A través de esta nueva adjudicación, cuyo 47% del importe total lo aportará el regulador ERSE, la compañía llevará a cabo optimizaciones directas en procesos productivos, como disminución de energía reactiva, instalación de variadores de frecuencia, reguladores de tensión y controladores de fuerza motriz.

Además, realizará mejoras en la iluminación de grandes instalaciones, con la sustitución de lámparas poco eficientes por nuevas tecnologías, o proyectos innovadores de control de temperaturas en cámaras frigoríficas industriales.

De igual forma, Iberdrola desarrollará iniciativas de divulgación como campañas de capacitación en economía de energía para responsables técnicos de empresas o formaciones en eficiencia energética para ciudadanos con necesidades especiales.

Según el último informe de ERSE, de febrero de 2014, la compañía tiene el 20% de cuota total del mercado luso y es el comercializador líder de clientes industriales y empresas, con un 30% de cuota en este segmento.

En 2013, Iberdrola también inició la comercialización de energía en el sector residencial de Portugal, donde cuenta ya con 75.000 contratos de clientes eléctricos y 25.000 contratos de servicios asociados.

Desde 2008, llevó a cabo 20 proyectos de eficiencia energética en este país, de los que se vieron beneficiadas 425 industrias y empresas portuguesas, con una inversión total de 4,8 millones.

En total, estos proyectos supusieron la reducción de 26.000 toneladas de CO2 al año en emisiones y un ahorro energético anual de 57 GWh, equivalente al consumo anual de electricidad de 15.000 hogares.

Uno de los proyectos desarrollados por la eléctrica es el de la instalación de «freecooling», equipos de ventilación inteligente que introduce aire frío del exterior, en grandes salas de servidores informáticos de datos.

Hasta la fecha, Iberdrola realizó 124 instalaciones de estas características para 32 clientes de los sectores de banca y telecomunicaciones, con una inversión total de 1,6 millones y un ahorro estimado de 9 GWh anuales.

«Debido a la reciente y notable alza en la producción doméstica de crudo, se produjeron significativos cambios en el sistema», aseguró Bill Gibbons, portavoz del Departamento de Energía, en un comunicado.

Por ello, y para «evaluar apropiadamente la capacidad del sistema en caso de alteración se autorizó la venta de prueba de hasta 5 millones de barriles de crudo pesado», indico Gibbons.

La cifra, no obstante, es un volumen pequeño, ya que apenas representa un cuarto del consumo diario de petróleo en Estados Unidos.

Se trata de la primera venta de prueba desde la década de 1990, el petróleo procederá de los campos de la costa del Golfo de México y la entrega está prevista para abril de 2014.

Dado que los crudos pesados puestos a la venta coinciden con el tipo de petróleo habitualmente comercializado por Rusia, algunos analistas vieron el anuncio como un advertencia velada a Moscú ante las tensiones generadas por la península ucraniana de Crimea.

Algo que fue rechazado frontalmente por el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, en su rueda de prensa diaria, quien afirmó que responde «exclusivamente a motivos operacionales».

La venta más reciente de petróleo de la reserva estratégica de Estados Unidos, que fue de 696 millones de barriles de petróleo, se produjo en 2011 como consecuencia de la guerra civil en Libia, y se coordinó con la Unión Europea. Entonces, el volumen suministrado al mercado fue de 30 millones de barriles, el mismo que fue ofertado por los socios europeos.

«Sin su participación no habríamos podido haber llegar a este acuerdo», dijo en el Senado el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, sobre la intervención de Rajoy, Peña Nieto y del ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en el proceso negociador.

Ante un plenario de Comisiones de la Cámara alta argentina, Zannini defendió el convenio «confiable, transparente y equilibrado» y que pretende «dar certeza a las dos partes» rubricado entre el Gobierno argentino y Repsol el pasado 27 de febrero en Buenos Aires.

Tras casi dos años de diferencias por la expropiación de YPF, la compensación supone el pago a la petrolera española de unos 5.000 millones de dólares en bonos, que se terminará de saldar en 2033.

«Creo que Repsol cede y que nosotros hemos pagado un precio justo», continuó el secretario de Legal y Técnica y remarcó que la compensación pactada «no es el cierre de la cuestión YPF» sino que «tiene que ser el comienzo de una nueva historia» de la petrolera argentina.

La presentación del funcionario argentino es el primer paso de la tramitación parlamentaria del convenio, que debe recibir un dictamen positivo de las comisiones de Energía y Presupuesto antes de habilitar el debate del proyecto en el pleno del Senado, que, si lo aprueba, lo devolverá luego a la Cámara de Diputados.

Para entrar en vigencia, el acuerdo debe también ser ratificado por la junta de accionistas de Repsol, que se reunirá en Madrid el próximo 28 de marzo.

Por su parte, para el ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, considerado uno de los ideólogos de la expropiación, el acuerdo con Repsol constituye un «final feliz» para un complicado proceso.

«Es un acuerdo amigable, amistoso, no hubo vencedores ni vencidos», insistió el ministro, que subrayó que implica la retirada de las 31 demandas presentadas por Repsol en tribunales internacionales.

«Creo que hemos llegado a un escenario tremendamente más favorable y beneficioso. Que sea beneficioso no significa que los hayamos vencido. Lo que hemos conseguido es cerrar este círculo que se inició cuando la presidenta decidió enviar ley al Parlamento e intervenir la compañía», afirmó.

«Dejamos una compañía limpia y trabajando», agregó Kicillof, que atribuyó el pacto con la petrolera española a una «decisión estratégica» del Gobierno argentino.

Para el presidente de YPF, Miguel Galuccio, el acuerdo da paso a la «recuperación de una herramienta fundamental para el futuro energético de Argentina» y permite tener el «formato adecuado» para una «compañía insignia de bandera» que debe recuperar el auto-abastecimiento en un país «productor de petróleo pero no petrolero», puntualizó.

El senador radical Gerardo Morales reclamó al Ejecutivo más información para «acompañar el proceso de YPF» y se preguntó si el Gobierno no podría haber negociado antes una indemnización con la petrolera española para evitar conflictos.

«La inseguridad de estos últimos años le ha complicado la vida a Galuccio» para conseguir inversiones, comentó Morales, que incidió en la importancia de la compañía para el país y advirtió que «no queremos que el proceso termine como un mal negocio».

YPF está bajo control del Estado argentino desde mayo de 2012, cuando el Parlamento aprobó la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera a la española Repsol, que mantiene una participación del 12% en la mayor productora de hidrocarburos del país suramericano.

La petrolera argentina registró el año pasado un beneficio neto de 722,7 millones de dólares, con un alza interanual 45,6%.

La Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento inició operaciones «con el propósito de establecer procesos homologados en todas las compras de bienes, servicios, obra pública y arrendamientos operativos de Petróleos Mexicanos (Pemex)«, según indicó la empresa en un boletín.

El director general de Pemex, Emilio Lozoya, señaló que el cambio fundamental que introduce la reforma energética promulgada en diciembre pasado por el Gobierno es que la petrolera deberá participar en un mercado abierto, por lo que tiene que transformarse en una empresa competitiva.

Precisó que un paso fundamental en ese sentido es la nueva dirección, cuya creación fue aprobada por el Consejo de Administración.

Lozoya indicó que al centralizar las compras se busca atender de mejor manera las necesidades reales de negocio y contar con una gestión integral de proveedores y contratistas fiables y competitivos.

Un primer resultado de la nueva forma de procesar las adquisiciones de Pemex, agregó, será un ahorro sustancial de entre un 5% y un 10% desde el primer año de operaciones de la dirección, sobre compras calculadas en unos 29.000 millones de euros al año.

En una comparecencia celebrada ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados centrada en el escándalo por el presunto fraude de Oceanografía, Lozoya citó la nueva unidad como una de las estrategias de la petrolera en materia de transparencia y eficiencia.

Oceanografía, firma proveedora de servicios a Pemex propiedad del empresario Amado Yáñez, es investigada en México por supuestamente defraudar unos 260 millones de euros al banco Banamex, filial del Citigroup, entre otras irregularidades.