Gracias a la fractura hidráulica o «fracking», que inyecta grandes volúmenes de agua a profundidades superiores a los 3 km para liberar gas, en pocos años lo que era una fuente inexistente se ha convertido en el origen de casi un tercio del gas natural que produce EEUU y un pozo de dinero que no para de crecer.
Según datos del Departamento de Energía, la producción de gas procedente de yacimientos de esquisto bituminoso es en la actualidad la única en crecimiento en Estados Unidos y seguirá aumentado hasta que para 2040 supere todas las otras técnicas de extracción juntas.
Esta nueva forma de extraer petróleo y gas natural ha multiplicado los ingresos de petroleras y vecinos dispuestos a ceder sus tierras a la explotación, mientras que el Gobierno de Barack Obama lo presenta como la solución a su dependencia de la energía extranjera.
El desempleo en estados como Dakota del Norte o Wyoming ronda el 4% y los vecinos de condados como el de Bradford (Pensilvania), con más de 600 pozos activos, ha recibido desde 2008 con mejor o peor cara más de 160 millones de dólares en cesiones de explotación, según datos del Pulitzer Center.
«Nos ofrecieron firmar la cesión de nuestra tierra para la explotación por cinco años a cambio de dinero sin explicarnos lo que harían, además descubrimos después que obligaron a los vecinos a mantener silencio sobre los inconvenientes», explicaba esta semana en el foro «Stop the Frack Attack» Jim Sconyers, de Virginia Occidental.
Decenas de afectados por esta práctica, que convirtió sus entornos rurales de aguas limpias y vida salvaje en «un infierno» con niveles de polución récord, se reunieron esta semana cerca del Capitolio para exponer el lado oscuro de esta técnica.
Las experiencias repiten el mismo patrón: aguas con arenas negras, pozos que huelen a químicos, enfermedades y dolores que antes no existían o inexplicables géiseres, problemas que la industria atribuye a casos aislados.
En pleno corazón del poder de Washington, este grupo explicó como pasaron a tener que consumir agua embotellada, experimentar desmayos en la ducha o enfermedades respiratorias por la contaminación derivada del «fracking».
Sus experiencias han unido a un heterogéneo grupo que incluye ganaderos, ambientalistas o como Sharon Wilson, extrabajadora de la industria petrolera en Texas y «una buena tiradora», que explica como se vio obligada a vender su rancho y fue amenazada por denunciar la explotaciones de gas.
«Esas personas estarán siempre contra la industria del gas natural hagamos las mejoras que hagamos», explica Patrick Creighton, portavoz de Marcellus Shale Coalition, patronal de las empresas de hidrocarburos que explotan el mayor yacimiento de arenas bituminosas de Estados Unidos, especialmente centrado en Pensilvania, con cerca de 9.000 pozos.
«En toda industria hay riesgos y procesos de mejora, el desarrollo de gas natural es seguro y hay regulaciones estatales y federales que cumplimos«, subraya el portavoz.
Para pequeños ganaderos como John Fenton, de Wyoming, luchar contra el poder en relaciones públicas y financiero de estas empresas es una misión que los lleva «a sufrir los mismos abusos y ocupaciones que en su día experimentaron los nativos americanos».
«Solo tienes que firmar la cesión de tus derechos para condenarte», asegura Fenton vestido con sus botas y sombrero de cowboy.
Los afectados de los fallos en extracción de gas, que se intentan evitar protegiendo los acuíferos con paredes reforzadas con acero y cemento, aseguran que sólo pueden conseguir compensaciones por la contaminación de sus tierras tras firmar un acuerdo de confidencialidad que compra su silencio y reprime cualquier investigación posterior.
Además de ex legisladores convertidos en sus representantes en Washington, estas petroleras y gasistas han creado organizaciones como Center for Sustainable Shale Development, asociadas ahora con Environmental Defense Fund (EDF), una ong medioambiental bien posicionada en los centros del poder.
Hoy más de 60 organizaciones civiles criticaron a EDF por estar en connivencia con la industria que promueve el «fracking».
Gail Pressberg, directora de Civil Society Institute, y una de las promotoras de esta acusación recuerdan que esto se engloba en una estrategia de la industria para componer a su conveniencia leyes sobre la calidad de las aguas o contra la polución que les eximen de detallar que químicos liberan a la tierra en la extracción.
«Es muy fácil estar sentado en Washington firmando leyes si no ven lo que pasa en las comunidades rurales», denuncia.
