El sospechoso es el ex director Internacional de Petrobras Jorge Luiz Zelada, a quien se acusa de favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en una licitación realizada en 2010 por valor de 825,6 millones de dólares. Además, entre los investigados se encuentra el director de Contratos de Odebrecht, Marco Antonio Duran, y los abogados, técnicos e ingenieros de Petrobras que supuestamente participaron en el fraude, relativo a un plan de acción de certificación en seguridad, medio ambiente y salud. Los acusados se enfrentan a posibles penas de cuatro años de prisión y podrían ser obligados a pagar multas del 2% del valor del contrato licitado.

La fiscalía instó a la Policía Civil de Río de Janeiro a abrir investigaciones sobre otros contratos del área internacional de Petrobras firmados en los últimos años en los que existen sospechas de fraude. Entre ellos se incluye la venta de la refinería de San Lorenzo (Argentina) en 2010, operación que ya es objeto de una investigación policial por supuestas irregularidades. Además, la fiscalía sospecha que se cometieron irregularidades en la compra de un bloque exploratorio en Namibia, en la contratación de una empresa de perforación en alta mar y en la venta en 2013 del 27,3% de la participación que Petrobras Argentina tenía en la distribuidora de energía Edesur.

El Congreso brasileño creó dos comisiones de investigación para indagar en dos operaciones de Petrobras sobre las que existen sospechas de corrupción. Uno de los casos investigados es la compra de una refinería en Pasadena (Estados Unidos), una operación que fue aprobada en 2006 por el Consejo de Administración de Petrobras cuando estaba integrado por la actual jefa de Estado, Dilma Rousseff. La oposición reclamó explicaciones a la mandataria por su responsabilidad en la aprobación del negocio, que fue perjudicial para la empresa, y la propia Rousseff exigió que se investiguen «con rigor» todas las supuestas irregularidades. La otra operación es la construcción de la refinería Abreu e Lima, en el estado brasileño de Pernambuco, para la cual Petrobras tenía una sociedad con la petrolera venezolana Pdvsa, que finalmente desistió de participar en el negocio.

Las comisiones de Energía y de Estudios legislativos votaron los cuatro proyectos de dictamen, que contienen las leyes que permitirán poner en marcha la reforma constitucional promulgada en diciembre pasado, la más importante del sector en siete décadas.

La reforma, rechazada por las fuerzas políticas de izquierda, permitirá el ingreso de la iniciativa privada en el sector de hidrocarburos, hasta ahora monopolio del Estado y explotado exclusivamente por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los dictámenes de las leyes secundarias fueron aprobados por mayoría y con la ausencia de los senadores de izquierda, que abandonaron la sala por no estar de acuerdo con los procedimientos.

El senador del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Penchyna, destacó que el paquete enviado por Peña Nieto el 30 de abril pasado sufrió «más de 260 cambios», «haciendo válido el equilibrio entre poderes de una democracia viva y actual».

Mientras las enmiendas del conservador Partido Acción Nacional (PAN) fueron aceptadas, las del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), ambos de izquierda, fueron rechazadas después de que abandonaron la sesión.

«Estamos convencidos de que este ha sido el peor de los procedimientos que haya tenido el Senado de la República para una reforma tan importante«, dijo el senador del PRD, Zoé Robledo.

Los izquierdistas salieron del recinto legislativo, después de pedir en varias intervenciones que se abriera un proceso para poder revisar las reservas presentadas por los grupos parlamentarios, que en su caso fueron 295, petición que les fue negada.

Esta negativa, según Robledo, «es una vergüenza para el Senado», ya que no se está respetando el reglamento parlamentario, y este debate «de la mayor trascendencia para los mexicanos» se está llevando «de modo impropio, ineficiente y oscuro».

La izquierda se opone a esta reforma, al considerar que entrega los recursos energéticos a manos privadas, lo que representa para ese sector una pérdida de la soberanía nacional, y por ello busca su derogación a través de un referendo en las elecciones de 2015.

El senador del PAN, Salvador Vega, acusó al PRD de tomar «la palabra en comisiones decenas de veces para decir que no se les deja hablar, y han huido del debate cada vez que éste se va a dar» porque no tienen «un solo argumento que defender».

Esta reforma energética ha sido «largamente perseguida» por el PAN porque «tenemos todavía un modelo que no responde a las necesidades de los mexicanos y de nuestro país, (…) que impide la explotación racional y rentable de nuestros recursos energéticos», afirmó.

Se trata de «una reforma que va a cambiar para bien el futuro de nuestro país, y lo que tenemos que hacer (…) es abandonar, dejar atrás los mitos que por tantos años se han mantenido alrededor del tema energético«, aseveró.

Por su parte, Penchyna dijo que «la apertura, la competencia y el fin de los monopolios» son el principio fundamental para construir una política de «eficiencia, transparencia y rendición de cuentas que eviten prácticas públicas y privadas ilícitas».

Entre los cambios, propuestos por el PAN y aprobados en el primer dictamen, destacan la eliminación de la expropiación de tierras y la sugerencia de que los contratistas incluyan el mínimo de 25% de contenido nacional.

En segundo proyecto se incluyeron modificaciones para proteger a la población marginada de las zonas rurales a través de subsidios a la energía eléctrica y cuidar el medio ambiente, vía el control de las emisiones contaminantes de las firmas y el impulso de energías limpias.

El tercer dictamen fue modificado para limitar las facultades del Ejecutivo en el nombramiento y remoción de consejeros de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que deberán ser aprobados por la Cámara alta, a fin de darles independencia y evitar abusos.

El PAN también presentó cambios en el último paquete legislativo para incluir mecanismos de control, que impidan la corrupción y fomenten la transparencia en el sector, desde la exploración de hidrocarburos hasta la venta final de los energéticos.

Tras esta aprobación, la legislación secundaria pasará al pleno del Senado en los próximos días, una vez que la Comisión Permanente del Congreso convoque a un periodo extraordinario con ese fin, y posteriormente será enviada a la Cámara de Diputados.

Según Al Harari la producción media de esta explotación, que habitualmente produce 340.000 barriles de crudo diarios, se sitúo la pasada media noche en los 325.000 barriles.

El crudo extraído en Al Sharara, a 800 kilómetros al sur de Trípoli, es transportado, en su mayoría, hasta la refinería de Zawiya, situada entre Trípoli y la frontera tunecina.

Al Harari, que indicó que una parte de esta producción se exporta, subrayó que casi toda su producción se destina a la elaboración de combustible para consumo local.

Según la agencia estatal libia WAL, la reactivación del bombeo ha sido gracias a un «gesto de buena voluntad» por parte de los trabajadores del campo petrolero, que reclaman sus sueldos a la CNP desde hace casi dos años.

La reapertura se produjo un día después de que la Compañía Nacional de Petróleo anunciara el levantamiento de todas las restricciones sobre los últimos puertos petroleros que continuaban en manos de milicianos rebeldes.

Varios puertos petroleros, especialmente los situados en el golfo de Sirte, permanecieron inactivos desde el pasado verano hasta esta semana, después de que hubieran sido controlados por milicias federalistas.

El portavoz de la estatal CNP aseguró que los ingenieros comenzaron a regresar a las distintas explotaciones petroleras del país y mostró su convencimiento de que la producción pueda recuperar pronto los niveles habituales y alcanzar el 1.600.000 barriles al día.