«No cederemos a la pretensión del PRI y del Gobierno de modificar la Constitución», señaló el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Sánchez, durante una gira por el sureño estado de Guerrero.
El PRD detalló que este lunes presentará en un acto en el Monumento a la Revolución de la capital mexicana su iniciativa de reforma energética que, a diferencia de la presentada esta semana por el presidente Enrique Peña Nieto, no incluirá modificaciones constitucionales.
El PRD teme que el PRI y el PAN hayan pactado aprobar antes del 15 de septiembre próximo la reforma energética de Peña Nieto, y que estén de acuerdo además en impulsar una iniciativa fiscal que grave los alimentos y las medicinas en el país, hoy exentos de ese impuesto.
Si unen sus fuerzas, el PRI y el PAN cuentan con las dos terceras partes del Legislativo para sacar adelante los proyectos de ley sin los votos de la izquierda.
«Nuestro partido no va a estar cruzado de brazos y si ellos tienen la fuerza legislativa, nosotros con nuestra consulta nacional, vamos a demostrar que la fuerza del pueblo está en contra de la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el IVA en comida y medicamentos«, remarcó.
El dirigente señaló que las privatizaciones «siempre le han hecho daño al país», aludiendo así a lo que ese partido considera es el verdadero fin de la reforma energética de Peña Nieto.
El mandatario mexicano insistió en varias ocasiones en que no privatizará Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad, pero sí ha abierto la puerta a una mayor participación de la iniciativa privada en el sector energético en su iniciativa.
Sánchez exhortó a los ciudadanos a que no se dejen engañar por la campaña de publicidad lanzada por el Gobierno bajo el lema «Reforma energética. Toda nuestra energía para mover a México«, que expresa las supuestas bondades del plan energético.
La reforma permitiría por primera vez desde la expropiación petrolera de 1938 la participación del capital privado en las áreas de exploración y extracción de crudo y gas, mediante los contratos de utilidad compartida.
Según el Gobierno, con dicha apertura el sector contará con mayor inversión y los medios necesarios para extraer los recursos en aguas profundas tanto en campos maduros como de lutitas, que requieren de alta tecnología y grandes inversiones.
El objetivo es elevar la producción de crudo de los 2,5 millones de barriles diarios a 3 millones en 2018, y la de gas natural de 5.700 millones de los pies cúbicos diarios actuales a 8.000 millones en 2018.
Fitch prevé beneficios a largo plazo de la reforma energética
Por su parte, la calificadora internacional de riesgo Fitch Ratings consideró que una reforma energética sería favorable para México a largo plazo, ya que «los beneficios tangibles, posiblemente, no se reflejarían en el mediano plazo».
La agencia expuso sus puntos de vista sobre el tema tras la reciente presentación de la iniciativa gubernamental de reforma para abrir el sector energético del país a la participación privada, que fue cuestionada por los principales partidos de oposición.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Fitch reconoció que la discusión de una reforma energética representa desafíos y «retos políticos», por lo que advirtió que el resultado dependerá del Legislativo.
Insistió en que por ahora «es muy prematuro evaluar el impacto de la ley de reforma energética propuesta, ya que los mecanismos y procedimientos para su aplicación no están definidos», además de que «no se han identificado ni definido los esquemas y las áreas en las que el sector privado podría participar».
El Gobierno federal mexicano busca cambios a la Constitución para hacer más atractiva la inversión del sector privado y, en materia petrolera, compartir riesgos en exploración y extracción en yacimientos no convencionales, sin perder la rectoría del Estado.
Para Fitch, «antes de la firma de nuevos contratos y de que la inversión privada pertinente empiece a fluir, la reforma requiere de una enmienda constitucional y de la implementación de la nueva regulación«.
Consideró que el atractivo del esquema propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 12 de agosto dependerá «en gran medida» del porcentaje de los ingresos o del reparto de utilidades.
Indicó que, a diferencia de las dos anteriores administraciones que intentaron sin éxito implementar una reforma energética, en esta ocasión el consenso político establecido por la administración actual con los tres principales partidos políticos, a través del Pacto por México, «ofrece nuevas expectativas para proponer reformas exitosamente».
Fitch anticipó que el Gobierno podría incluir al sector privado en áreas de aguas profundas y en zonas no convencionales, en donde existan recursos y en donde Pemex carece de tecnología y experiencia; a la vez que mantiene los yacimientos en aguas someras con derecho exclusivo de la petrolera estatal.
La modificación a la Constitución Mexicana requerirá el consentimiento de dos terceras partes del Congreso y la aprobación de más de la mitad de los 31 Congresos Estatales.
«El logro de una mayoría en el Congreso presenta un reto, puesto que los principales partidos de la oposición, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tienen diferentes visiones sobre el tipo de reforma energética que requiere el país», puntualizó la calificadora.
La iniciativa gubernamental se encuentra en el Senado, donde se espera se inicie su discusión en tres comisiones. Además de esta propuesta se espera que sean integradas las del conservador PAN, presentada en julio, y la del izquierdista PRD, que será presentada este lunes.
