«Las declaraciones de Repsol -a raíz de las inversiones de Chevron en la Argentina- carecen de fundamento jurídico, ya que Repsol nunca fue propietaria de los derechos sobre Vaca Muerta. Esos activos siempre fueron propiedad de YPF«, afirmaron fuentes de la petrolera argentina.

Repsol pidió ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) medidas cautelares para evitar que Chevron explote activos de Vaca Muerta tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con YPF.

Según explicaron fuentes de Repsol en Madrid, la petrolera española pidió al CIADI estas medidas cautelares para que el Gobierno argentino se abstenga «de realizar cualquier acto que implique la disposición de activos estratégicos de YPF».

Ante este reclamo, fuentes de YPF aseguraron que la petrolera argentina «goza de plena autoridad legal para celebrar contratos y realizar cualquier operación comercial que considere conveniente».

«La medida de Repsol pretende condicionar indirectamente la actuación de YPF, ya que lo que la empresa española pretende es que YPF no explote sus activos, sobre los que tiene titularidad incluso antes de que Repsol entrara en el paquete accionario de YPF», señalaron.

Aseguraron que YPF actúa en «ejercicio de sus derechos» y en «cumplimiento de sus obligaciones legales, en protección del interés de todos sus accionistas, entre los que se incluye la propia Repsol, quien es propietaria del 11,8% de las acciones».

«Por ello, YPF considera que la falta de ética, en todo caso, es de aquellos que están operando en contra de los intereses de la compañía en la que son accionistas y tienen representantes en el directorio», afirmaron.

Repsol presentó en diciembre pasado una solicitud de arbitraje ante el CIADI con el objetivo de que el Gobierno argentino le compense por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, concretada en mayo de 2012.

Dado que esta demanda no se ha resuelto, Repsol consideró que cualquier acuerdo para explotar Vaca Muerta resulta «ilegítimo», porque pone «en peligro la integridad de la restitución» de activos, en caso de obtener un fallo favorable.

Además, Repsol criticó que Chevron haya actuado, a su juicio, con un «doble rasero», ya que mientras solicita «apoyo de la comunidad internacional» en algunos estados, no tiene «reparo en aprovecharse» de la «confiscación» de YPF.

Fuentes de YPF señalaron como «contradictoria» la actitud adoptada por Repsol después de que el Consejo de Administración de la española se manifestara el pasado 26 de junio a favor de alcanzar una solución negociada y una actitud abierta al diálogo con el Gobierno argentino por el litigio respecto a la expropiación.

Chevron e YPF sellaron un acuerdo el pasado 16 de julio por el que la petrolera estadounidense invertirá 1.240 millones de dólares para explotar petróleo no convencional en un área de Vaca Muerta, en la provincia argentina de Neuquén.

Pemex informó de que firmaron un contrato con esta empresa del Grupo Gasoductos de Chihuahua para la prestación de servicios de transporte de gas natural, a fin de desarrollar la infraestructura del proyecto «Ramones Fase I«, consistente en un ducto de 48 pulgadas de diámetro y 114 kilómetros de longitud.

La obra se iniciará en la frontera con Estados Unidos, en un punto cercano a la ciudad de Camargo, Tamaulipas, y finalizará en Los Ramones, Nuevo León.

El contrato se firmo por un periodo de 25 años y se espera que el gasoducto entre en operación en diciembre de 2014, con una capacidad inicial de 1.000 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), la cual se incrementará a 2.100 MMpcd mediante la adición de estaciones de compresión a partir de finales de 2015, cuando se espera que entre en operación la segunda fase del proyecto.

Con esta nueva obra, aseguró Pemex, se incrementará sustancialmente la capacidad de transporte de gas natural al centro-occidente del país.

La propuesta, anunciada por dirigentes de este partido de la oposición, abre la posibilidad de que exista competencia de empresas privadas en todas las áreas de explotación petrolera y distribución de sus derivados, que actualmente son monopolio de la compañía pública Petróleos Mexicanos (Pemex).

Pemex «no debe privatizarse», de acuerdo con la propuesta del PAN, pero sí tendrá que especializarse en las operaciones para las que está preparada y, a la vez, tendrá que competir con empresas privadas en áreas de la industria energética que no están siendo aprovechadas adecuadamente.

La iniciativa del PAN, la segunda fuerza política del Parlamento, se conoce en medio de un fuerte debate en México sobre esa reforma clave, que busca modernizar un sector que sufre un gran rezago y que ahora depende exclusivamente de Pemex.

«La propiedad de los hidrocarburos seguirá siendo de la nación. Pemex seguirá siendo una empresa del Estado mexicano; sin embargo, será una empresa que compita con empresas privadas y con asociaciones público-privadas», afirmó el líder del PAN, Gustavo Madero, al anunciar la propuesta energética de su partido.

Según agregó Madero, esa competencia se tendría que dar en todas las áreas, desde la exploración de los recursos de hidrocarburos hasta la industria petroquímica, pasando por el refinado y el transporte de combustibles, «mediante un esquema de concesiones».

«El modelo de la industria petrolera mexicana está agotado. Es un modelo inviable e insostenible que necesita ser reformado a fondo para que vuelva a ser productivo», afirmó el líder del partido que gobernó en México entre 2000 y 2012.

El diputado Ricardo Anaya explicó los siete ejes de la propuesta que será presentada al Parlamento el próximo 31 de julio para que comience a ser debatida en el próximo período ordinario de sesiones, que empieza el 1 de septiembre.

La iniciativa, entre otros puntos, propone la creación de una Comisión Nacional de Hidrocarburos, que será autónoma y que se encargará de otorgar las concesiones de la industria.

También propone la creación de un fondo del petróleo que se encargará de la administración de los ingresos petroleros.

«Nunca podrá usarse la renta petrolera para financiar el gasto corriente», dijo Anaya. Actualmente, Pemex genera más del 30% de los ingresos de la Hacienda mexicana y su presupuesto está estrechamente ligado a las necesidades del fisco.

Tanto Madero como el diputado Anaya insistieron en que la iniciativa energética sólo puede ser aprobada cuando se cierre una reforma política y electoral que están pidiendo los partidos de oposición.

Esas reformas políticas buscan crear un marco jurídico «estable y claro» en la actuación de los partidos, la posibilidad de crear Gobiernos de coalición, adelantar la fecha de la toma de posesión presidencial y regular el marco electoral para garantizar la limpieza de los comicios.

El PAN «exige que primero se apruebe la reforma política-electoral que garantice la normalidad democrática, y después vayamos a las grandes reformas de gran calado que nos permitan el crecimiento económico», dijo Anaya.