Los grupos parlamentarios de izquierdas sufrieron un revés, nada más iniciarse este período extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, al ser rechazada por el pleno su solicitud de devolver la legislación secundaria de la reforma energética de nuevo a las correspondientes comisiones parlamentarias. Por lo tanto, la Cámara baja discutirá en los próximos días las leyes reglamentarias de la reforma promulgada en diciembre.
Los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT) argumentaron que, dada la trascendencia del tema, era necesario que se diera más tiempo al análisis y discusión de la legislación. Rechazada la solicitud, el pleno comenzó la discusión del primero de los seis dictámenes que expiden o modifican 21 leyes, que fueron enviados por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso mexicano el pasado 30 de abril.
Al cabo de unas cinco horas en que los partidos expusieron sus argumentos, el primer dictamen, que expide la Ley de Hidrocarburos y reforma las leyes de Inversión Extranjera, Minera y Asociaciones Público Privadas, fue aprobado por 330 votos en favor, 129 en contra y cero abstenciones. El texto recibió el apoyo de los legisladores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Verde Ecologista de México (PVEM), Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza (NA), mientras que los del PRD, PT y MC votaron en contra.
En el marco de la votación del dictamen, varios diputados de izquierda rodearon la tribuna y, junto con otros legisladores desde sus escaños, levantaron decenas de letreros que cuestionan la reforma energética y sus leyes secundarias, además de gritar consignas. Algunas pancartas tenían la imagen de Lázaro Cárdenas, el presidente de México que en 1938 llevó a cabo la nacionalización de la industria petrolera. «Entregar la estatal Pemex a los extranjeros es una traición a México y a su historia«, decía uno de los letreros.
A la acusación de traición replicó Rubén Camarillo, del PAN, al fundamentar su voto en favor del dictamen: «Los verdaderos traidores a la patria están de lado de los conservadores de izquierda, que ven en esta reforma la oportunidad de hacerse de una bandera electoral para los comicios del 2015». A su vez, Marco Antonio Bernal, del PRI, aseguró que el dictamen incluye un cambio de paradigma para garantizar la seguridad energética, convertir esta industria en una «palanca de desarrollo nacional» y fortalecer la política del Estado sobre el sector en un «contexto de competencia«.
Silvano Aureoles (PRD) expresó su oposición al asegurar que el dictamen en discusión promueve que las riquezas de la nación se entreguen a particulares y no se destinen a actividades públicas prioritarias como programas sociales, la educación o la salud. «No es una oposición terca, por decreto o mezquindad, es una oposición que obedece a una profunda convicción de que entregar la riqueza petrolera de la nación a los particulares es un grave error«, añadió.
El diputado Ricardo Mejía (MC) consideró «mentira» la propaganda gubernamental en el sentido de que la reforma energética impulsará el crecimiento económico y traerá beneficios directos a la población. Afirmó que las leyes reglamentarias propician la «entrega de la renta petrolera a multinacionales» y avalan el «despojo del territorio a los mexicanos» por parte de grupos extranjeros. Sus promotores, acusó, «están generando con irresponsabilidad un caldo de cultivo para que se rompa la paz social«.
Durante el periodo extraordinario los diputados abordarán en total cuatro dictámenes ya avalados por el Senado y otros dos relacionados con asuntos fiscales en materia energética que tienen como origen la Cámara baja y que, una vez aprobados, pasarán a la alta. A las afueras de la sede legislativa, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, encabezó una manifestación en repudio a los cambios legislativos y consideró que se va a consumar «un acto de traición a la patria» por lo que llamó a sus simpatizantes a prepararse para una consulta popular en 2015 para que «la mayoría decida si estas reformas se aceptan o no«.
Enmiendas avalan ocupaciones de tierras
La discusión parlamentaria de la Ley de Hidrocarburos en la Cámara de Diputados introdujo algunos cambios, incorporados a través de enmiendas y después de la intervención de 150 legisladores, que permiten la «ocupación temporal» de tierras y el pago de regalías a los campesinos afectados por las compañías interesadas en explotar petróleo y gas. Estas modificaciones suponen que el nuevo texto deba regresar al Senado.
La Ley de Hidrocarburos, que regula la exploración y extracción de petróleo y gas, autoriza la participación de empresas privadas en el sector a través de contratos de servicios, de utilidad o de producción compartida, así como de licencias. También permite a las compañías, vía permisos, exportar e importar hidrocarburos y sus derivados, refinar crudo y procesar gas natural, además de transportar, almacenar, distribuir y comercializar los productos derivados del petróleo en suelo mexicano. Además fija áreas de reserva donde estarán prohibidas las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y autoriza a las compañías a negociar convenios con los dueños de los terrenos utilizados.
En caso de no llegar a un acuerdo, el Estado puede decretar el «uso y ocupación temporal de tierras» mediante el pago de una participación «antes de impuestos» de las ganancias netas de las empresas de entre el 0,5 y 2% para explotación de petróleo y del 0,5 al 3% en el caso del gas. La ley establece que, si las partes acuerdan la compraventa, el pago no podrá ser inferior al valor comercial de la propiedad. Este apartado, uno de los más controvertidos, genera el rechazo unánime de la izquierda y las organizaciones campesinas, que inmediatamente advierten sobre el inminente «despojo» de sus tierras.
También genera gran controversia la incorporación en la norma de la técnica conocida como fractura hidráulica o fracking . Además de la iniciativa de Hidrocarburos, el dictamen reforma leyes como la Minera, de Asociaciones Público Privadas y de Inversión Extranjera. Esta última establece que la inversión foránea puede alcanzar una participación del 100% en la construcción de oleoductos y gasoductos, así como en la perforación de pozos de petróleo y gas.
