La compañía decidió acogerse a la ley de protección por quiebras debido a sus graves problemas financieros, lo que le permitirá seguir operando mientras negocia con sus acreedores, según informó el abogado de la empresa, Sergio Bermudes, a medios locales. La petrolera, de capital abierto, todavía no ha informado su decisión de forma oficial a la bolsa de São Paulo.

Este anuncio se dio un día después del fracaso de las conversaciones que OGX mantenía desde hace meses con los tenedores de sus bonos, para intentar reestructurar su deuda que asciende a cerca de 3.600 millones de dólares.

Al acogerse a la ley de quiebras, OGX convocará una nueva asamblea de acreedores, que tendrá la mediación de un juez y cuyo objetivo será definir un plan de recuperación para evitar la quiebra definitiva.

A principios de este mes la petrolera comunicó al mercado la suspensión del pago de 45 millones de dólares en intereses referentes a títulos que vencían el 1 de octubre.

OGX dijo entonces que tenía un plazo de 30 días, que hubiera vencido esta semana, «para adoptar las medidas necesarias».

El anuncio del fracaso de las negociaciones hizo que el valor de los títulos ordinarios de la OGX se desplomasen un 20,69 el martes y un 26,09% este miércoles, cuando terminaron cotizados a 0,17 reales (siete centavos de dólar) por acción en la bolsa de Sao Paulo.

Si la justicia acepta la petición de OGX de acogerse a la ley de quiebras, los accionistas minoritarios no podrán vender sus papeles, que dejarán de cotizar en bolsa.

OGX, la empresa más emblemática de Eike Batista, fue creada en 2007 cuando el entonces séptimo hombre más rico del mundo se adjudicó derechos para explorar 21 áreas petroleras en Brasil.

La empresa abrió su capital en junio de 2008 en una operación que le permitió recaudar 6.700 millones de reales (unos 3.045 millones de dólares) para financiar sus planes de extracción de petróleo en el Atlántico.

Los problemas financieros surgieron el año pasado, cuando la compañía admitió que la producción prevista para el hasta entonces prometedor yacimiento de Tiburón Azul sería muy inferior a la calculada debido a dificultades técnicas para extraer el petróleo.

Este año la compañía informó de que las reservas en otro yacimiento, el Tiburón Martillo, son solo la tercera parte del volumen recuperable calculado inicialmente.

Estos problemas financieros provocaron un desplome en la bolsa de São Paulo, donde las acciones han perdido cerca del 100% de su valor en pocos meses y también ha afectado a otras empresas que componen su conglomerado, llamado EBX.

Eike Batista decidió en los últimos meses vender parte del capital de sus empresas, entre ellas parte de la minera MMX, de la propia OGX y de LLX, empresa que lleva a cabo las obras de un gran puerto industrial en el sureste de Brasil.

Esta situación generó preocupación incluso en el ministro de Hacienda, Guido Mantega, quien el mes pasado dijo que la situación de la empresa «provocó un problema para la imagen del país y para la bolsa de valores».

E.On y compañía brasileña invierten 114 millones de dólares en petrolera OGX

La energética alemana E.On y la compañía de inversiones brasileña Cambuhy anunciaron una inversión conjunta de 250 millones de reales (unos 114 millones de dólares) en la petrolera OGX, que se acogió a la ley de quiebras.

Cambuhy aportará 200 millones de reales (unos 91 millones de dólares) y E.On, los 50 millones de reales (cerca de 23 millones de dólares) restantes, según un comunicado enviado a la bolsa de São Paulo.

Esos valores servirán para aumentar el capital de OGX Maranhão, subsidiaria de la petrolera brasileña dedicada a la exploración de crudo en ese estado homónimo del norte de Brasil, controlada por el multimillonario Eike Batista.

Tras el aumento de capital, Cambuhy y OGX tendrán cada una un 36,36% de la subsidiaria del estado de Maranhão, mientras que E.On poseerá un 9,09 % y la compañía Eneva, el 18,18 % restante, según otro comunicado enviado a la bolsa por esta última empresa.

El acuerdo también prevé que Cambuhy asuma la deuda de OGX Maranhão con la matriz, que asciende a 144 millones de reales (unos 65 millones de dólares), que serán pagados en siete cuotas.

«Cuándo y dónde nos digan las autoridades argentinas estamos dispuestos a negociar un acuerdo justo por la expropiación de YPF», ha asegurado un portavoz de la empresa, al tiempo que ha insistido «en que el Ejecutivo de Argentina y la propia YPF conocen su voluntad de llegar una solución extrajudicial».

Repsol, que recuerda que todavía no ha obtenido respuesta a su ofrecimiento, apela a la responsabilidad de las autoridades argentinas para llevar a cabo un proceso negociador que no puede avanzar sin la voluntad del Gobierno del país suramericano.

Además, las mismas fuentes indican que la petrolera española ha movilizado en diversas ocasiones a sus equipos técnicos para analizar y buscar soluciones negociadas con Argentina.

Desde la petrolera señalan que, tal y como dijo el pasado mes de junio su consejo de administración, la empresa tiene una voluntad firme de llegar a un acuerdo «sin condiciones ni fechas exigidas por ninguna de las partes» basado en criterios objetivos y con las garantías que evite posibles contenciosos con terceros.

En aquel Consejo, Repsol rechazó por unanimidad una propuesta de compensación por un «valor nominal» de 5.000 millones de dólares, consistente en una participación minoritaria en una sociedad controlada por YPF, en la que el Gobierno argentino sobrevaloraba los activos a aportar y que suponía para la empresa española un compromiso de inversión en la zona de Vaca Muerta.

Repsol considera que dicha oferta quedó en evidencia por los términos del acuerdo alcanzado pocos días después entre YPF y Chevron, tanto en lo referente a la valoración de los activos (cinco veces menos) como por el otorgamiento a la petrolera estadounidense de una participación no societaria sino directa en los mismos, así como por el previo establecimiento por parte del Gobierno argentino de un elevado número de garantías y de un nuevo marco legal favorable.

En el mismo sentido, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, insistió en la reciente Cumbre Iberoamericana celebrada en Panamá en su intención de negociar, aunque puntualizó que la compañía no puede renunciar «a los derechos que le atañen en cuanto a la protección jurídica de sus intereses y tiene que apelar a las distintas instancias judiciales para proteger los mismos».

A pesar de todo, dijo entonces Brufau, la empresa «tiende la mano» al Gobierno para negociar un trato justo «para ser compensada por algo que era propiedad de Repsol».

«Nos preocupa enormemente la situación que se ha creado con el pago por Ucrania de los suministros de gas ruso», dijo Miller a un grupo periodistas, según las agencias rusas.

Agregó que Gazprom concedió regularmente prórrogas a la parte ucraniana para el pago del gas y citó como ejemplo que respecto a los suministros de agosto, por un monto de 882 millones de dólares, se firmó un acuerdo adicional al contrato que permitía pagarlos hasta el 1 de octubre.

«El mes de octubre está terminando y las facturas no han sido pagadas», se quejó Miller, que advirtió de que se trata de «un asunto que debe ser resuelto con urgencia».

El presidente de Gazprom subrayó que la situación es muy grave, ya que el contrato, en caso de impagos, contempla el paso a un sistema de pago por adelantado de los suministros.

Desde hace unos años, las autoridades ucranianas intentan revisar los contratos gasísticos con Rusia por considerar que sus términos son extremadamente desventajosos para Ucrania.

Según el acuerdo firmado en 2009 y en vigor hasta 2019, la gasística ucraniana Naftogaz debe pagar anualmente por un mínimo de 41.600 millones de metros cúbicos de gas, aunque haya importado menos, pues existe una cláusula denominada «toma o paga» (take or pay, en inglés).

El año pasado, Ucrania importó casi 9.000 millones de metros cúbicos de gas menos de lo estipulado en el contrato y advirtió de que continuará reduciendo su compras si Gazprom no disminuye las tarifas.

El consorcio gasístico ruso, a su vez, reclamó el pago de 7.000 millones de dólares por concepto del gas que no importó Ucrania en 2012.