«Puerto Rico y su gobernador, al promulgar esta ley, pretenden crear facultades legales que violan la Constitución en perjuicio de los demandantes y otros acreedores de las corporaciones públicas», asegura la demanda interpuesta por entidades que controlan 1.700 de los 8.800 millones de dólares de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, compañía que controla el sector energético de Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado de Estados Unidos. En consecuencia, la demanda, presentada ante el Tribunal federal de Estados Unidos en San Juan, tacha de inconstitucional la ley firmada por el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla.

La polémica ley, aprobada por el poder legislativo en tan sólo una horas y sin debate, establece las bases para que las corporaciones públicas con dificultades financieras, que tienen cerca del 40% de los casi 73.000 millones de dólares de deuda de la isla, puedan declararse en quiebra para renegociar con sus acreedores y así reestructurar sus deudas sin tener que recurrir al Banco Gubernamental de Fomento. La Autoridad de Energía Eléctrica ya estudia cómo acogerse a ella, puesto que acumula 9.287 millones de dólares en deudas, de los que 671 millones vencen este verano.

Los demandantes, 23 gestores de fondos de Estados Unidos, principalmente franquicia Franklin Funds y Oppenheimer, aseguran que la ley, aprobada al amparo de la «emergencia fiscal» decretada en la isla, viola la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que asegura que no se pueden utilizar para fines públicos una propiedad privada sin que haya una compensación. Además, consideran ilegal que un acreedor de la AEE pueda verse obligado a aceptar el pago parcial de sus bonos si otros titulares de bonos lo hacen o incluso si otro tipo de acreedores de la compañía lo hace y cuenta con la aprobación de un juez.

Los principales afectados defienden además que un Estado Libre Asociado de Estados Unidos no puede aprobar una ley que impida a los potenciales demandantes acudir a los tribunales federales y aseguran que la nueva ley viola disposiciones de la legislación federal sobre bancarrota. Igualmente, afirman que esta norma regula el proceso de quiebra en un territorio estadounidense, algo que sólo puede hacer el Congreso federal.

De «quiebra criolla» a Venezuela

La norma fue bautizada como Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas y es conocida en Puerto Rico como la «quiebra criolla». La inmediata respuesta de las agencias crediticias fue rebajar esta semana la calificación de la deuda de la AEE, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Carreteras y Transportación varios escalones dentro del grado especulativo . Todas estas compañías ofrecen servicios públicos básicos a la ciudadanía puertorriqueña, como el suministro eléctrico y de agua y el mantenimiento de las carreteras en una isla que va camino de encadenar ocho años de recesión.

Si la AEE no logra renovar sus líneas de crédito, que acumulan cada vez mayores intereses ante la bajada de su calificación crediticia, quedará sin fondos para comprar petróleo y general electricidad para los 3,6 millones de personas que viven en la isla y que ya pagan tarifas altas. Como solución alternativa, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) de Puerto Rico instó al gobernador a permitir la compra de petróleo a precios ventajosos a PetroCaribe.

«Antes de pavimentar el camino para declarar en bancarrota a la AEE, atienda y asuma con responsabilidad la oferta del presidente de Venezuela Nicolás Maduro para integrar a Puerto Rico a PetroCaribe, una alianza regional en materia petrolera cuyo fin es estimular el desarrollo económico de los países miembros», pidió el presidente del MINH. «Venezuela suple a los países miembros de PetroCaribe el petróleo que consumen a un precio justo. El país comprador paga el 40% en 90 días y el resto es financiado a 20 años a un interés anual muy bajo. Esto significaría el ahorro de cientos de millones de dólares y la recapitalización de la AEE», dijo.

El presidente del Organismo de Energía Atómica de Irán, Alí Akbar Salehí, viajará a finales de agosto a Moscú para firmar los contratos comerciales y los protocolos, informó el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behruz Kamalvandí.

El vicepresidente de Rosatom para Asuntos Internacionales, Nikolai Sapssky, llegó el lunes a Teherán para debatir los detalles de este acuerdo. Kamalvandi explicó que, junto a Salehí, mantuvieron diferentes negociaciones con Spassky para revisar los aspectos técnicos y comerciales.

«En estas negociaciones se resolvieron la mayoría de los temas en aspectos técnicos y comerciales, pero faltan algunos puntos que precisan un mayor estudio», agregó Kamalvandi.

Kamalvandi dijo que posiblemente la construcción de estas dos plantas comenzará en el corriente año persa (que finaliza el 20 de marzo).

«El protocolo correspondiente que debe ser firmado por responsables de la energía atómica de Irán y Rusia ya esta preparada y aprobada por la vicepresidencia jurídica», dijo Kamalvandi.

Las plantas, según explicó Kamalvandi, tendrán una capacidad de mil megavatios y funcionarán con sistemas de osmosis reversa, informó el portavoz.

Kamalvandi planteó a la agencia local iraní de noticias, ISNA, la posibilidad de que la construcción de las dos plantas empiecen juntas y que sus construcciones durarán unos 6 o 7 años.

La actual central nuclear de Bushehr cuenta también con una potencia de mil megavatios y comenzó a construirse en la década de 1970 con ayuda de Alemania, pero el proyecto se interrumpió tras el triunfo de la Revolución Islámica (1979) y no se reanudó hasta febrero de 1998, tras firmarse un acuerdo con el consorcio ruso Atomstroyexport.

Su construcción se prolongó durante años debido a la oposición occidental, que teme que Teherán esconda en su programa nuclear intenciones militares.

La planta entró en funcionamiento en agosto de 2010 y conectada a la red eléctrica nacional un mes más tarde con una potencia de unos 60 megavatios y alcanzó su pleno rendimiento en junio del pasado 2013.

Teherán afirmó que necesita ampliar sus centrales nucleares para hacer frente a una demanda energética de alrededor de 20.000 megavatios y, en la actualidad, negocia con las potencias occidentales una mayor transparencia para solventar las dudas que levanta su programa atómico.

El director general de la OIEA, Yukiya Amano, tras su reunión con el ministro marroquí de Energía, Minas, Agua y Medioambiente, Abdelqader Amara, elogió la «muy extendida» experiencia de Marruecos en el ámbito de la técnica y formación nuclear, y subrayó la voluntad de ambas partes de «ayudar a otros países» en este ámbito.

Por su parte, Abdelqader Amara añadió que las conversaciones con el director general de la OIEA se centraron sobre las posibilidades de cooperación con los países subsaharianos en el uso pacífico de energía nuclear en los ámbitos médicos, sanitario y agrario, así como en la formación de técnicos subsaharianos por la OIEA en Marruecos.

El Parlamento marroquí está debatiendo actualmente un proyecto de ley sobre la seguridad nuclear y radiológica que prevé la creación, por primera vez, de una agencia encargada del control e inspección.

Marruecos dispone desde 2009 de un reactor nuclear con una capacidad de dos megavatios, dirigido por el Centro Nacional de Energía, Ciencias y Técnicas Nucleares (CNESTEN), y destinado a la investigación científica, médica y tecnológica.