo los auspicios del CSN«.

A su juicio, España «lo necesita» desde el punto de vista macroeconómico porque el país necesita tanto las nucleares como las renovables «como el respirar».

Preguntado por un posible cambio en el accionariado de REE, el presidente señaló que «no percibimos» desde el Gobierno interés de cambiar el status quo de la compañía, debido a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posee el 20% de REE.

Ernest Moniz, un físico defensor de la energía nuclear, nombrado por Obama como nuevo director del Departamento de Energía

De ascendencia portuguesa (sus abuelos emigraron a EEUU desde las Islas Azores) y profesor de física nuclear en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Moniz salió al paso tras el desastre de la planta de Fukushima en Japón en 2011 y alertó que este no podía derivar en un «abandono» de los beneficios de las nucleares.

«Sería un error permitir que Fukushima llevara a los gobiernos a abandonar la energía nuclear y sus beneficios», escribió Moniz en la revista «Foreign Affairs» después de la catástrofe, para justificar luego que encontrar energías «limpias, económicas y fiables» es un imperativo a medida que más gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera.

«La energía nuclear no es la solución definitiva, pero es una solución parcial que se ha demostrado que funciona a gran escala», concluyó entonces la nueva apuesta de Obama para el Departamento de Energía.

Entre 1995 y 1997, bajo la administración de Bill Clinton, Moniz sirvió como director asociado para la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología, para pasar posteriormente, de 1997 a 2001, a ejercer de subsecretario de Energía.

Además, en 2009, el profesor del MIT inició sus relaciones con la presidencia de Barack Obama y fue nombrado miembro del consejo asesor del presidente para Ciencia y Tecnología.

Pese a haber admitido en numerosas ocasiones la necesidad de desprenderse de los combustible fósiles, Moniz reconoció en una entrevista en la página web «Switch Energy Project» que el petróleo y el gas natural seguirán siendo los agentes dominantes en el cuadro de la energía mundial durante los próximos años.

«El gas natural es un buen puente hacia un futuro con menos dependencia de los fósiles», aseguró Moniz, quien también se mostró partidario de gravar las emisiones de dióxido de carbono.

«Si gravamos las emisiones, aumentaremos el coste de los fósiles, lo que supondrá un empuje en la búsqueda de la eficiencia energética, que llevará asociadas tecnologías más limpias y mayor seguridad», explicó Moniz.

Aunque muy concienciado de los peligros del cambio climático y de la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo energético, las apuestas de Moniz por la energía nuclear y el gas natural hacen prever futuros «choques» con los grupos ecologistas y los defensores de las renovables, algunos de los cuales ya se han pronunciado en contra de su nominación.

«El miedo que tengo es que, bajo la apariencia de físico del MIT, que le otorga en principio cierto grado de objetividad, se erija como el hombre fuerte de la industria gasística en el Gobierno», dijo al blog «The Hill» el asesor del Centro para la Diversidad Biológica Bill Snape.

«Moniz es una elección que forma parte del ‘status quo’ en unos tiempos en lo que no podemos permitirnos el ‘status quo'», lamentó Tyson Slocum, responsable del programa energético en la organización de derechos del consumidor Public Citizen.

De ser aprobado por el Senado, el profesor del MIT substituirá al frente del Departamento de Energía al premio Nobel de Física Steven Chu, quien durante el primer mandato de Obama ha ocupado el cargo abogando siempre por las energías renovables y nuclear como alternativas a las fósiles.

Graduado en el Boston College y con un doctorado en física teórica por la Universidad de Stanford, Moniz -que asegura hablar «algo» de portugués- ha dirigido, a lo largo de su carrera, tanto el acelerador nuclear como el departamento de física del MIT.

«Si el país no invierte en nucleares ahora, más adelante nos arrepentiremos», indicó Moniz en declaraciones recogidas por «National Journal»: «Washington debería ofrecer asistencia para la construcción de varios reactores nucleares a lo largo de esta década», sentenció el presumible nuevo Secretario de Energía.

El Gobierno de México apuesta por el gas como combustible de transición energética

«El uso de este combustible traerá beneficios en la evolución de la matriz energética de nuestro país. Entre ellos se observan que los costos de procesamiento asociados son más baratos; el potencial estimado para su explotación es elevado», señaló el documento preparado por la Secretaría de Energía.

Añadió además que este combustible cuenta con ventajas medioambientales, «en comparación con otros energéticos fósiles; una mayor eficiencia térmica y el potencial para detonar la industria petroquímica a nivel nacional«.

Asimismo, apuntó que los cambios de la estrategia a largo plazo se apoyan en tres factores, entre ellos «el descubrimiento y gran potencial de aprovechar las reservas de gas natural a bajo costo», principalmente asociados a los yacimientos en el norte del país de «shale gas» (no convencional).

También mencionó «la cuantificación del gran potencial e importantes beneficios ambientales de las fuentes renovables de energía» y «la revaloración de la opción de energía nuclear, dados los grandes avances en seguridad experimentados en la última década y esperados en el futuro».

En este documento, enviado a los senadores para su aprobación, el Gobierno advirtió que el consumo de energía creció a un ritmo del 2,08% entre 2000 y 2011, mientras que el Producto Interno Bruto lo hizo en una media del 1,82% y la producción primaria de energía disminuyó a una tasa anual de 0,3%.

«De continuar estas tenencias tanto en el consumo como en producción de energía, para 2020 México se convertiría en un país estructuralmente deficitario de energía«, aseguró el documento.

El diagnóstico señaló los graves problemas y retos del sector energético, que presenta una reducción de la producción de crudo en las últimas décadas, pese a que las inversiones en este sector pasaron de 77.860 millones de pesos (6.130 millones de dólares) en 2000, a 251.900 millones de pesos (19.834 millones de dólares) en 2011.

En el documento, de 74 páginas, se señaló la necesidad de elevar la producción de energía en todas sus formas para garantizar el crecimiento económico y la inclusión social, con el fin de atender el previsible crecimiento de la población, que demandará más servicios de electricidad y gas.

Entre los objetivos estratégicos planteó tareas para modernizar la infraestructura energética, los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución de energéticos, los cuales son obsoletos.

Además, contempló el fortalecimiento del sistema de refinado y la producción de productos derivados del petróleo, y principalmente avanzar en el proceso para lograr fuentes seguras y limpias de energía.

Actualmente, México genera el 80% de su energía con recursos fósiles, un 17% con recursos renovables e hidroeléctricos y un 3% con centrales nucleares

Entre las metas de la Estrategia Nacional de Energía, el documento recordó el compromiso oficial de producir en 2024 el 35% de la energía con combustibles no fósiles, por lo que insistió en el uso cada vez mayor de las energías alternativas.

«México dispone de un potencial renovable indiscutible, con un amplio portafolio de recursos (eólico, solar, geotérmico, biomasa e hídrico)», por lo que se debe impulsar diversas tecnologías para promover «la diversificación de la matriz energética» y reducir las importaciones energéticas.

Centroamérica impulsa un plan de iluminación eficiente para ahorrar hasta 225 millones de dólares

La Estrategia de Iluminación Eficiente en Centroamérica se enmarca en el «Proyecto Mesoamérica» y pretende «promover políticas y prácticas orientadas a reducir la utilización de lámparas incandescentes», dijo la directora ejecutiva de esta instancia, Elayne Whyte.

El «Proyecto Mesoamérica» es un mecanismo de cooperación regional que incluye también a Colombia y México.

Whyte detalló que con este programa, al utilizar lámparas ahorrativas, los países de la región «harán su contribución para mitigar el cambio climático a través de una reducción en el consumo de energía eléctrica proveniente de combustibles fósiles».

La funcionaria inauguró en San Salvador el primero de varios talleres regionales para elaborar la estrategia, con la participación de representantes de los ministerios de Energía y Medio Ambiente de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

En el taller también participan representantes de México y Colombia, que apoyan a los demás países de la región, debido a que ellos ya iniciaron la transición a la iluminación eficiente, precisaron los organizadores.

La estrategia tendrá cuatro componentes principales: estándares mínimos de eficiencia energética; políticas y mecanismos de apoyo que faciliten la transición a la iluminación eficiente; control, verificación y finalización de los productos de iluminación, y finalmente un sistema de gestión ambiental sostenible, precisaron el «Proyecto Mesoamérica» y la iniciativa en.lighten del PNUMA.

La estrategia será formulada «en los siguientes ocho meses, a partir de ahora; el objetivo es tenerla lista en octubre o noviembre», dijo a periodistas Javier Otero, coordinador de la iniciativa «en.lighten» del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que asesora la iniciativa regional.

«En.lighten» es una iniciativa mundial del PNUMA, en la que participan cerca de 50 países en vías de desarrollo y emergentes que tienen como meta dejar de utilizar lámparas ineficientes en el sector residencial para 2016.

Con la nueva estrategia regional se busca que «los países conjuntamente hagan un marco legal armonizado (…) para prohibir los productos que no cumplan un cierto nivel de eficiencia», y así los gobiernos ahorren en la inversión energética y los consumidores obtengan unas «tarifas reducidas de pago en electricidad», añadió.

En materia económica los países centroamericanos se ahorrarán «aproximadamente 225 millones de dólares anuales», precisó Otero, aunque en un comunicado conjunto el PNUMA y el «Proyecto Mesoamérica» destacan que ese ahorro sería a nivel de Mesoamérica, no sólo centroamericano.

La iniciativa también tendrá «un alto beneficio a nivel ambiental», ya que cuanta «menos energía se necesite para la iluminación, menos emisiones de dióxido de carbono van a estar atribuidas a este sector», agregó Otero.

En Centroamérica la energía eléctrica a partir del consumo de combustibles fósiles genera un aproximado de 73,54 toneladas métricas anuales de dióxido de carbono, de las cuales 2,83 toneladas son generadas por el sector residencial, según datos del PNUMA.

Si alcanza la iluminación eficiente en el sector residencial, la región podría reducir las emisiones en 0,52 toneladas métricas de dióxido de carbono, lo que equivaldría a sacar más de 130.000 automóviles medianos de las carreteras, añadió.