Francia sube un 5% la electricidad y otro tanto en 2014, aunque no logrará cubrir el coste del sistema

El ministro de Ecología, Philippe Martin aludió a un informe de la Comisión de Regulación de la Energía que muestra que en 2012 los costos de la electricidad crecieron un 7,4% y que en 2013 volverán a hacerlo entre un 8,6% y un 9,6%, según qué periodo de amortización se considere para las centrales nucleares.

Martin explicó que esas escaladas tienen que ver en particular con el aumento de los costes comerciales «que habían sido infravalorados por el Gobierno precedente desde hace varios años», el de los costos de producción y con las nuevas inversiones en el parque de generación.

Se trata, en especial, de los acondicionamientos que son necesarios para adaptar las centrales atómicas francesas -que aportan en torno al 80 % de la electricidad del país- a las normas decididas tras la catástrofe de Fuskushima, en Japón.

El Ejecutivo indicó que va a rebajar el precio de los abonos de baja potencia (los clientes que tienen contratado 3 kilovatios y 6 kilovatios) lo que aliviará la factura para «varios millones de pequeños consumidores.

También recordó que en marzo lanzó un «plan de renovación térmica de la vivienda» para ayudar a que se reduzca el consumo con un confort equivalente.

El Gobierno avanzó que a la vuelta de las vacaciones de verano va a reformar el dispositivo que permite diferenciar el consumo en periodos punta y en periodos «valle» para diferenciar más los precios entre unos y otros para quienes se acogen a ese tipo de abonos.

Paneles solares darán energía a más de 2 millones de peruanos, según su ministro de Energía

En una primera etapa, se busca llegar a 500.000 hogares en zonas de extrema pobreza que no cuentan con redes tradicionales de electricidad, y posteriormente se tiene previsto convocar a un concurso público para instalar el resto de paneles.

Como parte de la fase inicial del proyecto, Merino inauguró 1.601 paneles solares en la provincia de Contumazá, en la región nororiental de Cajamarca.

«Anunciamos en Contumazá la instalación de paneles solares para dar energía a las familias que viven donde no llegan las redes de electrificación rural. Están comprendidas 126 localidades con 1.601 familias, lo que da un promedio de más de 8.000 compatriotas beneficiados», indicó Merino, citado en un comunicado del ministerio.

El ministro también dijo que este programa permitirá que el 95% del país cuente con electricidad hacia fines de 2016, año en el que concluye el Gobierno del presidente Ollanta Humala.

«Este es un programa que está dirigido a los más pobres, a quienes no tienen acceso a la luz eléctrica y que hoy en día utilizan mecheros y que gastan de sus propios recursos en pagar combustibles que atentan contra la salud», manifestó.

Según Merino, el programa de electrificación contempla invertir 560 millones de soles (200 millones de dólares) hasta 2016.

Paneles solares darán energía a más de 2 millones de peruanos, según su ministro de Energía

En una primera etapa, se busca llegar a 500.000 hogares en zonas de extrema pobreza que no cuentan con redes tradicionales de electricidad, y posteriormente se tiene previsto convocar a un concurso público para instalar el resto de paneles.

Como parte de la fase inicial del proyecto, Merino inauguró 1.601 paneles solares en la provincia de Contumazá, en la región nororiental de Cajamarca.

«Anunciamos en Contumazá la instalación de paneles solares para dar energía a las familias que viven donde no llegan las redes de electrificación rural. Están comprendidas 126 localidades con 1.601 familias, lo que da un promedio de más de 8.000 compatriotas beneficiados», indicó Merino, citado en un comunicado del ministerio.

El ministro también dijo que este programa permitirá que el 95% del país cuente con electricidad hacia fines de 2016, año en el que concluye el Gobierno del presidente Ollanta Humala.

«Este es un programa que está dirigido a los más pobres, a quienes no tienen acceso a la luz eléctrica y que hoy en día utilizan mecheros y que gastan de sus propios recursos en pagar combustibles que atentan contra la salud», manifestó.

Según Merino, el programa de electrificación contempla invertir 560 millones de soles (200 millones de dólares) hasta 2016.

Paneles solares darán energía a más de 2 millones de peruanos, según su ministro de Energía

En una primera etapa, se busca llegar a 500.000 hogares en zonas de extrema pobreza que no cuentan con redes tradicionales de electricidad, y posteriormente se tiene previsto convocar a un concurso público para instalar el resto de paneles.

Como parte de la fase inicial del proyecto, Merino inauguró 1.601 paneles solares en la provincia de Contumazá, en la región nororiental de Cajamarca.

«Anunciamos en Contumazá la instalación de paneles solares para dar energía a las familias que viven donde no llegan las redes de electrificación rural. Están comprendidas 126 localidades con 1.601 familias, lo que da un promedio de más de 8.000 compatriotas beneficiados», indicó Merino, citado en un comunicado del ministerio.

El ministro también dijo que este programa permitirá que el 95% del país cuente con electricidad hacia fines de 2016, año en el que concluye el Gobierno del presidente Ollanta Humala.

«Este es un programa que está dirigido a los más pobres, a quienes no tienen acceso a la luz eléctrica y que hoy en día utilizan mecheros y que gastan de sus propios recursos en pagar combustibles que atentan contra la salud», manifestó.

Según Merino, el programa de electrificación contempla invertir 560 millones de soles (200 millones de dólares) hasta 2016.

Guatemala autoriza a seis empresas extranjeras a explotar yacimientos petrolíferos en el norte del país

El ministro guatemalteco de Energía y Minas, Erick Archila, dijo a los periodistas que durante un período «de 18 a 24 meses», las empresas se dedicarán a «explorar» las áreas, para identificar con precisión los lugares en los que se encuentra el petróleo, detectado hace cinco años, para proceder a su extracción.

Además, aseguró que previo al otorgamiento de las licencias de explotación se aprobaron los respectivos informes ambientales que garantizan que la actividad no generará daños ecológicos, así como que no existe oposición de las comunidades vecinas.

Las licencias fueron otorgadas a las empresas Perenco Guatemala Limited de Francia; Galax Garden Corporation de Panamá; Island Oil Exploration Services de Estados Unidos; Trayectori Oil & Gas de Colombia; Greenfields Petroleum Guatemala y Zacapa Energy Ltd, ambas de Panamá.

Estas compañías extranjeras explotaran los yacimientos petroleros ubicados en los departamentos de Petén (dos), Alta Verapaz, Quiché, Izabal y Huehuetenango, en el norte del país.

Según cifras oficiales, la producción petrolera de Guatemala en 2012 fue de 3,9 millones de barriles, unos 10.700 barriles diarios, pero según Archila con la explotación de los nuevos yacimientos, esta alcanzará los 50.000 barriles diarios para 2020.

Guatemala autoriza a seis empresas extranjeras a explotar yacimientos petrolíferos en el norte del país

El ministro guatemalteco de Energía y Minas, Erick Archila, dijo a los periodistas que durante un período «de 18 a 24 meses», las empresas se dedicarán a «explorar» las áreas, para identificar con precisión los lugares en los que se encuentra el petróleo, detectado hace cinco años, para proceder a su extracción.

Además, aseguró que previo al otorgamiento de las licencias de explotación se aprobaron los respectivos informes ambientales que garantizan que la actividad no generará daños ecológicos, así como que no existe oposición de las comunidades vecinas.

Las licencias fueron otorgadas a las empresas Perenco Guatemala Limited de Francia; Galax Garden Corporation de Panamá; Island Oil Exploration Services de Estados Unidos; Trayectori Oil & Gas de Colombia; Greenfields Petroleum Guatemala y Zacapa Energy Ltd, ambas de Panamá.

Estas compañías extranjeras explotaran los yacimientos petroleros ubicados en los departamentos de Petén (dos), Alta Verapaz, Quiché, Izabal y Huehuetenango, en el norte del país.

Según cifras oficiales, la producción petrolera de Guatemala en 2012 fue de 3,9 millones de barriles, unos 10.700 barriles diarios, pero según Archila con la explotación de los nuevos yacimientos, esta alcanzará los 50.000 barriles diarios para 2020.

Guatemala autoriza a seis empresas extranjeras a explotar yacimientos petrolíferos en el norte del país

El ministro guatemalteco de Energía y Minas, Erick Archila, dijo a los periodistas que durante un período «de 18 a 24 meses», las empresas se dedicarán a «explorar» las áreas, para identificar con precisión los lugares en los que se encuentra el petróleo, detectado hace cinco años, para proceder a su extracción.

Además, aseguró que previo al otorgamiento de las licencias de explotación se aprobaron los respectivos informes ambientales que garantizan que la actividad no generará daños ecológicos, así como que no existe oposición de las comunidades vecinas.

Las licencias fueron otorgadas a las empresas Perenco Guatemala Limited de Francia; Galax Garden Corporation de Panamá; Island Oil Exploration Services de Estados Unidos; Trayectori Oil & Gas de Colombia; Greenfields Petroleum Guatemala y Zacapa Energy Ltd, ambas de Panamá.

Estas compañías extranjeras explotaran los yacimientos petroleros ubicados en los departamentos de Petén (dos), Alta Verapaz, Quiché, Izabal y Huehuetenango, en el norte del país.

Según cifras oficiales, la producción petrolera de Guatemala en 2012 fue de 3,9 millones de barriles, unos 10.700 barriles diarios, pero según Archila con la explotación de los nuevos yacimientos, esta alcanzará los 50.000 barriles diarios para 2020.

BP apela ante la Justicia el acuerdo sobre compensaciones por el vertido del Golfo de México

Los abogados de BP argumentarán ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito que los términos del acuerdo se interpretaron de manera errónea y que deberían suspenderse los pagos de las indemnizaciones a individuos y negocios perjudicados por el vertido de petróleo.

En 2010 el estallido de la plataforma Deep Water Horizon de la petrolera británica se cobró la vida de 11 trabajadores y produjo un vertido de crudo del pozo de exploración Macondo que, en los meses siguientes, contaminó las aguas del Golfo de México y dañó el medioambiente y la vida silvestre en las costas.

Poco después del siniestro BP aceptó la creación de un fondo dotado con 20.000 millones de dólares para el pago de compensaciones que sería administrado por la Oficina de Reclamaciones de la Costa del Golfo, dirigida por el abogado Kenneth Feinberg.

El año pasado el juez federal Carl Barbier designó al abogado Patrick Juneau para hacerse cargo de la recepción y evaluación de las demandas y el pago de compensaciones.

El acuerdo de indemnizaciones no fija un límite a las compensaciones, pero BP calculó inicialmente que tendría que desembolsar unos 7.800 millones de dólares para los miles de residentes y negocios de la costa afectados.

BP sostiene ahora que Barbier y Juneau han interpretado de manera equivocada los términos del acuerdo y esto ha permitido que miles de negocios obtengan cientos de millones de dólares como compensación por pérdidas ficticias o exageradas.

«El resultado es que miles de reclamantes que no sufrieron pérdidas se presentan con cifras cada vez más grandes, en busca de beneficios escandalosos y burlándose de lo que se pensó como un proceso justo y honesto de solución supervisado por los tribunales», según afirmaron los abogados de BP en la apelación.

Las indemnizaciones a los negocios, según el acuerdo, se sustentan en una comparación de sus recaudaciones y gastos antes y después del vertido.

BP sostiene que una decisión política anunciada en enero pasado por Juneau permite que los negocios manipulen esas cifras de maneras que conducen a errores en el cálculo de sus pérdidas.

BP apela ante la Justicia el acuerdo sobre compensaciones por el vertido del Golfo de México

Los abogados de BP argumentarán ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito que los términos del acuerdo se interpretaron de manera errónea y que deberían suspenderse los pagos de las indemnizaciones a individuos y negocios perjudicados por el vertido de petróleo.

En 2010 el estallido de la plataforma Deep Water Horizon de la petrolera británica se cobró la vida de 11 trabajadores y produjo un vertido de crudo del pozo de exploración Macondo que, en los meses siguientes, contaminó las aguas del Golfo de México y dañó el medioambiente y la vida silvestre en las costas.

Poco después del siniestro BP aceptó la creación de un fondo dotado con 20.000 millones de dólares para el pago de compensaciones que sería administrado por la Oficina de Reclamaciones de la Costa del Golfo, dirigida por el abogado Kenneth Feinberg.

El año pasado el juez federal Carl Barbier designó al abogado Patrick Juneau para hacerse cargo de la recepción y evaluación de las demandas y el pago de compensaciones.

El acuerdo de indemnizaciones no fija un límite a las compensaciones, pero BP calculó inicialmente que tendría que desembolsar unos 7.800 millones de dólares para los miles de residentes y negocios de la costa afectados.

BP sostiene ahora que Barbier y Juneau han interpretado de manera equivocada los términos del acuerdo y esto ha permitido que miles de negocios obtengan cientos de millones de dólares como compensación por pérdidas ficticias o exageradas.

«El resultado es que miles de reclamantes que no sufrieron pérdidas se presentan con cifras cada vez más grandes, en busca de beneficios escandalosos y burlándose de lo que se pensó como un proceso justo y honesto de solución supervisado por los tribunales», según afirmaron los abogados de BP en la apelación.

Las indemnizaciones a los negocios, según el acuerdo, se sustentan en una comparación de sus recaudaciones y gastos antes y después del vertido.

BP sostiene que una decisión política anunciada en enero pasado por Juneau permite que los negocios manipulen esas cifras de maneras que conducen a errores en el cálculo de sus pérdidas.

BP apela ante la Justicia el acuerdo sobre compensaciones por el vertido del Golfo de México

Los abogados de BP argumentarán ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito que los términos del acuerdo se interpretaron de manera errónea y que deberían suspenderse los pagos de las indemnizaciones a individuos y negocios perjudicados por el vertido de petróleo.

En 2010 el estallido de la plataforma Deep Water Horizon de la petrolera británica se cobró la vida de 11 trabajadores y produjo un vertido de crudo del pozo de exploración Macondo que, en los meses siguientes, contaminó las aguas del Golfo de México y dañó el medioambiente y la vida silvestre en las costas.

Poco después del siniestro BP aceptó la creación de un fondo dotado con 20.000 millones de dólares para el pago de compensaciones que sería administrado por la Oficina de Reclamaciones de la Costa del Golfo, dirigida por el abogado Kenneth Feinberg.

El año pasado el juez federal Carl Barbier designó al abogado Patrick Juneau para hacerse cargo de la recepción y evaluación de las demandas y el pago de compensaciones.

El acuerdo de indemnizaciones no fija un límite a las compensaciones, pero BP calculó inicialmente que tendría que desembolsar unos 7.800 millones de dólares para los miles de residentes y negocios de la costa afectados.

BP sostiene ahora que Barbier y Juneau han interpretado de manera equivocada los términos del acuerdo y esto ha permitido que miles de negocios obtengan cientos de millones de dólares como compensación por pérdidas ficticias o exageradas.

«El resultado es que miles de reclamantes que no sufrieron pérdidas se presentan con cifras cada vez más grandes, en busca de beneficios escandalosos y burlándose de lo que se pensó como un proceso justo y honesto de solución supervisado por los tribunales», según afirmaron los abogados de BP en la apelación.

Las indemnizaciones a los negocios, según el acuerdo, se sustentan en una comparación de sus recaudaciones y gastos antes y después del vertido.

BP sostiene que una decisión política anunciada en enero pasado por Juneau permite que los negocios manipulen esas cifras de maneras que conducen a errores en el cálculo de sus pérdidas.