«Esta reforma incrementará nuestra seguridad energética, elevará la competitividad del país y significará ahorros para las familias mexicanas», afirmó el mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter.
Peña Nieto, que promulgó en diciembre de 2013 una reforma energética que pone fin al monopolio estatal de la explotación del gas y el petróleo por primera vez en siete décadas, expresó su reconocimiento a los miembros de la Cámara alta.
El pleno del Senado aprobó el cuarto y último paquete de las leyes secundarias y lo envió a la Cámara de Diputados, la recta final para que se complete el proceso que arrancó en abril con la presentación de una iniciativa que ha sufrido más de medio millar de cambios.
El dictamen aprobado, con 86 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención, se refiere a la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
El cuarto dictamen, aprobado al cabo de un periodo extraordinario senatorial de cinco días, prevé que el Ejecutivo ejerza facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos a través de órganos especializados integrados por siete comisionados, propuestos a su vez por el presidente de la República al Senado.
Este último apartado «plasma la estructura y organización de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía y les brinda la fuerza necesaria para enfrentarse a los retos de una nueva realidad energética en el país», expuso la senadora María Elena Barrera, del Partido Verde Ecologista México (PVEM), aliado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto.
El texto señala que el otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones de los órganos reguladores implicarán la declaración de utilidad pública sobre precios en los que se vayan a realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, tendido de ductos y de infraestructura eléctrica, y otras construcciones.
Sobre este punto, la senadora Dolores Padierna, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), estimó que «no sólo se aniquila la propiedad social, la propiedad comunal y de indígenas, sino se les faculta (a los órganos reguladores) para conducir el proceso de despojo, puesto que tienen a su cargo la privatización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos».
El PRD trató de frenar sin éxito los dictámenes debido a su oposición a la reforma, una postura que también quiso dejar clara el coordinador del partido en el Senado, Miguel Barbosa. «En la izquierda sabremos qué hacer y no será la primera ocasión en que podremos revertirla», advirtió, para quien «hoy termina un capítulo de esta lucha pero el final no está escrito».
En su opinión, «la discusión dejará de ser asunto sólo de los partidos y claustros pero se trasladará a plazas públicas, sindicatos, calles y a los hogares de millones de familias mexicanas» y concluyó que «esto no ha terminado, lo revertiremos a través de una consulta popular».
No obstante, cada uno de los cuatro apartados deberá ser discutido en comisiones de la Cámara baja y después en el pleno de ese mismo órgano legislativo, que se espera realice un periodo extraordinario de sesiones para tal efecto a partir de la próxima semana.
Además, los diputados deben procesar otros dos dictámenes sobre cuestiones tributarias en materia energética y enviarlos al Senado para que también les dé luz verde.
Si los proyectos sufren cambios en alguna de las cámaras revisoras deberán regresar a la de origen antes de ser enviada al Ejecutivo para su promulgación.
El presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchyna, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), confió en que el proceso concluya a «principios de agosto».
Después seguirá, por parte del Ejecutivo federal, «el reto de la implementación» de la reforma, que establece un modelo que apuesta por la competencia, la productividad y la seguridad energética, que en los últimos años «hemos venido perdiendo», afirmó.
La izquierda se opone a la reforma del sector al considerar que representa la entrega de la riqueza energética del país a manos extranjeras, hasta ahora monopolio del Estado y explotado exclusivamente por la empresa estatal Pemex, y apuesta a la convocatoria de un referendo a mediados de 2015 para revocar el cambio constitucional.
Este mismo lunes la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados inició el análisis y debate del primer paquete de leyes secundarias en materia energética, que fue aprobada en lo general.
